CCOO acusa a Gallardón de pretender aprobar por Decreto Ley la privatización del Registro Civil

CCOO ha vuelto a trasladar a los máximos responsables del Ministerio de Justicia (desde el Secretario de Estado de Justicia al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia y también al Subsecretario de Justicia) la imperiosa y urgente necesidad de la convocatoria de la mesa sectorial con presencia del ministro de Justicia.

CCOO manifiesta que no va a tolerar que el ministro de Justicia dé la callada por respuesta ante una situación de extrema gravedad para los derechos de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y de la ciudadanía.

En relación con las actuaciones que desde CCOO se entiende se van a producir en los próximos días, informa que seguramente el consejo de ministros aprobará en breve (lo más probable es que sea el 4 o el 11 de julio próximos) una norma (que podría tener el rango de Real Decreto Ley), que entraría en vigor de inmediato (sin perjuicio del posterior trámite parlamentario para que se convierta en proyecto de ley) que contendría dos premisas:

a) Una prórroga de la entrada en vigor de la ley 20/2011 de los Registros Civiles, probablemente hasta julio de 2016, sin descartar que la entrada en funcionamiento de la plataforma electrónica sea en junio de 2015.
b) La inclusión en esta norma de la entrega a los registradores mercantiles de la gestión de los Registros Civiles.

CCOO anuncia que presentará, además de todas las acciones sindicales necesarias, incluida la convocatoria de la huelga en la Administración de Justicia si cuenta con el respaldo de los trabajadores/as, todas las acciones jurídicas necesarias para impedir esta gravísima privatización de los registros civiles. A juicio de CCOO, un Real Decreto Ley que exceda de la mera prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 sería inconstitucional, pues no reuniría los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad establecidos en la Constitución Española y supondría privar a las Cortes del necesario debate sobre la privatización de un servicio público esencial frente a lo acordado por consenso mayoritario en la Ley 20/2011.

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