El Parlamento de Cataluña ha aprobado con fecha 28 de mayo una resolución por la que, entre otras cuestiones, se opone a la reforma del Registro civil impulsada por el Ministerio de Justicia y a la modificación de su gestión, por implicar una privatización encubierta ya que las funciones que ejerce el servicio público del Registro civil se incluyen en el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva.
Esta resolución se une a las ya aprobadas por los parlamentos del País Vasco, Navarra, Aragón, Andalucía y Asturias, contrarias a la privatización del Registro Civil
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