El PSOE acusa a Catalá de facilitar la apropiación definitiva del Registro Civil por el colectivo de registradores al que pertenece Mariano Rajoy, presidente del Gobierno

Extracto de la intervención de Sr. Bedera Bravo, Diputado  del PSOE, con motivo del debate sobre el Proyecto de Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil celebrado en el Congreso de los Diputados el día 11 de diciembre, tras la intervención del Ministro de Justicia en que anunció que presentará enmiendas a este Proyecto de Ley para avanzar en la privatización del Registro Civil.

… “Su discurso es menos agresivo, menos frentista que el practicado por su antecesor … , pero prevalece la marca de fábrica del Partido Popular cuando legisla en materia de justicia. Es como si estuviera en su naturaleza, como le dijo el escorpión a la rana, y no supieran actuar de otra manera. Pues bien, esas señas de identidad que identifican su modo de proceder las volvemos a reconocer en este proyecto de ley.

Usted defendió con entusiasmo en su comparecencia la entrega del Registro a los registradores. …  Hizo también una encendida loa de la condición de funcionarios públicos de los registradores, para negar que entregarles el Registro Civil signifique su privatización. Lo acaba de reproducir mutatis mutandis cuando usted ha subido a la tribuna. Eso sí, se le ha olvidado citar la sentencia de 12 de noviembre de 2009 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando en su Sala tercera afirma textualmente: Los registradores no ejercen su actividad en calidad de órgano de derecho público, puesto que no están integrados en la Administración pública, sino que su actividad se realiza en el marco de una profesión asimilada a una profesión liberal. Entonces, señor ministro, es cuando nos asalta la gran pregunta: Señor Catalá, ¿es este el encargo que ha recibido del registrador Mariano Rajoy Brey? Esta es la pregunta que nos asalta. ¿Le ha sugerido el presidente del Gobierno —registrador en Santa Pola— que entregue el Registro Civil al cuerpo de registradores? Esta es la gran pregunta, pero se nos plantean muchas otras, porque si el Consejo General del Poder Judicial afirmaba en su informe que resultaría muy gravoso económicamente implantar los sofisticados sistemas de seguridad que se requieren y de los que, por cierto —según ha explicado usted ahora en el tema de la memoria económica—, la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto no dice nada, la siguiente pregunta es cómo y quién va a sufragar este dispendio, porque en la ley que estamos debatiendo y a la que hemos presentado enmienda de devolución no se dice absolutamente nada. ¿Van aumentar los aranceles? ¿Se cobrará por el acceso a la ficha registral de cada ciudadano? ¿Pasarán los registradores a engrosar la lista de beatos por su desinteresada contribución al bien común?

¿Qué garantías hay de una adecuada gestión de los datos por personal no funcionario? Porque le recuerdo, señor ministro, más allá de la discusión sobre la calidad de funcionarios o no de los registradores, que quienes van a utilizar estos datos son personas que contrata y despide ese empresario registrador. ¿Qué servicio se puede dar si las oficinas se van a ubicar en determinados sitios? Etcétera, etcétera. Es decir, son demasiadas preguntas que no encuentran contestación en el proyecto de ley del Gobierno, que es de lo que estamos hablando en este momento.

Catalá pretende utilizar la regulación de las inscripciones de nacimiento y defunción desde los hospitales para avanzar en la privatización del Registro Civil

Lo que iba a ser el debate de totalidad del proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, relativo a la regulación de las inscripciones de nacimiento y defunciones desde los hospitales ya contemplada en la Ley 20/2011 y respecto de la cual se pretende introducir supuestas mejoras técnicas, se convirtió en toda una declaración de intenciones del Ministro de Justicia Sr. Catalá para afianzar avanzar en la privatización del Registro Civil. 

Se debatió en el Congreso de los Diputados el pasado día 11 de diciembre el citado Proyecto de Ley, dado que el PSOE había presentado una enmienda a la totalidad de este Proyecto pidiendo su devolución al Gobierno. Allí subió a la tribuna el Sr. Catalá, para vender las excelencias del proyecto de ley que permitirá que se pueda promover desde los hospitales las inscripciones de nacimiento y defunción; idea que por cierto ya han vendido como propia dos ministros, Ruiz Gallardón y Catalá, y una Vicepresidenta del Gobierno, Saez de Santamaría, cuando ya consta en la Ley 20/2011, de Registro Civil, respecto de la cual el proyecto de Ley pretende introducir algunas mejoras técnicas. 

Pero estas mejoras técnicas, además del anuncio del supuesto ahorro de millones y millones de euros en caso de aprobarse que no justifica el Sr. MInistro cómo ha hecho el cálculo, van a venir acompañadas, según afirmó el Ministro, de otras cuestiones relativas al Registro Civil, como la regulación de la inscripción de la gestación subrogada (madres de alquiler), obligada tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obliga a su registro en bien del menor, y de una nueva vuelta de tuerca en la privatización del Registro Civil, salvando la necesidad de informes de los organismos preceptivos (Consejo de Estado, etc) que necesitaría si fuese un proyecto de Ley independiente. Pues al final Catalá convirtió y centró su intervención no en el proyecto de ley presentado, sino en la defensa de la privatización del Registro Civil y de su asignación a los Registradores, y en cómo avanzar en esta locura, para lo cual anunció que introducirá enmiendas en este proyecto de ley que nada tienen que ver con el registro de nacimientos y defunciones desde los hospitales. 

Catalá rechazó que estemos ante una privatización del Registro Civil, porque los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos pues así lo dice la Ley Hipotecaria. Sólo Catalá y el portavoz del PP en el Congreso ven en los Registradores Mercantiles el carácter de funcionarios públicos, y desprecian la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2009 que dice que no lo son porque se dictó en un asunto relativo a liquidación del IVA, cuando lo que hace dicha Sentencia es precisamente, para resolver dicha cuestión, entrar en el fondo de la naturaleza jurídica de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Todos los grupos de la oposición dieron pruebas de conocer la sentencia y resumieron acertadamente sus pronunciamientos.

El Ministro insistió en los razonamientos de Gallardón para justificar la privatización: que supone seguir adelante con la desjudicialización del Registro Civil establecida en la Ley 20/2011 (cuando esta ley no prevé su privatización ni su salida del ámbito de las Administraciones Públicas), que hay que hacer frente al elevado número de quejas que llegan sobre el funcionamiento del Registro Civil (casi todas ellas debidas al colapso creado por el propio Ministerio de Justicia en la resolución de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española), que la Ley 20/2011 carece de memoria económica para ponerla en marcha ( acaso la tiene la Ley 18/2014 que lo privatiza directamente, que no dice cómo se financiará y sustentará??) y que los Registradores también son funcionarios públicos (las críticas unánimes al respecto de todos los partidos de la oposición bastaron para sacar los colores al Ministro).

Para paliar la chapuza del Real Decreto Ley 8/2014, luego Ley 8/2014, el Ministro anunció la presentación de enmiendas que ha pactado directamente con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, quienes al parecer sí que tienen la legitimidad para negociar las leyes que les niegan a los parlamentarios y parlamentarias de los demás partidos. Estas enmiendas serán las siguientes:

- No se va a llevar adelante la creación de la corporación de derecho público que la Ley 18/2014 pretendía. La llevanza del Registro Civil será efectuada por los registradores, pero no mediante ninguna personificación jurídica intermedia, sino a través del propio Colegio de Registradores.
- El Colegio de Registradores será el que ponga a disposición del Ministerio de Justicia una plataforma electrónica en materia de registro civil y nacionalidad que hará posible el registro civil electrónico.
- Se diseñará una nueva organización que responda a una estructura de oficinas generales que se establecerán en todas las capitales de provincia, en las islas y en las poblaciones de más de 100.000 habitantes.
- Se regulará la colaboración en materia registral con las oficinas consulares, los registros de la propiedad o los juzgados de paz.

Debe destacarse que sigue sin resolverse cómo se financiará el Registro Civil, y quedan las dudas planteadas en su día por el propio Ministerio de Justicia y la Asociación de Registradores Arbo, defensora a ultranza de la privatización del Registro Civil, sobre la capacidad de los servicios informáticos del Colegio de Registradores para hacer frente a la plataforma electrónica del Registro Civil, que ahora no saldrá a concurso. 

En definitiva, se utiliza una ley que pasaba por allí para subirse al carro de la privatización e impulsarla. El Colegio de Registradores, antes tan beligerante con la privatización, ahora sólo hace números. El servicio público no les importa ni a unos ni a otros. 

Adjuntamos enlace a Diario de Sesiones del Congreso del 11 de diciembre, en que aparecen las palabras del Ministro y la contestación dada por los representantes de los partidos de la oposición, de la que nos iremos haciendo eco en este blog. 

