A. P. GIÓN "Los ciudadanos no saben lo que se les viene encima". Este mensaje resuena de nuevo en el Palacio de Justicia de Marcos del Torniello. Si hace meses esta advertencia estaba ligada a la imposición de las tasas judiciales (el acceso a la justicia previo pago de unos importes), ahora sigue resonando por la que es considerada "una privatización" del Registro Civil, un servicio gratuito y público que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pretende derivar a los Registradores de la propiedad. Los trabajadores del palacio de justicia de Marcos del Torniello se concentran cada mañana durante unos minutos ante el edificio en señal de protesta por el cambio que promueve el Gobierno de Mariano Rajoy y que, según defienden muchos, tendrá como consecuencia para el ciudadano el pago por servicios que hasta ahora eran gratuitos, como las inscripciones de nacimientos, defunciones o matrimonios. Está previsto que la reforma entre en vigor el próximo verano.
En el Registro Civil avilesino están destinados cuatro funcionarios. "No está regulado que va a ser de los funcionarios de justicia destinados en este servicio que era gratuito. Aquí se hacen las inscripciones que todo el mundo necesita realizar a lo largo de su vida: nacimientos, defunciones y matrimonios, que hoy son gratuitas, así como cambios de nombre o apellidos. Si lo asumen los registradores, ¿cómo van a prestar el servicio? ¿Cuánto van a cobrar al ciudadano?", planteó una portavoz del registro avilesino.
Hasta el momento no ha trascendido cómo y en qué condiciones asumirán el servicio los registradores de la propiedad. En medios judiciales insisten en que los ciudadanos tendrán que rascarse el bolsillo para realizar trámites que hasta ahora venían siendo gratuitos, aunque el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, insiste en que estos seguirán sin tener coste alguno. "¿Y quién se va a creer que los registradores van a ofrecer ese servicio de forma altruista?", plantean en Marcos del Torniello.
"Estamos ante una privatización que no garantiza que el servicio vaya a ser mejor. No se entiende ni se explica el objetivo de esta iniciativa. Entendemos que se aplique una reforma si redunda en el beneficio del ciudadano que paga sus impuestos", señaló la misma portavoz del registro avilesino.
El diputado nacional de IU Gaspar Llamazares denunció el pasado viernes que la privatización encubierta del Registro Civil pone en peligro 3.500 empleos en España y que puede suponer un riesgo para la adecuada gestión de la información privada y sensible de sus ficheros.
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