El Registro Civil, juguete y moneda de cambio de un lobby de registradores que nada tiene que ver con su consideración de servicio público. Parte III

Tras el anuncio efectuado por el Decano del Colegio de Registradores el 12 de febrero, comunicando por carta a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en la tarde del lunes 11 de febrero el Ministerio de Justicia les ha comunicado que ha adoptado la decisión de asignar a los registradores de la propiedad la gestión de los registros civiles, las críticas no se hacen esperar. Organizaciones sindicales y profesionales, asociaciones de consumidores y usuarios, partidos políticos en la oposición, abogados, plataformas sobre administración de justicia, etc, claman contra la decisión del Ministerio de Justicia. El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) destacaron  que el Ministerio de Justicia les había planteado en el mes anterior que "casi con toda probabilidad" se harían cargo del Registro Civil; diversas fuentes afirmaron que los representantes de los Secretarios Judiciales habrían solicitado un aumento de sueldo por asumir el Registro Civil, lo que no fue desmentido por los propios Secretarios Judiciales.

En esta carta el Decano de los Registradores hace mención a que ya se ha mantenido una reunión en el Ministerio (Subsecretario, Secretaría General Técnica y Director General) para iniciar las conversaciones y negociaciones relativas a todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia que tendrían los registradores. La carta la remite el Decano de los Registradores para tener informados a sus colegiados, cumpliendo su compromiso de transparencia asumido tras las elecciones al Colegio de Registradores del año 2013, pero algún Registrador la divulga y la noticia salta a todos los medios de comunicación.

Ante la difusión de la carta al Ministerio de Justicia, es decir a Rajoy, Saez de Santamaría y Gallardón se les caen todos los planes de negociación secreta y presentación y tramitación rápida de la atribución del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad. La información sale a los medios de comunicación demasiado pronto.

El Ministerio de Justicia no tardó en reaccionar manifestando que no había ninguna decisión tomada y recriminando que en la carta no se hablara de la financiación y de la exigencia impuesta por el Ministerio en cuanto a la gratuidad del servicio. Su única opción es decir el día 13 de febrero que hay un principio de acuerdo que no es definitivo, y luego desdiciéndose el 14 de febrero afirmar que la decisión aún no ha sido adoptada, que no hay nada cerrado y apuntar que a la hora de decidir entre una y otra opción existen al menos dos líneas rojas que el Ministerio no quiere traspasar. La primera, garantizar la gratuidad del Registro Civil, y en segundo lugar, el mantenimiento de los puestos de trabajo actualmente vinculados al Registro Civil. Si no se cumpliesen estas condiciones, el Ministerio de Justicia se inclinaría por asignar estas competencias al colectivo de secretarios judiciales, que ha venido reclamándolo desde que se tuvo conocimiento del borrador de anteproyecto de Ley de reforma integral de los Registros.

La idea del Ministerio de Justicia consiste en suprimir los costes que suponen al Ministerio y Comunidades Autónomas con competencias la llevanza del Registro Civil, entre instalaciones, personal y equipamiento material e informático, vendiendo ante la opinión pública el ahorro que ello les supondría en época de contención del déficit público. Los Registradores de la Propiedad asumirían el coste de la informatización de lo que queda pendiente de digitalizar (la mayoría de los Registros Civiles en poblaciones que no son capitales de partido judicial, e inscripciones anteriores al año 1950) y de la mejora del actual programa del Registro Civil para permitir la implantación del registro civil único y electrónico, lo cual resultaría sencillo dadas las funcionalidades de la actual versión del programa Inforeg.

Unido a lo anterior, el Ministerio pretende que los trámites esenciales del Registro Civil (inscripciones de nacimiento y defunción, y expedición de certificados, cuanto menos) sean gratuitos, de forma que no haya queja ni contestación por parte de los ciudadanos respecto  que tener que pagar directamente por un servicio que hoy se financia por vía impuestos. Y en cuanto al personal, si son funcionarios se les adscribirá a otras oficinas judiciales (sin mención de las futuras amortizaciones de plantillas posiblemente sobredotadas) y si son interinos, como mucho, se les ofrecería pasar a unidades judiciales con los mismos derechos (cese cuando se cubra la plaza) que el resto de funcionarios interinos.  