CCOO presenta una ILP para garantizar que el Registro Civil siga público

CCOO ha presentado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que pretende que el Parlamento rechace la Ley 18/2014 de 15 de octubre, aprobada en exclusiva con los votos del Grupo Parlamentario del PP y que en sus disposiciones adicionales recoge la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los registradores mercantiles.

El secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, ha explicado que esta ILP nace con dos prioridades fundamentales: Devolver el Registro Civil a la ciudadanía, manteniéndolo público y gratuito, y frenar las políticas privatizadoras del Gobierno del Partido Popular.

El sindicato defiende el derecho de la ciudadanía a que el Registro Civil siga siendo un servicio público y para ello es imprescindible su mantenimiento dentro del ámbito de la Administración pública. Para CCOO, la capacidad y la cualificación demostrada por el personal de la Administración de Justicia en sus ya más de 140 años en los que el Registro Civil ha sido servido por este personal, demuestra que ahí debe mantenerse, y que es “un error” la pretensión del Gobierno de sacarlo de su ámbito y proceder a su privatización.

CCOO ha manifestado su oposición a la privatización del Registro Civil y obligar a la ciudadanía a pagar por unos servicios obligatorios (inscripción y certificado de nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio, nacionalidad, tutela, actos de última voluntad, etc.) que hasta el momento eran gratuitos. De hecho, según los datos de CCOO, sólo en Córdoba, los 500 funcionarios de la Administración de Justicia realizan más de 90.000 trámites judiciales anuales que de tener que pagar supondrían más de un millón de euros anuales.


Además, el sindicato ha criticado que después de que el Ministerio de Justicia haya gastado más de 127 millones de euros en la modernización e informatización de los registros civiles, se entregue a los intereses privados la gestión y cobro por actos obligatorios. Para Mena, la privatización de los registros civiles es “un nuevo recorte social que perjudica, una vez más, a las personas con ingresos más reducidos que van a ver imposible el acceso a la Justicia por las tasas y, ahora, por el pago por certificaciones obligatorias que ya pagan con impuestos y aranceles”.

Por ello, CCOO se opone a la cesión del Registro Civil y lo considera un deterioro del servicio público de la Justicia, porque “supone desmontar un servicio público gratuito para cedérselo a un colectivo que buscará intereses particulares y beneficios económicos a través del cobro de tarifas que actualmente no existen”, ha insistido el responsable sindical.

En el mismo sentido, CCOO ha propuesto realizar un llamamiento al resto de las organizaciones sociales y sindicales de la Administración de Justicia y asociaciones ciudadanas afectadas a formar un “frente común contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia que este Gobierno está llevando a cabo”, ha apostillado Mena.

CCOO presenta una Iniciativa Legislativa Popular en defensa del Registro Civil como servicio público‏

CCOO ha presentado hoy, 16 de diciembre, en el Congreso de los Diputados, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para garantizar el carácter de servicio público del Registro Civil, su gratuidad y la confidencialidad y privacidad de los datos personales de la ciudadanía. 

La Iniciativa Legislativa Popular de CCOO rechaza la Ley 18/2014, que privatiza el Registro Civil, defiende su mantenimiento en el ámbito público y para ello apostamos para que continúe servido, cómo en estos últimos 140 años, por el personal funcionario de la Administración de Justicia. 

Al amparo del artículo 87.3 de la Constitución española y de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular (modificada por la LO 4/2006, de 26 de mayo), la Confederación Sindical, la Federación de Servicios a la Ciudadanía y el Sector de la Administración de Justicia de CCOO presenta el martes 16 de diciembre una iniciativa legislativa popular (ILP) para defender el mantenimiento del Registro Civil como servicio público y gratuito.

CCOO defiende el derecho de la ciudadanía a que el Registro Civil siga siendo un servicio público, y para ello es imprescindible su mantenimiento dentro del ámbito de la Administración pública. 

Además, la capacidad y la cualificación demostrada por el personal de la Administración de Justicia en sus ya más de 140 años en los que el Registro Civil ha sido servido por este personal, demuestra que ahí debe mantenerse, y que es una aberración la pretensión del Gobierno de sacarlo de su ámbito y proceder a su privatización.

La presentación de esta ILP por CCOO tiene el objetivo de lograr que el Parlamento español rechace la Ley 18/2014 de 15 de octubre, aprobada en exclusiva con los votos del grupo parlamentario popular, rompiendo el consenso social establecido en torno a un Registro Civil público y gratuito, y que, además, tiene el rechazo frontal de la inmensa mayoría de la sociedad.

Dicha ley 18/2014 recoge, en sus disposiciones adicionales, vigésimo a vigesimoquinta, la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles, (disposición adicional vigesimoprimera).

Esta ILP, que impulsa y presenta CCOO, nace con tres objetivos fundamentales: 

1.- Devolver el Registro Civil a la ciudadanía, manteniéndolo público y gratuito.
2.- Frenar las políticas privatizadoras del gobierno del Partido Popular.
3.- Desenmascarar los oscuros intereses de algunos máximos responsables del gobierno, especialmente de su presidente, que se permite entregar un servicio público, del que no es su propietario, sino solo un servidor más, a la gestión privada, y lo que es aún más grave, a su gestión por un colectivo de élite, los registradores, del que forman parte tanto él como miembros de su familia, a los que las sentencias de la Unión Europea no considera funcionarios públicos.

Catalá comunica a los grupos del Congreso su intención de aprobar 'a toda máquina' las reformas pendientes de Justicia, entre ellas la privatización del Registro Civil

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con algunos portavoces de los grupos parlamentarios para comunicarles su intención de aprobar 'a toda máquina' las reformas pendientes en su departamento con el fin de sacarlas adelante durante los primeros meses de 2015, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de estos contactos.

Catalá es consciente de que el calendario parlamentario apremia y es necesario dar un empujón al gran volumen de normas pendientes si se quiere aprobarlas en el 'spring final' de la legislatura, habida cuenta de que solo queda un periodo de sesiones completo -- de febrero a junio-- antes de las elecciones generales.

Las reformas del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Jurisdicción Voluntaria, la Ley Hipotecaria y el Catastro Inmobiliario, del Registro Civil, del Estatuto de la Víctima, la transposición de varias directivas europeas o el "ajuste" de las polémicas tasas judiciales son las medidas que ocuparán la apretada agenda de los diputados.

SIN INFORMES CONSULTIVOS EN DOS POLÉMICAS REFORMAS

El Gobierno ha elegido la vía de enmiendas para modificar las tasas judiciales en el proyecto de asistencia jurídica gratuita y también para encomendar la gestión del Registro Civil a los registradores, a través de una reforma que obliga a los centros sanitarios a comunicar electrónicamente los nacimientos y defunciones. Con este trámite se ahorra los informes de los órganos consultivos.

Secretarios judiciales progresistas afean a Catalá que cambie de discurso pero no la política dañina en la Justicia

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) han censurado que el relevo en el Ministerio de Justicia ha traído consigo un discurso "menos agresivo", pero no ha supuesto "cambio alguno" en los perjudiciales efectos de la política del Gobierno en esta materia. En este sentido, cita el traspaso del Registro Civil a los registradores, cuya preparación es nula en el nuevo cometido y quienes ya cobran unas retribuciones "privilegiadas".

Para la asociación, se han confirmado los "peores augurios" al constatar que la llegada de un nuevo ministro a Justicia tiene un discurso "menos agresivo, más pactista pero en lo que interesa al Gobierno, y no al ciudadano".

En este sentido, ha acusado al Gobierno de partir de "datos erróneos y engañosos" al defender la encomienda de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la propiedad. "Se manifiesta que será gratuito, nadie se lo cree", ha remachado.

TRANSPARENCIA SOBRE LOS COSTES DE LA ENCOMIENDA

De este modo, ha pronosticado que se subirán el resto de aranceles para hacer frente a la gratuidad del Registro Civil o se cobrará no la inscripción inicial, pero sí las posteriores. Ha criticado también la intención del Gobierno de "regalar toda la informática y digitalización" que ha costado cerca de 200 millones de euros del erario público a los registradores.

Además, ha lamentado que su proyecto no se acompañe de una memoria económica ni de un desarrollo reglamentario. "Solo se ha efectuado una adenda en una ley ómnibus y sólo por ello, también con la lógica del Gobierno habría que rechazar el nuevo proyecto", ha expuesto, después de que Rafael Catalá criticara la falta de memoria económica en la norma del Gobierno socialista.

"Se parte de la base que los Registradores son funcionarios, pero se obvia que tienen una situación económica privilegiada, que no cobran del Estado, sino directamente de los particulares, y que ningún funcionario de la Administración, ni de lejos se acerca a su salarios o percepciones", ha señalado.

