CCOO pide al nuevo Minsitro de Justicia que retire la privatización de los registros y la reforma de la LOPJ


El sindicato CCOO ha remitido una carta al nuevo Ministro de Justicia Rafael Catalá Polo en la que le piden que convoque la mesa sectorial de negociación y reclama la paralización de la privatización de los registros civiles y la retirada del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

En la carta que CCOO ha dirigido el día de su toma de posesión el sindicato le ha trasladado, entre otras cuestiones, las siguientes: “El proyecto de Ley del Registro Civil contiene un clarísimo proceso de privatización de este servicio público, que se hace además en favor de intereses personales y familiares del propio presidente del Gobierno, del anterior ministro de Justicia y de altos cargos del Ministerio de Justicia, aspecto que CCOO ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado y ante la Oficina de Conflictos e Intereses del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.”

El Consejo de Estado saca los colores a Justicia por intentar crear un colegio de registradores paralelo

- El dictamen pide al ministerio que rehaga el “oscuro” y “confuso” borrador porque contiene elementos “inconstitucionales”
- Dice que el Gobierno se “extralimita” al otorgar competencias sobre todos los registros a la nueva corporación, e interferir en las del Colegio de Registradores
- Hacienda exige “publicidad y concurrencia” para el concurso del polémico nuevo sistema informático registral
- CCOO ampliará su denuncia contra Rajoy y Ruiz- Gallardón ante la Fiscalía General del Estado.

El Consejo de Estado pide al Ministerio de Justicia que rehaga el proyecto de real decreto por el que crea una Corporación de Derecho Público para gestionar el nuevo Registro Civil electrónico. En un dictamen que tacha el texto de Justicia de “oscuro” y “confuso” en muchos de sus artículos, e incluso rechaza por “inconstitucional” alguno de ellos, el órgano consultivo recomienda al ministerio que lo “reexamine en profundidad”. A su juicio, Justicia debe “reconsiderar” las “grandes orientaciones” de la norma, además de “revisar” muchos “aspectos concretos”.

El proyecto de real decreto es uno de los instrumentos del Gobierno para completar la reforma de los registros que está acometiendo y que ha puesto en pie de guerra a los registradores de la propiedad y mercantiles. También al resto de los sectores implicados: desde los funcionarios de Justicia hasta los jueces y secretarios judiciales. El dictamen fue aprobado por unanimidad el pasado jueves. Aunque no es vinculante, sí puede pesar, por la contundencia y amplitud de sus críticas, en el recorrido de la norma.

Pese a que el Ministerio de Justicia aseguró a infoLibre que “está en condiciones de cumplir los plazos” que él mismo se marcó, lo cierto es que éstos acaban el próximo viernes. Y la polémica que acompaña a la reforma está lejos de remitir, a la espera de que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, confirme si continúa adelante con el proyecto tal y como lo ha diseñado la Dirección General de los Registros, bajo el paraguas de Alberto Ruiz-Gallardón, o si cambia de rumbo.

CCOO ya ha anunciado que ampliará la denuncia que interpuso hace dos semanas ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el exministro Ruiz-Gallardón por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros que aprobó la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles el pasado 4 de julio. Tanto Rajoy como dos de sus hermanos son registradores; también lo es la nuera y el cuñado del extitular de Justicia. Además, el sindicato ha denunciado al director general de los Registros, Joaquín Rodríguez, y a uno de sus subordinados, Javier Angulo –ambos registradores– por sus supuestas relaciones con una empresa que los registradores sitúan como la segura ganadora del procedimiento cerrado y sin publicidad convocado para suministrar el sistema informático del futuro registro.

Tanto la asociación de registradores Francisco Cárdenas como el propio Colegio de Registradores van a denunciar la reforma ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La primera también pretende impugnar ante los tribunales los decretos e incluso la adjudicación del sistema informático.

Por qué los compañeros de Rajoy le denuncian

Como llevaría Alberto Ruiz-Gallardón su Ministerio, que en un dictamen del Consejo de Estado al que ha tenido acceso este diario aparece esto: la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia recomienda que se modifique «en contenido, estructura y forma» un proyecto del real decreto del mismo Gallardón. Así de insólito. El ministro dimitió en la misma semana en que explotó discretamente otro lío de su Ministerio con mucha menor trascendencia pública que la reforma de la ley del aborto, pero que afecta personalmente al presidente del Gobierno y a sus hermanos.

Se trata de la decisión del Gobierno del pasado 4 de julio de encomendar a los compañeros registradores de Rajoy la llevanza del Registro Civil y organizar en agosto la discreta adjudicación millonaria de un nuevo y único sistema informático para todos los registros españoles. Todo por «procedimiento negociado y sin publicidad», sólo con empresas invitadas, y alegando «seguridad nacional». Para ello, la ley crea una nueva Corporación de Derecho Público con capacidad de formalizar el contrato al margen del Colegio de Registradores de la Propiedad, al que pertenece el propio Rajoy, que es aún titular -aunque no ejerza- del Registro de la Propiedad de Santa Pola. Todo este extraño montaje legal, que ha desarrollado Gallardón como titular del Ministerio de Justicia, ha provocado que la junta directiva del Colegio de Registradores haya decidido presentar una denuncia sin precedentes ante la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) contra la norma firmada en persona por su compañero Rajoy, por vulnerar, en su opinión, lo que debe ser una contratación pública normal. Así lo desvela el propio decano del colegio, Gonzalo Aguilera, en una carta interna (ver extracto adjunto) a la que ha tenido acceso este diario.

En el Colegio se considera que llevar el Registro Civil es un regalo envenenado y que, peor aún, puede que sea una simple excusa para que alguien dé un pelotazo sin que ellos puedan impedirlo al perder por primera vez el control de su sistema informático, que alberga datos de todos los españoles. Aguilera hace en su carta un relato asombroso de cómo Gallardón le dice que si quiere tener acceso al contrato, el Colegio puede presentarse a última hora al concurso en alianza con alguna empresa tecnológica. Pero Telefónica, Indra y Microsoft dijeron al decano que tenían ya «compromisos previos». Gallardón reaccionó al enterarse con «gran preocupación».

La adjudicación millonaria del nuevo sistema informático del Registro Civil abre una guerra entre Gobierno y registradores

  • El contrato ha sido licitado por una empresa pública del Ministerio de Defensa, Isdefe, en un procedimiento cerrado
  • Los registradores advierten de que el concurso opaco ha sido diseñado para que lo gane la empresa Futuver
  • Denuncian que una minoría dentro del gremio, en cuya órbita sitúan al hermano del presidente Rajoy, maniobra para crear un Colegio paralelo
  • Futuver dice que no se presenta a la licitación, pero que se asociará con la adjudicataria.

La dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón ha puesto un paréntesis en el pulso que los registradores de la Propiedad llevan meses sosteniendo con el Ministerio de Justicia por culpa de la reforma de los registros y la integración del Registro Civil. Un pulso que amenaza con terminar en cisma dentro del Colegio Oficial de Registradores, al tiempo que en una auténtica batalla judicial para detener los cambios ya en marcha. 

Antes del próximo día 4 de octubre debería aprobar el Consejo de Ministros los estatutos de la nueva Corporación de Derecho Público donde el Gobierno quiere integrar a los registradores mercantiles que se encargarán de gestionar el Registro Civil desde el 15 de julio de 2015. Al menos ése fue el plazo que se puso a sí mismo el Ministerio de Justicia cuando el pasado 4 de julio aprobó la cesión: tres meses. 

