Los socialistas de Cangas llevan a pleno la defensa del registro civil y rechazan su privatización

Los socialistas de Cangas se han sumado a la defensa de los registros civiles y a las protestas por la intención del actual gobierno del PP a "privatizar" el servicio. Para ello, ha presentado una moción plenaria en la que solicitan a la corporación que inste al Gobierno español a eliminar las disposiciones adicionales del Real Decreto Ley 8/2014 de Aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que modifica la ley 20/2011 del Registro Civil.

Desde el PSOE creen que el PP está dando "un paso para a privatización dos Rexistro Civil", puesto que los registradores mercantiles -que podrán realizar nuevas funciones, si prosperan las intenciones del gobierno-, pese a ser funcionarios del Estado, "actúan como empresas privadas", pues sus ingresos no proceden de los presupuestos del Estado sino de los aranceles que le cobran a sus clientes. Además, rechazan que "os datos de millóns de persoas se poñerán en mans de empresas privadas que se encargarán de xestionalos e custodialos".

A esta "privatización" del servicio añaden los socialistas los "miles de postos de traballo que se destruirán", haciéndose eco de las denuncias sindicales sobre la "incerteza" de los 2.500 funcionarios que trabajan en los registros civiles de toda España, a los que se añadirían "outros 2.500 interinos que traballan nos xulgados e tribunais". Concluyen que el Real Decreto supone "a defunción do servizo público que era o Rexistro Civil" y "un novo atranco para a cidadanía", creándole además un coste adicional.

En la moción firmada por el portavoz del grupo municipal socialista, Orlando Barreiro, se denuncia también la fórmula utilizada para este cambio, "agochado nun Real Decreto" y además "imposto, sen ningún tipo de diálogo ou negociación".

El Registro Civil no necesita un cambio de modelo organizativo y gestor, sino ser gestionado mejor

Uno de los argumentos para privatizar el Registro Civil y atribuir su llevanza a los Registradores Mercantiles es la necesidad de cambiar su modelo organizativo y de gestión ante el elevado número de reclamaciones que sobre el funcionamiento de los Registros Civiles llegan al Consejo General del Poder Judicial. Modelo que para el Ministerio de Justicia y Registradores Mercantiles pasa por seguir manteniendo la gratuidad de las inscripciones y certificaciones, financiándolo con cargo a los aranceles que se cobran en los Registros Mercantiles, y que para el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles pasa por el cobro de determinados servicios registrales, estableciendo una fuente de financiación propia y directa de los Registros Civiles. Pero unos y otros defienden y se justifican en la necesidad de cambiar el modelo de gestión de los Registros Civiles, que tantas reclamaciones da lugar. 

La “cuadratura del círculo” que pretende el Ministerio de Justicia y los Registradores Mercantiles proclives al proyecto del Ministerio no se la cree nadie: tarde o temprano habrá que vincular el servicio del Registro Civil al cobro directo de sus servicios, porque de otra forma se rompería el modelo de gestión que defienden los Registradores y es que los Registros, sean del tipo que sean, sean sufragados y mantenidos por los usuarios, y no por los Presupuestos Generales del Estado. 

El Colegio de Registradores, tanto en su revista trimestral como a través de artículos de opinión, entiende que el servicio público del Registro Civil funciona deficientemente y, por ello, genera más de la mitad de las quejas de los ciudadanos ante el Consejo General del Poder Judicial. Entienden que ello es debido a un erróneo modelo de gestión, basado en dos razones: a) Desde 1986 todas las actuaciones ante el Registro Civil son gratuitas para sus usuarios, pues van a cargo de los Presupuestos Generales del Estado; y b) Los Presupuestos Generales del Estado no dedican recursos suficientes para un buen funcionamiento del Registro Civil.

Siete razones contra la privatización del Registro Civil

El Gobierno incluyó en el real decreto ley ómnibus de 4 de julio de 2014, recientemente convalidado por la mayoría del PP, la privatización del Registro Civil, dedicando a ello las disposiciones adicionales décimonovena a vigésimocuarta.

Creo que esta norma no se ajusta a la normativa de la UE, es inconstitucional, inmoral, opaca, ha sido aprobada violando la Ley de Conflicto de Intereses, revela una sorprendente realidad que exige una profunda investigación y se ha elegido el sistema más ineficiente y costoso para su propiedad, gestión y explotación.

1. Es inconstitucional

Como ha denunciado toda la oposición política, el Gobierno ha utilizado el decreto ley como vehículo normativo para atender criterios de opacidad, eludiendo los informes técnicos y dictámenes de organismos públicos que, a buen seguro, hubieran impedido su tramitación parlamentaria con el contenido predispuesto. Este defecto no se corrige con la carnaza lanzada por Sáenz de Santamaría después de su convalidación, a fin de que se tramite como proyecto de ley para debatir enmiendas (contra los aprobado por el PP), desoyendo a las asociaciones y colegios afectados, ni subsana la ausencia de la memoria y estudio económicos que nos permita saber cuánto va a costar el capricho de Gallardón y quién y cómo lo van a pagar.

Añádase que siendo objeto de tramitación parlamentaria ulterior como proyecto de ley no podrá recurrirse ante el TC con efectos suspensivos.

Invocar la extraordinaria y urgente necesidad de la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de Zapatero de 2011, cuando de origen incorporaba una vacatio de tres años y –al menos– falta otro año para que inicie su aplicación, es faltar a la verdad. Rajoy ya presentó en la tramitación parlamentaria en 2010 dos enmiendas en el Congreso (las número 115 y 168) y otra en el Senado (la número 42) para poder privatizar el Registro Civil a manos de los registradores. Tales enmiendas fueron rechazadas, pero revelan que la privatización a favor del colectivo registral no es algo novedoso ni mucho menos urgente. Recordemos también que el anteproyecto de reforma integral de los registros, de 2012, tenía esa pretensión, como denunciara Miguel Ángel Aguilar (El País, 26/11/2012, “Asalto al registro civil”). La oposición frontal a esta norma por parte de todos los colectivos de justicia, sindicatos, partidos y sociedad, es lo que ha llevado a Gallardón a deshojar tranquilamente la margarita durante veinte meses, al estilo de Gregorio Marañón: si hoy es muy urgente, mañana lo será todavía más…

Se buscó el mejor momento para anunciar la elección (cambio de rey) y para aprobarlo (en el Consejo de Ministros de la operación salida de verano). Hablar ahora de una necesidad inaplazable suena a chiste, sobre todo si tenemos en cuenta que la aplicación del decreto ley precisa reformas legislativas y reglamentarias que dejan sin efecto la inmediata virtualidad normativa aparentemente pretendida.