SECRETARIOS JUDICIALES PUEDEN ASUMIR ESTE SERVICIO A COSTE CERO

En esta línea, ha destacado el carácter liberal de la profesión del registrador y ha denunciado que no tienen "ninguna" preparación para gestionar el Registro Civil. Por ello, ha reiterado el ofrecimiento de los secretarios judiciales de hacerse cargo de esta tarea "a coste cero y servido con los funcionarios de Justicia".

Dicho esto, ha requerido que "se lleve a cabo lo dispuesto en la propia ley con la creación de un juzgado de primera instancia que asumiría el juez correspondiente con el secretario judicial y el resto del personal" para descargar al resto de juzgados de lo civil y utilizando la plantilla del Registro Civil.

Para la UPSJ, la única buena noticia es que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado su intención de considerar la alternatividad un "principio inspirador" en el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que tramita el Gobierno.

PSOE-Soria pide al ministro de Justicia que no privatice el Registro Civil

Este viernes el ministro de Justicia “tiene una buena oportunidad para concretar si va a eliminar el tasazo judicial que, concretamente, a los sorianos les va a costar casi un millón de euros, en estos dos últimos años, en la justicia para ricos que impone la mayoría absoluta del PP, a lo que hay que sumar los costes, molestias y sesgo ideológico, para privatizar, encima todas las gestiones, tan usuales para la ciudadanía como es el Registro Civil”. Con estas palabras el diputado socialista por Soria en el Congreso, Félix Lavilla, mostraba su disconformidad con la gestión del Gobierno sobre esta materia.

Para el aforado olvegueño se da la circunstancia, que el actual titular del Departamento, Rafael Catalá ha sido el responsable, hasta hace muy pocos días, de gestionar las inversiones en el Ministerio de Fomento que han discriminado a la provincia, incluida la paralización de suelo público en el polígono industrial de Valcorba. “Estaría bien que la presidenta del PP de Soria junto con el actual ministro de Justicia, realizaran el viaje a Soria en tren, y nos explicaran a los sorianos por qué el PP ha marginado a Soria en materia ferroviaria y encima, ahora, en el Senado, el propio PP ha quitado del Presupuesto General del Estado, 13,54 millones de euros, para la línea Soria-Torralba, para la Plataforma Logística, o para pagar la A-15”.

Para Lavilla, “no puede ser que un 54 % de los sorianos votasen al PP por sus faltas promesas de empleo y más inversiones (entre las que se encontraba la Autovía del Duero, el AVE a Soria y decenas de promesas más, que han sido totalmente incumplidas, y lo único que tenemos es más despoblación, más paro y más inversiones. La provincia se está desangrando poblacionalmente y un elemento crucial que acelera la despoblación es la degradación de los servicios, entre los que se encuentra, en este caso, los servicios de Justicia”.

Con relación a la privatización del Registro Civil, el diputado soriano ha afirmado que esta reforma no responde a una necesidad urgente de la sociedad, “sino a una voluntad del Gobierno, apoyada en su mayoría parlamentaria, de facilitar la apropiación definitiva del Registro Civil en manos de unos pocos, el colectivo de registradores al que pertenece el presidente del Gobierno”.

En sus críticas, el aforado socialista ha añadido que con el actual Gobierno “se cruje a los sorianos a impuestos, se les machaca con tasas y tasazos, como los judiciales, se privatizan servicios básicos, como el Registro en Justicia, las inversiones en Soria son invisibles, y lo único que notamos es cómo se incrementa la despoblación en Soria con este Gobierno de la desigualdad y la injusticia social”.

Justicia dará vía enmienda el Registro Civil a los registradores y el PSOE pregunta si es orden del "registrador Rajoy"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este jueves que la encomienda de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles se hará vía enmienda al proyecto de ley que obliga a los centros sanitarios a comunicar electrónicamente los nacimientos y fallecimientos a estas oficinas.

Así lo ha hecho saber en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde el PSOE ha defendido la retirada de este proyecto de ley y el resto de grupos de la oposición ha coincidido en cargar contra la "privatización" del Registro y criticar que un cambio de modelo de tan calado se realice a través de enmiendas.

"¿Le ha sugerido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, registrador de la propiedad en Santa Pola, entregar el Registro Civil al Cuerpo de Registradores?. Esta es la gran pregunta", ha preguntado el diputado socialista Mario Bedera, encargado de defender la enmienda de totalidad de su grupo.

Catalá ha advertido de que los Registros Civiles han acabado "colapsados" y que el 50 por ciento de las quejas recibidas sobre el funcionamiento de la Justicia se refiere al Registro Civil, sus tiempos de espera, sus horarios de atención al público o sus insuficientes plantillas.

Según ha explicado, la nueva estructura girará en torno a oficinas generales en capitales de provincia, islas y poblaciones de más de 100.000 habitantes con la colaboración de consulados y oficinas colaboradoras, como juzgados de paz y registros de la propiedad.

Tras criticar que la norma aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero que desjudicializaba el Registro Civil no contenía una medida económica "rigurosa", Catalá ha defendido que poner este servicio en manos de los registradores no es una "contrarreforma" y calificar de "demagógico" considerarlo una privatización.

"Me parece sorprendente que se quiera dudar de la condición de funcionarios públicos de los registradores de la propiedad y mercantiles", ha agregado el ministro.

"ALGO HUELE A PODRIDO"

Por su parte, el diputado socialista Bedera ha preguntado a Catalá si ha recibido este "encargo" de Mariano Rajoy, registrador de la Propiedad de profesión y si este colectivo pasará a ser "beato desinteresado por su contribución al bien común" sin cobrar nada a cambio por esta gestión.

"Nos piden un cheque en blanco que el PSOE no está dispuesto a dar porque sucede como en Hamlet, 'Algo huele a podrido en Dinamarca'", ha proseguido Bedera. El PNV, por boca de Emilio Olabarria, ha dado su apoyo a su enmienda de totalidad ante los "enigmas de la peculiar reforma del Registro Civil".

Olabarria ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en 2009 que la actividad de los registradores se produce en el mercado asimilable a una profesión liberal.

La Izquierda Plural también ha mostrado su intención de votar a favor de la enmienda de totalidad al entender que la "privatización" supone la "mayor injerencia sobre el Poder Judicial" de los últimos años y ha exigido explicaciones sobre "el oscuro objeto de deseo", la plataforma informática del Registro Civil y sobre cómo influirá a otros aranceles de los registradores.

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha anunciado la abstención de su grupo al no considerar suficiente la iniciativa socialista para devolver el texto al Gobierno. Desde CiU, Jordi Jané, ha dicho que se abstendrán con la confianza de que se despejen "las sombras de duda" durante el trámite parlamentario.

La ley que privatiza el Registro Civil obliga a declarar si hay o no matrimonio al inscribir a un hijo

La reforma del Registro Civil repesca la obligación de los padres de declarar si están casados o solteros a la hora de inscribir a los recién nacidos. Cuando se creía que este precepto del tardofranquismo estaba superado, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo ha mantenido tal como lo restauró su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. Catalá seguirá adelante con la privatización del Registro Civil y la consiguiente pérdida de 2.500 empleos en la administración judicial. El único avance de la reforma registral es que el Gobierno ha tenido que admitir la inscripción de los nacidos en “vientre de alquiler” porque le obliga la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para ello Catalá anunció enmiendas del Grupo Popular al texto gubernamental.

La presentación de las reformas de la administración de Justicia en materia de subastas judiciales y del Registro Civil que realizó el jueves Catalá ante el pleno del Congreso resultó decepcionante para quienes esperaban una rectificación de la privatización del Registro que decretó Gallardón. Como es sabido, el 4 de julio pasado, el Consejo de Ministros, presidido por el registrador de la propiedad en excedencia de Santa Pola (Alicante), Mariano Rajoy Brey, aprobó por Real Decreto, una figura que la Constitución sólo contempla en casos de extraordinaria urgencia y necesidad, la privatización del Registro Civil a favor de los registradores de la propiedad, del Registro Mercantil en este caso. Con anterioridad, Gallardón había asignado a los registradores los trámites con el argumento de que iba a resolver el atasco de los expedientes de nacionalidad, lo que provocó un fiasco con corrupción y supuso un grave quebranto económico para el Colegio de Registradores de la Propiedad.

Catalá afirmó que no habrá marcha atrás en la privatización y evitó replicar al socialista Mario Bedera y a Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, que consideraron equivocada esa decisión. El primero le preguntó si “eso (la privatización) es el encargo que ha recibido del registrador de Santa Pola” y el segundo se confesó sorprendido porque “mantiene el despropósito” de la privatizar un servicio público del Estado y da un nuevo paso hacia “una justicia de mercado”. Las insinuaciones de Bedera de que “algo huele a podrido” y la afirmación de Llamazares de que “han cambiado el ministro, pero no el talante”, sumieron a Catalá en un mayor mutismo.