La nueva corporación es también la que debe formalizar –y pagar– el contrato del sistema electrónico integrado que compartirán todos los registros de la Propiedad y Mercantiles a partir del 15 de julio de 2015. Pero, antes, la aplicación informática habrá sido licitada y adjudicada por la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa.

Según las fuentes consultadas por infoLibre, el reglamento que incluye los estatutos de la nueva corporación se encuentra pendiente del preceptivo, aunque no vinculante, dictamen del Consejo de Estado, ante el que 150 registradores han presentado alegaciones. “Estamos en condiciones de cumplir el plazo”, se limita a decir, por su parte, una portavoz de Justicia. Menos aún se sabe de la licitación del Isdefe: se trata de un procedimiento cerrado, del que se encarga Defensa por razones de “máxima seguridad” y confidencialidad, la de los millones de datos que manejará ese sistema integrado. Las fuentes consultadas cifran en cerca de 80 millones de euros el importe del contrato, aunque algunos especialistas consideran que esa cantidad es “disparatada” respecto al “valor de mercado de un software similar”.

Nueva protesta laboral por el traslado del Registro Civil a Murcia

Trabajadores de varios juzgados realizaron ayer una nueva concentración a las puertas del Palacio de Justicia de Cartagena, para protestar contra la decisión del Gobierno de encargar la gestión del Registro Civil en manos de los registradores mercantiles y trasladar la sede a las capitales de provincia. Asimismo, reclamaron al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá (quien sustituirá al dimitido Alberto Ruiz-Gallardón), que mantenga el partido judicial y descarte el traslado de los juzgados a Murcia.

En relación con el Registro, la portavoz de Comisiones Obreras en el sector judicial, Gertrudis Peñalver, pidió el apoyo de la ciudadanía, porque a día de hoy, con las reformas aprobadas por el Gobierno central «el Registro Civil se va a la ciudad de Murcia, ya que sólo hay una sede de los registradores mercantiles por provincia».

Sobre las consecuencias del traslado del Registro y de los juzgados para los cartageneros, Peñalver puso este ejemplo: «La persona que tenga que pedir un certificado de nacimiento, tendrá que irse a Murcia capital. Y quien se vea envuelto en la cosa más pequeña, como un accidente de tráfico, también. Los afectados, los testigos, los abogados, los procuradores, los peritos... todos tendrán que recorrer 100 kilómetros para comparecer en los juicios, con el gasto económico y el tiempo que eso supone». Y concluyó: «Yo creo que es suficiente como para defender que los juzgados se queden en Cartagena».

La reforma del Registro Civil, la madre de todas las batallas para el nuevo Ministro de Justicia

La reforma del Registro Civil se ha convertido en la madre de todas las batallas para el nuevo Ministro de Justicia, en la que deberá demostrar su talante negociador. 

Por un lado, desde el ámbito de la Administración de Justicia la inmensa mayoría de asociaciones profesionales y organizaciones sindicales se han pronunciado en contra de la privatización del Registro Civil, de su asunción por los Registradores Mercantiles y por tanto de su salida de dicha Administración. Decenas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas han aprobado resoluciones contra la privatización del Registro Civil y la pérdida de sus oficinas en el medio rural.  

A su vez, la totalidad de los grupos de la oposición rechazaron en el trámite de enmiendas a la Ley derivada del Real Decreto Ley 8/2014 que el Registro Civil pueda ser asumido por los Registradores Mercantiles, al considerar que se trata de una privatización del servicio que además rompe el consenso con que nació la Ley 20/2011, prácticamente el último de los consensos alcanzados en sede parlamentaria. Durante el enconado debate parlamentario en el Congreso de los Diputados, los grupos de la oposición mostraron además sus sospechas de que detrás de esta reforma pueda encontrarse hasta un posible negocio de empresas de informática, dudaron de que los registradores realicen el servicio con carácter gratuito y denunciaron un intento de privatización del servicio. Desde luego parece claro que la privatización del Registro Civil no tiene nada que ver con la mejora del servicio público, sino que priman intereses corporativistas de un grupo de Registradores Mercantiles. 

A ello hay que añadir el enfrentamiento entre el Colegio de Registradores y la Dirección General de los Registros y del Notariado, pues dicho Colegio se negó a asumir el Registro Civil sin que tuviera una fuente propia de financiación (aranceles a pagar por los ciudadanos por el uso de sus servicios) y el Ministerio se negó a aceptar que la plataforma electrónica del Registro Civil fuese la actual plataforma electrónica del Colegio de Registradores, lo que ha culminado en la introducción en el Real Decreto Ley 8/2014 de una Corporación Pública de la que dependerían los registradores mercantiles y civiles y firmará los contratos de dicha plataforma, y la sujección de los aranceles obtenidos en los Registros Mercantiles a la financiación del nuevo Registro Civil, lo cual resulta contrario a la doctrina establecida por la Unión Europea respecto al pago de servicios. 

Por último, todo el mundo sospecha que quien realmente está detrás de la privatización del Registro Civil es el propio Rajoy, auspiciada por su hermano y la Asociación a la que pertenece, y así lo ha dejado caer más de una vez el propio Director General de los Registros y del Notariado, por lo que la retirada del proyecto que clama a gritos casi toda la comunidad jurídica, la oposición al Gobierno y múltiples ayuntamientos, Comunidades Autónomas, asociaciones de consumidores, etc, deberá contar con su visto bueno. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ya ha dicho que cuando llegue al gobierno derogará la privatización del Registro Civil, y esa es la escusa que ha puesto Rajoy para no seguir adelante con la Ley del aborto, lo que ha provocado la dimisión de Gallardón.

Llamazares pide al nuevo Ministro que retire la privatización de los Registros Civiles

El diputado de IU Gaspar Llamazares pidió este miércoles al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, que retire la privatización de los registros civiles para demostrar que se empieza "un nuevo ciclo".

Así se expresó el diputado de La Izquierda Plural en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre los asuntos a los que se enfrenta el nuevo titular de Justicia, quien tomará previsiblemente posesión de su cargos la próxima semana. 

"Debería hacer honor a esa posición no tan ideológica como el señor Gallardón y retirar la privatización de los registros civiles", justificó el diputado de IU al recordar que Català ha tenido distintas responsabilidades, como en el sector sanitario (fue subdirector general de Personal Estatutario del Ministerio de Sanidad y Consumo desde 1988 a 1992). 

Sobre la privatización de registros civiles, que anunció Gallardón el pasado mes de junio, dijo Llamazares que, de retirarse, "sería la demostración de que empezamos un nuevo ciclo". Por el contrario, "sería continuar las medidas de recorte y de privatización del Gobierno". 

CCOO se congratula por la dimisión de Gallardón, pero no basta: Rajoy debe retirar la privatización de los registros civiles y la reforma de la LOPJ

La dimisión del ministro Gallardón era una exigencia de millones de personas y de miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y de CCOO, por la política que ha venido realizando desde que tomó posesión como ministro de Justicia.

CCOO considera que la trayectoria del ministro Gallardón ha sido lamentable y siempre ha actuado contra los derechos democráticos de la ciudadanía. Su proyecto, y el de Rajoy, rechazado mayoritariamente por la ciudadanía, de reforma de la Ley del aborto, ha sido el desencadenante, pero también ha pretendido desmantelar la Administración de Justicia desde que tomó posesión. Ha aprobado la Ley de Tasas Judiciales, que ha condenado a decenas de miles de ciudadanos a la indefensión ante los Tribunales, ha impulsado la aprobación del proyecto de Ley de Justicia Gratuita que deja sin capacidad de defensa a la inmensa mayoría de la ciudadanía; ha mantenido un intento constante de ir privatizando servicios de la Administración de Justicia con proyectos como el de ley de Jurisdicción voluntaria, y un largo etcétera de actuaciones contra la ciudadanía y los trabajadores y trabajadoras.