El Registro Civil, la informática y la extraña Disposición Adicional 23 del Real Decreto-ley 8/2014

Entre las muchas perlas que puede uno encontrar en ese prodigio jurídico que es el Real Decreto-ley 8/2014 que dará mucho que hablar nos encontramos con una extraña Disposición Adicional. Efectivamente, la DA vigesimotercera del Real Decreto-Ley 8/2014 de 4 de julio suscita grandes dudas y preocupaciones, textualmente el párrafo que me interesa:

La contratación que tenga por objeto la creación, mantenimiento, posterior gestión y seguridad del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones se realizará por la Corporación de Derecho Público que se crea por esta disposición. Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de este Real Decreto-ley, la referida Corporación formalizará los contratos relativos al sistema informático necesario para la gestión integrada y completa del Registro Civil, realizando con posterioridad la contratación de las necesarias adaptaciones o actualizaciones del mismo.

CSI.F propone que los Registradores Mercantiles y los funcionarios de la Administración de Justicia lleven conjuntamente el Registro Civil

CSIF ha remitido al Ministerio de Justicia una "propuesta transaccional para un registro civil moderno servido por funcionarios de la Administración de Justicia", que trata de conciliar la decisión del Ministerio de Justicia de que los Registradores Mercantiles asuman la llevanza del Registro Civil con la posibilidad de que el personal que a sus órdenes desarrolle dicha tarea no sea el personal del Registro Mercantil correspondiente, sino el personal de la Administración de Justicia.

Según el CSI.F, sobre la base de un Registro Civil gratuito gestionado por Registradores Mercantiles no hay impedimento alguno para que los funcionarios de Justicia colaboren con aquéllos en la gestión del Registro Civil, tal y como vienen haciendo con los actuales encargados. Estos funcionarios de Justicia dependerían orgánicamente del Ministerio de Justicia o CCAA según el ámbito territorial y funcionalmente del Registrador mercantil bajo la superior dirección de la DGRN tal y como sucede hasta ahora. Los puestos de trabajo en el Registro Civil sólo podrían ocuparse por funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia.

CSI.F propone tres tipos de oficinas Registrales:
- Una por provincia, a cargo de los Registradores Mercantiles y el personal de la Administración de Justicia, con competencia plenas en la materia.
- Otra por cada localidad que en la actualidad cuente con Registro Civil principal, a cargo de personal de la Administración de Justicia, con las mismas competencias salvo la de resolución de expedientes.
- Otra por cada Juzgado de Paz actual, con funciones similares a las actuales de estas oficinas. 

El Gobierno vasco remite a Madrid un propuesta para asumir la gestión del Registro Civil

El Gobierno vasco quiere que el Registro Civil sea asignado en Euskadi al colectivo de secretarios judiciales previa transferencia de este cuerpo de funcionarios o, en su caso, a trabajadores públicos adscritos al Departamento de Justicia y Administración Pública. . El consejero de esta área, Josu Erkoreka, ha remitido ya una propuesta concreta al Ministerio de Justicia.

La Ley del Registro Civil de 2011 atribuye a las comunidades autónomas las competencias ejecutivas en materia de Registro Civil de acuerdo con sus estatutos de autonomía y las leyes, aunque el Estatuto de Gernika no lo contempla. Un reciente decreto, aprobado a principios de julio, delega en los registradores mercantiles la gestión de un servicio que hasta hoy realizan los jueces. Este decreto contempla una fase de transición hasta 2017 y establece que todos los trámites (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, etc.) serán realizados a partir de entonces por los registradores mercantiles. Asimismo, determina que esta nueva fórmula no conllevará ningún cambio en la titularidad pública de un servicio que realiza 3,3 millones de expedientes al año.

CCOO-A insta a las instituciones a recurrir al Constitucional la ley que "privatiza" el Registro Civil

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Andalucía, Agustín de la Cruz, ha remitido sendas cartas a la presidenta de la Junta de Andalucía, al Defensor del Pueblo, al consejero de Justicia e Interior y los representantes de los grupos parlamentarios PSOE, IU y PP, en las que les recuerda las dos proposiciones no de ley aprobadas en el Parlamento andaluz, y las declaraciones del consejero LLera, que se oponen a la "privatización" del Registro Civil.

Según indica el sindicato en una nota de prensa, con base en la potestad que les reconoce el ordenamiento jurídico a los mencionados, y para concretar las manifestaciones en defensa del servicio público, CCOO solicita que se presenten recursos de inconstitucionalidad contra la norma estatal que entrega a los Registradores Mercantiles los Registros Civiles.

CCOO también exige al Gobierno Andaluz un compromiso claro, que se materialice en la Mesa Sectorial de Justicia, de mantener todo el empleo público (titulares, refuerzos e interinos) de los Registros Civiles, incluyendo los juzgados de Paz.

El PSOE considera un «escándalo» que los registros mercantiles asuman funciones de los civiles

La secretaria de Relaciones Políticas del PSOE de La Rioja, Victoria de Pablo, considera «un auténtico escándalo democrático» el traspaso de las funciones del Registro Civil a los registradores al frente de los Registros Mercantiles, recogido el pasado viernes en el Real Decreto-Ley 8/2014 para la aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Según de Pablo, el PP es «alérgico a las reglas de funcionamiento de la democracia participativa». Sólo así, añadió, puede entenderse que, «hurtando el debate parlamentario e impidiendo la confrontación de ideas y argumentos», aprobara un Real Decreto de 172 páginas que «cambia radicalmente unas 20 leyes». «Un cajón de sastre que lo mismo habla de drones que de empleo juvenil», expuso. La secretaria del PSOE cargó asimismo contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, señalando que «no dice la verdad cuando garantiza la gratuidad del servicio y el mantenimiento de los puestos de los funcionarios», porque, según afirmó de Pablo, el ministro se refiere únicamente «a las cinco Comunidades que no tienen transferidas las competencias de justicia». Al no ser el caso de La Rioja, exigió explicaciones al consejero, Emilio del Río.

