El Colegio de Registradores teme que los usuarios de las oficinas mercantiles paguen el Registro Civil

El Colegio de Registradores de España ha advertido de que la "práctica totalidad" de registradores mercantiles se opone a asumir el Registro Civil y ha mostrado su temor a que los costes que pagan los ciudadanos que inscriben los actos de sus sociedades se destinen a financiar el Registro Civil. Además, ha advertido del "cisma" que se puede producir entre los trabajadores con la decisión del Ministerio de Justicia de entregar a un sector este servicio.

El decano del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera, ha enfatizado en rueda de prensa que los registradores mercantiles y de la propiedad forman un único Cuerpo de funcionarios públicos y que su "única representación" parte del Colegio. "La única voz autorizada es la del Colegio Nacional de Registradores, no hay otra voz ni otro interlocutor", ha añadido.

En este sentido, ha criticado que el Ministerio de Justicia haya dialogado con unos pocos trabajadores que desempeñan funciones en registros mercantiles, cuando la representación del colectivo recae sobre la Junta de Gobierno del Colegio, que ha sido "libre y democráticamente" elegida en las últimas elecciones.

Según ha dicho, al Colegio le ha llamado "poderosamente" la atención que ningún representante ministerial se haya puesto en contacto con esta institución tras anunciar públicamente la delegación del Registro Civil en manos de los registradores mercantiles.

"LO PAGARÁN DE SU BOLSILLO"

En cuanto a la gratuidad del Registro Civil, Aguilera ha expresado su preocupación por que esta decisión "termine afectando" al funcionamiento de los registros mercantiles, que tramitan los datos de "autónomos y pequeños negocios", quienes pagan su correspondiente arancel. "No estamos hablando de grandes banqueros y empresarios", ha agregado.

A su juicio, los registradores mercantiles "tendrán que pagar de su bolsillo" los costes para sufragar la plataforma digital que gestionará la información de los ciudadanos y que será de titularidad pública. "Sin la colaboración del Colegio será muy complicado", ha remachado.

La directora de Relaciones Institucionales del Colegio, la exministra Beatriz Corredor, ha explicado que las cuotas que paga el colectivo a esta institución son obligatorias y tienen unas finalidades tasadas: el sostenimiento de los servicios para asociados y ciudadanos. "Las cuotas no son disponibles, son ingresos del Colegio, ningún registrador puede disponer de ese acto individual", ha precisado.

Dicho esto, ambos han avisado del "tremendo" coste y del "complejo" proceso aparejado a la gestión del Registro Civil mientras que han cuestionado que el número de registradores sea suficiente para asumir esta función. Desconocen la cuantía de la inversión puesto que los Presupuestos Generales no detallan la partida exacta de este servicio público y el Ministerio todavía no ha dado a conocer la memoria económica que acompañará la futura norma.

Por último, Aguilera ha destacado que "no es verdad que los registradores no hayan sufrido los recortes de la crisis" y ha puesto de relieve que la bajada en la contratación inmobiliaria ha llegado hasta el 60 por ciento, lo que ha ocasionado EREs y despidos en los registros. "Están en una situación francamente comprometida", ha dicho, antes de recordar que ya tramitaron los expedientes de nacionalidad a su costa.

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