El Colegio de Registradores se resistirá al Registro Civil

Algunos decanos territoriales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles rechazaron ayer el anuncio del ministro de Justicia de que los mercantiles se van a hacer cargo de la gestión del Registro Civil.

El decano, Gonzalo Aguilera Anegón, y los miembros de la Junta de Gobierno explicaron su desacuerdo ante las medidas anunciadas, argumentando, entre otras cosas, que se ha dividido la profesión en dos especialidades diferentes, puesto que hasta el momento forman un cuerpo único de funcionarios, que sirven indistintamente Registros de la Propiedad como Mercantiles.

Sin embargo, fuentes solventes del Ministerio de Justicia negaron que se pretenda modificar el estatus funcionarial de los registradores, aunque sí que se les van a ampliar sus competencias con el Registro Civil y otros Registros que se han ido creando mediante diversas leyes en los últimos meses.

Los responsables del Colegio piensan resistirse a esta medida, y argumentaron también, la colisión de las medidas adoptadas por el Ministerio con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que éste ha publicado sentencias en las que podría deducirse que no admite la doctrina que el dinero recaudado por un Registro Mercantil se use para otro distinto.

Así, los registradores citan, por ejemplo, la sentencia de 2 de diciembre de 1997, conocida como el caso Fantask. En ella se concluye que "la cuantía de los derechos percibidos por la inscripción registral de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada y de sus aumentos de capital debe calcularse únicamente sobre la base del coste de las formalidades correspondientes, teniendo en cuenta que esta cuantía también puede cubrir los gastos generados por las operaciones menores efectuadas gratuitamente".

Mientras tanto, un grupo de registradores mercantiles aseguraron ayer a Europa Press, que "no hay trampa ni cartón" en la decisión del Ministerio de Justicia y que este será gratuito para el ciudadano y para la Administración. También, manifestaron su "orgullo" por la confianza que el Gobierno ha depositado en ellos y en su experiencia, contrastada en la gestión de la información de las personas jurídicas. "Solo pedimos que el público valore nuestro sacrificio", dicen.

Por otra parte, CCOO y CSI-F, convocaban ayer huelga en el sector de la Justicia en toda España.

CCOO afirmaba en una nota que "esta decisión de Gallardón busca reforzar una profesión que se encuentra en entredicho por la UE y entre cuyos profesionales se encuentra personal designado a dedo por el propio ministro en el gabinete del cual es titular".

Por su parte, CSI-F afirma que "la deslealtad de Gallardón con los ciudadanos y con los funcionarios de Justicia tendrá una respuesta contundente por su parte".

Sin embargo, según Justicia, estos órganos acumularon en 2012 uno de los mayores porcentajes de quejas presentadas contra la Administración de Justicia, hasta un 44 por ciento, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).


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