CCOO anuncia una huelga

Sobre este mismo asunto se pronunció también ayer el sindicato CCOO de La Rioja, quien anunció la convocatoria de una huelga el 8 de octubre contra el «desmantelamiento» de la Justicia, tras la decisión del Gobierno de «privatizar» el Registro Civil y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Registro Civil y Registradores. Editorial de la revista del Colegio de Registradores

Transcribimos a continuación, por su interés, el Editorial de la Revista del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España nº 68, abril-junio 2014, en que se hace una valoración de la entrega del Registro Civil a los Registradores Mercantiles. La portada de la revista dice, a grandes titulares, "El Colegio de Registradores muestra su disconformidad con la asignación del Registro Civil". 

El editorial dice lo siguiente:

La Ley de Registro Civil de 2011, aprobada durante el mandato del Gobierno socialista con el consenso político de los restantes partidos de la Cámara, dada su importancia para la sociedad española, aborda una profunda reforma del actual Registro Civil regulado por una ley de 1957.

Dicha reforma se basa, de acuerdo con la realidad política, social y tecnológica de la España actual, en tres pilares fundamentales: la supresión del tradicional sistema de división del Registro Civil en secciones, nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales, y su sustitución por un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique se le asigna un código personal; la desjudicialización del Registro Civil, estableciendo que su llevanza esté a cargo de funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado, cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado; y el establecimiento de un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente.

Reunión entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales sobre la situación futura de los actuales trabajadores de los Registros Civiles

Según informa CCOO en el día de ayer tuvo lugar la reunión de la mesa de negociación sobre el Registro Civil y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que continuará el próximo martes 29 de julio.

En dicha reunión el Ministerio de Justicia ha afirmado rotundamente que no iba a discutir el modelo de Registro Civil y su privatización, y solo discutiría sobre la redacción de la Disposición Transitoria 8ª de la Ley 20/2011 partiendo del texto que había remitido unos días antes. No obstante, CCOO ha vuelto a denunciar la entrega a los Registradores Mercantiles de la gestión del Registro Civil supone la privatización de un servicio público y, además de la huelga convocada por CCOO para el día 8 de octubre, seguirá luchando con todos los medios sindicales a su alcance, incluidas las acciones legales (civiles y penales) que estimen oportunas, para evitar que esta ley cercene aún más los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y propine un nuevo ataque a la ciudadanía.

CCOO ha rechazado de plano el texto propuesto por el ministerio pues el mismo no asegura todos y cada uno de los puestos de trabajo existentes a día de hoy, no garantiza que, como mínimo, se seguirán percibiendo las mismas retribuciones, y tampoco garantiza que, en ningún caso, habrá movilidad geográfica.

El ministerio sigue afirmando, con palabras exclusivamente, que en su ámbito de gestión se compromete a que todo el personal (titular e interino) tendrá un puesto de trabajo, pero reconoce que no puede garantizar el de las CCAA con competencias pues una vez más se justifica con no poder interferir en sus competencias. Sin embargo el Subsecretario de Justicia es incapaz de garantizar con hechos para su ámbito de competencia todos los puestos de trabajo, las retribuciones y la localidad de origen, y es por ello por lo que CCOO ha exigido que en el texto debe aparecer sin ningún género de dudas:

Regeneración degenerada

En la tromba de desmanes, no solo de los viernes negros, de este desgobierno, ha pasado casi silenciada la privatización del Registro Civil , que ha sido transferido a los registradores. Y no pensemos que es porque el presidente Rajoy sea de tal profesión, más algún hermano, pues nos quedaríamos cortos: el ministro Gallardón tiene un pariente del cuerpo expresado.

El título de estas líneas, está originado por otra de las ocurrencias rajoyanas: su propuesta de regeneración democrática. Pero pensemos que si hay algo que regenerar en una organización o persona, es porque ese algo ha degenerado. Pero antes de esta regeneración, hace casi un año, dos conspicuos miembros de la partida, Zaplana y Aguirre, la lideresa fugatriz (antes de su fuga) se erigieron en protagonistas de esa regeneración. Suponemos que antes habría que regenerar a tales regeneracionistas. O sea, lo mismo que a Rajoy.

El Gobierno Vasco defiende que los registros civiles deben seguir siendo públicos, gratuitos y gestionados por la Comunidad Autónoma Vasca

El Gobierno Vasco se ha comprometido hoy a mantener los 252 puestos de trabajo adscritos a los registros civiles de la Comunidad Autónoma Vasca pese al traslado de sus funciones a los registradores mercantiles aprobado por el Gobierno de España.

El pasado 4 de julio el Consejo de Ministros aprobó que los registradores mercantiles asuman en el futuro la gestión de los registros civiles. El Ministerio de Justicia del Gobierno Vasco se comprometió no obstante a mantener el empleo de los funcionarios e interinos adscritos al territorio que es de su competencia.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha comparecido esta tarde ante los medios para valorar la reunión que ha mantenido con los sindicatos CCOO, ELA, LAB, UGT, CGT y CSIF para hablar de la situación de los registros civiles.

El Gobierno Vasco ha defendido que los registros civiles deben seguir siendo públicos, gratuitos y gestionados por la Comunidad Autónoma Vasca, en el ámbito de sus competencias en materia de Justicia. En este sentido, se han opuesto a la reforma del Ministerio de Justicia, que conllevará que sus funciones sean trasladadas a los registradores mercantiles.

CCOO rechaza la propuesta del Ministerio de Justicia sobre la situación en que quedarán los trabajadores de los Registros Civiles tras su privatización

El Ministerio de Justicia ha remitido la convocatoria de mesa sectorial para el martes 22 de julio, con un único punto: la negociación de una disposición transitoria, que incluirían en la modificación de la ley 20/2011 de los Registros Civiles, SOBRE EL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL PERSONAL DE JUSTICIA DESTINADO EN LOS REGISTROS CIVILES.

El plazo que ha dado el Ministerio de Justicia para esa negociación acaba el martes 22 de julio, fecha en la que ha convocado la única mesa sobre este fundamental asunto, cuando el texto lo ha remitido el día 17, jueves, con el brillante argumento del subsecretario de Justicia, de que ese es el plazo para presentar enmiendas al proyecto de modificación de la ley 20/2011 de los Registros Civiles. ¡Cómo si no hubiera tenido tiempo el Gobierno de negociar esta situación, desde octubre de 2012, en que anunciaron por primera vez la privatización de los Registros Civiles!

La propuesta que remite el Ministerio es para CCOO absolutamente inaceptable, porque no garantiza todos los puestos de trabajo actualmente existentes en los Registros Civiles, ni los del ámbito transferido ni los del no transferido y ni siquiera garantiza las retribuciones actuales.

