El final de las bodas en el registro civil provoca una avalancha de matrimonios

La fecha de caducidad de los registros civiles, el próximo 1 de julio, ha provocado un efecto curioso: una avalancha de bodas. La nueva ley que regula estos organismos deja sin jueces a los dos registros que hay ahora en Palma. A partir de esa fecha no habrá quién celebre las bodas y todavía no se ha aclarado quién lo hará. En principio quedará en manos de funcionarios. Sin embargo, el funcionamiento actual, en el que cada enlace está presidido por un juez, queda anulado. El problema es que, a falta de una solución para después del 1 de julio no se pueden señalar enlaces más allá de ese día. De esta manera, el registro ha tenido que habilitar más fechas para celebrar las bodas. Habitualmente sólo se casaba los viernes pero, para poder dar salida a las peticiones se celebrará también entre semana.


Ayuntamientos

La noticia de que a partir del uno de julio la situación se complica y, por el momento, las bodas civiles más seguras serán en los ayuntamientos, ha provocado también un aumento de las peticiones que agrava el sprint final de los registros.

En Palma, hay dos registros. Uno tiene atribuidas las bodas y las defunciones y, en el otro se tramitan los nacimientos y los expedientes de nacionalidad. Los dos mantendrán su actividad pero sin un magistrado al frente, dado que este año expira la moratoria de dos años que decretó el Gobierno para aplicar la nueva ley que los regula y que es criticada por los sindicatos como una privatización encubierta del servicio que daban. El Ministerio de Justicia, por el momento, ha anunciado que las funciones que hasta ahora realizaban los jueces quedarán en manos de funcionarios en abstracto, pero no ha concretado si serán los secretarios judiciales, los notarios o los registradores quienes se encarguen. Mientras tanto, el plazo se apura a costa de más trabajo y más bodas.

Una de las funciones de los jueces sobre los enlaces era verificar en caso de matrimonios entre españoles y extranjeros que no se trataba de matrimonios de conveniencia, uno de los motivos por los que se podía denegar la boda. Ese control judicial pasará con la nueva norma a ser administrativo y otro de los temores con este nuevo ordenamiento es que se pueda relajar.

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