La Judicatura aboga por que el Registro Civil continúe siendo público

El nuevo edificio judicial acogió ayer una multitudinaria asamblea en la que se trató la inminente privatización del Registro Civil, una medida aprobada por el Gobierno en el marco del "Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil". Representantes de todos los partidos políticos de la oposición, así como los ocho trabajadores afectados y miembros de sindicatos con representación en la junta de personal y de la Plataforma en defensa de los partidos judiciales expresaron el unánime rechazo a la "desjudicialización" del servicio, que a partir del 15 de julio de 2015 está previsto que sea efectuado por registradores mercantiles o incluso notarios, desplazando así a los funcionarios que desempeñan hoy en día esas funciones.

La principal protesta de la asamblea se estableció en torno al consecuente pago de la ciudadanía por los servicios que hasta ahora son gratuitos, como el registro de poderes, la declaración de últimas voluntades o los certificados de nacimiento o defunción. Los afectados criticaron también que otra de las consecuencias de la privatización es que los datos que afectan a la intimidad personal del ciudadano "serán tratados por personal no funcionario, con lo que no ser reserva la salvaguarda de la misma".

RECHAZO UNÁNIME

El responsable del sindicato de UGT-Justicia de Galicia, Manuel González, aseguró que el "Plan B" previsto por el Gobierno no consiste en la prórroga de la entrada en vigor de la medida, sino "en que los registradores cojan competencias en materia de nacimientos y defunciones" que serán compensados con la encomienda de gestión de las nacionalidades, "con la posibilidad de cobrar entre 600 y 1.000 euros por trámite".

Por su parte, el sindicato CCOO ha iniciado una campaña a nivel nacional con el fin de alcanzar las 500.000 firmas necesarias para que el grupo administrativo continúe siendo un servicio público gratuito y servido íntegramente por funcionarios públicos.

Asimismo, el grupo del PSOE en la Diputación somete a consideración del pleno que se celebrará mañana una moción para demandar "el rechazo de la privatización de los servicios del Registro Civil y de la mercantilización de los datos personales".

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