Al eliminar las oficinas del Registro Civil, el Ministerio de Justicia liquida 2.500 empleos. Aunque el ministro anterior dijo que los funcionarios pasarán a los juzgados, los empleados interinos de la administración judicial ven amenazado su futuro y la renovación de sus contratos. La privatización ha soliviantado a los sindicatos y asociaciones de la administración judicial, la judicatura y a un amplio sector de los propios registradores de la propiedad, que no son funcionarios, sino titulares de un servicio social fundamental que se rigen y cobran un arancel a los usuarios, con lo que acabarán cobrado por un servicio público hasta ahora gratuito como es la inscripción de la filiación y la defunción y los certificados a los ciudadanos que los necesiten.

¿Alguien se imagina un Registro Civil en suspensión de pagos? Con la asignación del Registro Civil a los Registradores Mercantiles esto sería posible

Según publica el periódico Levante dos fedatarios públicos de Valencia se acogen a la Ley Concursal al no poder afrontar el pago de sus deudas y entran en concurso como personas físicas, con lo que la supervisión judicial implica también sus cuentas y bienes personales.

Conforme dicho artículo los concursos de acreedores han alcanzado a los notarios de Valencia. La débil recuperación del mercado inmobiliario y de la actividad económica en general han provocado que al menos dos despachos de la ciudad se hayan visto incapaces de afrontar sus deudas y compromisos financieros y hayan decidido acogerse a la Ley Concursal, según confirmaron desde el Colegio Notarial de Valencia, que no obstante, declinaron ofrecer información sobre la identidad de los afectados.

Los notarios ejercen un servicio público por delegación. Son funcionarios públicos con un régimen especial que no pueden constituir sociedades mercantiles para ejercer su labor. Su condición a la hora de contratar y montar sus despachos profesionales es similar a la de un autónomo. Son empresarios pero todos sus ingresos computan como Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de ella se descuentan los gastos en los que incurren para desarrollar su actividad: Contratación de personal, alquiler o compra de activos inmobiliarios para situar sus despachos, etc.

Cuando solicitan el concurso de acreedores, como ha ocurrido en los dos casos mencionados, no lo hacen como una empresa, sino como personas físicas. Esto implica que la tutela judicial alcanza no sólo a las cuentas bancarias y bienes relacionados con la actividad notarial, sino también a su patrimonio personal, ya sea liquidez en cuentas, inmuebles o ahorro.

«Si te descuidas, en un concurso como persona física se va todo por delante», afirma un notario consultado por este diario. Según explica, los sucesivos gobiernos centrales han rechazado modificar el régimen de los fedatarios públicos para que puedan constituir sociedades profesionales, como ocurre, por ejemplo en Francia.

«Un notario tiene que tener a gente trabajando para poder cumplir con su obligación. Algunos generaron estructuras grandes y ha habido una merma tremenda del volumen de trabajo», explican fuentes del Colegio Notarial de Valencia. Según estas mismas fuentes se han producido también impagados de grandes clientes que han complicado la situación de algunos notarios.

Estructuras familiares

Sobre el hecho de que siete años después de haber iniciado la crisis haya despachos que aún no han ajustado sus estructuras las mismas fuentes señalan que en muchos casos se trata de estructuras casi familiares basadas en la confianza. «Trabajamos con gente que intentas aguantar antes de despedir. Se intenta mantener el grupo de trabajo pero cuando no puedes la situación se convierte en irreversible».

La débil recuperación también explica la situación de los dos notarios que han optado por la vía del concurso. «Todos pensábamos que mejoraría, pero la recuperación ha tardado y el repunte es muy pequeño», indican desde el colegio.

Otra razón que explica el ahogo financiero son las inversiones y deudas adquiridas por los fedatarios, bien por negocios paralelos a su actividad o compras personales bien por querer ampliar plantilla e instalaciones. Al bajar la carga de trabajo, disminuyen los ingresos y el fedatario no puede afrontar sus compromisos financieros, lo que le aboca al concurso.

Esto mismo podría pasar tras la privatización del Registro Civil y su asignación a los Registradores Mercantiles, pues la condición de funcionario público de los Registradores Mercantiles y las relaciones laborales con sus empleados son prácticamente idénticas que los Notarios. Sólo el mantenimiento de los servicios públicos dentro de las Administraciones Públicas garantiza su estabilidad y viabilidad presente y futura. 

El PSOE rechaza la reforma del Catastro y de la Ley Hipotecaria porque privatiza el registro de la propiedad, y reitera su rechazo a la privatización del Registro Civil

El PSOE ha registrado en el Congreso una enmienda de totalidad pidiendo la devolución al Gobierno del proyecto de ley de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario, al considerar que su único objetivo es privatizar el registro de la propiedad y consolidar las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en las últimas décadas en contra del carácter aconfesional del Estado consagrado en la Constitución.

El texto, que será debatido por el Pleno de la Cámara Baja el próximo jueves y que recoge Europa Press, reprocha el "carácter sesgado" del proyecto de ley, que a su entender pretende desplazar el peso de la información sobre las fincas existentes desde el Catastro a "otras bases de carácter privado no controladas por el Estado".

Y es que actualmente el Catastro es "la pieza esencial" del sistema, ya que recoge la descripción física de las fincas y su valoración a efectos fiscales, mientras que el Registro sólo incluye los derechos reales sobre los inmuebles.

NUEVAS BASES DE DATOS

Sin embargo, ahora se intenta "sustituir el actual sistema, que ha probado sobradamente su seguridad, eficiencia y eficacia, por un sistema de bases privadas", en lo que a juicio del PSOE supone "una suerte de privatización del Registro de la Propiedad". "En definitiva, se desplaza el Catastro, de una manera evidente, hacia otros cometidos que no interfieran con el Registro", insisten los socialistas.

En este sentido, aseguran que mientras en los últimos años el Gobierno no ha "estrenado" siquiera la última reforma de la Ley Hipotecaria en lo que tiene que ver con la publicidad de los datos que publican los registros, sí ha permitido que organismos como el Colegio de Registradores crearan sus propias bases de datos y números de identificación de fincas, "diseñados exclusivamente para competir con la puesta en práctica de la Referencia Catastral en los libros registrales".

De este modo, en varias comunidades ya se usan estas referencias privadas en lugar de los identificadores del Catastro, con la consecuente inseguridad jurídica para los ciudadanos. E incluso se extiende el "afán invasivo" del Registro hasta el punto de atribuirle calificaciones de cuestiones físicas o "competencias del juez o del notario".

"Sólo quedaba santificar con una ley que adecuara la legalidad (de esta forma de actuar), y es lo que viene a hacer este proyecto", resume el PSOE, que además niega que el cambio vaya a conllevar un ahorro de costes para el erario público sino todo lo contrario.

Además, el principal partido de la oposición acusa al Ejecutivo de presentar un proyecto "en extremo reglamentista" con el único objetivo de que los posibles recursos se tengan que presentar ante el Tribunal Constitucional (TC), que sólo puede pronunciarse sobre su constitucionalidad y presenta más dificultades para impungar sus resoluciones, en lugar de que sea el Supremo (TS) el que valore su adecuación a la ley.

"El PSOE rechaza de plano la contrarreforma de la Justicia que está llevando a cabo el PP con su mayoría absoluta, imponiendo su privatización; rechaza de plano la privatización de los registros Civil y de la Propiedad, y rechaza de plano el modelo que permite la apropiación del Registro de la Propiedad por un cuerpo que se define como funcionarial para aprovecharlo en interés propio y no en beneficio de la sociedad", zanja la enmienda.

El Registro Civil de A Estrada estará operativo hasta julio del próximo año

El Registro Civil de A Estrada que luce desde mediados de año un lazo negro anunciando su fecha de defunción en el año 2014 tras 143 años de servicio se mantendrá operativo por lo menos hasta julio de 2015. A pesar de que con la reforma planteada por el ex-ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se preveía que dejase de estar operativo a finales de 2014, las modificaciones aplicadas en la ley aseguran su mantenimiento hasta el 15 de julio. Una vez pasada esta fecha todavía está por definir como se procederá, por lo que desde el registro de A Estrada prevén que no será un parón repentino de la actividad.

El Gobierno central aprobó el pasado mes de octubre la modificación de la ley que afecta a estas entidades y que provocará que sus funciones sean encomendadas a los Registradores de la Propiedad. Además con la entrada de esta ley el Registro Civil pasará a conocerse como Oficinas del Registro Civil y Mercantil. En A Estrada se realizaron numerosas manifestaciones en contra del cierre de esta entidad, que provocaría que los vecinos tuvieran que trasladarse hasta Pontevedra para realizar trámites gratuitos como inscribir a un hijo en el registro.


