Puertollano: Trabajadores del juzgado consideran un “ataque sin precedentes a la ciudadanía” la reforma de la Justicia y la privatización del registro civil

Funcionarios y trabajadores de los Juzgados de Puertollano se han concentrado esta mañana ante las puertas de la sede judicial en protesta por el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Gobierno de la Nación, al entender que constituye un “claro insulto” a los funcionarios y un “ataque sin precedentes” a la ciudadanía y al empleo en los tribunales.

Según los manifestantes, la reforma podría conllevar “una amortización de plazas, reordenaciones generalizadas, movilidad geográfica u obstaculizacion de la carrera profesional”. Además, se limitan al 30 por ciento las plazas de promoción interna, “lo que supone coartar el derecho a la carrera profesional”, aseguran.

En la protesta también subyacía el malestar y la incertidumbre ante el futuro de los registro civiles, que podrían pasar a manos de los registradores de la propiedad. En este sentido, consideran “intolerable” que el Registro Civil esté siendo objeto de “pública subasta y privatización encubierta, tras casi año y medio de indeterminación y de opacidad” sobre su futuro.

“Si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acaba entregando el Registro Civil a los registradores, será el mayor error que haya cometido y constituirá una nueva barrera en el acceso a la Justicia, tras la aprobación de la ley de tasas”, aseguran.

“A partir de este atropello a nuestros derechos, amén de supresión de cientos de puestos de trabajo en los Registros Civiles y amortización de plazas, todos los ciudadanos tendremos que pagar desde nuestro nacimiento hasta la defunción”, subrayan.

Para los trabajadores del juzgado, la privatizacion de los registros supone un “despilfarro de medios materiales [mas de 182 millones de euros, aseguran], de experiencia y formacion”. Ademas alertan de posibles ”concursos de traslados, despidos de interinos, movilidad forzosa de titulares, amortización de plazas, restricción de la promoción interna, devaluación de las funciones o pérdida de características esenciales”.

Los funcionarios y trabajadores exigen la retirara del proyecto de privatización de los Registros Civiles y que se mantenga su actual estado de servicio publico, universal y gratuito.

“Los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administracion de Justicia tienen la preparación, experiencia y capacidad para sostener el Registro Civil sin necesidad de privatizarlo, como viene sucediendo hasta el momento desde hace muchisímos años”, enfatizan, al tiempo que subrayan que el Ministerio de Justicia “debe aceptar expresamente que los Registros Civiles mantengan su condición de servicio publico y que en los mismos continúe prestando servicios el personal de la Administración de Justicia, con los medios personales y materiales necesarios.

Para los empleados públicos, “el Gobierno debe comprometerse a garantizar que en los Registros Civiles todos los hechos y actos inscribibles, relativos a la situación de las personas, seguirán sin suponer ningún coste para la ciudadanía, y en todo caso el Gobierno debe asegurar, en la Ley del Registro Civil, todo el empleo existente en la actualidad, destinado en los Registros, únicos o compartidos con la jurisdicción, y en los Juzgados de Paz de toda España.

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