Pero una nueva escalada contra los derechos de la ciudadanía se iba a producir, cuando Gallardón y el Gobierno aprobó el 4 de julio la privatización de los Registros Civiles.

Esa privatización demostraba que poco les importaban que toda la sociedad estuviera en contra de esa decisión e incluso que todos los grupos parlamentarios la rechazaran. Desde el punto de vista de CCOO, la privatización de los Registros Civiles demostraba la presunta colisión de intereses del ministro Gallardón y de Rajoy, porque ambos podrían estar actuando contra la ley, al existir presuntos intereses oscuros en esa decisión. Por eso, CCOO presentó, el pasado 8 de septiembre, denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno y el ministro Gallardón.

5000 plazas de la Administración de Justicia van a desaparecer de un plumazo

Entrevista a Ramón Alvaré, Secretario General del Sector de Justicia de CCOO 
Finalmente habrá convocatoria de huelga en los Registros Civiles dependientes del Ministerio de Justicia?
Sin lugar a dudas, la huelga está fijada para el 8 de octubre y será en todo el ámbito estatal, no sólo en aquellos territorios dependientes del Ministerio de Justicia. La privatización de este servicio público afecta a toda España, a todos los trabajadores/as de la Administración de Justicia y a todos/as los ciudadanos/as que van a perder otro servicio público a manos privadas.
¿Qué significaría para el ciudadano la externalización de este servicio, ya que el propio Ministerio dice que serán más eficaces y no tendrá ningún coste adicional?
Ya de partida el Ministerio ha reconocido que el servicio no será tan directo como se da en la actualidad ya que estará centralizado en las capitales de provincia, con lo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas dejarán de tener ese acceso tan directo que tienen a día de hoy desde los registros civiles y los Juzgados o Agrupaciones de Paz. El ciudadano perderá la profesionalidad de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, que tan bien han llevado el servicio durante más de 100 años pese a la escasez de medios que han tenido que padecer. Resulta curioso que pretendan llevar la modernidad y los avances informáticos al Registros Civil cuando se pretende privatizar y no cuando es un servicio público servido por funcionarios y funcionarias como ha sido hasta ahora.
Tampoco nos queda nada claro cuando se habla de la “gratuidad”. Desde el principio han querido vender a la opinión pública que iba a seguir siendo un servicio gratuito pero hace escasos dos meses se ha demostrado que no es así. Para temas de nacionalidad habrá que ir previamente a los notarios y ahí ya empezamos con unos pagos superiores a los 50 euros, cuando hasta ahora ese servicio es completamente gratuito.
¿Cuántos empleados públicos podrían verse afectados por esta medida?
Entre personal de Juzgados de Paz y Agrupaciones de Juzgados de Paz, y personal que presta sus servicios en los diferentes Registros Civiles de toda España hay más de 5000 funcionarios/as afectados. 5000 plazas que van a desaparecer de un plumazo.
¿Qué pasaría con estos empleados públicos, sería recolocados en otros servicios?
El Ministerio a la fuerza recolocará al personal titular que presta sus servicios en esos puestos de trabajo. El problema se plantea con el personal no titular, los compañeros y compañeras que son interinos. A los que sirven en estos puestos que van a desaparecer no tienen la obligación de reubicarlos, y los que sirven en otros destinos verán cómo a sus plazas llegará personal reubicado de las plazas que se pierden, difícilmente el Ministerio de Justicia o las Comunidades correspondientes mantengan a dos personas en una misma plaza.
¿Cree que esta decisión tiene vuelta a atrás?
Desde Comisiones Obreras estamos convencidos de que sí. Sobran ejemplos en los que la lucha de los diferentes colectivos ha servido para dar marcha atrás medidas como la que nos afecta por la privatización del Registro Civil. El Ministerio de Justicia ha dejado marcado el camino que nos queda para dar marcha atrás a esta decisión: ¡La lucha!

Para UGT el Ministerio de Justicia pretende que el contrato millonario de la futura plataforma informática del Registro Civil escape de todo control público

FSP UGT denuncia en una hoja informativa que el borrador de Real Decreto remitido a informe del Consejo de Estado, en relación a la Corporación de Derecho Público que conforme el Real Decreto Ley 8/2014 tiene que crearse para la contratación del nuevo sistema informático del Registro civil y la aplicación de su llevanza en formato electrónico, en la que  estarán integrados de forma obligatoria todos los registradores mercantiles que en cada momento resulten responsables de la llevanza de los Registros Civiles y Mercantiles, está redactado de tal forma que dicha contratación escapará de todos los controles propios de la legislación de contratos del sector público. 

Según informa UGT la Disposición Adicional RDL 8/2014 de 4 de Julio , establece que una norma reglamentaria, determinará la estructura y órganos de la Corporación. Esta norma Reglamentaria no esta todavía aprobada, aunque se ha elaborado un borrador de RD y remitida al Consejo de Estado para informe.

Este borrador que esta pendiente de informe del Consejo de Estado tiene una serie de peculiaridades:
1. La Corporación de Derecho Público se pondrá en funcionamiento en el plazo de 15 días desde la entrada en vigor de los estatutos, y a tal efecto, se constituirá un “Consejo Ejecutivo Provisional”, integrado por los “encargados de los Registros Mercantiles”, de siete provincias españolas, designado “a dedo” por el Director General de los Registros y del Notariado, con plenas competencias para contratar. La formalización de los contratos relativos al sistema informático se le impone a la Corporación de Derecho Público antes del 5 Octubre 2014.
2. El contratista se seleccionará por la Administración, a través de la empresa pública “Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España”, (ISDEFE) u otro medio propio o unidad administrativa que determine el Ministerio de Justicia, a quien le corresponderá, además “la adjudicación de los contratos".
3. Califica el contrato como “de interés estratégico para la defensa nacional” y así se consigue limitar aún más la transparencia de la adjudicación, pues se limita la publicidad de los licitadores y las condiciones de los pliegos contractuales.
4. Se impone una clausula de confidencialidad millonaria.
5. Los Estatutos de la Corporación aseguran que la misma firme el contrato con el adjudicatario que indique la Administración, eso si, a través de un procedimiento no administrativo.
6. Para ello se crea el Consejo Ejecutivo Provisional de la Corporación de Derecho Público, el cual no es elegido democráticamente, como impone la Constitución, sino a dedo por el Director General, que designa nominalmente a sus siete miembros.
7. Al realizarse el contrato entre una empresa privada informática y una Corporación de Derecho Publico, que a estos efectos está sometida al régimen de Derecho Privado, la Administración escapa de todos los controles propios de la legislación de contratos del sector público, no está obligada a pagar ninguna cantidad, y por supuesto no tendrá la titularidad del programa, que permanecerá, como hemos visto, en manos privadas.

La puntilla de este disparatado procedimiento, está en que, en el Proyecto de RD de aprobación de Estatutos de la Corporación de Derecho Público, que esta en el Consejo de Estado para su preceptivo informe, se establece la irresposabilidad de los siete miembros del Comité Ejecutivo Provisional (facultad reservada para el Rey), con relación a los actos que ejecuten en su condición de tales, y por tanto respecto de la conclusión del programa informático que ellos necesariamente concluirán.

