La nefasta gestión de las nacionalidades del Ministerio de Justicia del Partido Popular merecedora de una investigación

En diciembre de 2011 el Ministerio de Justicia tardaba cerca de dos años en resolver las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, desde la remisión del expediente instruido por los Registros Civiles; su coste directo para los solicitantes era de 0 € y podían acudir a los Registros Civiles de toda España para informarse sobre los requisitos para adquirir la nacionalidad y para presentar sus solicitudes, sin coste alguno.

En agosto de 2017, cerca de 5 años y medio más tarde, el Ministerio de Justicia tarda todavía más en resolver las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia; todos los extranjeros que quieran nacionalizarse españoles tienen que pagar 101 € de tasa; además tienen que pagar otros 200 € los mayores de edad para examinarse de castellano y de cultura general; los ciudadanos extranjeros ya no pueden informarse de los requisitos ni presentar sus solicitudes a través de los Registros civiles, y presentarla a través de abogados, procuradores o gestores supone un coste no inferior a 300 € adicionales; se han firmado encomiendas de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad para realizar la tramitación que corresponde al Ministerio de Justicia previa a su resolución, encomiendas que se utilizaron como puente para la privatización del Registro Civil hoy malograda, se han gastado 6 millones de euros de todos los ciudadanos para pagar estas encomiendas, y la situación actual es peor que en diciembre de 2011; el Ministerio de Justicia ha estado colapsado para resolver los miles de recursos administrativos contra denegaciones de nacionalidad, muchas de ellas injustificadas, propuestas por los Registradores de la Propiedad; y los ciudadanos extranjeros acuden desesperados a los Registros Civiles para ver qué sabemos de sus solicitudes presentadas hace más de dos años. Esta es la gestión del Ministerio de Justicia del Partido Popular, con Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá al frente, en materia de nacionalidades, que sólo cabe calificar de una forma: nefasta.

En este blog hemos dado cumplida información sobre todo lo ocurrido desde que el Partido Popular ganó las elecciones de finales de 2011 y empezó con su proyecto de privatizar el Registro Civil, cuya punta de lanza fueron las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia. No obstante, recordamos brevemente alguno de sus hitos:

- Con Ruiz Gallardón se paralizó prácticamente la resolución de los expedientes de nacionalidad desde que entró a formar parte del Gobierno hasta la firma de la primera encomienda de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad, y desde entonces la DGRN dejó de publicar la relación semestral de nacionalidades concedidas a que venía obligada por el Reglamento del Registro Civil. Se acumularon sin incoar miles de expedientes en los archivos del Ministerio de Justicia. 

- Se han firmado hasta la fecha 4 encomiendas de gestión entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores de la Propiedad para que éstos hagan toda la tramitación que corresponde al Ministerio de Justicia, pagándose hasta la fecha 6 millones de euros. El Tribunal de Cuentas cuestiona el uso de las encomiendas de gestión, pues se utilizan normalmente para que las Administraciones se salten los controles en la contratación pública. 

- Se utilizó de forma espuria los retrasos en la tramitación de las nacionalidades en algunos registros civiles como excusa para justificar la privatización del Registro Civil, obviando que el gran retraso en la resolución de los expedientes estaba y está en la DGRN.

- Se denunció en diversos medios de comunicación la contratación por el Colegio de Registradores de un programa para la gestión de las solicitudes de nacionalidad a una empresa vinculada a un Registrador de la Propiedad asesor del Ministerio de Justicia por un precio muy superior al de mercado, en vez de hacerlo por sus propios servicios informáticos.

- Se mantuvo infradotada de medios a la DGRN para la tramitación de las solicitudes de nacionalidad una vez se acabaron las dos primeras encomiendas de gestión, lo que ha justificado la firma de otras dos encomiendas. 

- La resolución de las solicitudes de nacionalidad por parte de los Registradores de la Propiedad, en una materia completamente ajena y con base a instrucciones dadas por la DGRN, ha sido tan deficiente que dio lugar al colapso de la DGRN ante la interposición de 40.000 recursos por denegaciones de nacionalidad conforme propuestas de los Registradores. 

- Se atribuyó a los Notarios la instrucción de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por sefardíes, privatización de un trámite que en todo caso debería haber sido competencia de los Registros Civiles. Ante la complejidad del procedimiento y su coste, el número de solicitudes de sefardíes ha sido muy inferior al inicialmente esperado. 

- El nuevo procedimiento de adquisición de la nacionalidad entró en vigor sin tener aprobado su Reglamento ni ser posible examinarse conforme se establecía en su nueva normativa reguladora. 

- El nuevo procedimiento de adquisición de la nacionalidad atribuye la instrucción a la DGRN, que es la causante de los mayores atrasos en su resolución.

- Se ha establecido una tasa de 101 € para poder adquirir la nacionalidad española, aplicable a todos los solicitantes cualquiera que sea su situación personal, familiar o laboral. El Ministerio de Justicia no informa sobre el destino de lo recaudado desde octubre de 2015 por este concepto.

- La DGRN nunca quiso desarrollar la posibilidad contemplada en el RD 1004/2015, que permitía la remisión digitalizada de las solicitudes de nacionalidad a la DGRN, mientras ha potenciado y privilegiado su presentación a través de profesionales (gestores administrativos, procuradores, abogados) que cobran por sus servicios. 

- El Ministerio de Justicia, tras exigir inicialmente la superación de dos pruebas (DELE A2 y CCSE) a todos los mayores de edad, establece la posibilidad de dispensa de estos exámenes en 2016 pero sigue sin regular el procedimiento de su dispensa. 

- Se ha suprimido la posibilidad de presentar las solicitudes de nacionalidad a través de los Registros Civiles; hoy los ciudadanos extranjeros carecen de una administración de referencia a la que poder dirigirse de forma presencial para iniciar estos trámites.

Llegados a este punto, poca gente cree que Rafael Catalá, su equipo y el actual Director General de Registros y del Notariado son gente competente para llevar las riendas de los Registros Civiles. La gestión de las solicitudes de nacionalidad ha sido tan nefasta, tan arbitraria y con tantas sombras que es merecedora de una investigación por parte de las Cortes Generales (o incluso de la Fiscalía General del Estado), para depurar las responsabilidades, políticas o de otra índole, en que se haya incurrido. Se ha utilizado un procedimiento público como ariete de la privatización de un servicio público y se están menoscabando los derechos de los ciudadanos extranjeros que quieren acceder a la nacionalidad española. Mientras, Rajoy, feliz de vacaciones, mirando hacia otro lado como siempre, sin enterarse de nada o simulando que todo esto no va con él.