Los registradores de la propiedad y mercantiles de Castilla y León advierten que no todos poseen suficientes medios humanos y materiales para asumir la labor de los registros civiles a partir del próximo 15 julio.

Lejos de esperar hacer el negocio de su vida, los registradores de la propiedad y mercantiles de Castilla y León advierten que no todos poseen suficientes medios humanos y materiales para asumir la labor de los registros civiles a partir del próximo 15 julio.

«Somos empleados públicos y obedeceremos a lo que dicte la ley, pero lo cierto es que la preocupación es enorme», señala a este periódico Adoración Reyes Gómez de Liaño Polo, decana del Colegio de Registradores en Castilla y León que integra 91 registros, 15 de ellos en la provincia de Valladolid. Ella misma es registradora en Medina del Campo. La decana señala que, en no pocos casos, «hace falta más tiempo y que se contemplen medidas de ayuda financiera para invertir en medio materiales y medios humanos».

Gómez de Liaño Polo pone de manifiesto, además, el disgusto de los registradores por las críticas de quienes se oponen a este traslado de competencias y señalan que el cambio se debe intereses corporativos promovidos desde el Gobierno. Argumentan que el presidente, Mariano Rajoy, es él mismo registrador mercantil y mantendría vínculos familiares que le llevarían a favorecer este cambio y asegurar ese sector en un tiempo en que la actividad mercantil e inmobiliaria ha bajado sustancialmente.

Para ello, sostienen quienes se opone al cambio, se obligaría la ciudadano a pagar una serie de tasas de un servicio hasta ahora gratuito, aumentado, además, la obligatoriedad de algunos trámites hasta ahora de carácter voluntario. La decana de los registradores de Castilla y León recuerda, por el contrario, que «en ningún sitio está escrito» que el ciudadano deba pagar y remite a que la regulación que parte de la real Decreto-Ley del 8/2014 de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad, establece una disposición adicional por la que «la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo».

La decana también sale al paso de otra objeción que tendría un peso específico en una Comunidad tan dispersa como Castilla y León: la necesidad de los habitantes de los núcleos rurales de desplazarse hasta la capital para obtener una serie de documentos que ahora pueden obtener en cualquier Ayuntamiento por secretarios y los jueces de paz. «En ese sentido cabe precisar que 91 registros, no nueve». Si se toma como ejemplo la provincia de Valladolid además de en la capital, existen registros de la propiedad en Medina del Campo, Medina de Rioseco, Nava del rey, Olmedo, Peñafiel, Tordesillas, Valoria la Buena y Villalón de Campos.

«Por otra parte es inaceptable que se nos cuestione: los profesionales más adecuados para llevar un registro somos los registradores, como así lo demostramos cuando se nos encargó desatascar los expedientes de extranjería con un ‘tapón’ de varios años, cosa que lo hicimos en pocos meses» asegura Gómez de Liaño Polo. Puntualiza que, en la mayoría de los casos, los trámites serán telemáticos, si bien reconoce que en todo periodo de adaptación «pueden darse dificultades como las que, de hecho, estamos advirtiendo».

Mientras, CCOO intensifica su campaña en Castilla y León para recabar firmas entre la ciudadanía que hagan reconsiderar al Gobierno este traspaso, «así como se reconsideraron las tasas», señala Javier David Sanz de la Cal, responsable autonómico dentro del sector justicia en la Comunidad, donde el sindicato es mayoritario.

En ese sentido, la semana pasada el sindicato ha dispuesto hojas en todos los registros civiles de la Comunidad dentro de una campaña nacional para recabar 500.000 firmas y promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

CCOO califica el traslado de competencias de «privatización». Al contrario de lo que sostiene los registradores, el sindicato considera que no estos son empleados públicos y no están sometidos a la mismas reglas de confidencialidad de los datos.

En cuanto a la situación en Castilla y León, este portavoz autonómico de Castilla y León considera que «irreal» que muchos habitantes del medio rural hagan uso, hoy por hoy, de los medios telemáticos por lo que se verán obligados a desplazamientos. Cifra en medio millar de puestos de trabajo los afectados en la Comunidad.

«La inseguridad es total entre los trabajadores», señala Roberto Segovia, portavoz del sindicato en los juzgados de Valladolid. «Estamos ante un barbaridad. Si tan sólo se tiene en cuenta a los trabajadores del Registro Civil de Valladolid, son torno a veinte personas con una gran experiencia y que serán trasladas de manera forzosa». Un proceso que, asegura, será traumático. «Algunos podrán ocupar vacantes en Valladolid, pero con la política de recortes, es muy probable que otros tendrán que salir fuera».

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