Los registradores pagarán con sus cuotas colegiales el Registro Civil

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer por la tarde en el Pleno del Senado, que el Gobierno ha tomado la decisión de que sean los registradores mercantiles quienes se hagan cargo del Registro Civil, que tramitarán todos los certificados y expedientes de forma gratuita para el ciudadano.

El dinero saldrá de las cuotas que paga cada registrador, sobre los ingresos del Registro, al Colegio de Registradores para que les dé servicios para poder desempeñar sus labores funcionariales, según confirmaron ayer a elEconomista fuentes del Ministerio de Justicia.

Los registradores mercantiles realizarán esta gestión a través de una plataforma digital que se mantendrá bajo titularidad pública, en la que se abrirá un folio o historial a cada persona, no a cada acto que realice (como el nacimiento, el matrimonio, un cambio de apellidos o la propia defunción).

El Colegio, disconforme

Una vez conocido el anuncio, el decano del Colegio de Registradores envió una carta abierta al colectivo en el que señalaba que "hasta que no tengamos un conocimiento completo del contenido y alcance de la decisión no podemos hacer una valoración precisa de la misma. Son muchos los interrogantes que se abren en este momento. En todo caso, desde el Colegio haremos todo lo posible para manteneros puntualmente informados y para que los intereses profesionales de todos los registradores sean adecuadamente defendidos y representados sin merma del servicio público y del interés general"

En Twitter se publicó un mensaje desde el registro @Registrador.es en el que se afirmaba que "el Colegio de Registradores expresa su disconformidad con la decisión anunciada por el ministro de justicia de imponernos el Registro Civil".


El Colegio reiteró esta misiva en una nota enviada a los medios de comnicación en la que se afirmaba que "quiere manifestar su absoluta disconformidad con la decisión adoptada" y añadía que los registradores ya tuvieron la oportunidad de manifestar estaoposición en la Asamblea General de Zaragoza en abril de 2013, así como en las distintas reuniones con el Ministerio.

Sí se pudo saber que el sistema informático del Registro Civil se ha declarado como una infraestructura crítica y se ha solicitado la custodia y la contratación de las empresas que lo han desarrollado y lo mantendrán al Ministerio de Defensa. Los servidores estarán en las instalaciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), según confirmaron ayer fuentes solventes de Justicia.

Las tres razones argumentadas por el ministro Gallardón para decantarse por el colectivo de registradores mercantiles son "su experiencia en las funciones registrales, su capacidad para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital, y su conformidad con una de las líneas rojas del Ministerio: la gratuidad de los trámites para los ciudadanos".

Según ha podido saber también elEconomista, se habilitará a los registradores de la propiedad para que reciban documentación a modo de refuerzo. También, en las poblaciones donde no existan Registros, serán las notarias las que recojan las solicitudes.

Es preciso recordar que la pasada semana el Consejo de Ministros estudió la incorporación de los hospitales de todas las comunidades autónomas para facilitar la documentación de los nacimientos y defunciones que se produzcan en sus registros. En la misma línea se cuenta con los sacerdotes que ofician las bodas religiosas y civiles.

Los registradores mercantiles se encargan ya de un Registro muy similar al modelo que quiere establecer el Ministerio y que ya apuntaba la Ley de 2011, que se basará en las personas y no en los actos que deban ser inscritos.

Actualmente, los registradores mercantiles, según los artículos 274 de la Ley Hipotecaria y 536 del Reglamento Hipotecario tienen carácter de funcionarios públicos, dependen del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

El ministro señaló ayer que la reforma anunciada continúa con el espíritu de la Ley de 2011 para tratar de acabar los problemas que plantean los registros civiles, cuyos ejemplos de colapso quedan patentes en las largas colas que acumulan en sus puertas o en el hecho de que se estén dando citas para 2019.

"Situaciones como éstas explican por qué estos órganos acumularon en 2012 uno de los mayores porcentajes de quejas presentadas contra la Administración de Justicia, hasta un 44 por ciento, según la Memoria del año 2013 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", explicó Ruiz-Gallardón .

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