Primera prueba de que el Registro Civil de los Registradores no será gratuito: hoy se aprobará por el Congreso el proyecto de Ley de Sefardíes que consagra el pago de aranceles en todos los expedientes de nacionalidad

Según informa el periódico El Pais el Congreso de los Diputados aprobará hoy la ley de nacionalidad para los sefardíes. Este proyecto, como hemos ido informando desde este blog, no se limita a regular un acceso privilegiado de los sefardíes a la nacionalidad española, sino que por vía de enmiendas, introduciendo una nueva Disposición Adicional Cuarta y evitando de esta forma los informes del Consejo de Estado y demás órganos por los que han de pasar los proyectos de ley, introduce una nueva regulación del procedimiento de adquisición de nacionalidad española con carácter general. Fraude de procedimiento legislativo, podríamos denominar esta práctica habitual del PP, sobre la que debería pronunciarse el Tribunal Constitucional.

El proyecto inicial establecía el pago de una tasa de 75 euros por la tramitación electrónica del procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por los sefardíes, que ampliaba a todos los expedientes de nacionalidad. Dado que los Registradores no pueden cobrar tasas porque no son administración pública, el borrador final suprime esta tasa pero "se sustituye por los costes arancelarios de notarios, registradores y el Instituto Cervantes”, según informa el propio Director General de Registros y del Notariado. Por lo tanto todos los ciudadanos extranjeros que quieran adquirir la nacionalidad española tendrán que romper la hucha para pagar a los Registradores por tramitarles la nacionalidad y al Instituto Cervantes por hacer un examen de integración y otro de español salvo que sean de origen iberoamericano o nacido en España. Esta es la prueba de la gratuidad del registro civil de la que habla y se le llena la boca con ello el Ministro Catalá. Un cálculo sencillo: a 100 € por expediente de nacionalidad para los registradores, con unos 130.000 expedientes al año, la ganancia es de 13 millones de euros. 

El proyecto de Ley impone el uso de una plataforma electrónica que, "conforme a lo previsto en la Ley del Registro Civil, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España deberá poner a disposición de los registradores y encargados de las Oficinas Consulares, y que será aprobada por la Dirección General de los Registros y del Notariado". Como lo más seguro es que esta plataforma electrónica será la utilizada en el Plan Intensivo de Nacionalidad, pagada millonariamente a la empresa Futurver, cuyo consejero delegado era asesor del anterior Director General de Registros y del Notariado, cuadran el círculo y le dan al Colegio de Registradores la posibilidad de rentabilizar los millones gastados. Así ganan todos, Colegio de Registradores y Futurver, y pierden los ciudadanos, que son los que acaban pagando.

Además este proyecto de Ley mete en la tramitación de los expedientes de nacionalidad de los sefardíes a los Notarios, que ojo también son funcionarios públicos porque así lo dispone el Reglamento Notarial, y a los que habrá que pagar el arancel correspondiente como afirma el Director General de Registros y del Notariado. Estos van a hacer las veces de "oficina de presentación" de los escritos de los sefardíes y ante ellos tendrán que comparecer éstos para acreditar su condición de sefardíes, para que luego los Notarios emitan su juicio sobre si se entienden o no acreditada la condición de sefardíes y eleven la propuesta de resolución al Ministerio de Justicia. Ello implica una privatización inasumible de una parte del procedimiento de nacionalidad pues las solicitudes se deberían tener que presentar todas ante los Consulados, y no obligar a los sefardíes que quieran adquirir la nacionalidad española a desplazarse a España dos veces, ante el Notario de su elección, una para presentar la documentación que le acredite como sefardí y otra para jurar la nacionalidad. Si hubiera que realizarse alguna tramitación en España deberían realizarla los propios Registros Civiles y no los notarios, tal y como llegó a proponer el propio Grupo Parlamentario del PP en sus enmiendas al articulado que dejaba a los Notarios como oficina de presentación de documentos (vease la enmienda 57, del PP) y que ahora, oh sorpresa, ha desaparecido del texto final, para mantener una fase de instrucción completamente privatizada, en manos de los Notarios, para así callar sus voces discrepantes relativas a la privatización del Registro y poderse repartir entre Notarios y Registradores el pastel del Registro Civil. 

Catalá, ¿esto no es privatización? ¿ esto es lo que entiendes por gratuito? ¡¡ Qué mentiroso que eres !!!!

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