El PSOE se opone a la privatización de los Registros públicos y desmontará las reformas del poder judicial realizadas por el PP

El PSOE desmontará, si gobierna, todo el entramado de reformas del Poder Judicial emprendidas por el PP durante la pasada legislatura. El partido de Pedro Sánchez suprimirá, entre otras, la ley mordaza, la prisión permanente revisable, las tasas para el acceso a la justicia y recuperará el principio de jurisdicción universal, limitado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Los socialistas prometen ayudas para que estudiantes con pocos recursos preparen las oposiciones a juez y frenar la privatización de los registros públicos.

El documento del PSOE sobre la justicia para las elecciones del próximo 20 de diciembre, que el partido presentará hoy, es una enmienda a la totalidad de las políticas del Gobierno en esta materia. Según la formación progresista, el Ejecutivo ha aprovechado la crisis económica y la mayoría absoluta para propiciar un “retroceso de las libertades públicas”, especialmente con las reformas de Ley de Seguridad Ciudadana —la llamada popularmente ley mordaza— y el Código Penal. Uno de los cambios prometidos es la supresión del delito de coacción para iniciar o continuar una huelga.

Los socialistas afirman que la introducción de la prisión permanente revisable, que ellos consideran una cadena perpetua, “abandona drásticamente la finalidad de reinserción social que la Constitución exige para todas las penas”. El documento recuerda que esta reforma, aprobada solo con los votos de la mayoría absoluta del PP, ni era necesaria ni venía avalada por estudios, y la derogarán “de forma inmediata”. “En España la criminalidad baja de modo sostenido desde 2003 y, paradójicamente, contamos con la tasa de población reclusa más altas de Europa”, apuntan.

Las modificaciones en la ley penal que propugna el PSOE van en dos sentidos. En primer lugar, se plantea sustituir las penas de cárcel por trabajos sociales o medidas de libertad vigilada en aquellos delitos con penas de prisión tan bajas —normalmente inferiores a dos años— que no son disuasorias para los delincuentes. En el lado contrario, se prevé incrementar las penas en delitos “que afectan al conjunto de la sociedad”, como los delitos fiscales, medioambientales y urbanísticos.

Las tasas para el acceso judicial, uno de los aspectos más controvertidos de la política del PP en la pasada legislatura, y que han cosechado protestas en un amplio sector de la abogacía, también serán suprimidas, promete el PSOE. Estas tasas se impondrán únicamente a las sociedades mercantiles con una facturación anual superior al millón de euros, prevé el documento.

El modelo de acceso a las carreras judicial y fiscal también se quiere revisar. Convertirse en juez o entrar en el ministerio público requiere, en la mayoría de los casos, varios años de estudio para superar la oposición, lo que supone una limitación para los candidatos con menos recursos económicos. Para reforzar los principios de igualdad, mérito y capacidad, y “lograr la integración social en la Administración de Justicia”, el PSOE promete establecer “ayudas públicas” para la preparación de las oposiciones.

El partido de Pedro Sánchez vuelve a plantear que la investigación de las causas penales recaiga en la Fiscalía y que los jueces de instrucción velen por las garantías legales de los procesos. Respecto al Consejo General del Poder Judicial, órgano que está en entredicho por su politización, el PSOE se limita a “corregir” sus funciones.

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