CCOO exige a los partidos políticos, ante las próximas elecciones generales, un compromiso claro contra las privatizaciones de los Registros Civiles y otros servicios de la Administración de Justicia

Los poderes públicos están obligados a dotar de recursos humanos y medios materiales suficientes (medios personales, infraestructuras, edificios judiciales, medios tecnológicos, etc.) a la Administración de Justicia de forma que los Juzgados, Tribunales, Fiscalías y otros servicios puedan desempeñar sus funciones constitucionales con imparcialidad y celeridad. 

CCOO comparte con la inmensa mayoría de la opinión pública que los órganos jurisdiccionales de nuestro país no atienden con la calidad ni con la eficacia suficientes las demandas ciudadanas y manifestamos que es solo el esfuerzo personal de los trabajadores y la trabajadoras de la Administración de Justicia lo que está permitiendo un mínimo funcionamiento de este servicio público abandonado a su suerte históricamente por los sucesivos gobiernos.

CCOO apuesta por una Administración de Justicia entendida como un servicio público, universal, gratuito, cercano a la ciudadanía y atendido en exclusividad por empleadas y empleados públicos. 

Con estos criterios, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO a iniciativa del Sector de Justicia ha planteado a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 20 de Diciembre:

1.- Una oposición frontal a cualquier tipo de privatización y la recuperación para el ámbito público de aquellos servicios que hayan sido privatizados, en concreto:

- El mantenimiento de los Registros Civiles públicos, gratuitos, cercanos a la ciudadanía y atendidos por personal de la Administración de Justicia, abandonándose definitivamente el proyecto de su asignación a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

- La derogación de todas las disposiciones vigentes que han venido asignando a los Notarios y Registradores de la Propiedad determinadas actuaciones del Registro Civil, como los expedientes de nacionalidad y de matrimonio civil.

- La asignación en exclusiva de los actos de comunicación y ejecución a las funcionarias y funcionarios públicos de la Administración de Justicia, impidiéndose su práctica a los Procuradores de los Tribunales que, por un lado, actúan en estos casos como juez y parte y, por otra parte, discriminan a las personas que carecen de medios para poder contratar a estos profesionales privados. 

- La prestación de los servicios de atención a las víctimas de delitos y de los equipos psico-sociales, que asesoran a los juzgados de familia y de menores, por empleadas y empleados públicos.

2.- Un aumento significativo del número de Juzgados y Tribunales, de Jueces, Fiscales y demás personal funcionario de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia y personal laboral que nos acerque a la media de los países más avanzados de nuestro entorno y que pueda garantizar la eficacia, calidad y celeridad de la Administración de Justicia.

En este sentido, deben convocarse ofertas de empleo público que incluyan el 100 % de las plazas vacantes con el objeto de alcanzar el objetivo de garantizar la estabilidad en el empleo, porque no pueden permitirse cifras escandalosas que alcanzan el 30% de personal eventual, en condiciones precarias, en puestos de trabajo y servicios que son permanentes y estructurales. 

3.- Debe mantenerse la estructura actual de la planta judicial basada en la existencia de partidos judiciales que garantizan un servicio público de la Administración de Justicia cercano a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables como las mujeres víctimas de la violencia machista.

4.- La gratuidad total de todos los servicios de la Administración de Justicia que serán sufragados con dinero público, eliminándose de forma definitiva las tasas judiciales, el cobro de aranceles y las costas, como mínimo en los procedimientos en materia de personal en defensa de sus derechos por los trabajadores/as públicos.

Junto a estas medidas específicas de la Administración de Justicia, CCOO ha propuesto también a todos los partidos políticos el abandono de las políticas de recortes y la reposición de todos y cada uno de los derechos en materia de servicios y empleo públicos, ya que para CCOO sigue siendo irrenunciable:

La recuperación de la totalidad de las retribuciones recortadas desde 2010. 
La recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales. 
La recuperación del 100% de las retribuciones en caso de Incapacidad Temporal. 
La descongelación total de las Ofertas de Empleo Público. 
La recuperación de las partidas presupuestarias destinadas a acción social, formación profesional y productividad. 
La recuperación total de los días de permiso. 
El desbloqueo de los procesos de promoción profesional.

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