Movilizaciones de los funcionarios de A Parda para salvar el Registro Civil

Los funcionarios de los juzgados de A Parda respaldan de forma unánime iniciar movilizaciones para intentar frenar la "privatización" del Registro Civil. Los distintos sindicatos del sector Justicia respaldan estas actuaciones, aunque cabe destacar que la iniciativa parte del propio funcionariado y, más concretamente, de aquellos que desempeñan su actividad en el Registro Civil y que alertan de que las reformas planteadas por el gobierno van a tener importantes consecuencias para los ciudadanos.

Es por ello que uno de los pilares en los que se asentará esta campaña de movilizaciones que plantean los funcionarios de Justicia es intentar hacer llegar a los pontevedreses información detallada sobre este proceso que, si no hay cambios, provocará que las funciones del Registro Civil queden en manos de los registradores de la propiedad.

En nombre de todos los funcionarios tomó la palabra la presidenta de la Junta de Personal, Lola Filgueira, quien acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de "faltar a la verdad" a la hora de dar información sobre las consecuencias que tendrá para el ciudadano la privatización del Registro Civil. Filgueira explicó que, si bien es cierto que trámites habituales como los nacimientos, las defunciones o los matrimonios seguirán siendo gratuitos, los funcionarios aseguran que los costes para el ciudadano se dispararán dado que se plantea cobrar aranceles por trámites que ahora no tienen coste para el administrado. Además, acusan al Gobierno de financiar de manera "encubierta" esta "privatización" del Registro Civil al incrementar los aranceles que se pagan actualmente por distintos actos en los registros mercantiles entre un 800 y un 6.000%, además de aumentar el número de actos que será necesario inscribir ante estos registradores, que son "profesionales liberales y no funcionarios", como aseguran que quiere "vender el Ministro".

Las reformas entrarán en vigor el 15 de julio y los efectos ya se están dejando notar ahora. Como ya informó FARO, se ha dejado de dar cita para realizar bodas más allá del 15 de febrero aunque los funcionarios se comprometen a finalizar todos los expedientes iniciados antes de esa fecha. También hay problemas con las nacionalidades. Asimismo, se preguntan si habrá asistencia los fines de semana para trámites urgentes como los fallecimientos o las licencias de enterramiento y qué va a ocurrir con la custodia de todos los documentos que guardan en sus archivos.

Las movilizaciones incluyen una campaña de recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular que frene esta reforma.

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