La consecuencia de esta arbitraria prerrogativa es que la responsabilidad última por cualquier eventualidad derivada del contrato informático, será necesariamente del Estado que podría tener una cuantía de varias decenas de millones de euros.

CCOO convoca huelga en la Administración de Justicia de toda España el día 8 de octubre en defensa del servicio público, contra la privatización del Registro Civil y contra la reforma de la LOPJ

Las reformas que el Gobierno está pretendiendo imponer en la Administración de Justicia tienen el mismo objetivo que las medidas que ha venido adoptando en otros servicios públicos, como la sanidad o la educación, recortar derechos sociales y laborales. 

La privatización del Registro Civil y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, supondrán la pérdida de miles de puestos de trabajo, un duro retroceso en los derechos laborales y retributivos de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, además de añadir nuevos impedimentos a la ciudadanía para el acceso a la Justicia. Todas estas reformas, y sus objetivos, están incluidas en el Plan Nacional de reformas que el Gobierno del PP ha remitido a Bruselas para el periodo 2015-2017 y para CCOO es fundamental conseguir el mayor consenso posible para luchar contra todas estas reformas cuyo objetivo final no es otro que lar el servicio público de la Administración de Justicia.

PARA CCOO EXISTEN RAZONES MÁS QUE SUFICIENTES PARA CONVOCAR UNA HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

- La privatización del Registro Civil supone una agresión al servicio público que convierte en un negocio privado la realización de actos obligatorios para la ciudadanía, además supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia.

- La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que de nuevo incide en el deterioro del servicio público al eliminar cientos de Partidos Judiciales, que inevitablemente conllevará la desaparición de cientos de órganos judiciales y al establecer la desaparición de las Audiencias Provinciales y de los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones de Juzgados de Paz. Además privatiza los actos de comunicación y ejecución que adjudica a los Procuradores, a los que, también, les atribuye la condición de agentes de la autoridad; crea las condiciones y establece los mecanismos para destruir miles de puestos de trabajo y modificar radicalmente las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia además de suponer un duro ataque a los derechos laborales y retributivos.

- La firma de un preacuerdo por tres organizaciones sindicales cuya ambigüa redacción no garantiza el servicio público, ni el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, ni los derechos laborales y retributivos del personal de la Administración de Justicia. Por eso, CCOO no firmó dicho preacuerdo, y presentó al Ministerio de Justicia, tanto en la mesa sectorial del 10 de julio, como de manera reiterada en escritos y cartas posteriores remitidas al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, una propuesta alternativa que recogía la redacción precisa que sí garantiza esos derechos, reiterando, además, la necesidad de continuar con la negociación en la mesa sectorial.

Por todo esto CCOO llama a los trabajadores y a las trabajadoras de la Administración de Justicia y a cualquier organización del ámbito de esta Administración y a la ciudadanía a secundar la jornada de huelga convocada por CCOO para el próximo día 8 de octubre en toda la Administración de Justicia de España para defender el servicio público, contra la privatización del Registro Civil y contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El PP está solo en la privatización del Registro Civil y pretende regalar a los Registradores Mercantiles los registros de actos de última voluntad y seguros de vida, para financiarlo

El Gobierno, acuciado por la denuncia de inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 8/2014, que entre otras cuestiones establece la privatización del Registro Civil y su asignación a los Registradores Mercantiles, aceptó que con posterioridad a la convalidación de este Real Decreto Ley en el mes de julio se tramitase como un proyecto de Ley en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, para que todos los partidos políticos pudiesen presentar enmiendas a semejante chapuza legislativa.

El resultado de las enmiendas presentadas es concluyente: TODOS los partidos de la oposición solicitan la derogación de la Disposición Adicional 21 del Real Decreto Ley 8/2014, en virtud de la cual el Registro Civil estará encomendado a los Registradores Mercantiles y el PP está sólo en la defensa de dicha asignación.

Los argumentos de todos los partidos, salvo el PP, para rechazar la entrega del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, son contundentes:
  
- Los actos y demás inscripciones registrales del Registro Civil son totalmente desconocidas para los Registradores Mercantiles, y puede entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y diversa Jurisprudencia en la materia.
- No es aceptable poner en riesgo la privacidad y confidencialidad de datos especialmente protegidos al pasar a ser gestionados por personal de un ámbito privado.
- Se quiebra el principio de proximidad de los ciudadanos a los servicios públicos. Las oficinas del Registro Civil solo estarán ubicadas en las capitales de provincia
- Se trata de una privatización de un servicio público, contradiciendo lo dispuesto en la Ley 20/2011 de Registro Civil
- Una Ley  que fue aprobada por consenso debe ser modificada por consenso, como garantía de acierto y de perdurabilidad de la norma, algo fundamental en una Ley que regula una institución capital como es el Registro Civil.
- No está de acuerdo ningún grupo parlamentario salvo el Partido Popular. Tampoco está de acuerdo el Colegio de Registradores ni nadie de la comunidad jurídica.
- La llevanza del Registro Civil debe ser encomendada a los profesionales actuales, que han acreditado suficiente capacidad para ello. Renunciar a ellos supondría la pérdida de un capital humano cualificado y experto que ha venido desempeñando esta función durante años
Además diversos grupos parlamentarios (PNV, IU-La Izquierda Plural, PSOE) defendieron enmiendas para que el Registro Civil sea asignado a los Secretarios Judiciales.

Aun a pesar de la unanimidad de toda la oposición parlamentaria en rechazar la entrega del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, como era de prever, el Partido Popular del Congreso rechazó todas las enmiendas de la oposición presentadas al respecto, lo que deja clara la soledad del Partido Popular en su tarea de privatizar un servicio público esencial como es el Registro Civil.

Pero es que además el Partido Popular trajo una nueva sorpresa al texto del Real Decreto Ley, al aprobar una enmienda a la Disposición Adicional 24 de dicho texto para que el sistema informático del Registro Civil incorpore “otros registros y servicios cuya organización y dirección es competencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado”.  Según la justificación del PP a dicha enmienda, estos Registros son los relativos a “nacionalidad, actos de última voluntad y seguros de vida”. Según el PP estos Registros están directamente relacionados con el Registro Civil y por tanto parece conveniente tanto desde el punto de vista económico como desde el organizativo que los mismos se incluyan en la plataforma del Registro Civil.

La justificación que da el PP a su enmienda es una burda mentira y únicamente busca asegurar una fuente de ingresos adicional a los Registradores Mercantiles.

Es evidente que el Registro de actos de última voluntad, donde se registran los testamentos otorgados por los ciudadanos, y que el Registro de Seguros de Vida, nada tienen que ver con el Registro Civil, salvo por el hecho de que su efectividad viene condicionada por la defunción de quien los haya suscrito u otorgado. Estos Registros ya existen, existe un registro electrónico donde se inscriben y por tanto no es preciso en modo alguno crear una nueva plataforma electrónica para su registro. Hoy, para la obtención del certificado de actos de última voluntad o de seguros de vida hay que pagar una tasa de 3,46 €, y si se pide a través de la plataforma electrónica del Colegio de Notarios hay que pagar cerca de 10 euros. Lo que pretende el PP es lisa y llanamente adjudicar a los Registradores Mercantiles la llevanza de estos registros electrónicos, que se alimenta con los datos facilitados por Notarias y Seguros, y por tanto que se queden los Registradores Mercantiles con la tasa que pagan todos los ciudadanos para su certificación.  

En cuanto al “registro de nacionalidades”, a día de hoy no existe ningún registro de este tipo. El Colegio de Registradores tuvo que pagar una fortuna a una sociedad de que la era Consejero Delegado un asesor del Ministerio de Justicia para tener un programa para la gestión de los expediente de nacionalidad, y parece ser que lo que se pretende por vía de esta enmienda es “incorporar” dicho programa a la nueva plataforma del Registro Civil, pagando al Colegio de Registradores lo abonado por los mismos. Además este programa no tiene nada que ver con un Registro de Actos de Estado Civil, pues el programa de nacionalidades es para gestionar la tramitación de un tipo concreto de expedientes, que permite la interconexión con la Policía Nacional, el Registro de Penados y Rebeldes, etc. Por otro lado, el Ministerio de Justicia ya anunció que establecerá una tasa de cerca de 100 € a pagar por los extranjeros por el uso de la futura plataforma electrónica a través de la cual se tramitarán los expediente de nacionalidad, dinero que iría directamente al bolsillo de los Registradores Mercantiles.

Todo esto pone de manifiesto la hipocresía de Gallardón, su equipo y el Partido Popular en esta materia. No se puede hablar de “regeneración democrática” y gobernar en beneficio de un colectivo, rompiendo en consenso en cuestiones básicas que afectan a los servicios públicos.


Pero es que hay más: la plataforma digital que se diseña no sólo servirá para la gestión del Registro Civil. Según la Memoria de Impacto Normativo del Real Decreto Ley 8/2014 “para aprovechar las infraestructuras de seguridad creadas, incluidas las redes de comunicaciones, se prevé la incorporación de los demás registros jurídicos a cargo de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles al sistema informático único en la forma que reglamentariamente se determine”. Ello significa, según el PSOE y CIU,  que se intenta introducir subrepticiamente una reforma sustancial de los registros de la propiedad y mercantiles a través de la incorporación de estos a la plataforma tecnológica que se crea con motivo de la asignación del Registro Civil a los registradores que desempeñen funciones de Registro Mercantil. Todo ello apunta a indicar que de una manera precipitada se pretende abordar una operación de mucho mayor calado, consistente en privatizar la llevanza electrónica de todo el sistema registral español sin que haya razón alguna para ello. 

Bueu rechaza en pleno la ´privatización´ del Registro Civil

La corporación de Bueu rechazó ayer en sesión plenaria y por unanimidad la pérdida de funciones del Registro Civil en beneficio de los Registros Mercantiles, tal y como se recoge en algunas de las disposiciones del Real Decreto Ley de aprobación de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia. La iniciativa, presentada por el concejal del PSOE José Castro, contó con el respaldo del BNG, PP y de la edil no adscrita, Laura Ogando.

En su argumentario, Castro apuntó que gestiones que hasta ahora se hacían en el Registro Civil o el Juzgado de Paz se pasan ahora a los registros mercantiles, lo que supone "alejar los servicios públicos de la sociedad", además de abrir las puertas "a la privatización del Registro Civil, ya que el Mercantil es, a todos los efectos, privado". Y criticó el hecho de que esta modificación se "metiese con calzador", en un Real Decreto voluminoso y con cuestiones que afectaban hasta a ocho ministerios.

CCOO denuncia que la reforma de los registros civiles costará a los cordobeses más de un millón de euros al año

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha manifestado su oposición a la postura del Gobierno de privatizar el Registro Civil y obligar a la ciudadanía a pagar por unos servicios obligatorios (inscripción y certificado de nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio, nacionalidad, tutela, actos de última voluntad, etc.) que hasta el momento eran gratuitos, porque eran prestadas por personal público sin ánimo de lucro. De hecho, según los datos de CCOO, sólo en Córdoba, los 500 funcionarios de la Administración de Justicia realizan más de 90.000 trámites judiciales anuales que de tener que pagar supondrían, más de un millón de euros anuales.

Así, CCOO ha criticado la reforma integral de los registros civiles, porque contiene modificaciones radicales para la tramitación de los actos judiciales, hechos y circunstancias que guardan relación con la identidad de las personas y por entregar todas esas actuaciones a los registradores de la propiedad y mercantiles que cobrarán por esos mismos servicios. 

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Luis Mena, ha señalado que la aprobación de esta reforma puede estar plagada de “conflicto de intereses”, pues si el Ministerio de Justicia entrega a los registradores, que son fedatarios públicos pero que no cobran de los presupuestos del Estado, sino de los aranceles que pagan los usuarios, la gestión de los registros civiles, se puede plantear, como mínimo, la duda razonable de si el proceso no está viciado desde su comienzo.

Además, se reducirá el número de registros civiles a uno por provincia, y se elimina el Registro Civil Central. Igualmente, los notarios tendrán la competencia de celebración del matrimonio civil, así como de la tramitación del expediente previo y de la escritura pública que será remitida al Registro Civil, por lo que el matrimonio civil deja también de ser gratuito, ha destacado Mena.

El sindicato ha criticado que después de que el Ministerio de Justicia haya gastado más de 128 millones de euros en la modernización e informatización de los registros civiles, se entregue a los intereses privados la gestión y cobro por actos obligatorios. Para Mena, la privatización de los registros civiles es un nuevo recorte social que perjudica, una vez más, a las personas con ingresos más reducidos que van a ver imposible el acceso a la justicia por las tasas y, ahora, por el pago por certificaciones obligatorias que ya pagan con impuestos y aranceles.

La organización sindical se opone, por tanto, a la cesión del Registro Civil y lo considera “un deterioro del servicio público de la justicia”, porque supone desmontar un servicio público gratuito para cedérselo a un colectivo que buscará intereses particulares y beneficios económicos a través del cobro de tarifas que actualmente no existen.

En el mismo sentido, CCOO ha propuesto realizar un llamamiento al resto de las organizaciones sociales y sindicales de la Administración de Justicia, y/o asociaciones afectadas a formar un “frente común contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia que este Gobierno está llevando a cabo”, ha apostillado Mena.

IU pide a Rajoy que aclare el proyecto de privatizar el Registro Civil, tras el que ve intereses ocultos

El diputado de IU por Asturias Gaspar Llamazares y el senador de la coalición Jesús Iglesias alertaron ayer sobre la opacidad del proyecto del gobierno para privatizar el Registro Civil y dejar sus funciones en manos de los registradores mercantiles, un colectivo de apenas mil funcionarios al que pertenece Mariano Rajoy y que califican como una "anomalía", porque no les remunera el Estado, sino sus clientes. Llamazares exige al Gobierno que aclare su posición en un proceso en el que se insinúan "unas turbias relaciones entre el registro e intereses desconocidos".

Jueces para la democracia no asiste a la apertura del año judicial por la degradación de la justicia

Jueces para la Democracia ha acordado no acudir al acto de apertura del año judicial, como muestra de disconformidad ante la grave situación de la administración de justicia y ante las actuaciones del Gobierno que resultan contrarias a la independencia judicial. Creemos que resulta necesario denunciar la creciente degradación que provoca en nuestros juzgados y tribunales la falta de inversión en Justicia, en una situación marcada por la insuficiencia de medios materiales y personales. Y debemos recordar que nos encontramos a la cola de los países europeos en el porcentaje de jueces/as por habitante.

