Sindicatos, asociaciones de consumidores y jueces denuncian que el Gobierno quiere privatizar la gestión de los Registros Civiles. El ministro Gallardón ha comunicado a los registradores de la propiedad que serán ellos los nuevos encargados de su gestión. El Gobierno dice que la decisión no está tomada y que de ser así, no costará dinero registrar a un hijo o contraer matrimonio.
Sindicatos, jueces y secretarios judiciales han criticado la "inminente privatización" del Registro Civil al conocer la carta que el decano del Colegio de Registradores envió a los colegiados para comunicarles que el Gobierno ha decidido asignar el Registro Civil a los registradores de la propiedad. La asociación judicial Jueces para la Democracia (JpD), la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y los sindicatos UGT, STAJ y CSI-F señalan que en la carta, con fecha de 12 de febrero, el decano menciona que la decisión le fue trasladada por el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, durante una reunión que mantuvieron el pasado lunes en sede ministerial.
Fuentes del ministerio de Justicia afirman que la decisión aún no ha sido adoptada y apuntan que lo único que está claro es que, independientemente de la decisión que finalmente se adopte, los servicios seguirán siendo gratis y los funcionarios son inamovibles. No obstante, Justicia no confirma ni desmiente la reunión entre el decano y el subsecretario de Justicia, si bien reconoce la celebración de encuentros tanto con registradores como con secretarios judiciales.
Mientras, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, sostiene que con esta medida "se beneficia el negocio privado de un colectivo profesional hacia el cual el poder político ha demostrado su proximidad". Advierte, además, de los riesgos de que los datos personales más relevantes de todas las personas dejen de estar bajo el control de la administración pública ya que, según señala Bosch en un comunicado, "pasarán a la gestión de intereses privados, con todos los peligros que ello puede conllevar para la privacidad de las personas".
En el mismo tono se manifiesta la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), quetilda de "tremendo error" la adjudicación del Registro Civil a los registradores de la propiedad al suponer "un paso más en la privatización" de la administración de Justicia. En una nota, los secretarios judiciales lamentan la supuesta decisión de Justicia después de que el ministro Alberto Ruiz Gallardón les comunicase en enero "que se estaba viendo con buenos ojos que los secretarios judiciales fueran los encargados de los Registros civiles".
Por su parte, UGT anuncia en un comunicado que "adoptará medidas de presión" para intentar desactivar este preacuerdo existente entre el Ministerio de Justicia y el "lobby" de los registradores de la propiedad. Asimismo, solicita a Ruiz-Gallardón la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial, "para que expliquen una decisión llevada sin informar a los representantes de los trabajadores" que conllevaría la pérdida de 3.500 puestos de trabajo. También anuncia que tomará medidas de presión el sindicato CSI-F para intentar frenar una iniciativa que califican de "injusta" dado que todavía no ha llegado al Consejo de Ministros.
Desde el sindicato STAJ, consideran que esta reforma supone la "privatización de un servicio público, que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, pretendiendo el Gobierno únicamente favorecer claramente a los registradores, que tras la burbuja inmobiliaria han visto mermados sus ingresos". "Ahora todos los ciudadanos tendremos que pagar desde nuestro nacimiento hasta la defunción", lamentan.
La Sexta 14.02.2014
La Sexta 14.02.2014
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