Así lo pone de manifiesto el Gobierno, en respuesta de 17 de marzo de 2014 a pregunta escrita formulada por el Diputado Joan Coscubiela:

“…Previendo que para julio debe estar tomada la decisión, el Ministerio de Justicia se ha reunido durante todo este tiempo con representantes de los secretarios judiciales y de los registradores para estudiar la opción más viable y eficaz.

Constituyen premisas básicas para esa decisión, entre otras, la gratuidad absoluta del servicio del Registro Civil y la conservación de los puestos de trabajo mediante la reasignación en la Administración de Justicia del personal actual de los Registros Civiles… El Registro civil va a seguir siendo un servicio público gratuito… No se ha planteado por parte del Gobierno una opción distinta a la gratuidad de todos los actos de inscripción y certificación, sin excepción alguna… Por lo que respecta a los posibles efectos lucrativos para los nuevos gestores del Registro, como ya se ha señalado, el servicio dado a los ciudadanos continuará siendo gratuito, por lo que no es posible que produzca beneficios”.

La cuestión del personal actual del Registro Civil no suscita problema alguno en la negociación. Y ello pese a que se divulga en febrero que el Ministerio de Justicia quiere que los Registradores asuman el 80 por ciento de dicha plantilla. Rápidamente la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad desmintió la información lanzada desde el Ministerio de Justicia, según la cual para que se traspasase la gestión del Registro Civil el Colegio debería hacerse responsable del 80 por ciento de la plantilla actual del propio Registro Civil. El decano, Gonzalo Aguilera, reiteró que la llevanza del Registro Civil se basaría en los principios de gratuidad que lo rigen en la actualidad y la plantilla del mismo será redistribuida en diversos departamentos del Ministerio de Justicia (a otros Juzgados), no pasando a los nuevos Registros Civiles. Así se trasluce de las respuestas por escrito dadas por el Gobierno a los diputados Joan Coscubiela y Gaspar Llamazares: todo el personal de la Administración de Justicia que hoy trabaja en los Registros civiles sería reasignado a otros juzgados y tribunales.

Sin embargo, en el plan de acción del Ministerio de Justicia hay algo que no cuadra a los Registradores, por mucho que vaya unida la asunción del Registro Civil con la revisión de la demarcación registral puesta en marcha en noviembre de 2013 y el registro electrónico de la propiedad, y es cómo se va a financiar el registro civil asumido por los Registradores de la Propiedad. Estos asumen durante la negociación la gratuidad de las inscripciones de  nacimiento y la defunción, que representan dos tercios de los servicios del Registro Civil, pero quieren cobrar tasas por todo lo demás. “Que la financiación la pongan los usuarios en lugar de los contribuyentes”, explicaba una fuente conocedora de la negociación. Ello no acaba de cuadrar con el plan del Ministerio, que quiere que todas las inscripciones y certificaciones sean gratuitas.

El Ministerio de Justicia había renunciado definitivamente en noviembre de 2013 a cobrar arancel alguno en el futuro Registro, evitando de esta forma la contestación ciudadana a pagar por trámites hasta hoy gratuitos, y aseguró que todos los trámites, obligatorios o no, seguirían siendo gratis. Así se lo dijo a los registradores cuando en diciembre de 2013 reiniciaron las negociaciones.

¿Qué pasa con los expedientes de Registro Civil, como matrimonios, nacionalidades, cambios de nombre, rectificación de error, etc? La mayoría de estos expedientes quedarían desvinculados propiamente del Registro civil, cuya función sería registrar y certificar, desvinculado de la práctica registral los actos de formación de títulos registrales como son estos expedientes. Las resoluciones de estos expedientes serían inscribibles como lo son en la actualidad, y la desvinculación del registro civil respecto de los actos de formación de títulos registrales permitiría cobrar por la tramitación de estos expedientes, asumiendo los Notarios gran parte de ellos (ese es el motivo de que no hayan clamado esta vez contra la privatización del Registro Civil, pues ellos se van a llevar una parte sustancial del negocio registral). Por tanto, gratis únicamente serían la práctica de inscripciones y la expedición de certificaciones; por todo lo demás se pagaría.