CCOO ha anunciado al Ministerio de Justicia que presentará un texto alternativo a su propuesta para garantizar y asegurar todos y cada uno de los puestos de trabajo actualmente existentes de todos los órganos que actualmente realizan funciones de Registro Civil, incluidos los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz. Y CCOO va a mantener la batalla para lograr que se revierta la decisión de privatizar los Registros Civiles, con todas las actuaciones que sean necesarias. 

Lo que no quiere contar el Ministro sobre la privatización del Registro nos lo cuentan los propios Registradores que aplauden su decisión

El blog de la Asociación de Registradores Bienvenido Oliver, que para quien no lo sepa es el órgano de comunicación de los Registradores que perdieron la Asamblea de Zaragoza de abril de 2013 en que la mayoría de Registradores de la Propiedad y Mercantiles dijeron que no querían asumir el Registro civil, de los Registradores que meses más tarde perdieron las elecciones a la presidencia de su Colegio, de los Registradores que desde el principio han apoyado asumir el Registro Civil y criticado a todo aquel que se opusiera, de los Registradores que están en sintonía con lo defendido por Rajoy y familia, Gallardón y familia, ha publicado un artículo de opinión titulado "A la deriva" en que critica, como no podía ser menos, cualquier oposición por parte del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles a los proyectos del Ministerio de Justicia, incluido la privatización del Registro Civil. 

En dicho artículo se deja entrever algunos de los entresijos que ha llevado al Ministerio de Justicia a entregar el Registro Civil a los Registradores Mercantiles, lo que pone de manifiesto la absoluta desvergüenza del Ministro de Justicia cuando afirmaba eso de "nada es sabe", "todavía no hemos tomado una decisión", etc, y demuestra que el legislador en España ha sido raptado y sustituido por todopoderosos lobbys que no tienen que responder ante el electorado, que sólo defienden sus intereses personales y profesionales, y que les da igual el servicio público o los ciudadanos. 

IU defenderá en Diputación de Cádiz la marcha atrás del proyecto de privatización del Registro Civil y la desaparición de los juzgados de paz

El Grupo de IU en la Diputación Provincial de Cádiz defenderá el miércoles 16 de julio, una moción en la que pedirá el apoyo del Pleno para que éste inste al Gobierno central a “la retirada del anteproyecto de Ley del Ministerio de Justicia que prevé la privatización del Registro Civil e impulsará la desaparición de los juzgados de paz”. La moción que será defendida por el portavoz de IU, el diputado provincial, Pedro Romero, manifiesta “la necesidad de que el Registro Civil se mantenga tal y como está en la actualidad, prestando un servicio público y gratuito a la ciudadanía”. A la vez, solicita al Pleno que apoye “la continuidad de los juzgados de paz para que sigan prestando sus servicios de forma directa, sin ver disminuidos sus recursos y competencias e insta a la sociedad y al Gobierno Andaluz a la defensa del Registro Civil como servicio público y gratuito, que asegure la agilidad y facilitación de los trámites que debe realizar la ciudadanía, asumiendo las competencias de carácter ejecutivo que corresponden a las comunidades autónomas en esta materia de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2011, de Registro Civil”.

CCOO se reúne en el Congreso de los Diputados con Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Justicia

En el día de ayer, 16 de Julio, representantes del Sector de Justicia de CCOO informaron de primera mano a Izquierda Unida de las inaceptables propuestas que el Ministerio de Justicia había hecho el día anterior en relación con la privatización del Registro Civil y su incomprensible entrega a los Registradores Mercantiles y Notarios.

CCOO compartió con este representante político que la decisión del Gobierno es ilegal por haberse adoptado mediante el mecanismo de Real Decreto Ley cuando no había motivos de urgencia inaplazable para ello, hurtando así el debate político a pesar de que la presión de la oposición ha obligado al PP a tramitar el RDL como proyecto de ley, fijando para ello unas nuevas innecesarias urgencias parlamentarias al haberse habilitado el mes de agosto como periodo extraordinario de sesiones.

También insistieron en que la decisión adoptada invade las competencias de algunos estatutos de autonomía lo que, junto con el aspecto anterior, supone dos motivos más que suficientes para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional.

Se comentaron en la reunión otros aspectos relacionados con la privatización del Registro Civil, como la gratuidad del servicio y el mantenimiento de los puestos de trabajo, aspectos sobre los que CCOO ha manifestado al Ministerio que son anuncios carentes de ninguna fiabilidad y que solo tienden a buscar el engaño a la ciudadanía para justificar el objetivo de este Gobierno, que no es otro que reducir y adelgazar los servicios públicos, eliminar puestos de trabajo en las administraciones públicas para reducir el déficit y, mediante la privatización, entregar a sus “amiguetes” la gestión de servicios que deben ser siempre prestados por la propia administración.

Queda claro: el Ministerio de Justicia no garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo de los Registros Civiles

Aparece publicada en el página web de CCOO la propuesta del Ministerio de Justicia de modificación de la Disposición Transitoria Octava de la Ley 20/2011, la cual permitía que los funcionarios de los Registros civiles seguir trabajando en las Oficinas Generales del Registro Civil y permanecer en servicio activo, y que con la privatización del Registro Civil ya no será factible. 

La propuesta del Ministerio es la siguiente:

«Disposición transitoria octava. Régimen transitorio del personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en el Registro Civil.

Hasta que los libros y documentos registrales de cada oficina no sean trasladados al centro o centros de conservación y archivo a que se refiere la disposición transitoria sexta, momento en que se producirá la clausura de la Oficina del Registro Civil dependiente de la Administración de Justicia, el personal funcionario al servicio de aquella Administración que, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, esté prestando servicios con destino definitivo en los Registros Civiles Únicos, allá donde los hubiere, o tenga asignadas funciones de registro en las oficinas judiciales con funciones de Registro Civil, continuará desarrollando sus funciones respectivas y percibiendo la totalidad de sus retribuciones.