Desde el poder ejecutivo no se ha mostrado la voluntad política necesaria para profundizar en la necesaria implantación de la nueva oficina judicial. Y tampoco se han querido abordar las reformas estructurales necesarias para modernizar nuestra administración de justicia. Los tiempos de respuesta en los procedimientos siguen sin reducirse. Y esta actuación insuficiente resulta especialmente llamativa en los asuntos de corrupción, ante la carencia de medios, lo cual está provocando la desconfianza de la ciudadanía hacia nuestro sistema judicial. Por otro lado, la falta de creación de órganos judiciales ha generado la insostenible situación de cientos de jueces y juezas en expectativa de destino, recién incorporados a la carrera, que se encuentran actualmente sin plaza y en una situación de precariedad incompatible con el principio de inamovilidad judicial.

Las únicas innovaciones del ministro Gallardón han consistido en actuaciones privatizadoras del servicio público, como la entrega injustificada de los registros civiles a los Registradores Mercantiles o la agresiva implantación de las tasas, que está afectando al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y está causando una injusta discriminación por motivos económicos. Y muy recientemente, cuando apenas queda tiempo en este último año de legislatura para el trámite parlamentario, se ha presentado precipitadamente una propuesta de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se apuesta por una judicatura jerarquizada y sometida al control político, en un manifiesto ataque a la independencia judicial y a la división de poderes.

Secretarios judiciales difunden en la apertura del año judicial un manifiesto contra la "privatización" de la Justicia

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) han difundido el día de la apertura del año judicial un manifiesto conjunto en protesta por la cesión de competencias a registradores y notarios y la "perplejidad" por el trato que el Ministerio de Justicia dispensa a los fedatarios públicos.

Ambas asociaciones, que integran la Plataforma Conjunta de Secretarios Judiciales, han salido en defensa de la "dignidad profesional" del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales y el servicio público al ciudadano.

En este sentido, ha mostrado su "frontal rechazo" a la entrega del Registro Civil a los registradores mercantiles, al suponer la "privatización" de un servicio que se presta "en excelentes términos de eficiencia" y que podría haber sido asumido a coste cero por los secretarios judiciales, a quienes avala el conocimiento de la función y legislación registral, su experiencia, vocación de servicio público y la más alta cualificación profesional y técnica.

Pedro Sánchez se compromete contra la privatización en el ámbito de la Administración de Justicia

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido hoy ante un grupo de manifestantes contra la reforma judicial a oponerse a la modificación de la ley del poder judicial y a la privatización de los servicios públicos como el Registro Civil.

Tras asistir a la solemne apertura del Año Judicial, el líder del PSOE ha sido reclamado por un grupo de funcionarios de la Administración de Justicia que protestaban en la plaza de las Salesas contra la reforma judicial y la situación del Registro Civil.

Sánchez se ha acercado a ellos y les ha explicado que el PSOE se va a oponer al proceso de privatización del Estado de bienestar y los servicios públicos que, a su juicio, impulsa el Gobierno del PP.

Tras calificar de "barbaridad" la privatización del Registro Civil, ha recordado que el PSOE se ha opuesto a ella en iniciativas presentadas en el Congreso y ha prometido que si los socialistas llegan al Gobierno se va a retomar el asunto. "Cuando lleguemos al Gobierno lo vamos a revertir", ha insistido en referencia a la privatización de servicios como el Registro Civil.

Asimismo ha explicado a los manifestantes que el PSOE está contra la supresión de los partidos judiciales y ha avanzado que presentará mociones en este sentido en todos los ayuntamientos.

Cientos de trabajadores y delegados de CCOO exigen la dimisión de Gallardón en la apertura del año judicial

Cientos de trabajadores/as y delegados/as de CCOO exigieron ayer la dimisión de Gallardón por sus infames reformas que, dentro del plan ideado por el Gobierno del PP para acabar con los servicios públicos, pretenden el desmantelamiento de la Administración de Justicia.

La concentración convocada por CCOO en solitario ante el Tribunal Supremo (a pesar del llamamiento realizado al resto de organizaciones sindicales para formar un gran frente unitario contra las gravísimas reformas de Gallardón de la Administración de Justicia) ha tenido dos objetivos fundamentales:

1.- Mantener la presión para que el Gobierno dé marcha atrás en la privatización de los Registros Civiles, decisión consumada por el Gobierno tras la aprobación el pasado 4 de julio por el consejo de ministros del RDL 8/2014 que los entrega a los registradores mercantiles. Como viene informando CCOO, entre otras múltiples actuaciones llevadas a cabo contra esta decisión, CCOO ha presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia por su actuación en esta decisión que podría vulnerar presuntamente, la ley 5/2006 de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, ya que no consta inhibición o abstención de los mismos en la votación y la decisión afecta a intereses directos y a los de familiares muy próximos.

2.- Paralizar la reforma de la LOPJ que pretende aprobar el Gobierno en un próximo consejo de ministros (para el inicio inmediato de su trámite parlamentario), que crea un instrumento para permitir a la Administración eliminar cientos de partidos judiciales y de órganos judiciales cuando lo consideren necesario, la dota de una herramienta legal que permitirá amortizar miles de puestos de trabajo, no garantiza las retribuciones actuales, elimina lo establecido en el vigente artículo 523 de la LOPJ de 2003 -que imposibilita la movilidad forzosa fuera del municipio-, privatiza de los actos de comunicación y ejecución con su entrega a los procuradores y, en definitiva, supondrán un inmenso retroceso de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia además de alejar la justicia de la ciudadanía lo que implica un nuevo impedimento para el acceso a los servicios públicos básicos en un estado de derecho. 

Gallardón comenzó sus políticas encaminadas a adoptar incalificables medidas de ataque a los derechos de las personas con la imposición de laLey de Tasas Judiciales, que ha dejado a una inmensa mayoría de la población sin posibilidades para acudir ante los Juzgados a defender sus derechos, continuó con la ley de justicia gratuita que ahonda más en esta indefensión y siguió con la ley de jurisdicción voluntaria que privatiza otra parte de la Administración de Justicia al poner en manos de registradores y notarios muchos de los procedimientos que hasta ahora eran competencia exclusiva de Juzgados y Tribunales y ha dado la mayor vuelta de tuerca hasta el momento con la privatización de los Registros Civiles y la reforma de la LOPJ.

Los extranjeros que quieran nacionalizarse pagarán 35 euros por una prueba de idioma. UGT advierte de que el examen es el primer ejemplo de la privatización del Registro Civil

El Gobierno va a obligar a partir de ahora a los inmigrantes que quieran nacionalizarse a aprobar una prueba de idioma y cultura. El Ministerio de Justicia ha encomendado la realización del examen al Instituto Cervantes, que cobrará 35 euros a los interesados, según reveló ayer el responsable de Justicia de UGT en Alicante, Juan Pedro Pelegrín. El Ejecutivo va a elaborar un manual que deberán estudiar los aspirantes sobre el que se evaluará su grado de integración y conocimiento de la cultura española. Los únicos que no van a tener que hacer el examen son los inmigrantes nacidos en países de habla castellana y los menores escolarizados en España. UGT advirtió de que el examen es el primer ejemplo de la privatización del Registro Civil. La reforma que ha aprobado el Gobierno con el rechazo de jueces y funcionarios prevé que el Registro Civil dependa totalmente de los registradores de la propiedad desde 2017.

Hasta ahora los encargados de visar las peticiones de nacionalidad de los inmigrantes eran los jueces del Registro Civil. El Código Civil concede cierto grado de discrecionalidad a los magistrados, que toman su decisión tras comprobar que han demostrado una buena actitud cívica, que están integrados y que saben hablar castellano. Cada año piden la nacionalidad española 130.000 personas.

