Unos 50 trabajadores judiciales protestan en Santander por el "alejamiento" de la Justicia civil del ciudadano

Cerca de medio centenar de trabajadores de la Administración de Justicia se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria para protestar por el "alejamiento de la Justicia civil" del ciudadano que ocasionará, según los convocantes, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la "supresión" de 94 juzgados de paz en Cantabria y la "privatización" del Registro Civil. 

En declaraciones a los medios de comunicación, el responsable del sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO Cantabria, Borja Bats, ha asegurado que se trata de la "supresión de la Justicia de proximidad". 

Según los datos aportados, en los juzgados de paz que hay repartidos por Cantabria, en 23 agrupaciones, trabaja medio centenar de funcionarios, a los que hay que sumar otros diez del Registro Civil en Santander y tres del de Torrelavega, lo que hacen más de 63 trabajadores afectados. 

Bats ha señalado que serían "absorbidos" por la 'cabecera de partido' judicial en Santander y, "a medio plazo", tendrían que trasladarse a la capital cántabra. 

Además, ha explicado que la reforma de la LOPJ, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, conllevará la desaparición de los partidos judiciales, lo que, según ha señalado, hará que los habitantes de Torrelavega, Medio Cudeyo, Santoña, Castro Urdiales, Laredo, Reinosa y San Vicente de la Barquera tengan que trasladarse a Santander para hacer sus "diligencias" en los juzgados que, hasta ahora, lo pueden hacer en sus municipios. 

Bats considera que "hay tiempo" para dar marcha atrás a esta reforma y han asegurado que, desde CC.OO, "van a luchar por ello" para evitar que ocurra. 

La protesta de hoy ha sido convocada a nivel nacional por CC.OO, UGT y Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) en todas las capitales de provincia. En un comunicado, STAJ ha advertido de que el anteproyecto de la LOPJ "condena a miles de trabajadores a perder su empleo" y "a muchos más a la movilidad geográfica y funcional forzosa".

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