De 300 a 500 euros por casarse por el juzgado o 150 euros por cambiarse los apellidos. Son sólo dos ejemplos de los muchos actos jurídicos que a diario se tramitan, gratis, en cualquier Registro Civil de España. Trámites que según distintos representantes sindicales de los trabajadores de la administración de justicia, pasarían a tener un coste adicional con la decisión del Gobierno de transferir la llevanza del Registro Civil a manos de los registradores de la propiedad, hecho que califican de ‘privatización’.
Según Francisco Muñoz, portavoz de la protesta de la ‘marea amarilla’, convocada a las puertas del Registro Civil de Caleta, “el ciudadano ya paga impuestos porque hay una partida prespuestaria para que esto sea gratuito. Si no, lo pagaría dos veces. Estaría pagando sus impuestos y además, a un registrador un dinero determinado. “
EL DEVENIR DE LA LEY 20/2011
El próximo 15 de julio es la fecha prevista para la entrada en vigor de la reforma de la Ley de 20/2011 de Registro Civil, actualmente en ‘vacatio legis’. Una ley del gobierno Zapatero que, ya en su preámbulo, presentaba un leit motiv reformista: “La modernización del Registro Civil también hace pertinente que su llevanza sea asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado, cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado.” Esto es, desjudicializar los actos civiles que necesitan de fedatario, como la inscripción de un recién nacido, un cambio de sexo o cualquier trámite de nacionalidad.
La ley entonces publicada, con Antonio Caamaño como titular de la cartera de Justicia, establecía que dicha llevanza correspondería a funcionarios de la Administración de Justicia del grupo A, aunque sin especificar qué cuerpo dentro de este funcionariado. No fue hasta el año pasado que Gallardón impulsara el Real Decreto Ley 8/2014, fórmula legislativa urgente que adjudicaba “La competencia para la llevanza del Registro Civil se atribuye a los Registradores que tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, en su condición de funcionarios públicos […].”, incluyendo también a los Registradores de la Propiedad.
Para los sindicatos, ello supone “la privatización” del Registro Civil, puesto que poner en manos de registradores de la propiedad y mercantiles su llevanza, en palabras de Javier Torre, del sindicato SPJUSO,“tiene un tinte o un marcado carácter en el que el servicio no es gratuito”. Y añade: “Si se quería desjudicializar, no aprovechar ese trasvase para hacerle entrega a manos privadas, cuando se podía haber mantenido en el seno de justicia y manteniendo un servicio para todos, gratuitos”, mencionando como candidatos a los secretarios judiciales.
Por su parte, los actuales funcionarios encargados del Registro, cuerpo que da servicio desde 1870, serían recolocados “porque los funcionarios seguimos siendo funcionarios, independientemente de dónde estemos, aunque no sabemos dónde ni en qué condiciones”. Al tiempo y, según cuenta Javier, el propio ministro Catalá, en su última visita a Granada, “nos ofreció en ese momento garantías de que no iba a haber ningún tipo de problema, ya que no habría lo que se entiende por amortización de puestos de trabajo”.
“DE UNA JUSTICIA GRATUITA, A UN REGISTRO DE PAGO”
Preguntado por si todo acto fedatario de un registrador de la propiedad tiene un coste asociado o tasa, como el de un Notario, responde contundente: “evidentemente. Aquí se está hablando de cantidades que oscilaban entre 300 a 500 euros por un matrimonio.” Según el representante sindical “se quiere seguir manteniendo la idea de que el servicio va a seguir siendo gratuito, pero para aquellos que llamamos obligatorios, por ejemplo, un niño no puede no inscribirse -en el Registro Civil-. No se menciona nada de lo colateral, pero lo han dejado en la puerta abierta.”
Por su parte, el ministro de justicia Rafael Catalá ha reiterado hoy en el foro “La justicia a debate”, que el nuevo Registro Civil es una “solución razonable” y de “desafío”. Asi mismo ha asegurado que los actuales registros civiles presentan “deficiencias o demoras”, lo que lo convierte en un servicio “de baja calidad”, al tiempo que ha insistido en que el nuevo Registro, con un año de transitoriedad, será “sin coste para los ciudadanos”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario