Medio centenar de funcionarios de Justicia protestan en los juzgados en defensa del registro civil. Temen una privatización por parte del Ministerio de Justicia si finalmente pasa a manos de los registradores de la propiedad. Esproyecto en fase de estudio implicaría la redistribución de 15 trabajadores del registro exclusivo de Vigo y un sobrecoste para los ciudadanos qute e tendrían que pagar por obtener certificados.
Los manifestantes han pedido la dimisión de Gallardón.
La Voz de Vigo 3.4.2014
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