El próximo 15 de julio entrará en vigor la Ley que delega la gestión del Registro Civil, que actualmente está en manos de funcionarios de la Administración de Justicia, a los registradores mercantiles y notarios.
La cuestión es qué supondrá para los ciudadanos este trasvase de competencias. El Registro Civil es la institución donde se inscriben partidas de nacimiento, matrimonios, defunciones, divorcios, nacionalidad, cambio de apellidos, de sexo o se duplican los libros de famila. Labores que las realizan los jueces, magistrados y demás funcionarios de la Administración de Justicia en los registros civiles de las ciudades o en los juzgados de paz de los municipios más pequeños. Todos estos trámites no suponen coste alguno a los usuarios, pero a partir de julio, los ciudadanos tendrán que pagar de su bolsillo estas gestiones. Así lo asegura el principal sindicato de la Administración de Justicia, el CSIF, que cataloga este traspaso como una privatización y "no entiende por qué el Gobierno quiere sustraerles unas funciones a unos profesionales que han estudiado y preparado unas oposiciones en esa materia".
David Vidal es gestor procesal en el Registro Civil de Las Palmas y delegado sindical del CSIF y desglosa cómo van a pagar los ciudadanos los trámites que hasta ahora eran gratuitos. Las gestiones sobre actos no voluntarios -nacimiento o defunción- los pagará el usuario indirectamente ya que estarán financiados en los Presupuestos Generales del Estado; mientras que los voluntarios -el cambio de apellido, de sexo, o certificados de fe de vida- serán costeados de manera directa por las personas.
Los registradores: funcionarios públicos con ganancias privadas
Lo registradores y notarios son en la teoría funcionarios públicos porque han accedido al cargo por oposición. Sin embargo, sus ingresos no proceden de los Presupuestos Generales sino de las tasas y aranceles que cobran a sus clientes. En España hay 120 registradores y contratan a sus propias plantillas como cualquier empresa mercantil. De modo que tanto su gestión como sus servicios pertenecen al ámbito privado.
Desde el CSIF sospechan que el Gobierno estatal, con Mariano Rajoy a la cabeza,- registrador de la propiedad al igual que su hermano Enrique- quieren favorecer a un sector que les resulta familiar , "ellos están preparando su puerta giratoria para cuando abandonen sus funciones actuales vuelvan a sus puestos de origen", afirman desde el CSIF.
Los funcionarios de la Administracion de Justicia, por su condición de trabajadores públicos, están sujetos a un sigilo y secreto profesional muy rígidos. Manejan infinitos datos sobre cambio de sexo o de nombre que estarán en poder de empleados que "pueden ser despedidos a los 6 meses y llevarse toda esa información", manifiestan desde el CSIF. Casi en la misma linea, otro asunto que suscita recelo es la digitalización de todo el material de los registros, que contiene información como la residencia, situación familiar o hipotecas y que desde julio quedará en manos de empresas privadas.
Una funcionaria del Registro Civil de Las Palmas alerta que esta Ley acabará con la justicia de proximidad o cercanía al ciudadano. Hasta ahora una persona de un municipio pequeño puede acudir a su juzgado de paz para realizar un trámite administrativo, pero con la implantación de la nueva Ley, deberá trasladarse a la capital donde se encuentran los despachos de los registradores y notarios.
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