El Ministerio de Justicia ha insistido en los últimos meses en que los cambios en el Registro Civil no implicarán que los ciudadanos tengan que pagar por unos trámites que ahora son gratuitos. Sin embargo, UGT mantiene que la «gratuidad es un espejismo y el ejemplo son los expedientes de nacionalidad y la prueba de idioma que tiene un coste de 35 euros». Justicia justifica que la prueba la haga el Instituto Cervantes en que «hace años que realiza pruebas de español como lengua extranjera». El Ministerio asegura que va a adaptar la prueba a personas con discapacidad y a las que tienen las capacidades de lectura y escritura limitadas.

CCOO presenta denuncia contra Rajoy y Gallardón en la Fiscalía General del Estado

CCOO denuncia ante la Fiscalía General del Estado al Presidente del Gobierno y al Ministro de Justicia por la comisión de un presunto delito derivado de su actuación en la decisión de entregar la gestión del Registro Civil a los Registradores Mercantiles. 

Además CCOO presenta una denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses solicitando que se inicien diligencias de investigación por si dicha actuación pudiera ser constitutiva de alguna infracción.

Desde que se aprobó, en el Consejo de Ministros del viernes 4 de julio, el Real Decreto Ley 8/2014 de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, cuya disposición adicional vigésima privatiza los Registros Civiles mediante el traspaso de su Gestión a los registradores Mercantiles, CCOO llevó a cabo nuevas y numerosas iniciativas y medidas de presión para lograr revocar esta incalificable decisión. Entre otras hemos solicitado a los distintos grupos parlamentarios la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el citado Real Decreto que, como venimos informando, finalmente ha sido presentado por los grupos parlamentarios de IU, PSOE y UPyD ante el Tribunal Constitucional el pasado 31 de julio.

También hemos presentado a los grupos parlamentarios, incluido al Partido Popular que sustenta al Gobierno, una propuesta de enmienda solicitando la derogación de las disposiciones adicionales del proyecto de ley relativas al Registro Civil y, subsidiariamente, propuesta de enmiendas alternativas a las citadas disposiciones adicionales. Dicho debate tuvo lugar el pasado 28 de agosto y nos consta que algún grupo parlamentario, como Izquierda Plural, ha defendido el contenido completo de las enmiendas de CCOO, si bien, finalmente el Partido Popular, en otro alarde de prepotencia y utilizando su mayoría absoluta, no ha aceptado ninguna de las enmiendas. El proyecto de ley ahora pasará al Senado.

Y ahora CCOO, continuando con las distintas iniciativas llevadas a cabo para intentar revocar la decisión de privatizar el Registro Civil, ha presentado esta misma mañana, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Presidente del Gobierno y contra el ministro de Justicia porque para CCOO la actuación del ministro de Justicia (suegro y cuñado de registradores) y del Presidente del Gobierno (registrador y hermano de registradores) en la decisión de privatizar el Registro Civil, sin que conste inhibición o abstención previa de los mismos en la votación llevada a cabo en el Consejo de Ministros, podría ser constitutivo de un presunto delito por vulneración del deber de inhibición y abstención que la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado, impone a los miembros del Gobierno de la Nación, secretarios de Estado y demás altos cargos.

Asimismo ha presentado un escrito dirigido a la Oficina de Conflictos de Intereses para que se inicien las diligencias de investigación necesarias por si la citada actuación pudiera ser constitutiva de alguna infracción disciplinaria. 


CC.OO. denuncia a Rajoy y Gallardón ante la Fiscalía por no inhibirse en la privatización y entrega del Registro Civil a los Registradores

CC.OO. ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón al entender que la actuación que ambos han tenido por la decisión de entregar el Registro Civil a los registradores de la Propiedad y Mercantiles podría ser constitutiva de un delito.

Lo que el sindicato considera "privatización" de los Registros Civiles fue aprobado por el Consejo de Ministros del viernes 4 de julio dentro del Real Decreto medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. La gestión de estos registros se traspasa a los registradores de la propiedad y mercantiles, "sin que conste inhibición o abstención previa ni del presidente del Gobierno, registrador y hermano de registradores ni del ministro de Justicia, a su vez suegro y cuñado de registradores.

Según el sindicato, la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado impone, en su artículo 7, el deber de inhibición y abstención a los miembros del Gobierno de la Nación, secretarios de Estado y demás altos cargos.

Por ello, según CC.OO. del acuerdo del Consejo podría derivarse la comisión de un presunto delito "por vulneración del deber de abstención o inhibición", por lo que en el día de hoy ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

También han presentado un escrito dirigido a la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que se inicien las diligencias de investigación necesarias por si la citada actuación pudiera ser constitutiva de alguna infracción disciplinaria.

MOVILIZACIONES.

Al mismo tiempo el sindicato ha convocado contra esta cesión de los registros y contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), una concentración este miércoles 10 de septiembre ante el Tribunal Supremo, coincidiendo con el acto de Apertura del Año Judicial, y una huelga en la Administración de Justicia de ámbito nacional para el próximo 8 de octubre.

Aducen que dichas reformas supondrán "la pérdida de miles de puestos de trabajo, el cierre de juzgados en toda España, y de juzgados o agrupaciones de Paz y la privatización de procedimientos y actuaciones" que hasta ahora eran competencia exclusiva de los juzgados y tribunales, que tramitaban y desempeñaban los funcionarios y funcionarias que prestan servicio en esta Administración de Justicia, "además de alejar la justicia de la ciudadanía y dificultar el acceso a la misma".

Por ello, CC.OO. hace un llamamiento al resto de las organizaciones sindicales de la Administración de Justicia, y asociaciones afectadas para "formar un frente común contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia". 

UGT PV estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Registro Civil

El sindicato UGT estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto del Gobierno que modifica el Registro Civil para dejarlo en manos de los registradores, según ha anunciado este miércoles en Alicante el responsable de Administración de Justicia del sindicato en la provincia, Juan Pedro Pelegrín.

Pelegrín ha pedido al Ministerio de Justicia la retirada de la medida entre otras cuestiones porque "hay una serie de relaciones extrañas entre unos registradores que, además, son administradores de empresas que crean el software que paga el Colegio de Registradores y que vale 10 ó 15 veces más que el precio de mercado".

En ese sentido, el sindicato ha denunciado que el proyecto del Gobierno central de privatizar los registros civiles es el ejemplo del "vaciamiento de los servicios públicos" para "entregarlos a la empresa privada o pseudo privada" y trasladar a la sociedad ese proceso como mejora por "eficiencia y buen servicio".

Juan Pedro Pelegrín ha señalado que aunque el Partido Popular (PP) "dice que no es una privatización, la Unión Europea (UE) ha dicho que estos profesionales, de los que se cuestiona su actividad y como se ejerce, no son funcionarios públicos porque perciben sus emolumentos a través de un arancel. Y no mensualmente por medio de los presupuestos".

Además, Pelegrín ha afirmado que "es imposible" que, con la reforma, el Registro Civil sea "más completo" territorialmente porque "a día de hoy hay registro civil en el pueblo más pequeño de España, y a partir de que lo lleven los registradores solamente estarán en las capitales de provincia. Y también los notarios, donde no haya registradores, y en los juzgados de paz en pueblos de más de 7.000 habitantes", por lo que las zonas más pequeñas quedarán desasistidas. Asimismo, considera que "se destruye la justicia de proximidad, porque en julio del año que viene ya podrán inscribir y en enero de 2017 dependerán absolutamente de los registradores".

