Gran frente común de Sindicatos, Sos Xustiza, Colegio de Abogados y Procuradores de Vigo en contra de la privatización del Registro Civil

Los sindicatos CCOO, CIG, UGT, SPJ-USO, STAJ, CSI-CSIF, la Plataforma SOS Xustiza y el Colegio de Abogados de Vigo se han constituido en un frente común para luchar en contra de la privatización del Registro Civil, que pretende convertir en negocio los derechos de los ciudadanos. 

Representantes sindicales de CCOO, SPJ- USO, UGT, CSI-CSIF, CIG, STAJ, de la Plataforma SOS Xustiza y del COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO se entrevistaron el día 13 de marzo con el ALCALDE DE VIGO, en una ronda de contactos que conjuntamente realizarán con instituciones, asociaciones, operadores jurídicos y partidos políticos, para parar la privatización del Registro Civil, cuya llevanza será entregada a los Registradores Mercantiles. 

Le pidieron al Alcalde de Vigo que lleve este tema al Pleno de la Corporación, para que muestre su rechazo y solicitaron intervenir en la sesión plenaria para frenar lo que a su juicio es “un nuevo atropello a los ciudadanos, que a partir de ahora tendrán que pagar por los trámites civiles que llevarán a cabo ante los registradores”. 

Asimismo, le solicitaron al Alcalde de Vigo y también Vicepresidente de la FEMP que traslade la privatización del Registro Civil al seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, ya que miles de pequeños ayuntamientos de toda España se verán afectados. 

Las principales centrales sindicales, la plataforma ciudadana SOS Xustiza, los Colegios de Abogados y Procuradores, sumarán esfuerzos para “con la unidad de acción de ciudadanos, trabajadores, instituciones y operadores jurídicos parar la privatización de un servicio público esencial”. 

Los colectivos y fuerzas sindicales señalan que “en Vigo volveremos a ser pioneros en la defensa del servicio público de justicia y conseguiremos parar este expolio, igual que hicimos con las tasas judiciales”. 

“Los ciudadanos tendrán que pagar por actos y certificaciones que hasta ahora eran gratuitos”, afirman. “El Gobierno, una vez más, quiere convertir en negocio un servicio público esencial, esquilmando a los ciudadanos y poniendo en riesgo la protección de la intimidad de las personas”, defienden. 

Denuncian que el Gobierno, en el Proyecto de Reforma del Reglamento del Registro Mercantil, incrementa las tarifas de los registradores en numerosas operaciones entre un 800% y un 6000%. Calculan que el incremento de aranceles y de actos inscribibles supondrá un beneficio de diez millones de euros anuales para los registradores. 

Alertan de que el Gobierno pretende retribuir de forma encubierta a los Registradores Mercantiles, a través de las enmiendas del PP al Proyecto de Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que se tramita en el Congreso. 

En el borrador de enmiendas, pactadas con los registradores, se habla de la necesidad de incrementar los actos a inscribir para que sea una fuente de financiación del Registro Civil. Así se pretende cobrar por inscribir la vecindad civil, por el libro de familia, por la inscripción de poderes de las personas físicas, por la legalización anual de libros, por el cese de poderes notariales, por el expediente de matrimonio, etc. 

Los colectivos advierten de que a partir del mes de julio los trámites que los ciudadanos realizaban gratuitamente en el Registro Civil serán privatizados y deberá pagarse por ellos. 

Alertan estos colectivos que los jueces no saben si las bodas civiles previstas para después de julio podrán celebrarse. Asimismo, se prevé que a partir del 15 de julio los expedientes de matrimonio serán tramitados en los notarios, previo pago de unos honorarios que rondarán los 400 euros. 

Los Registradores estarán autorizados para cobrar por todas las actuaciones que se incluyan dentro de un trámite completo, demostración inequívoca, en opinión de estos colectivos de que “el Gobierno y el ministro Catalá “faltan obscenamente a la verdad cuando aseguran que los trámites del Registro Civil seguirán siendo gratuitos”. 

Concretamente en el caso de Vigo, el Registro Civil realizó en 2014 más de 55.000 trámites, todos ellos gratuitos. Concretamente, se expidieron 21.833 certificaciones literales de nacimiento, 3.536 de matrimonio y 12.262 de defunción. Se practicaron 8.043 inscripciones de nacimiento, 1.277 de matrimonio y 8.075 defunciones. En estas cifras no se contabilizan las inscripciones marginales, ni las certificaciones de extractos. 

“Este es el volumen de negocio que se le está transfiriendo a los registradores. Certificaciones de nacimiento, de matrimonio, de defunción, necesarias en nuestra vida cotidiana para multitud de trámites serán a partir de ahora de pago”, denuncian.

Niegan tajantemente desde la plataforma de sindicatos y operadores jurídicos que estos trámites vayan a ser gratuitos, tal y como se desprende de los pasos que ya está dando el Gobierno, con modificaciones legislativas “por la puerta de atrás”.

En este sentido, aluden a que en el Proyecto de Reforma del Reglamento del Registro Mercantil del Gobierno, se incrementan las tarifas de los registradores en numerosas operaciones entre un 800% y un 6000%. Calculan que el incremento de aranceles y de actos inscribibles supondrá un beneficio de diez millones de euros anuales para los registradores. Actos que hasta ahora no eran inscribibles pasarán a serlo, como por ejemplo el cambio de domicilio, la legalización anual de los libros de las empresas, etc. 

Denuncian, asimismo, que el PP pretende introducir enmiendas, pactadas con los registradores, al Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que incrementarán notablemente los actos que hay que inscribir y por los que habrá que pagar. “Así, por la puerta de atrás y cobrándole a los ciudadanos es como se pretende financiar el Registro Civil”. 

Es decir, todos los actos voluntarios que hasta ahora eran gratuitos como poderes, régimen económico, vecindad civil, expedición del libro de familia, expedientes de cambio de nombre, etc. “deberán pagarnos los ciudadanos”, denuncian los colectivos. 

Las representaciones sindicales CCOO, CIG, UGT, SPJ-USO, STAJ, CSI-CSIF, el colectivo SOS Xustiza, el Colegio de Abogados y el de Procuradores, continuarán durante los próximos días sus rondas de contactos con operadores jurídicos, instituciones, partidos políticos y asociaciones, con el fin de denunciar esta cuestión y de aunar esfuerzos en contra de lo que consideran una privatización inadmisible en un Estado de Derecho”.

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