Lo que iba a ser el debate de totalidad del proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, relativo a la regulación de las inscripciones de nacimiento y defunciones desde los hospitales ya contemplada en la Ley 20/2011 y respecto de la cual se pretende introducir supuestas mejoras técnicas, se convirtió en toda una declaración de intenciones del Ministro de Justicia Sr. Catalá para afianzar avanzar en la privatización del Registro Civil.
Se debatió en el Congreso de los Diputados el pasado día 11 de diciembre el citado Proyecto de Ley, dado que el PSOE había presentado una enmienda a la totalidad de este Proyecto pidiendo su devolución al Gobierno. Allí subió a la tribuna el Sr. Catalá, para vender las excelencias del proyecto de ley que permitirá que se pueda promover desde los hospitales las inscripciones de nacimiento y defunción; idea que por cierto ya han vendido como propia dos ministros, Ruiz Gallardón y Catalá, y una Vicepresidenta del Gobierno, Saez de Santamaría, cuando ya consta en la Ley 20/2011, de Registro Civil, respecto de la cual el proyecto de Ley pretende introducir algunas mejoras técnicas.
Pero estas mejoras técnicas, además del anuncio del supuesto ahorro de millones y millones de euros en caso de aprobarse que no justifica el Sr. MInistro cómo ha hecho el cálculo, van a venir acompañadas, según afirmó el Ministro, de otras cuestiones relativas al Registro Civil, como la regulación de la inscripción de la gestación subrogada (madres de alquiler), obligada tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obliga a su registro en bien del menor, y de una nueva vuelta de tuerca en la privatización del Registro Civil, salvando la necesidad de informes de los organismos preceptivos (Consejo de Estado, etc) que necesitaría si fuese un proyecto de Ley independiente. Pues al final Catalá convirtió y centró su intervención no en el proyecto de ley presentado, sino en la defensa de la privatización del Registro Civil y de su asignación a los Registradores, y en cómo avanzar en esta locura, para lo cual anunció que introducirá enmiendas en este proyecto de ley que nada tienen que ver con el registro de nacimientos y defunciones desde los hospitales.
Catalá rechazó que estemos ante una privatización del Registro Civil, porque los Registradores Mercantiles son funcionarios públicos pues así lo dice la Ley Hipotecaria. Sólo Catalá y el portavoz del PP en el Congreso ven en los Registradores Mercantiles el carácter de funcionarios públicos, y desprecian la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2009 que dice que no lo son porque se dictó en un asunto relativo a liquidación del IVA, cuando lo que hace dicha Sentencia es precisamente, para resolver dicha cuestión, entrar en el fondo de la naturaleza jurídica de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Todos los grupos de la oposición dieron pruebas de conocer la sentencia y resumieron acertadamente sus pronunciamientos.
El Ministro insistió en los razonamientos de Gallardón para justificar la privatización: que supone seguir adelante con la desjudicialización del Registro Civil establecida en la Ley 20/2011 (cuando esta ley no prevé su privatización ni su salida del ámbito de las Administraciones Públicas), que hay que hacer frente al elevado número de quejas que llegan sobre el funcionamiento del Registro Civil (casi todas ellas debidas al colapso creado por el propio Ministerio de Justicia en la resolución de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española), que la Ley 20/2011 carece de memoria económica para ponerla en marcha ( acaso la tiene la Ley 18/2014 que lo privatiza directamente, que no dice cómo se financiará y sustentará??) y que los Registradores también son funcionarios públicos (las críticas unánimes al respecto de todos los partidos de la oposición bastaron para sacar los colores al Ministro).
Para paliar la chapuza del Real Decreto Ley 8/2014, luego Ley 8/2014, el Ministro anunció la presentación de enmiendas que ha pactado directamente con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, quienes al parecer sí que tienen la legitimidad para negociar las leyes que les niegan a los parlamentarios y parlamentarias de los demás partidos. Estas enmiendas serán las siguientes:
- No se va a llevar adelante la creación de la corporación de derecho público que la Ley 18/2014 pretendía. La llevanza del Registro Civil será efectuada por los registradores, pero no mediante ninguna personificación jurídica intermedia, sino a través del propio Colegio de Registradores.
