Las reformas que el Gobierno está pretendiendo imponer en la Administración de Justicia tienen el mismo objetivo que las medidas que ha venido adoptando en otros servicios públicos, como la sanidad o la educación, recortar derechos sociales y laborales.
La privatización del Registro Civil y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, supondrán la pérdida de miles de puestos de trabajo, un duro retroceso en los derechos laborales y retributivos de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, además de añadir nuevos impedimentos a la ciudadanía para el acceso a la Justicia. Todas estas reformas, y sus objetivos, están incluidas en el Plan Nacional de reformas que el Gobierno del PP ha remitido a Bruselas para el periodo 2015-2017 y para CCOO es fundamental conseguir el mayor consenso posible para luchar contra todas estas reformas cuyo objetivo final no es otro que lar el servicio público de la Administración de Justicia.
PARA CCOO EXISTEN RAZONES MÁS QUE SUFICIENTES PARA CONVOCAR UNA HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
- La privatización del Registro Civil supone una agresión al servicio público que convierte en un negocio privado la realización de actos obligatorios para la ciudadanía, además supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia.
- La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que de nuevo incide en el deterioro del servicio público al eliminar cientos de Partidos Judiciales, que inevitablemente conllevará la desaparición de cientos de órganos judiciales y al establecer la desaparición de las Audiencias Provinciales y de los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones de Juzgados de Paz. Además privatiza los actos de comunicación y ejecución que adjudica a los Procuradores, a los que, también, les atribuye la condición de agentes de la autoridad; crea las condiciones y establece los mecanismos para destruir miles de puestos de trabajo y modificar radicalmente las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia además de suponer un duro ataque a los derechos laborales y retributivos.
- La firma de un preacuerdo por tres organizaciones sindicales cuya ambigüa redacción no garantiza el servicio público, ni el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, ni los derechos laborales y retributivos del personal de la Administración de Justicia. Por eso, CCOO no firmó dicho preacuerdo, y presentó al Ministerio de Justicia, tanto en la mesa sectorial del 10 de julio, como de manera reiterada en escritos y cartas posteriores remitidas al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, una propuesta alternativa que recogía la redacción precisa que sí garantiza esos derechos, reiterando, además, la necesidad de continuar con la negociación en la mesa sectorial.
Por todo esto CCOO llama a los trabajadores y a las trabajadoras de la Administración de Justicia y a cualquier organización del ámbito de esta Administración y a la ciudadanía a secundar la jornada de huelga convocada por CCOO para el próximo día 8 de octubre en toda la Administración de Justicia de España para defender el servicio público, contra la privatización del Registro Civil y contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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