Nota: esta es la primera gran consecuencia de la privatización del Registro Civil y su asunción por los Registros Mercantiles: la desaparición de todas las oficinas de Registro Civil ubicadas en municipios que no sean capitales de provincia, cualquiera que sea su población. La Ley 20/2011 abrió la veda para suprimir los registros civiles de los pueblos, al establecer que sólo habría una oficina general de Registro Civil por comunidad autónoma, más otra por cada 500.000 habitantes y otras dos más posibles en función del territorio. La Ley de Gallardón restringe aun más la localización de las oficinas de Registro Civil, pues sólo habrá allá donde haya Registro Mercantil, es decir, capitales de provincia.

Que nadie se engañe con la posibilidad de que las solicitudes de cualquier trámite puedan efectuarse en los Juzgados de Paz. Estos no tendrán capacidad de certificar y los libros del Registro Civil, historia de cada municipio de los últimos 145 años, se guardarán en un almacén lejos de la localidad que los vio nacer. Y todo para que los Registradores Mercantiles hagan caja, consoliden su posición en el tráfico jurídico frente a las criticas de la Unión Europea por su función calificadora y sus retribuciones, y se hagan con el pastel de la seguridad jurídica preventiva, en detrimento de Notarios y Administraciones. 

Por eso es fundamental que entre todos paremos la privatización del Registro Civil. Aún estamos a tiempo.

La turbia privatización del Registro Civil, por Javier Martínez del Moral

Reproducimos a continuación el artículo escrito por Javier Martínez del Moral, Notario de Santa Cruz de Tenerife, publicado en la Revista el Notariado del Siglo XXI en su número de septiembre-octubre 2014.

Desde finales del pasado siglo el colectivo de registradores estudió la conveniencia de ampliar el negocio registral en el plano subjetivo (a todas las personas físicas y jurídicas) en el plano objetivo (desplazando al catastro a través de bases registrales y creando un estrafalario registro de bienes muebles y de derechos inmateriales), en el plano funcional (a todos los actos, registros y archivos que puedan integrarse en el Ministerio de Justicia) y en el ámbito extrafuncional (a través de la extensión de las competencias de las oficinas liquidadoras de impuestos municipales y autonómicos).

Las leyes 24/2001 y 24/2005 convirtieron esa conveniencia en necesidad. La razón hay que buscarla en la pérdida de oportunidad de la calificación registral y en el proceso de unificación europea.

En síntesis, la calificación registral se justifica porque hay que cubrir el desfase informacional que media entre el momento en que se alumbra el título inscribible y su presentación registral, dado que la situación registral basada en el tracto y la prioridad puede haber cambiado.

La extensión de la secuencia temporal del desfase es directamente proporcional a la necesidad de calificación registral. A mayor desfase cronológico, mayor necesidad. Si no hay desfase, la calificación registral deja de ser una actividad de seguridad jurídica complementaria y se convierte en una duplicidad ineficiente e innecesaria.

El paso de la consulta presencial a la solicitud de información y presentación por fax llevó al colectivo a extender la calificación a todo lo divino y lo humano, parafraseando a don Jerónimo, dando lugar a una sobrecalificación material para compensar la pérdida de protagonismo cronológico en la seguridad contractual.

Las leyes 24/2001 y 24/2005 constitucionalizaron el procedimiento registral (el último de los procedimientos administrativos en adaptarse a la Constitución) y diseñaron las nuevas herramientas tecnológicas que permitieran la homologación en eficiencia a los sistemas de la UE.

El acceso directo, sin intermediación del registrador y a tiempo real a todo el contenido registral por jueces, funcionarios y notarios, así como la presentación telemática a tiempo real de los títulos públicos, tenían como objetivo superar las ineficiencias del rancio sistema de seguridad jurídica diferida, para lograr un eficiente y genuino sistema de seguridad jurídica preventiva, ofreciendo certeza plena en el momento de la verdad contractual, porque siempre es mejor prevenir y evitar el coste, que imputar titularidades, responsabilidades y riesgos (a través del 34 de la LH y la reglas de la prioridad y tracto). En suma, se diseñó un escenario mucho más eficiente que elimina el desfase informacional, porque lo óptimo no es la protección del tercero, que siempre será a costa de otro a quien se le desplaza el daño, sino evitar el choque de prioridades y tractos, que elimina el daño y el coste.

Desde la perspectiva del análisis económico del derecho, el coste por el fallo del sistema es el mismo tanto si quien se ve despojado de su titularidad es el verus dominus como si es el tercer adquirente. En caso de litigio entre un tercer adquirente y un verus dominus uno de los dos siempre tiene que perder y pierde exactamente lo mismo. Venza uno u otro la pérdida siempre es la misma e inevitable. Por tal razón, lo que mejora el sistema institucional no consiste en privilegiar a uno sobre el otro sino en que el sistema no presente fallos. Es decir, que no se dé la disparidad entre verus dominus y adquirente. La solución está en que no se dé el problema. Y eso no se consigue aunque “la calificación sea eficaz” porque cuando la calificación se produce ya es tarde, ya existe la disparidad.

Se percibe con claridad que la insumisión registral a la aplicación de estas leyes responde a la defensa de egoístas razones crematísticas, a costa de causar un grave perjuicio a los usuarios y al mercado.

Añádase que la sistemática liberalización de profesiones altamente reguladas en la UE amenaza con hacer visible en Bruselas la dudosa legalidad de las rentas de monopolio del colectivo registral, no sólo porque se perciban del mercado sin estar en el mercado, sino también porque es el monopolista quien interpreta lo que ha de pagar el usuario cautivo.

La llamada “reforma integral de los registros” reconvertida en “hagamos el Estado registral por partes” pretende salir al paso de estos problemas. En particular, la absorción del registro civil por el colectivo registral tiene por objeto crear nuevos desfases informacionales entre la actividad jurisdiccional y notarial, la realidad y el contenido registral, que justifiquen esa participación y facturación registral en el triple concepto de pirómanos, bomberos y reforestadores, aun a costa de contradecir las enseñanzas de Guillermo de Ockham a base de proponer soluciones complejas para atajar problemas simples1.

La regeneración democrática pasa por la derogación de la privatización del Registro Civil, por beneficiar al colectivo al que pertenece Rajoy y su familia

Hoy ha acudido al Congreso de los Diputados el Sr. Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, para exponernos su enésimo plan contra la corrupción política y la regeneración democrática. Corrupción que afecta principalmente al Partido Popular, del que es Presidente. 

¿Alguien se cree el discurso de Rajoy en este tema? Poca gente. ¿Alguien recuerda que se hayan implementado las medidas anunciadas al respecto en los últimos 3 años, incluida su comparecencia ante las Cortes Generales por el caso Bárcenas? Nadie. Rajoy siempre propone hacer tábula rasa con la corrupción a partir de ahora, pero lo que ha sucedido antes, los beneficios obtenidos por muchos políticos en operaciones de dudosa legalidad amparándose en información privilegiada o su cercanía a los ámbitos del poder no se toca, salvo que algún Juez le dé por investigar. 

Hoy ha tenido Rajoy una oportunidad de oro para hacerse creible. Le bastaba con anunciar la derogación de la asunción del Registro Civil por los Registradores, colectivo al que pertenece junto con su familia, impuesto en un Real Decreto Ley aprobado en el verano, sin debate alguno. Una vez más, ha desperdiciado la ocasión. Tal y como dice Pedro Sánchez, Rajoy no está capacitado ni legitimado para limpiar la democracia. 

La asunción del Registro Civil por los Registradores Mercantiles (antes de la Propiedad) fue ideada para apuntalar los privilegios del Cuerpo de Registradores y garantizar la subsistencia de esta función, tal como hoy es prestada, durante las próximas décadas. Mucho ha tenido que ver el que el anterior Director y el Subdirector de la Dirección General de los Registros y del Notariado fueran registradores y que Rajoy y su familia pertenezcan a este Cuerpo; es el resultado de la iniciativa del lobby registral y no tiene nada que ver con los intereses de la mayoría o la mejoría del servicio público.

Desde noviembre de 2012 el Gobierno ha ido perfilando la atribución al Cuerpo de Registradores de la llevanza del Registro Civil, en sustitución de los jueces actualmente a su cargo. Ya desde el nefasto Borrador de Anteproyecto de Reforma Integral de los Registros, y aprovechando la coyuntura, no sólo se procedía a extender a este registro los principios de funcionamiento del Registro de la Propiedad -lo que es completamente inadecuado- sino además los mismos parámetros de retribución, lo que implicaba la patrimonialización de un servicio público extraordinariamente sensible en beneficio de intereses particulares. Hoy se dice que el Registro Civil seguirá siendo gratuito, pero por la puerta de atrás sacan de su ámbito los expedientes de Registro Civil para dárselos a los Notarios, que cobrarán el oportuno arancel, y se preparan para cobrar el acceso a las bases de datos de Registro Civil por parte de las Administraciones Públicas y Notarios y hacer suyos los beneficios de otros Registros, como el de últimas voluntades. 

