El Ministerio de Justicia desmiente que se haya decidido nada sobre el Registro Civil. Tras el revuelo generado esta semana con la misiva enviada por el decano del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera, a todo su colectivo en la que anunciaba que el Gobierno había decidido asignarles el Registro Civil, Justicia ha salido al paso asegurando que no hay nada cerrado. Según fuentes del Ministerio, siguen abiertas las dos opciones de asignación de la gestión del Registro, ya sea a los registradores o a los secretarios judiciales.
A la hora de decidir entre una y otra opción existen al menos dos líneas rojas que el Ministerio no quiere traspasar. Lo primero, garantizar la gratuidad en las notificaciones y certificaciones para los ciudadanos (cuestión que no se mencionaba en la carta del decano), con lo que se financiaría a costa del margen que les dejan sus actuales aranceles, y, en segundo lugar, el mantenimiento de más del 80% de los puestos de trabajo actualmente vinculados al Registro Civil.
Respecto a este último punto, con ello se desmentiría también la alarma creada por los sindicatos que advertían de que con la entrega del Registro Civil a los registradores quedaría en el aire la situación de 3.500 funcionarios. No obstante, aunque el Ministerio asegura que no hay nada decidido, todo apunta a que los registradores tienen más posibilidades de que se les entregue la gestión del Registro Civil.
Los secretarios judiciales han mostrado también su descontento respecto a la noticia de que el Registro Civil caía en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles. El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) han destacado que el Ministerio de Justicia les planteó hace un mes que "casi con toda probabilidad" se harían cargo del Registro Civil y por eso han exigido que aclare si ha cambiado su decisión para dejar este servicio en manos de los registradores.
El presidente del CNSJ, Rafael Lara, ha explicado a Europa Press que hace un año entregaron al Ministerio de Alberto Ruiz Gallardón una "propuesta muy fundamentada" en la que defendían que el secretario público era el empleado más idóneo para gestionar el servicio público del Registro Civil.
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