Trasladados los libros y clausurada la oficina, los funcionarios, mediante un proceso de reordenación de efectivos, serán destinados a las vacantes de los órganos judiciales o en su caso fiscales, dentro de la misma localidad. En el caso de no haber suficientes plazas vacantes se procederá a la modificación de las plantillas o en su caso de las Relaciones de Puestos de Trabajo, previa negociación con las centrales sindicales en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia »

Con esta propuesta queda claro que el personal interino cesará y no irá a un puesto de trabajo (pues no se van a a aumentar las plantillas para poner a trabajar a funcionarios interinos) y que los funcionarios titulares irán a las vacantes que haya en su localidad (lo que podría suponer el cese de los funcionarios interinos que las ocupen) o en su caso, si no hubiese vacantes, se modificarían las plantillas para acogerlos, a lo que no se puede obligar a las Comunidades Autónomas con competencias, que podrían optar por adscribirlos provisionalmente a órganos a la espera de que se produzcan las vacantes. Al final se perderán la gran mayoría de puestos de trabajo hoy vinculados al Registro civil. 

El Ministerio de Justicia sigue faltando a la verdad cuando intenta justificar ante las organizaciones sindicales la privatización del Registro Civil

El pasado martes 15 de julio tuvo lugar una reunión informativa entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales más representativas, convocada por el Ministerio de Justicia para informar a las segundas sobre la privatización del Registro Civil, publicada en el Real Decreto-Ley 8/2014.

En dicha reunión el Ministerio de Justicia intentó justificar con medias verdades, o lo que es lo mismo mentiras a medias, por qué privatizaban el Registro Civil y transferían su gestión a los Registradores Mercantiles. La impresión que producen las siguientes afirmaciones de los responsables del Ministerio es que se agarran como a un clavo ardiendo a determinadas cuestiones para intentar justificar la privatización y futuro negocio del Registro Civil en manos de los Registradores Mercantiles. Aquí están sus afirmaciones, y la verdad de todo ello. 

1.- El Registro Civil seguirá siendo gratuito, lo que no establecía expresamente la Ley 20/2011, porque con las ganancias actuales del Registro Mercantil hay dinero suficiente para asumir por completo su coste.

La verdad: La Ley 20/2011 no garantizaba la gratuidad del Registro Civil, pero tampoco establecía que hubiera que pagar por las actuaciones registrales.

Es preciso recordar al Ministerio de Justicia que en su primer borrador de Anteproyecto de Ley de Reforma integral de los Registros se establecía lo siguiente en el artículo 21.5: Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes Aranceles. Ante las quejas iniciales suprimieron este apartado.

El propio Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles ha reclamado el establecimiento de aranceles para determinadas actuaciones registrales para poder mantener el servicio. Resulta claro que diga lo que diga el Real Decreto-Ley 8/2014, cualquier ley posterior, incluso una Ley de Presupuestos Generales del Estado, puede modificar dicha norma y establecer aranceles.

CC.OO exige una mesa de negociación en el ámbito del Registro Civil

Representantes de Comisiones de Obreras han demandado hoy una negociación en el ámbito de los registros civiles de España tras lo que han denominado "privatización" por parte del Ministerio de Justicia y ha amenazado con una huelga el día 8 de octubre si las negociaciones no avanzan.

La reforma del Registro Civil se ha realizado en una disposición adicional vigésima del Real Decreto Ley 8/2014 en el que "se da por privatizado ya que pasa de manos públicas a manos de los Registradores Mercantiles", según ha dicho en rueda de prensa el responsable regional del Sector de Justicia de la FSC-CCOO de Castilla y León, Javier David Sanz de la Cal.

Desde el Ministerio de Justicia han flexibilizado algunas de sus posiciones iniciales, en relación a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en una mesa de negociación "meramente informativa", ha manifestado Sanz de la Cal.

Esta oferta inicial, realizada de forma oral, ha sido firmada por el resto de sindicatos presentes en este sector -CSIF, STAJ y UGT- dando así por finalizadas las negociaciones de esta Ley.

Debido a esto, desde CC.OO han insistido en una nueva negociación en la que se traslade por escrito el texto que se ofrece como acuerdo y que la redacción del mismo se haga de forma negociada en una nueva Mesa Sectorial puesto que desde Comisiones Obreras no van a firmar ningún texto que a su juicio "no esté avalado por los trabajadores", según han explicado fuentes de este sindicato en un comunicado.

A pesar de estas modificaciones iniciales, el Ministerio de Justicia ha reconocido que la oferta de acuerdo otorga a la Administración competente los instrumentos para "reducir las plantillas, imponer la movilidad geográfica y funcional forzosa y mantienen su propósito de privatizar el Registro Civil", han precisado dichas fuentes.

Por este motivo, desde el sindicato se pide el mantenimiento de todos los partidos judiciales actuales, la garantía de que se mantendrán todos los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz, que se retire del texto de la reforma de la LOPJ la movilidad forzosa y que se mantendrán todos los puestos de trabajo actuales.

Si estas mesas de negociación no se llevan a cabo y el Ministerio de Justicia continúa negando esta solicitud desde CCOO han anunciado la posibilidad de una movilización en la Administración de Justicia el día 8 de octubre.



Campaña en Castilla y León a favor de mantener el Registro Civil

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) insta a los ayuntamientos que presenten mociones a favor del mantenimiento del Registro Civil, que desaparecerá si, finalmente, sus competencias pasan a los registradores de lo Mercantil, y en caso de aplicarse la reforma planteada por el Ministerio de Justicia. El sindicato independiente remitió semanas atrás una carta a los alcaldes, para animar a presentar esas mociones, y recuerda que unos 500 funcionarios de Castilla y León pueden verse afectados por la privatización del Registro Civil.

Diversas voces pertenecientes a organizaciones sociales plantean que deben mantenerse los Registros Civiles como servicio público al tratarse de un servicio básico para los ciudadanos, el registro mercantil versa sobre personas y no sobre cosas.

Aunque algún municipio ya ha aprobado la moción solicitada, CSI-F remarca que “resulta clave que todos los ayuntamientos expresen con claridad su deseo de que el Registro Civil siga ofreciendo su servicio. Es importante que los ayuntamientos defiendan el actual modelo de los registros civiles, dependientes del Ministerio de Justicia”, remarca la responsable del sector de Justicia en CSI-F Castilla y León, María Jesús Zamorano.

CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia no garantizará de ninguna manera los puestos de trabajo de los registros civiles del ámbito transferido‏

En el día de ayer 15 de julio tuvo lugar una reunión informativa, y no de negociación como había exigido CCOO, convocada por el subsecretario de Justicia sobre los Registros Civiles, que finaliza con su despótica afirmación de dar una semana para negociar las condiciones en las que quedará el personal allí destinado.