La privatización del Registro Civil se estanca para definir cómo se paga

Hay que ponerle un precio a vivir. La privatización del Registro Civil decidida por el ministro de Justica, Alberto Ruiz Gallardón, pone a los registradores mercantiles al frente de su gestión. Sin embargo, el Ejecutivo no ha concretado un aspecto importante: cómo se va a retribuir este trabajo a sus nuevos responsables.

Hace tres años se decidió que los jueces dejaran de ser los encargados de llevar el Registro Civil. Aunque hasta julio de 2014 no tenía que ponerse en marcha el nuevo sistema, lo cierto que el ministerio no especificó quién les tomaría el testigo hasta el Real Decreto 8/2014 del 4 julio, cuando apuntó a los registradores mercantiles.

Para la decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en la Comunitat Valenciana, María Emilia Adan, la razón de esta elección se basa en que estos profesionales ya gestionan lo que afecta a los empresarios individuales, un aspecto que puede tener puntos en común con las exigencias registrales civiles.

QUIÉN Y CÓMO SE PAGA

En todo caso, los colegios están negociado a escala nacional cómo se retribuye esta nueva nueva tarea. "Hasta ahora lo que hay sobre la mesa es una declaración de principios, pero se debe negociar las condiciones", señala Adan. De hecho, se han dado un plazo de un año para que esta negociación llegue a puerto y se ponga en marcha a pleno rendimiento.

Cómo encajarán su nueva función y cuánto cobrarán los registradores viene acompañado de un debate complementario, que se refiere a la gratuidad de este registro para los contribuyentes que hacen uso de él. Hasta el momento, se ha cubierto con lo que se recauda a través de los impuestos sin que se tuviera que abonar por los tramites habituales.

Sobre ese aspecto, desde el Ministerio de Justicia se ha asegurado que las inscripciones por nacimiento y defunción seguirán siendo gratuitas, pero no se ha concretado oficialmente si seguirán siéndolo el resto, como es el caso de los matrimonios.

CCOO Justicia tacha al Gobierno de “antidemócrata” por el proyecto de los registros

El sindicato Comisiones Obreras en el sector Justicia en nuestra ciudad sigue criticando la situación en la que quedaría los registros civiles con los pasos dados por el Gobierno: “Va hacia la privatización”, denuncia CCOO, para tachar de “vergonzoso” el proyecto, “porque entrega a los registradores mercantiles la gestión de los registros civiles”, valora. “Aprobar una iniciativa de tanta importancia para la sociedad en agosto y en plenas vacaciones”, considera CCOO en Justicia, “dice mucho del talante antidemocrático de este Gobierno, que sigue huyendo de la participación y del debate como de la peste”, critica. 

Entre las acciones que CCOO impulsa contra la “privatización” de los registros civiles, “batalla que estamos seguros que no está perdida ni mucho menos”, está la siguiente: presentación a los grupos parlamentarios de enmiendas a las disposiciones adicionales del proyecto de ley actual. “Estas propuestas”, dicen fuente sindicales, “consistieron en una solicitud de enmienda en base a la derogación de la privatización de los registros civiles que entrega su gestión a los registradores mercantiles, y, subsidiariamente, propuesta de enmiendas alternativas a las citadas disposiciones adicionales para que las presentaran y las defendieran en el trámite parlamentario”. 

Varios grupos parlamentarios se comprometieron a defender estas enmiendas, a las que se opuso el Partido Popular, en una decisión que CCOO tilda de “incongruente” porque “sus diputados en muchos casos han aprobado mociones en ayuntamientos contra la privatización del Registro Civil”, asegura el sindicato.

Acerca de si CCOO va a modificar su postura, el sindicato dice que “no”, que “nos vamos a mantener firmes en la lucha contra la privatización de los registros civiles, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias esta lucha, y, advertimos al Gobierno, que no va a poder llevar a cabo esta privatización, porque tiene enfrente no solo a miles de trabajadores sino también al conjunto de la sociedad, que manifiesta su hartazgo de las políticas que se dicen hacer en nombre de la eficacia y que sólo consisten en deteriorar cada día más los servicios públicos y los derechos de la ciudadanía”, concluyen los comisionistas. 

El Congreso da luz verde a la reforma (privatización) del Registro Civil con el (único) apoyo del PP

Con el rechazo de todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados aprobó el 27.08, con competencia legislativa plena, la convalidación como ley del Real Decreto 8/2014, que traspasa la llevanza del Registro Civil a los registradores mercantiles y civiles y crea una Corporación pública.

En el texto se introdujo, no obstante, una enmienda del Grupo Popular distinta de la que regulaba que los Registros de Nacionalidad, Actos de Última Voluntad y Seguros de Vida pasarían a depender de la futura Corporación Pública, tal y como constaba en el Boletín Oficial de las Cortes, de 25 de septiembre.

La modificación aprobada finalmente establece que a través de orden ministerial se regularán los servicios que se incorporarán a la Corporación, pero sin cambio de competencia, que seguirán siendo de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN). El primero será el Registro de Nacionalidad.

En el debate, los portavoces de la oposición rechazaron la reforma, al considerar que se trata de una privatización del servicio.

El diputado socialista Julio Villarrubia solicitó la suspensión de la vacatio legis (un año) y su extensión hasta enero de 2016, porque "así se podría buscar un consenso entre los grupos parlamentarios y los colectivos de la Justicia, tal y como ocurrió con la Ley 20/2011, que ha quedado no nata, y para que no se consolide esta Ley y retrotraer las actuaciones en el caso de que el PP pierda las próximas elecciones".

El PSOE derogará la privatización del Registro Civil cuando llegue al Gobierno

El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Julio Villarrubia, ha avisado de que si su partido llega al Gobierno se derogará la norma que "privatiza" el Registro Civil y que otorga su gestión a los registradores mercantiles, una iniciativa que se incluyó en el decreto-ley del Ejecutivo de Mariano Rajoy que este jueves ha sida ratificada por el Congreso al aprobar el proyecto de ley de medidas para impulsar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

"Advertimos de que, si este atropello se confirma, el PSOE junto con la totalidad de los grupos parlamentarios en el momento en que el PP pierda su mayoría absoluta, que todo parece indicar será en las próximas elecciones, derogaremos esta norma", ha señalado a los periodistas a su salida de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso en la que dicho proyecto de ley ha sido remitido al Senado para que continúe su tramitación.

Según ha explicado el diputado socialista, una vez que su partido llegue al Gobierno"retrotraerá" el servició público del Registro Civil tal y como funcionaba hasta ahora: "Es un aviso a los que están esperando el negocio que a lo mejor en el corto y medio plazo no lo pueden consolidar", ha subrayado al respecto.

El PP deja 'en el aire' a 3.500 funcionarios

Villarrubia ha reclamado que la gestión del registro vuelva al cuerpo de secretarios judiciales "por su preparación especializada" y ha criticado que el PP vaya a "dejar en el aire" a más de 3.500 funcionarios españoles mientras se apoya el "negocio de una minoría a costa de todos los ciudadanos". A su juicio, el Gobierno de Rajoy se ha caracterizado por recortar los recursos de la Administración judicial a un nivel "extraordinario" y en esta legislatura sólo se han hecho "reformas de recortes de derechos y libertades". La aprobación de esta iniciativa, añade, demuestra que el PP "continúa en esa deriva".