CSI-F pide una respuesta contundente ante el anuncio de Gallardón de privatizar el Registro Civil

Ante el anuncio del Ministerio de Justicia de privatizar el Registro Civil, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha publicado una nota de prensa por la que quiere hacer patente que la deslealtad de Gallardón con los ciudadanos y con los funcionarios de Justicia tendrá una respuesta contundente por parte de CSI-F. Una noticia así, con la trascendencia que tiene en las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia, debería haberse comunicado a los representantes de los trabajadores y no obligar a que se enteren por los medios de comunicación. 

Con esta media se demuestra una vez más el desprecio que siente por sus funcionarios de Justicia al privarles de una de las funciones que tienen atribuidas desde sus orígenes y en la que son los únicos y verdaderos especialistas. Es falso como dice el Ministro que los Registradores mercantiles sean expertos en Registro Civil cuando la realidad es que esta materia les es totalmente ajena a su función principal que es la de registrar cosas y no personas. 

Para CSI-F, esta medida supone regalar a los Registradores mercantiles cientos de millones de euros invertidos en la digitalización de inscripciones registrales y en la implantación del sistema informático INFOREG en los últimos años. Por este motivo denunciamos la negativa del Ministerio de Justicia a reformar la ley para poder utilizar al máximo esta herramienta informática como le hemos pedido en varias ocasiones. Con estos cambios legales, todo lo que el Ministro anuncia que se podrá hacer con los Registradores mercantiles se podría haber estado haciendo ya desde los Registros civiles actuales con funcionarios de Justicia.

En este sentido CSI-F denuncia la pérdida de miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia porque la garantía ofrecida por el Subsecretario del Ministerio hace unos días carece de credibilidad y, además, no afecta al personal destinado en las comunidades autónomas con competencias en materia de gestión de la Administración de Justicia. 

Además hacemos patente el doble lenguaje que se utiliza a la hora de definir a los Registradores mercantiles que son funcionarios públicos pero que gestionan un negocio privado en régimen de monopolio legal. Perciben un arancel por la prestación del servicio. 

En este sentido CSI-F duda mucho de la gratuidad futura de las actuaciones ante el Registro civil gestionado por los Registradores de mercantiles que, además, según se dice van a asumir el coste de la implantación del Registro civil electrónico. Desde este punto de vista, sólo si se espera recibir beneficios económicos por la explotación del servicio se puede creer que los Registradores mercantiles van a realizar esta inversión millonaria so pena de quebrar en caso contrario. ¿De dónde van a sacar los Registradores mercantiles el dinero necesario para implantar la plataforma digital y, luego, sostener el servicio público gratuito?

Para CSI-F no cabe duda que serán los ciudadanos quienes paguen por el servicio. En primer lugar, porque los expedientes registrales que ahora son gratuitos quedan fuera del compromiso de gratuidad y, en segundo lugar, porque no nos cabe la menor duda de que con el tiempo aparecerán los aranceles por inscripción y por certificación o se inventarán nuevos conceptos sobre los que repercutir el coste del servicio o disponiendo vías indirectas de financiación a través de subvenciones, ayudas, convenios etc…

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