CCOO ha reiterado al Subsecretario de Justicia que el Gobierno debe retirar su decisión de privatizar los Registros Civiles y abrir un proceso de negociación que ha eludido desde que en octubre de 2012 el Gobierno emprendiera su camino hacia la privatización que ha negociado durante meses exclusivamente con los Registradores. 

CCOO le conmina a incluir en la reforma de la LOPJ la garantía escrita de que todos los puestos de trabajo de la Administración de Justicia, destinados en cualquier registro civil de España, incluidos los Juzgados de Paz, se mantendrán tras la reforma. El subsecretario de Justicia ha contestado taxativamente a CCOO que no va a garantizar los puestos de trabajo del personal de los Registros Civiles destinado en las CCAA transferidas.

Y respecto al personal no transferido, el subsecretario de Justicia no ha sido capaz de responder con claridad a CCOO, porque ha sido incapaz de explicar las garantías que introducirá en la ley para asegurar el mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo que se perderán en los Registros Civiles con esta insensata e injusta decisión del Gobierno.

Los secretarios municipales perderán las funciones de Registro Civil dentro de un año

El partido judicial de Benavente desaparecerá con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la futura Ley de Demarcación y Planta propugnadas por el ministro de Justicia Alberto Ruíz-Gallardón, que también suprime los juzgados de paz, y simultáneamente todas las poblaciones de la comarca con juez de paz y los juzgados de Benavente dejarán de prestar el servicio de registro civil.

Esto ocurrirá en el plazo de un año, según acaba de comunicar el Área de Asistencia a Municipios de la Diputación a los ayuntamientos de la comarca. La publicación del Real Decreto de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Estado, prorroga la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil y establece como fecha máxima para su entrada en vigor el 15 de julio de 2015.

Los registradores se sumarán al proyecto de Registro Civil para cambiarlo

El Colegio de Registradores se incorporará al proyecto de Registro Civil propuesto por el Ministerio de Justicia para proponer las modificaciones que se consideren "más adecuadas para garantizar el eficaz funcionamiento de la nueva competencia a tribuida a los registradores y disminuir los efectos adversos que la misma pudiera producir en la unidad del Cuerpo, evitando la entrada en funcio- namiento de esa corporación y de la incorporación a ellas de los registradores encargados de los Registros Civiles".

Así, se resume la postura del Colegio de Registradores, tras la aprobación del Real Decreto Ley 8/2014, que regula el futuro Registro Mercantil, en una carta escrita y difundida por su decano, Gonzalo Aguilera, el pasado día 10 de julio.

Corporación artificiosa

Aguilera explica en su misiva que el Colegio no puede compartir "la decisión del Gobierno, ni en cuanto a la creación de esta artificiosa e innecesaria corporación, ni en cuanto a la obligación que se impone a los registradores de financiar a través de la misma el sistema tecnológico".

Además, considera que el Colegio, de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Justicia está en disposición de implantar y desarrollar con plenas garantías de éxito el sistema informático y aplicación previstos, sin más coste para los registradores que el derivado de la "normal financiación de los diferentes proyectos tecnológicos (sean para Propiedad, Mercantil, Bienes Muebles, Floj, Flei, oficinas liquidadoras, etc.), a través de las cuotas colegiales".

IU acusa al Gobierno de "engañar" con el decreto y ofrece sus diputados para llevarlo al Constitucional

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella, ha asegurado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "engañó a la ciudadanía" en su explicación del decreto ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; y ha indicado que han ofrecido sus 11 diputados para llevarlo al Tribunal Constitucional, apuntando que al parecer, "al menos con el PSOE hay acuerdo" para ello.

En rueda de prensa en Málaga, donde el grupo ha mantenido una reunión de trabajo, Centella ha asegurado que la vicepresidenta "quiso decirle a la gente que el decreto iba a resolver los problemas". "Y es mentira, engañó directamente a la ciudadanía y nosotros podemos demostrar punto por punto cómo el decreto que ayer aprobó el Gobierno viene a corroborar un engaño y es un espejismo", ha dicho.

"No estamos en una salida social de la crisis, sino en una salida antisocial, donde la gente está siendo cada vez más pobre, cada vez tienen menos derechos y por lo tanto, más dificultad para una vida digna", ha asegurado Centella, quien ha precisado que todos los partidos de la Cámara estaban en contra del decreto, por lo que espera que el resto de grupos se vayan sumando para llevarlo al Constitucional, porque, "más allá" de la forma de tramitarlo, "creemos que sería bueno que lo examinara".

El diputado ha señalado que "ayer vivimos una mala, triste y lamentable" jornada parlamentaria "donde el PP evidenció su desprecio al Parlamento y que el debate democrático es un trámite", reafirmándose en que el grupo "no mantiene relaciones parlamentarias con el PP en la medida en que entendemos que ha roto las reglas del juego con su apoyo a un Gobierno que abusa del decreto ley y que lo va a tramitar de una forma torticera".

Un ataque al Estado de Derecho: la privatización del Registro Civil

Con tantos problemas sociales existentes, con la enorme pérdida de Derechos que estamos sufriendo, con el ruido ensordecedor que la política produce… está pasando casi desapercibido para la ciudadanía un hecho de vital importancia para nuestra seguridad y para la protección pública de nuestra filiación e identidad, enmarcándose (política y mediáticamente) con cierta simpleza, en el terreno de las competencias corporativas, en la cuestión laboral e, incluso, en lo mercantil y en sus posibles costos para la ciudadanía.

Los Registro Civiles modernos tiene su germen en la Revolución francesa (1793), aunque sus orígenes son muy anteriores y aparecen en culturas orientales, en la civilización del imperio romano y, claro, en la Edad media “controlados”, básicamente, por la iglesia católica a través del bautismo y del resto de ritos de paso.

Con el inicio de la secularización de la sociedad y de la libertad de culto, sobre todo a raíz de la época de la Ilustración, los registros Civiles pasan a ser controlados y organizados por el Estado, dentro de la red pública, bien por entidades locales, comunales o estatales, y casi siempre en el ámbito de la organización de justicia. A lo largo del s.XIX los Registros Civiles dependientes de los Estados modernos, se extienden por el resto del mundo. Así la iglesia deja de “ejercer un poder “que tenía, casi en exclusiva, hasta entonces: Los datos de la ciudadanía a través de los ritos de paso sacramentales.