En dicho borrador de Anteproyecto se pretendía absorber a su vez las actuales prerrogativas de funcionamiento del Registro Civil por el de la Propiedad y el Mercantil, con la finalidad de investir casi con la autoridad judicial las decisiones de los registradores en todos estos ámbitos, de forma que no pudieran ser revisadas por la Administración del Estado, sino únicamente por el órgano judicial "superior". La reforma, auspiciada por el entorno de Rajoy, les configuraba como un poder independiente del Estado situado al margen de cualquier exigencia de responsabilidad efectiva. Hoy ese borrador , calificado de escandaloso y mesiánico, duerme en un cajón, pero el Gobierno va poco a poco implementado las ideas fundamentales contenidas en el mismo con la única finalidad de fortalecer la posición monopolística de los Registradores en el tráfico jurídico y en la seguridad preventiva, y así se ha aprobado, por la puerta de atrás, la privatización del Registro civil en un Real Decreto Ley infame e inconstitucional. 

Si Rajoy creyera en la regeneración democrática, sabría que como dice el refrán el Presidente del Gobierno y los miembros del mismo no sólo deben ser gente honrada, sino que además deben también parecerlo. Rajoy podría haber anunciado la derogación de la privatización del Registro Civil porque él y su familia son supuestos beneficiarios de dicha privatización, y la búsqueda de un consenso con todas las fuerzas políticas, tal y como el que alumbró la Ley 20/2011 de Registro Civil, pero no ha querido, y por eso Rajoy sigue igual que siempre, o sea, fatal para la democracia en España. 

El futuro del Registro Civil, por Juan José Pretel, Registrador Mercantil de Sevilla

Adjuntamos a continuación un artículo publicado en la Revista El Notariado, en su número de septiembre - octubre de 2014, escrito por Juan José Pretel, Registrador Mercantil de Sevilla y Ex Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil. 

En estos momentos el Registro Civil se encuentra en medio de una polémica que dura ya varios años y que no sabemos cuándo acabará. Hay polémica especialmente entre los Registradores, de los Registradores con el Ministerio de Justicia y de los sindicatos de funcionarios contra el Gobierno, además de que el tema se ha convertido también en objeto de declaraciones de los partidos políticos (basta con leer las noticias que recurrentemente salen en los periódicos principalmente bajo el lema de “no a la privatización del Registro Civil”). 

El Registro Civil, en sus líneas fundamentales, proviene del año 1870. Pueden decirse de él muchas cosas, pero lo que no ha sido nunca es una institución objeto de polémica. ¿Qué ha pasado para ahora ocurra lo contrario? 

Aunque puede discutirse dónde esté el origen de la problemática, entendemos que se encuentra en la Ley 20/2011, de 21 de Julio, de Registro Civil. Hasta ese momento teníamos un sistema registral basado en la Ley de 1957 y su Reglamento de 1958; a pesar de los importantes cambios producidos en el derecho de la persona en general y, especialmente en el derecho de familia, a pesar de los años transcurridos y a pesar de tratarse de una normas preconstitucionales, su notable calidad técnica hizo que no fuera necesaria su derogación, sino simplemente su adaptación. A lo más que se llegó fue a elaborar un borrador de reforma, que a pesar de estar terminado en el Ministerio de Justicia, nunca vio la luz, sencillamente porque no era un tema que políticamente se pensara que fuera acuciante.

Pero de pronto, a falta de otra cosa que hacer, pensaron los grupos parlamentarios que era de una gran modernidad elaborar una nueva Ley de Registro Civil y se pusieron todos ellos de acuerdo (la ley se aprobó por unanimidad) para introducir un cambio radical en el sistema. La nueva norma se basa en los siguientes principios: el Registro Civil pasa a ser único para toda España, con una base de datos única, informatizado y accesible electrónicamente, al que se aplicarán técnicas y normativa de naturaleza administrativa y que dejará de llevarse por los Jueces para pasar a serlo por funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que le sustituya y entre Secretarios judiciales. Lo único que ocurre es que legislador se da cuenta que tan radical cambio no es fácil de hacer, por lo que establece tres mecanismos que le ayuden en la tarea: a) un amplio período de vacatio legis (tres años desde la publicación en el BOE, es decir hasta el 22 de Julio de de 2014, que nuevamente ha sido prorrogado); b) una constante referencia al futuro Reglamento como norma que resolverá los problemas, y c) la utilización de los Ayuntamientos y de los Juzgados de Paz por los particulares, dado que se permite a los mismos que puedan acudir a este tipo de oficinas para presentar y solicitar la documentación.

Josu Erkoreka se reúne con el Decano en Euskadi de los registradores de la propiedad para analizar la "privatización" de los Registros Civiles

- El Consejero de Administración Pública y Justicia, le ha traslado al Decano de los Registradores de la Propiedad la oposión del Gobierno vasco de trasladar las funciones de los Registros Civiles a los Registros Mercantiles

- Josu Erkoreka ha reiterado que el Gobierno vasco quiere que los Registros Civiles continúen siendo públicos y gratuitos, y que se mantengan en el ámbito de la Administración de Justicia. 

El Consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, se ha reunido esta mañana con el Decano en Euskadi de los registradores, Leopoldo Sánchez Gil, para analizar la decisión del Gobierno español de trasladar las funciones de los Registros Civiles (gestionados en la actualidad en el ámbito de la Administración de Justicia) a los Registros Mercantiles (en manos del colectivo de registradores).

Josu Erkoreka le ha trasladado a Leopoldo Sánchez Gil, que el Gobierno vasco se opone a que los registradores asuman las funciones de los Registros Civiles. En este sentido, les ha transmitido que él personalmente, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia mantenida el pasado día 6 en Madrid, solicitó al nuevo Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que reconsiderase la decisión de su predecesor, Alberto Ruíz Gallardón, porque el Gobierno vasco quiere que los Registros Civiles se mantengan en el ámbito de la Administración de Justicia. No obstante, Josu Erkoreka también le ha comunicado que su petición no tuvo ningún éxito en la respuesta por lo que le ha advertido de que, probablemente, el Gobierno español haga efectivas sus intenciones de traspasarles las funciones de estos registros.

Al término de la reunión, el Consejero de Administración Pública y Justicia, ha reiterado el compromiso del Gobierno vasco con el mantenimiento de los 252 puestos de trabajo adscritos actualmente a los Registros Civiles. En este sentido ha señalado que si el Gobierno español lleva a efecto, como ha anunciado, el traslado de las funciones de los Registros Civiles a los Mercantiles, el Gobierno vasco realización de un plan de readscripción de personal de manera que las 252 personas mantengan su puesto de trabajo para el despliegue y buen funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en Euskadi.

Catalá se apoya en Esquerra Republicana de Catalunya para justificar la privatización del Registro Civil

Como a Catalá se le acaban los argumentos para justificar la privatización del Registro Civil, ha tirado de hemeroteca, tal y como hizo en su día Gallardón, y ha intentado justificar la privatización del Registro Civil, que ha sido rechazada por todos los partidos políticos del parlamento excepto el PP, recordando que durante la tramitación de la Ley 20/2011 Esquerra Republicana de Catalunya propuso dar el Registro Civil a registradores y según Catalá "nadie le consideró sospechoso de privatizarlo".

Así lo ha hecho Catalá en una entrevista concedida a Actualidad Jurídica Aranzadi, según anuncia Europa PressEl ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que "difícilmente" puede entenderse que el Registro Civil vaya a ser privatizado porque los registradores son "funcionarios públicos". De hecho, ha recordado que, cuando el PSOE aprobó la ley que desjudicializa este servicio, ERC propuso que su gestión fuera asumida por los registradores y "no parece que sea un partido sospechosos de querer privatizar nada".

En dicha entrevista Catalá recuerda que ha retomado el diálogo con el Colegio de Registradores, analiza las reformas de su departamento y advierte sobre la "sensación de desanimo" que genera la existencia de macroprocesos de corrupción que "parecen eternos" en los tribunales.
Muy mal lo tiene que ver Catalá cuando se tiene que apoyar en ERC para justificar la privatización del Registro Civil. ERC debe estar contenta de que a partir de ahora apoye sus postulados políticos, igual hasta se ha vuelto Catalá independentista. Por otro lado, una mentira como que los Registradores son funcionarios, por mucho que la repita no por eso se convierte en verdad; la consideración de funcionarios públicos que hace la Ley Hipotecaria es a efectos de derechos, pero no de deberes, responsabilidad o incompatibilidades. La Unión Europea no les considera funcionarios públicos, y por tanto sus operaciones están sujetas a IVA, y su personal, al que pueden contratar y despedir libremente como cualquier empresario, no son funcionarios públicos. 
Quizás Catalá no recuerda que la Ley 20/2011 fue aprobado por el consenso de todos los partidos políticos, incluido el PP que decía entonces que no hacía falta aprobar una nueva Ley de Registro Civil, y que la Ley 20/2011 mantiene en todo caso al Registro Civil dentro del ámbito de las Administraciones Públicas, servido por empleados públicos del primero al último, y con ejercicio de competencias ejecutivas por parte de las Comunidades Autónomas, todo lo cual resulta imposible con la privatización del Registro Civil mediante su entrega a los Registradores Mercantiles. Catalá, hasta ERC votó la Ley 20/2011. 

LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL: ITINERARIO DE UN DESPROPÓSITO (Y V)

III.-CONCLUSIONES.

1ª.-El Borrador de Ley de Reforma Integral de los Registros del Ministerio de Justicia debe ser retirado, habida cuenta que vulnera la CE y el Derecho Comunitario.

2ª.-Las Disposiciones Adicionales  20 a 24 del Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, relativas a la privatización del Registro Civil a favor de los Registradores Mercantiles, son nulas de pleno derecho al vulnerar la CE y el Derecho Comunitario.
       
3ª.-La regulación del Registro Civil ha de hacerse con el mayor consenso político y social para que duren en el tiempo como lo han hecho los legisladores decimonónicos, de tal manera que se cumpla la aspiración de SILVELA, quien, con motivo de la discusión parlamentaria sobre la Ley del Jurado el 21 de abril de 1887 decía que  “las reformas se hagan sin propósito de destruirlas por los Partidos que las combaten cuando alcancen el Poder sino de cumplirlas y respetarlas”.

No convine olvidar que el PSOE ya ha anunciado que derogará la norma y  cambiará el sistema, si llega al Gobierno en las próximas elecciones.

Ante la falta de consenso, es una temeridad política mantener la entrada en vigor (15 de julio de 2015) de la privatización del Registro Civil a favor de los Registradores Mercantiles.
       
4ª.- Aún estamos a tiempo para que los grupos parlamentarios mayoritarios se pongan  de acuerdo en considerar al Registro Civil como una institución del Estado para garantizar la privacidad de la intimidad de la persona, protegida por los artículos 10.1 y 18.1 de la CE, que no puede salir del ámbito de la Administración Pública.
       
5ª.-Los políticos no deben olvidar la historia y la experiencia legislativa, a través de los años,  debiendo encomendar el Registro Civil a los Secretarios Judiciales , quienes desde el año 1870 lo  han controlado eficazmente  como depositarios exclusivos de la fe pública judicial, que han sido preteridos injustificadamente por el legislador.
       
6ª.-Pensamos que, si las fuerzas  políticas no consiguen evitar el desmantelamiento y la privatización del Registro Civil , correremos el riego de  que, si el Tribunal Constitucional o, en su caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaran la nulidad  de dicha privatización, se producirán graves perjuicios  para los ciudadanos y para la Administración Pública.
       
8ª.-El nuevo Ministro de Justicia , conocedor del panorama de la Justicia, tendrá que revisar las extravagancias  legislativas de su antecesor y poner en su sitio al Registro Civil que va hacia un destino incierto muy peligroso y , para lo cual sería conveniente prorrogar la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil de 21 de julio de 2011.
       
9ª.-Nos da la impresión de que los promotores de la  nueva normativa del Registro Civil han pretendido sobretodo proteger y favorecer a los Registradores, olvidándose de  derechos fundamentales de los ciudadanos.

        Salamanca a  27 de octubre  de 2014.
         Por JESÚS SEOANE CACHARRON
                   Doctor en Derecho Procesal y Secretario Judicial.
                   Ex Profesor Asociado de Derecho Procesal.
Ex Presidente y colegiado de honor del Colegio Nacional de     Secretarios Judiciales.
Ex Vicepresidente y Miembro de Honor de la Unión de Secretarios Judiciales.
Vocal de la Ponencia de la Comisión General de Codificación en el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2005.
                  

El proyecto de Ley para conceder la nacionalidad española a los sefardíes, claro ejemplo de que el Registro Civil dejará de ser gratuito

El proyecto de Gallardón y Catalá de privatizar el Registro Civil se basa en dos premisas que son son falsas y no se cree nadie: los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos y todas las actuaciones seguirán siendo gratuitas para los ciudadanos.

La defensa del Sr. Catalá en el día de hoy ante el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen tal condición y su especial vinculación con España, por la que se modifica el artículo 23 del Código Civil y se establece una tasa para determinados procedimientos de adquisición de la nacionalidad española, constituye un claro ejemplo de que el Registro Civil va a dejar de ser gratuito para los ciudadanos. 

Este proyecto de Ley, con la excusa de regular las solicitudes de concesión de nacionalidad a los sefardíes, introduce dos cuestiones completamente ajenas a lo que tradicionalmente han sido los procedimientos de concesión de la nacionalidad española: la tramitación de estas concesiones de nacionalidad por los Notarios y no por los Registros Civiles, y el establecimiento de una tasa para hacer frente al procedimiento regulado en esta ley y para todos los procedimientos de obtención de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza o dispensa.

En cuanto a la tasa la Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley establece que "el devengo de la tasa se produce con la presentación de la solicitud, con independencia del resultado del procedimiento", y su importe será de 75 euros. 

Al proyecto de Ley le resulta indiferente los recursos económicos de los solicitantes o si se solicita la nacionalidad para uno o varios miembros de una familia. Además el pago de la tasa es independiente, en caso de los sefardíes y de los futuros expedientes de nacionalidad que también tramitarán los Notarios si sigue adelante este Gobierno con sus proyectos privatizadores, del pago de los correspondientes aranceles a los Notarios, y de las tasas que habrá que pagar al Instituto Cervantes para acreditar el conocimiento de la lengua y cultura española. Vamos, que hacerse español saldrá por una pasta y muchos no podrán afrontarlo, simplemente porque preferirán dar de comer a sus hijos. 

Catalá compagina la gratuidad del Registro Civil con el pago de estas tasas porque estas actuaciones dejarán de hacerlas los Registros Civiles. Pura privatización, Catalá, pura privatización. ¿No se os cae la cara de vergüenza?

Justicia cambia la cúpula de los registradores y se replantea cómo continuar con la 'privatización' del Registro Civil

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dado un lavado de cara completo a la Dirección General de los Registros y el Notariado y ha cesado al 'número uno' y al 'número dos' de este departamento: Joaquín Rodríguez y Javier Vallejo, respectivamente. Hasta 30 personas que trabajaban en el equipo de Rodríguez han dejado también sus puestos, la mayoría registradores que estaban en comisión de servicios en la dirección general, revocando así sus plazas. Entre ellos, Javier Angulo, que formó parte del equipo que recibió el encargo de Justicia de desbloquear el colapso que en el Ministerio provocaba la tramitación de los expedientes de nacionalidad. Un encargo que levantó polémicas y suspicacias por los intereses que Angulo había tenido en una empresa privada que se benefició en la tramitación de esos expedientes, según adelantó 20minutos. Rafael Catalá ha decidido poner al frente de la dirección general a Javier Gómez Gálligo. 

Los cambios que han llegado con Catalá no son solo orgánicos. La reforma del registro civil, uno de los proyectos estrella del ya exministro Alberto Ruiz Gallardón y que tanta tensión ha provocado en el colectivo de registradores, se está replanteando. Esta reforma supone un cambio de gestión en los registros, que ahora están en manos de los jueces y secretarios judiciales, y que el Ejecutivo quería que fueran dirigidos por los registradores mercantiles. El anterior director general, Joaquín Rodríguez, amigo de Enrique Rajoy (otro registrador hermano del presidente del Gobierno) era uno de los grandes defensores de la reforma. 

El problema de la reforma es que Justicia quería obligar a los registradores a costear el mantenimiento del Registro Civil y les retiraba el control de todo el sistema informático para llevarlo a cabo. Algo que no sentó nada bien a la mayoría. De hecho, en octubre de 2013, se forzaron nuevas elecciones en el Colegio de Registradores. Joaquín Rodríguez y Enrique Rajoy hicieron campaña a favor de la candidatura que perdió, la del antiguo decano Alfonso Candau. Ganó los comicios Gonzalo Aguilera, que representa a las bases del colectivo descontentas con las reformas que quería introducir Justicia. Las elecciones fueron muy reñidas. Aguilera logró hacerse con un total de 489 votos, frente a los 424 de su oponente. En la candidatura de los derrotados estaba la nuera del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón: Teresa Touriñan Morandeira, registradora de la propiedad de Villalba (Lugo). Ahora, según fuentes consultadas, Catalá viene con el mandato de replantearse la reforma del registro y negociarlo todo con los registradores. 

La Junta de Andalucía cree que la privatización del Registro Civil les priva de potestades de gestión que le corresponden

En respuesta a una pregunta oral del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz, De Llera ha pedido al ministro del ramo, Rafael Catalá, que aclare el sistema que va a utilizar para cofinanciar la justicia gratuita tal y como se comprometió en el Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia celebrada en Madrid el pasado 6 de noviembre.

