El
Gobierno, acuciado por la denuncia de inconstitucionalidad del Real Decreto Ley
8/2014, que entre otras cuestiones establece la privatización del Registro
Civil y su asignación a los Registradores Mercantiles, aceptó que con posterioridad
a la convalidación de este Real Decreto Ley en el mes de julio se tramitase
como un proyecto de Ley en la Comisión de Economía y Competitividad del
Congreso de los Diputados, para que todos los partidos políticos pudiesen
presentar enmiendas a semejante chapuza legislativa.
El
resultado de las enmiendas presentadas es concluyente: TODOS los partidos de la
oposición solicitan la derogación de la Disposición Adicional 21
del Real Decreto Ley 8/2014, en virtud de la cual el
Registro Civil estará encomendado a los Registradores Mercantiles y el PP
está sólo en la defensa de dicha asignación.
Los
argumentos de todos los partidos, salvo el PP, para rechazar la entrega
del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, son contundentes:
- Los actos y demás inscripciones registrales del Registro Civil son
totalmente desconocidas para los Registradores Mercantiles, y puede entrar en colisión
con normas del Derecho Comunitario y diversa Jurisprudencia en la materia.
- No es aceptable poner en riesgo la privacidad y
confidencialidad de datos especialmente protegidos al pasar a ser
gestionados por personal de un ámbito privado.
- Se quiebra el principio de proximidad de los ciudadanos a
los servicios públicos. Las oficinas del Registro Civil solo estarán ubicadas
en las capitales de provincia
- Se trata de una privatización de un servicio público,
contradiciendo lo dispuesto en la Ley 20/2011 de Registro Civil
- Una Ley que fue aprobada
por consenso debe ser modificada por consenso, como
garantía de acierto y de perdurabilidad de la norma, algo fundamental en una
Ley que regula una institución capital como es el Registro Civil.
- No está de acuerdo ningún grupo
parlamentario salvo el Partido Popular. Tampoco está de acuerdo el Colegio de
Registradores ni nadie de la comunidad jurídica.
- La llevanza del Registro Civil debe ser encomendada a los
profesionales actuales, que han
acreditado suficiente capacidad para ello. Renunciar a ellos supondría la
pérdida de un capital humano cualificado y experto que ha venido desempeñando
esta función durante años
Además
diversos grupos parlamentarios (PNV, IU-La Izquierda Plural, PSOE) defendieron
enmiendas para que el Registro Civil sea asignado a los Secretarios Judiciales.
Aun
a pesar de la unanimidad de toda la oposición parlamentaria en rechazar la
entrega del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, como era de prever,
el Partido Popular del Congreso rechazó todas las enmiendas de la oposición
presentadas al respecto, lo que deja clara la soledad del Partido Popular en su
tarea de privatizar un servicio público esencial como es el Registro Civil.
Pero
es que además el Partido Popular trajo una nueva sorpresa al texto del
Real Decreto Ley, al aprobar una enmienda a la Disposición Adicional 24 de
dicho texto para que el sistema informático del Registro Civil incorpore “otros registros y servicios cuya organización y dirección es competencia de la
Dirección General de los Registros y del Notariado”. Según la
justificación del PP a dicha enmienda, estos Registros son los relativos a “nacionalidad,
actos de última voluntad y seguros de vida”. Según el PP estos
Registros están directamente relacionados con el Registro Civil y por tanto
parece conveniente tanto desde el punto de vista económico como desde el
organizativo que los mismos se incluyan en la plataforma del Registro Civil.
La justificación que da el PP a su enmienda es una burda mentira y
únicamente busca asegurar una fuente de ingresos adicional a los Registradores
Mercantiles.
Es evidente que el Registro de actos de última voluntad, donde se
registran los testamentos otorgados por los ciudadanos, y que el Registro de
Seguros de Vida, nada tienen que ver con el Registro Civil, salvo por el hecho
de que su efectividad viene condicionada por la defunción de quien los haya
suscrito u otorgado. Estos Registros ya existen, existe un registro electrónico
donde se inscriben y por tanto no es preciso en modo alguno crear una nueva
plataforma electrónica para su registro. Hoy, para la obtención del certificado
de actos de última voluntad o de seguros de vida hay que pagar una tasa de 3,46
€, y si se pide a través de la plataforma electrónica del Colegio de Notarios hay
que pagar cerca de 10 euros. Lo que pretende el PP es lisa y llanamente
adjudicar a los Registradores Mercantiles la llevanza de estos registros
electrónicos, que se alimenta con los datos facilitados por Notarias y Seguros,
y por tanto que se queden los Registradores Mercantiles con la tasa que
pagan todos los ciudadanos para su certificación.
En cuanto al “registro de nacionalidades”, a día de hoy no existe
ningún registro de este tipo. El Colegio de
Registradores tuvo que pagar una fortuna a una sociedad de que la era Consejero
Delegado un asesor del Ministerio de Justicia para tener un programa para la gestión
de los expediente de nacionalidad, y parece ser que lo que se pretende por vía
de esta enmienda es “incorporar” dicho programa a la nueva plataforma del
Registro Civil, pagando al Colegio de Registradores lo abonado por los mismos. Además
este programa no tiene nada que ver con un Registro de Actos de Estado Civil,
pues el programa de nacionalidades es para gestionar la tramitación de un tipo
concreto de expedientes, que permite la interconexión con la Policía Nacional,
el Registro de Penados y Rebeldes, etc. Por otro lado, el Ministerio de
Justicia ya anunció que establecerá una tasa de cerca de 100 € a pagar por
los extranjeros por el uso de la futura plataforma electrónica a través de la
cual se tramitarán los expediente de nacionalidad, dinero que iría directamente
al bolsillo de los Registradores Mercantiles.
Todo esto pone de manifiesto la hipocresía de Gallardón, su equipo
y el Partido Popular en esta materia. No se puede hablar de “regeneración
democrática” y gobernar en beneficio de un colectivo, rompiendo en consenso en
cuestiones básicas que afectan a los servicios públicos.
Pero es que hay más: la plataforma digital que se diseña no
sólo servirá para la gestión del Registro Civil. Según la Memoria de
Impacto Normativo del Real Decreto Ley 8/2014 “para aprovechar las
infraestructuras de seguridad creadas, incluidas las redes de comunicaciones,
se prevé la incorporación de los demás registros jurídicos a cargo de los
Registradores de la Propiedad y Mercantiles al sistema informático único en la
forma que reglamentariamente se determine”. Ello significa, según el PSOE y
CIU, que se intenta introducir
subrepticiamente una reforma sustancial de los registros de la propiedad y
mercantiles a través de la incorporación de estos a la plataforma tecnológica
que se crea con motivo de la asignación del Registro Civil a los registradores
que desempeñen funciones de Registro Mercantil. Todo ello apunta a indicar que
de una manera precipitada se pretende abordar una operación de mucho mayor
calado, consistente en privatizar la llevanza electrónica de todo el sistema
registral español sin que haya razón alguna para ello.
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