Continúan las protestas pese a que Santamaría niega la privatización de los registros

El sindicato Comisiones Obreras volvió a concentrarse en la mañana de ayer en la Ciudad de la Justicia de Murcia contra la privatización de los Registros Civiles y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. «Gallardón desprecia los derechos de 45.000 trabajadores de la administración de Justicia», manifestaron.

Comisiones Obreras criticó el decreto de ley publicado el pasado 4 de julio: «Es un atentado de enormes consecuencias contra los derechos de la ciudadanía y contra el empleo en la administración de Justicia ya que se impone sin ninguna negociación con los afectados».


La privatización del Registro Civil se llevará por delante 96 empleos en Asturias

La inscripción de los recién nacidos, las defunciones, matrimonios y cambio de nombre. Hasta ahora estos trámites se libran de forma gratuita en las ventanillas del Registro Civil por parte de funcionarios del Ministerio de Justicia. El esquema está llamado a desaparecer en un año.

Así lo ordena el Real Decreto Ley de 172 páginas que el Gobierno central aprobó el viernes. El documento modifica de urgencia 26 leyes en vigor e incluye seis disposiciones adicionales según las cuales las funciones del Registro Civil serán traspasadas a los registradores mercantiles, profesionales privados que hasta ahora cobran por cada gestión.

El asunto tiene en pie de guerra a los sindicatos porque «se trata de una privatización encubierta que se llevará por delante 96 puestos de trabajo en Asturias», explica Elena Casas, de UGT. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, asegura que el ciudadano no abonará tasa alguna ante los registradores de la propiedad por las gestiones que se le van a confiar y que será el Estado quien retribuya el trabajo. «Nosotros creemos que hay una destrucción de empleo público y que lo que pagas ahora con impuestos, lo acabarás volviendo a pagar en un futuro», opone Casas. La modificación amenaza también a los 24 Juzgados de Paz de la región, «a los que si les quitas este cometido los dejas con muy pocas funciones», agregó.

Gana la banca

Como a estas alturas ya sabrán, el Consejo de Ministros decretó, en su reunión del pasado viernes, la privatización definitiva del Registro Civil. Haciendo oídos sordos a las fuertes protestas que se han venido sucediendo en los últimos meses en contra de esta medida, el Gobierno de Rajoy ha dado un palmetazo en la mesa y ha decidido enviar al BOE, antes de las vacaciones de verano, un Real Decreto que, en resumidas cuentas, pone en manos privadas la vida jurídica de los españoles. Con la derecha en el gobierno, como en el juego Monopoly, al final siempre 'gana la banca' o, lo que es lo mismo, el sector privado. No es de extrañar. Con esta decisión, se pone en manos de los registradores mercantiles una enorme base de datos, la de los Registros Civiles, cuya digitalización ha costado en los últimos más años más de 128 millones de euros a todos los españoles. La decisión se ha tomado, por cierto, en un Consejo de Ministros presidido por Rajoy, registrador de la propiedad y hermano de dos registradores, y en el que participa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, suegro, por cierto, de otra registradora. Esto sí que es barrer para casa. 

A partir de ahora, los datos personales de todos los españoles -nacimientos, matrimonios, incapacitaciones y fallecimientos, por hablar de los más básicos- quedarán en manos de un colectivo que, aunque es cierto que está integrado por funcionarios, no hay que olvidar que vive de los ingresos que generan sus empresas privadas. 

El Gobierno, además, ha tomado esta decisión de espaldas a las demandas de los funcionarios y trabajadores de los Registros Civiles, sobre los que ahora se cierne un futuro incierto. No en vano, los sindicatos han cifrado en 2.500 los funcionarios con un futuro incierto y en otros 2.500 los interinos cuyo empleo está en serio riesgo. Ya están convocados a una huelga para septiembre. 

La privatización del Registro Civil es la última vuelta de tuerca de un ministro, Ruiz-Gallardón, que, a este paso, va a dejar la Justicia española hecha un 'ecce homo'. Parece que no tuvo bastante con de la implantación de las tasas judiciales o con la reforma que quiere hacer de la Ley del Poder Judicial, que eliminará los partidos judiciales, suprimirá la figura de los jueces de paz y centralizará los juicios en las capitales de provincia. Muy lamentable.

El grupo de gobierno de Galdar presenta una moción en contra de la privatización del Registro Civil

El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Gáldar, formado por BNR-NC y PSC-PSOE, han presentado al próximo pleno una moción en la que muestran su rechazo al Real Decreto Ley del Gobierno Central que decreta la privatización del Registro Civil.

Con ella el grupo de gobierno propone instar al gobierno central para que mantenga tal y como está en la actualidad el registro civil, prestando un servicio gratuito y público a la ciudadanía, y sin ver disminuidos sus recursos y competencias.

En el texto de la moción, se explica que este Real Decreto supondrá la creación de un nuevo copago al tener que pagar por servicios que hasta la fecha era gratuitos, como inscripciones de nacimiento, defunciones, entre otras.;además del desplazamiento a la capital grancanaria ya que este servicio le será encomendado a los registradores de la propiedad y mercantiles.

Es por ello que presentan la moción de rechazo a la privatización de este servicio.

El cambio en el Registro Civil amenaza con despidos y el cobro de servicios

Privatización y gratuidad son las dos cuestiones clave que determinarán el funcionamiento del Registro Civil después de que el Gobierno español haya decidido poner este servicio en manos de los registradores mercantiles. Este cambio de adscripción y las dudas que la polémica decisión ha generado afectan a toda la población de la Comunidad Autónoma Vasca -obligada por ley a registrar información personal y diversos trámites- y a casi 250 funcionarios de Justicia que trabajan en funciones del Registro Civil y cuyo futuro es todavía una incógnita.

Después de varios meses de rumores, idas y venidas, adjudicaciones frustradas y movilizaciones sociales, el pasado día 4 el Consejo de Ministros, a propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón, aprobó un real Decreto-Ley que modifica la ley de 2011 que desjudicializa el Registro Civil de forma que serán los registradores mercantiles quienes se encarguen de la gestión del servicio aproximadamente dentro de un año. Durante estos doce meses de interinidad, los registradores -que no están de acuerdo en hacerse cargo del Registro en las condiciones marcadas por el Gobierno- tendrán que desarrollar una plataforma digital para procesar los datos y permitir la tramitación telemática de los certificados y expedientes.

