Motín de los registradores contra el nuevo Registro Civil de Gallardón

Los registradores se niegan a asumir la organización del Registro Civil, porque supondrá un coste demasiado alto, que tendrían que sufragar ellos mismos. El cambio de modelo, a penas detallado por el equipo de Gallardón, "tendría un coste altísimo, y lo más probable es que no funcionara adecuadamente sin un sistema de financiación necesario", asegura Gonzalo Aguilera, el decano del Colegio de Registradores.

Creen que los usuarios terminarán pagando la reforma. Los costes de los registros en lo mercantil y de la propiedad aumentarían para poder compensar la gratuidad de los servicios de registro civil.

El colegio teme que, si se implanta el modelo de Gallardón, interfiera en su actual trabajo y el registro mercantil y de propiedad deje de funcionar correctamente. Además, las condiciones de implantación supondrían un coste añadido que tendrían que pagar los registradores por su cuenta al ser un servicio gratuito. "Y esto sería contrario al derecho europeo, que ordena que los costes de lo mercantil o la propiedad se destine a financiar, exclusivamente, el registro de esa misma naturaleza", dice Aguilera.

Falta de concreción y comunicación

El decano ha criticado también que el ministerio no se haya puesto en contacto con ellos una vez hizo pública su intención del cambio de gestión en el Senado. Y no ven probable la implantación del nuevo modelo ya que no hay una memoria económica, que debe incluirse en cualquier proyecto legislativo.

Avisan de que se podría producir un cisma en el cuerpo de registradores, porque hasta ahora, según dicen, el ministerio solo se ha dirigido a los de lo mercantil, pero el cuerpo de registradores es único y se compone de lo mercantil y la propiedad.

Cuatro propuestas

El cuerpo de registradores no tendrá más remedio que asumir esta gestión si el gobierno así lo decide en firme. Y en tal caso han propuesto cuatro alternativas al modelo hasta ahora perfilado por Justicia. En primer lugar que esta reforma se lleve a cabo con el mismo consenso que ya se consiguió con la ley de 2011. Un marco que entraría en vigor el mes próximo, de no ser por la prórroga del gobierno.

Proponen, además, que la gestión de lo civil y lo mercantil se separen para no interferirse mutuamente. Creen, en tercer lugar, que sería más eficiente utilizar el propio sistema informático del colegio para realizar los expedientes de lo civil, al contrario de lo que propone el ministerio. Y como última sugerencia, pero indispensable, los registradores ven necesario un sistema de financiación adecuada.

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