El Gobierno quiere convertir 381 registros civiles de Extremadura en negocios privados

Otra privatización más, y esta escandalosa porque beneficiaría al gremio al que pertenece el mismo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los registradores de la propiedad. Partidos, sindicatos, ayuntamientos, algunas comunidades autónomas, organizaciones sociales, piden la marcha atrás en la asignación de los registros civiles a registradores de la propiedad y mercantiles, que viene acompañada en la región por la reducción del número de los registros públicos, de 383 que hay en la actualidad a sólo dos.

En aras a la “competitividad” y “reforma administrativa” funciones como el registro de un nacimiento, expedir una partida de nacimiento o defunción, hasta ahora gratis, pasarán a costar dinero en forma de aranceles a pagar a los registradores; inscribir a un recién nacido, u obtener una partida de nacimiento, pasarían a costar 20 euros, y una partida de defunción 40.

Casarse por lo civil, o sacar un duplicado del libro de familia podría costar entre 100 y 150 euros, o inscribir una comunidad vecinal 300, en esas oficinas privatizadas.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha empezado a escala nacional una carrera de recogida de firmas contrarreloj para intentar impedir que a partir de mediados de julio próximo sea efectiva esa asignación de las funciones de los registros civiles a los registradores privados.

Se trata de reunir 500.000 firmas para apoyar la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada en el Congreso con el objetivo de derogar los decretos leyes y leyes que consagran esa privatización de los registros civiles, ahora dependientes de un juez o asimilados.

La privatización conlleva el cierre en Extremadura como tales de 381 registros públicos (8.122 en España), ahora gestionados por jueces, jueces de paz, u otras personas reclutadas por el Ministerio de Justicia y que cobran por ello una gratificación; algunos seguirían funcionando pero privatizados y de pago.

Alejados del ciudadano

Trámites imprescindible para la vida ciudadana, que empiezan por inscribir un nacimiento, o una fe de vida para poder cobrar una pensión, están ahora mismo al alcance de todas las localidades; pero con la nueva organización solo quedarían dos registros públicos gratuitos, uno en cada capital de provincia, “con lo que un vecino de Cabeza del Buey tendría que ir a Badajoz, y uno de Nuñomoral a Cáceres”, protesta José Antonio Barca, responsable de sector de justicia en CCOO Extremadura.

Otra consecuencia es que 110 funcionarios de Justicia que ahora trabajan en los registros civiles serán reasignados a otras oficinas, ya que los registradores privados contratarán a su propio personal; los 110 funcionarios desplazarían a otros tantos interinos que se irían a la calle, destaca Barca.

Todo esto supone “un acto de presunta corrupción del mismo presidente del Gobierno cuando participa en decisiones del Consejo de Ministros que afectan directamente a sus intereses (es registrador) y a su familia (dos hermanos también son registradores). En cualquier país que se considerara a sí mismo como democracia avanzada, actuaciones similares exigirían de inmediato su dimisión”.

Cristina Velázquez, portavoz de justicia en el sindicato CSI-F Extremadura, formación que ha presentado hasta tres propuestas distintas al Gobierno para conservar el régimen público de los registros civiles, rechaza esta reorganización que supone suprimir su gratuidad para el ciudadano, y problemas laborales, por lo que ese sindicato apoyará todas las iniciativas en orden a paralizarla “vengan de quien vengan”.

Si no se detiene el intento del Ejecutivo de Rajoy, millones de datos privados dejarán de estar bajo la custodia pública, apunta Barca de CCOO, y además una vez que el Gobierno se ha gastado 130 millones de euros en digalizarlos.“Quieren regalar a los registradores un formidable negocio con 47 millones de clientes, tantos como españoles hay”.

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