El hospital «no está equipado» para notificar nacimientos y defunciones

Los funcionarios que trabajan en el Registro Civil de Burgos tienen claro que la entrega del servicio el próximo 15 de julio a los notarios y a los registradores de la propiedad y mercantiles «es una privatización encubierta». Advierten de que sus protestas no obedecen a un afán por conservar su puesto de trabajo, pues tienen la plaza y «solo implicaría un movimiento dentro del organigrama de la Administración de Justicia». Quienes más se juegan con este cambio son los ciudadanos, advierten, «pues todos los trámites que ahora son gratuitos llevarían aparejada una tasa». De hecho temen que por un matrimonio haya que pagar «125 euros y por una gestión para cambio de nacionalidad, algo más».

Más de 60 funcionarios de Justicia que trabajan en el edificio de Reyes Católicos se concentraron ayer a las 11 de la mañana frente a sus puertas para protestar contra «la privatización». Estudian convocar movilizaciones semanales y anuncian que el 11 de abril hay programada una gran manifestación en Madrid.

El gestor del Registro Civil de Burgos, Antonio Serna, aclaró que el Ministerio de Justicia todavía no ha decidido cómo va a pagar esa tasa a notarios y registradores. El Gobierno «baraja -según señaló- que se pueda cargar a los Presupuestos Generales del Estado -es decir, que el pago salga de los impuestos de todos los españoles y no solo de los usuarios del servicio-, bien aumentado los aranceles que cobran los profesionales por otras gestiones o bien en dinero en metálico de quienes lo utilizan».

Catalá ha anunciado también que a partir de julio de 2015 nacimientos y defunciones dejarán de notificarse en persona en el Registro Civil y será personal sanitario quien lo haga de forma telemática, bien médicos o la gerencia de los hospitales. Pero Serna no fue ayer demasiado optimista al respecto, pues en el Universitario no hay ninguna oficina, ni ningún programa informático en marcha ni ningún funcionario que esté explicando ya al personal cómo hacer ese trabajo. Al eliminar 850.000 trámites presenciales en toda España, prevé el ministro, se ahorrarán más de 64 millones de euros al año.

Las notarías se encargarían, según Serna, de los matrimonios y las nacionalidades. Los primeros podrían costar «125 euros» y las segundas, «algo más». Desconoce si el Ministerio «pondrá precio único o si cada notario y registrador pondrán el suyo».

El gestor del Registro Civil dudaba ayer de la idoneidad de que empresas privadas controlen «datos de asuntos tan delicados como adopciones, cuya información no se sabe qué destino y función va a tener». «Nunca ha habido queja de nadie de que los registros -los actuales- hayan revelado datos de adopciones que no se deben dar», enfatizó.

Aunque la fecha del 15 de julio de este año ha salido ya de boca de Rafael Catalá, los funcionarios todavía tienen sus dudas, entre otras cosas porque a ellos el Ministerio no les ha comunicado nada. Los 10 trabajadores del Registro de Burgos desconocen dónde les van a recolocar, pero dan por hecho que se quedarán en la capital, si bien no en qué juzgado en concreto o en qué puesto de la oficina judicial.

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