En primer lugar, el titular andaluz de Justicia ha recordado que el Gobierno "está incumpliendo el artículo 11 de la Ley de Tasas ya que no ha recogido en los Presupuestos Generales del Estado una partida para hacer entrega, a las comunidades autónomas, de las cantidades correspondientes a las tasas recaudadas".

Según informa la Junta en un comunicado, De Llera también se ha congratulado de que el nuevo responsable de Justicia del Gobierno central tienda puentes con las comunidades autónomas a través del diálogo, ya que su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, "hacía oídos sordos a las reivindicaciones de las distintas regiones y a las peticiones de los operadores jurídicos".

"PRIVATIZACIÓN" DEL REGISTRO CIVIL

Por otro lado, el consejero ha mostrado su preocupación por la "privatización" del Registro Civil y ante la posibilidad de que la nueva norma "invada competencias propias de las comunidades autónomas porque las priva de potestades de gestión que les corresponden".

El Govern catalán ve vulneración de competencias en la ley de medidas urgentes para el crecimiento, entre ellas en materia de Registro Civil

El Govern ha aprobado este martes en Consell Executiu pedir un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) por posible vulneración de competencias de la ley estatal de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, este paso, previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, responde a que la normativa española podría invadir competencias del Ejecutivo catalán en materia de comercio, energía, empleo, relaciones laborales, autonomía financiera y Registro Civil.

Entre los artículos con los que no está de acuerdo el Govern figuran algunos que incidirían en la regulación de las zonas de gran afluencia turística --sobre las que ya presentó recurso de inconstitucionalidad en 2012, pendiente de sentencia--.

También destaca que la ley estatal podría afectar a la autonomía financiera de la Generalitat y vulnerar su competencia para crear tributos, específicamente en lo relacionado con el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.

Otros artículos que deberá analizar el CGE afectan a la política de desarrollo de la red de transporte de gas, la eficiencia energética, el fomento de la ocupabilidad y el empleo, y las competencias ejecutivas de la Generalitat en materia de Registro Civil.

LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL: ITINERARIO DE UN DESPROPÓSITO (IV)

II.-LA CESION DEL  REGISTRO CIVIL A LOS REGISTRADORES MECANTILES VA HACIA UN DESTINO INCIERTO  MUY PELIGROSO.
       
Como pone de manifiesto la portada (“ Las incertidumbres de la cesión del Registro Civil“) y el editorial  (“La cesión del registro Civil: un salto a lo desconocido“)  de la revista El Notario del siglo XXI de septiembre-octubre de 2014, existen serias incertidumbres en la cesión  del Registro Civil, lo que supone un salto desconocido, poniendo de manifiesto como un asunto de tanta trascendencia se haya podido hacer con semejante precipitación, dejando importantísimas cuestiones abiertas o por resolver , siendo la principal incógnita la financiación, de tal manera que parece inevitable que sean los emprendedores y los usuarios del Registro Mercantil los que tengan que sufragar la millonaria inversión y su futuro mantenimiento. Además señala como la cesión plantea graves problemas de legalidad e incluso de inconstitucionalidad  y apuesta, por tanto, que lo que saldrá de la caja, una vez abierta, no va a ser nada bueno para ninguno de los sujetos implicados.

En la misma Revista critican y ponen en duda la ubicación del Registro Civil en las oficinas de los Registros Mercantiles que abre todo un conjunto de  incertidumbre para el futuro del funcionamiento  de un servicio hasta ahora ejemplar  y publican sendos artículos  los Notarios RODRIGO TENA y MARTINEZ DEL MORAL.

RODRIGO TENA (“La cesión del Registro Civil a  los Registradores Mercantiles. Rien ne va plus“) pone de manifiesto como, si la solución resulta un fracaso o un escándalo será imprescindible la intervención del Estado salvador que se puede llevar por delante, con mucha facilidad, al menos el estatuto de los Registradores implicados.

Se pregunta ¿A que se debe entonces esa pasión por el riesgo.?.Añade “Quizás no lo sepamos todo “.Entre otras cosas,  señala la empresa que va a resultar beneficiaria del proceso de contratación  para la creación y mantenimiento del sistema informático  aplicable a todos los Registros, incluido el Civil, denunciando la opacidad  porque parece que el proceso va a encomendarse a la empresa pública  “Ingeniería de Sistemas para la defensa de España “, entre cuyos atributos no figura precisamente la transparencia.

Un 'doble' de Rajoy recauda dinero ante la privatización del Registro Civil

Trabajadores y miembros del sector de Justicia CC OO volvieron el pasado jueves a realizar una peculiar protesta ante la inminente privatización del Registro Civil, que deja en el aire las condiciones laborales de 3.500 puestos de trabajo a nivel nacional.
En esta ocasión, los representantes sindicales y trabajadores organizaron a las puertas de la Ciudad de Justicia una cuestación popular con la ayuda de un ‘doble’ de Mariano Rajoy con el objetivo de denunciar que el Gobierno «quiere beneficiar al colectivo de los registradores de la propiedad», profesión que ejerce el presidente del Ejecutivo y sus dos hermanos, «regalándoles el Registro Civil para que los mercantilice y lo exploten económicamente en perjuicio de los ciudadanos». Los trabajadores mantendrán la protesta durante las próximas semanas.

LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL: ITINERARIO DE UN DESPROPÓSITO (III)

La tramitación del Real Decreto Ley 18/2014 como proyecto de Ley y el rechazo de las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados.
       
Por  la gran mayoría de los Grupos Parlamentarios de la oposición se han presentado 38 enmiendas en el Congreso, solicitando la supresión de las disposiciones adicionales del Real Decreto Ley que se refieren al Registro Civil.
       
El Congreso (28 de agosto de 2014), con los votos del PP, dio luz verde a la reforma del Registro Civil, rechazando todas las enmiendas de la oposición.
       
En esta sesión, muy acalorada, los portavoces de los grupos de la oposición rechazaron la reforma al considerar que se trata de una privatización  del servicio.
       
El diputado socialista Julio Villarrubia solicitó ampliar la “vacatio legis“ hasta el 1 de enero de 2016 para tratar de conseguir un consenso entre los grupos parlamentarios y los colectivos de la Justicia  y evitar que el PSOE cambie el sistema si gana las próximas elecciones , con graves perjuicios para los ciudadanos. Afirma que el actual Registro Civil exhibe los mejores resultados de toda la UE.

El mismo parlamentario, a  la salida del Congreso (Diario Público.es de 6 de septiembre de 2014) ha aclarado que si su partido llega al Gobierno  se derogará la norma que privatiza el Registro Civil  y que otorga su gestión a los Registradores Mercantiles y que retrotraerá el servicio público tal como funciona hasta ahora .Y finaliza sus declaraciones diciendo que “es un aviso a los que están esperando el negocio, que a lo mejor en corto y medio plazo no pueden consolidar “.
       
Los portavoces del PSOE, IU y PNV ( El Economista de 29 de agosto de 2014 ) abogaron en defensa de sus enmiendas por su apoyo al modelo del Registro Civil llevado por los Secretarios Judiciales a los que consideran mas idóneos por tratarse de un cuerpo superior jurídico , con carácter de `autoridad,  de ámbito nacional  y dependiente del Ministerio de Justicia.

Por su parte la portavoz de UPYD Irene Lozano calificó el Proyecto de  chapuza y engaño a la sociedad, al tiempo que dudaba de la gratuidad del futuro sistema.
       
El portavoz del PP José Castillo, defendió el proyecto y nos sorprendió cuando dijo que “ el Gobierno ha puesto la condición de la gratuidad de las certificaciones “.¿que pasa con las inscripciones y con los expedientes?.Quizás en esta incertidumbre estará el engaño a la sociedad de que hablaba la portavoz de UPYD.
       
Rechazo de enmiendas  en el Senado y publicación de la Ley 18/ 2014.-
       
La gran mayoría de los grupos parlamentarios de la oposición en el Senado han presentado un total de 29 enmiendas en la línea de las rechazadas en el  Congreso.
       
En el pleno del Senado de  1 de octubre de 2014 se ha aprobado el texto remitido por el Congreso, rechazando todas las enmiendas presentadas por la oposición.
       
La Ley 18/ 2014 de 15 de octubre  de 2014, (publicada en el BOE del día 17) de aprobación de medidas urgentes  para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia ha consolidado la entrega del Registro Civil a los Registradores  Mercantiles.
       
Las espadas están en alto; ahora la última palabra la tendrán el Tribunal Constitucional o, en su caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
       
Comisiones Obreras denuncia al Presidente del Gobierno y al ex Ministro de Justicia  por atribuir el Registro Civil a los Registradores Mercantiles.