- El Colegio de Registradores será el que ponga a disposición del Ministerio de Justicia una plataforma electrónica en materia de registro civil y nacionalidad que hará posible el registro civil electrónico.
- Se diseñará una nueva organización que responda a una estructura de oficinas generales que se establecerán en todas las capitales de provincia, en las islas y en las poblaciones de más de 100.000 habitantes.
- Se regulará la colaboración en materia registral con las oficinas consulares, los registros de la propiedad o los juzgados de paz.
Debe destacarse que sigue sin resolverse cómo se financiará el Registro Civil, y quedan las dudas planteadas en su día por el propio Ministerio de Justicia y la Asociación de Registradores Arbo, defensora a ultranza de la privatización del Registro Civil, sobre la capacidad de los servicios informáticos del Colegio de Registradores para hacer frente a la plataforma electrónica del Registro Civil, que ahora no saldrá a concurso.
En definitiva, se utiliza una ley que pasaba por allí para subirse al carro de la privatización e impulsarla. El Colegio de Registradores, antes tan beligerante con la privatización, ahora sólo hace números. El servicio público no les importa ni a unos ni a otros.
Adjuntamos enlace a Diario de Sesiones del Congreso del 11 de diciembre, en que aparecen las palabras del Ministro y la contestación dada por los representantes de los partidos de la oposición, de la que nos iremos haciendo eco en este blog.
El Ministro insistió en los razonamientos de Gallardón para justificar la privatización: que supone seguir adelante con la desjudicialización del Registro Civil establecida en la Ley 20/2011 (cuando esta ley no prevé su privatización ni su salida del ámbito de las Administraciones Públicas), que hay que hacer frente al elevado número de quejas que llegan sobre el funcionamiento del Registro Civil (casi todas ellas debidas al colapso creado por el propio Ministerio de Justicia en la resolución de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española), que la Ley 20/2011 carece de memoria económica para ponerla en marcha ( acaso la tiene la Ley 18/2014 que lo privatiza directamente, que no dice cómo se financiará y sustentará??) y que los Registradores también son funcionarios públicos (las críticas unánimes al respecto de todos los partidos de la oposición bastaron para sacar los colores al Ministro).
Para paliar la chapuza del Real Decreto Ley 8/2014, luego Ley 8/2014, el Ministro anunció la presentación de enmiendas que ha pactado directamente con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, quienes al parecer sí que tienen la legitimidad para negociar las leyes que les niegan a los parlamentarios y parlamentarias de los demás partidos. Estas enmiendas serán las siguientes:
- No se va a llevar adelante la creación de la corporación de derecho público que la Ley 18/2014 pretendía. La llevanza del Registro Civil será efectuada por los registradores, pero no mediante ninguna personificación jurídica intermedia, sino a través del propio Colegio de Registradores.
- El Colegio de Registradores será el que ponga a disposición del Ministerio de Justicia una plataforma electrónica en materia de registro civil y nacionalidad que hará posible el registro civil electrónico.
- Se diseñará una nueva organización que responda a una estructura de oficinas generales que se establecerán en todas las capitales de provincia, en las islas y en las poblaciones de más de 100.000 habitantes.
- Se regulará la colaboración en materia registral con las oficinas consulares, los registros de la propiedad o los juzgados de paz.
Debe destacarse que sigue sin resolverse cómo se financiará el Registro Civil, y quedan las dudas planteadas en su día por el propio Ministerio de Justicia y la Asociación de Registradores Arbo, defensora a ultranza de la privatización del Registro Civil, sobre la capacidad de los servicios informáticos del Colegio de Registradores para hacer frente a la plataforma electrónica del Registro Civil, que ahora no saldrá a concurso.
En definitiva, se utiliza una ley que pasaba por allí para subirse al carro de la privatización e impulsarla. El Colegio de Registradores, antes tan beligerante con la privatización, ahora sólo hace números. El servicio público no les importa ni a unos ni a otros.
Adjuntamos enlace a Diario de Sesiones del Congreso del 11 de diciembre, en que aparecen las palabras del Ministro y la contestación dada por los representantes de los partidos de la oposición, de la que nos iremos haciendo eco en este blog.
No hay comentarios:
Publicar un comentario