EMPLEO Y ARANCELES Para los colectivos sindicales, profesionales y sociales opuestos a la salida del Registro Civil del ámbito de la Administración de Justicia las consecuencias de la medida son fáciles de prever. Además de una probable destrucción de puestos de trabajo -unos 4.000 en todo el Estado y 242 en Euskadi-, el cambio supone una privatización encubierta del Registro Civil, reducirá el número de oficinas de atención al ciudadano -ya que en la CAV hay muy pocos Registros Mercantiles-, aleja el servicio de la ciudadanía, pone datos “personales y sensibles” en manos de personas que no son funcionarios y trabajan “como una empresa” y hace muy improbable que los trámites sigan siendo gratuitos. Desde el punto de vista de los trabajadores de la Administración de Justicia del País Vasco, la posible pérdida de puestos de trabajo centra sus críticas y futuras movilizaciones contra el cambio aprobado. Para los ciudadanos el mayor riesgo estriba en la gestión de sus datos personales y en un futuro cobro de trámites que ahora son gratuitos.

CCOO solicita a la Defensora del Pueblo que presente recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 8/2014, por el que se entrega el Registro Civil a los Registradores de la Propiedad

CCOO ha presentado a la Defensora del Pueblo un extenso documento para solicitarle la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto ley que privatiza los Registros Civiles, basándose en las numerosas sentencias y la doctrina del Tribunal Constitucional (dicha doctrina ha sido sintetizada en las SSTC 189/2005, de 7 de julio, 68/2007, de 28 de marzo, y 329/2005, de 15 de diciembre, siguiendo la contenida en anteriores resoluciones de este Tribunal, esencialmente en las SSTC 182/1997, de 28 de octubre, 11/2002, de 17 de enero, y 137/2003, de 3 de julio), que determinan que la aplicación del artículo 86.1 de la Constitución española (“En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”) no permite la utilización de esta fórmula del Decreto Ley, salvo en casos de extrema y urgente necesidad.

Y CCOO ha explicado a la Defensora del Pueblo que no son de extrema y urgente necesidad las disposiciones adicionales vigésimo a vigésimo cuarta de dicho Real Decreto Ley 8/2014, porque en ningún momento se ha justificado por el Gobierno cuáles serían los perjuicios u obstáculos que se seguirían de su tramitación por el procedimiento legislativo parlamentario ordinario.

El Ministerio de Justicia y algunas Comunidades gobernadas por el PP son los máximos responsables de las quejas presentadas sobre el Registro Civil

El Ministerio de Justicia y la Vicepresidenta del Gobierno están intentando justificar la privatización del Registro civil, traspasando su llevanza a los Registradores Mercantiles, en que los Registros Civiles acumularon en 2012 uno de los mayores porcentajes de quejas presentadas contra la Administración de Justicia, hasta un 44%, y en la necesidad de tratar de frenar los problemas que plantean los registros civiles, cuyos ejemplos de colapso quedan patentes en las largas colas que se acumulan en las puertas de estos centros o en el hecho de que en algunos casos se estén dando citas para 2019. Lo dicen como si el Gobierno no tuviese culpa alguna en las quejas y las reclamaciones formuladas por los ciudadanos. 

El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre reclamaciones y denuncias sobre el funcionamiento de Juzgados y Tribunales del año 2012, último disponible, dice que el peso relativo que las reclamaciones por el funcionamiento de los Registros Civiles tiene sobre el conjunto de las referidas al funcionamiento de los juzgados y tribunales es del 44%, si bien señala que si consideramos todos los motivos de los escritos que se refieren a los Registros Civiles (disconformidad con resolución judicial, cuestión ajena o inclasificable y peticiones de información o sugerencias) el porcentaje que se alcanza es del 31%.

Conforme dicho Informe, los 15 Registros Civiles con mayor número de quejas en el año 2012 fueron por orden los siguientes:

REGISTRO CIVIL
QUEJAS 2012
ADMINISTRACION COMPETENTE
QUIEN LA GOBIERNA
Castellón de la Plana
491
Generalitat Valenciana
PP
Registro Civil Central
369
Ministerio de Justicia
PP
Collado Villalba
347
Comunidad de Madrid
PP
Fuenlabrada
277
Comunidad de Madrid
PP
San Javier
246
Ministerio de Justicia
PP
Elx/Elche
227
Generalitat Valenciana
PP
Zaragoza
214
Comunidad A.de Aragón
PP
Alcorcón
183
Comunidad de Madrid
PP
Madrid
145
Comunidad de Madrid
PP
Cartagena
114
Ministerio de Justicia
PP
Toledo
105
Comunidad de C.La Mancha
PP
Sagunto
104
Generalitat Valenciana
PP
Getafe
104
Comunidad de Madrid
PP
Torrejón de Ardoz
97
Comunidad de Madrid
PP
Barcelona
84
Generalitat de Cataluña
CIU

Del anterior cuadro resulta que los 14 Registros Civiles que tuvieron mayor número de reclamaciones y denuncias por su funcionamiento son todos administrados por Gobiernos del Partido Popular. Además, según el citado informe, las Comunidades en que se han incrementado las quejas en el año 2012 respecto al año anterior son la Comunidad Valenciana (7%), Órganos Centrales (52%), Murcia (104%), Aragón (248%), Islas Baleares (357%) y Extremadura (93%), todas ellas gobernadas por el Partido Popular.

La vicepresidenta dice que es "mentira" que se vaya a privatizar el Registro Civil y garantiza que no habrá aranceles

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este jueves que "es mentira" que el Gobierno tenga intención de privatizar el Registro Civil, y ha garantizado que los ciudadanos no tendrán que pagar ningún arancel por los trámites a realizar ante este organismo.

Durante el debate de convalidación del decreto ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha recriminado a la 'número dos' del Ejecutivo que modifique la regulación del Registro precisamente en el mismo mes que debía entrar en vigor la ley aprobada hace tres años para esta entidad.

"Y lo hacen para proceder a su modificación y privatizar este servicio público, que debe ser universal y gratuito, entregando a los registradores mercantiles todos los datos de nuestra vida, los más íntimos e incluso los vinculados al ejercicio de derechos fundamentales, para que puedan explotarlos empresarialmente cobrando un arancel a los ciudadanos", ha acusado la responsable del PSOE.

En su réplica, Sáenz de Santamaría ha afirmado que "es mentira, no es cierto" que se vaya a privatizar el Registro, y ha hecho hincapié en que a los ciudadanos "no les costarán un euro de arancel" los trámites que deban realizar ante él. "Se lo digo yo", ha insistido.