Parece claro que la financiación del nuevo Registro Civil constituye el principal problema para su asunción por parte de los Registradores. El Decano del Colegio de Registradores manifiesta en una entrevista realizada a mediados de febrero,  respecto al sistema de cobro, que “habría que estudiarlo cuando llegara el momento, no sé lo que tendrá pensado el Ministerio, que será quien lo tenga que plantear, y no sé qué va a proponer, ni qué sistema tiene pensado. Hay muchas fórmulas para ello. Nosotros lo que sí decimos es que la llevanza del Registro Civil supone un coste muy alto, y lógicamente habrá que buscarle una solución a esa financiación, pero en todo caso será el Ministerio quien lo decida. Propondremos las fórmulas que nos parezcan adecuadas”.

Los registradores «como funcionarios públicos que somos estamos a disposición del Ministerio de Justicia, pero la delegación de funciones tiene que venir acompañada de financiación», señaló a finales de febrero la decana de los Registradores de Castilla y León, Reyes Gómez de Liaño. La registradora vallisoletana subrayó que «desde luego, si alguien está preparado y tiene infraestructura para asumir los registros civiles somos nosotros, pero no podemos perder dinero: no hay que olvidar que tenemos plantillas a nuestro cargo».

Mientras tanto siguen las declaraciones contrarias a la asunción del Registro Civil por parte de los Registradores por numerosos ayuntamientos y Parlamentos autonómicos, y las protestas promovidas por las organizaciones sindicales y profesionales, a las que se suman jueces, abogados, organizaciones de consumidores y numerosos operadores jurídicos, con un gran éxito de participación. Los blogs jurídicos y de opinión echan humo, mientras que Gallardón se esconde y deja de asistir a actos públicos que no estén bien controlados, para evitar abucheos y protestas.

El día 11 de marzo salta la noticia: los Registradores se niegan a asumir gratis el Registro Civil y se rompen las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores. Después de semanas de negociaciones, el Colegio rechazó asumir la gestión del Registro Civil si el nuevo modelo no incluía una contraprestación económica, según señalaron fuentes del Ministerio. Esta postura choca frontalmente con una de las líneas rojas establecidas por Justicia, que es precisamente la gratuidad del servicio para los ciudadanos, sin excepciones. Esta cuestión se ha convertido en un escollo insalvable; los Registradores exigen una contrapartida económica ya sea a través del pago de los ciudadanos por algunos trámites, o por la vía de una asignación económica en los presupuestos generales, algo a lo que Justicia se niega.

En la última reunión antes de la ruptura de negociaciones el Colegio volvió a exigir que se le permitiera cobrar aranceles; Justicia se negó y dio por acabada la negociación. Fuentes del Colegio de Registradores se limitaron a señalar, tras la ruptura de negociaciones, que “para prestar a los ciudadanos un servicio público de calidad y lograr un Registro Civil más eficiente”, es necesario asegurar, entre otras cosas, “una fuente de financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro Civil”. A su vez fuentes del Ministerio de Justicia explicaron que el Colegio de Registradores pretendía que si no había aranceles se incluyera una partida económica en los Presupuestos Generales del Estado para la gestión del Registro Civil, a lo que la Administración se niega.

Tras aparecer en los medios de comunicación la ruptura de las negociaciones, el Colegio de Registradores no quiso dar una respuesta oficial a esa ruptura. Fuentes del colectivo, sin embargo, sostuvieron que ellos nunca exigieron el cobro de aranceles. Y aseguraron que, si Justicia les ordena asumir ese trabajo gratis, lo harán aunque no les guste, porque son funcionarios públicos y no pueden negarse. "Es cierto que nosotros dijimos que éramos partidarios de cobrar aranceles por algunos servicios del Registro Civil. Quizá no por los certificados obligatorios, pero sí por otro tipo de trámites voluntarios que, si no los paga el usuario, los pagan todos los ciudadanos con sus impuestos. Nos parece un modelo más justo. Pero sólo lo planteamos durante las conversaciones con el ministerio, no lo exigimos. No tenemos competencia para exigir nada. Somos funcionarios públicos, haremos lo que nos digan", señalaron estas fuentes.


Desde el Ministerio respondieron que, efectivamente, podrían imponer la gestión del Registro Civil al Colegio de Registradores sin pagarles nada a cambio y sin dejarles cobrar aranceles, pero dicen que prefieren llegar a un acuerdo con un colectivo que comparta el modelo de gratuidad, sin imposiciones (y que acepte de buena gana asumir un trabajo sin cobrar por él). Y ese va a ser muy posiblemente los Registradores Mercantiles, rompiendo con ello la unidad del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada