El Registro Civil único depende de 400 millones de euros

Como siempre, los cambios estructurales tienen que venir acompañados de mucho dinero y la modernización del Registro Civil (basada en «las personas» y no en «los hechos», según reza la Ley de 2011 que impulsó el ministro socialista Francisco Caamaño, que está aún en 'vacatio legis') es la más radical desde el año 1870. El factor económico, subrayó el registrador Juan Segoviano Astaburuaga, fue el que primó entonces, cuando se creó, y desde luego, prima ahora. Según los datos que se manejan en el Colegio de Registradores de España, el coste del sistema del Registro Civil, en el que están implicados los presupuestos del Estado, de las comunidades autónomas y de los municipios, está en torno a los 400 millones de euros. Además hay que tener en cuenta, y a esa puntualización asintieron muchos invitados a la quinta mesa del II Ciclo de Justicia de El Norte, que en los últimos años ya se han invertido 120 millones en una digitalización, «basada en fotocopias», que ha resultado fallida.

«La cuestión económica, y no la desjudicialización, que ya está pactada en una Ley que consiguió el 96% de los votos en el Congreso, es la clave», sostuvo Segoviano para tratar de desactivar la pugna abierta entre secretarios y registradores por la gestión de los archivos.

Ayer como nunca, en lo que resultó un candente coloquio sobre el futuro de los registros civiles, que fue moderado por la jefa de local del periódico, Mar Domínguez, había expertos en la materia dentro y fuera de la mesa: secretarios, funcionarios de agrupaciones de Juzgados de Paz, jueces de paz, y registradores de la propiedad y operadores judiciales de partidos judiciales fueron mayoría en el repleto salón de actos del Colegio de Abogados.

Sin peregrinaciones

Para reforzar las tesis de Juan Segoviano de que el diseño de la nueva ley, basada en un gran y único registro electrónico «es inteligente», el vocal del Consejo del Poder Judicial Vicente Guilarte, profesor, letrado y, en los dos últimos años, asesor del Colegio de Registradores de España en esta materia, tomó la palabra para tranquilizar a la alcaldesa de Medina, procuradora en Cortes y también abogada en ejercicio, Teresa López. «Con el nuevo registro electrónico los habitantes de Medina no van a tener que desplazarse a otro sitio para pedir un certificado, se acabó el peregrinar de una oficina a otra», señaló Guilarte.

No obstante, sí reconoció que el problema está en qué va a pasar con el personal funcionario que trabaja en los registros civiles. «El Gobierno tiene que tratar de arreglar este aspecto porque es el que genera mayor inquietud, pero ese problema es al margen de que el registro electrónico es un sistema eficiente».

Sin embargo, Guilarte no consiguió su propósito porque Teresa López expresó su competo rechazo a una ley que, a su juicio, es «un verdadero ataque al mundo rural, que los vecinos de Medina no van a entender», en la línea con los que sostiene su partido. El PSOE, que de hecho, ha presentado la pasada semana una Proposición No de Ley en el Congreso, de la mano de Julio Villarrubia, su secretario autonómico y portavoz del grupo socialista en la Comisión de Justicia, para que el Congreso inste al Gobierno a dotar de presupuesto esta ley, así como para «garantizar el carácter público, universal y gratuito del Registro Civil» y que este sea llevado por los secretarios judiciales, «con formación acreditada y con el consiguiente ahorro para los ciudadanos», y no por los registradores de la propiedad y mercantiles que, en principio, es la pretensión del Ministerio de Justicia y así se lo hizo saber al Colegio.

El secretario responsable del Registro Exclusivo de Valladolid, Manuel Martín Morato, basó su intervención en parecidos argumentos y los apoyó en su experiencia de años en la custodia de todos los datos personales de todos los vallisoletanos (nacimiento, vida y muerte desde el año 1871, cuando se creó el registro de la capital vallisoletana). Una nueva ley, considera, es necesaria para reformar la preconstitucional de hace más de 60 años, y también es positivo que se desjudicialice el servicio, «pero que no abandone el ámbito judicial, porque es una garantía para los ciudadanos».

Aludió a la «ambigüedad actual» y consideró que, desde que se aprobó la Ley en 2011, «se han perdido tres años y seguimos sin saber qué va a pasar con los registros». Reivindicó que sea el cuerpo de secretarios quien desempeñe esa función para garantizar, entre otros aspectos, la privacidad de los datos personales y la gratuidad del servicio.

También la magistrada Maria Luisa Miranda, que ejerce como titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Burgos, encargado además del Registro Civil, considera que hay que abordar esta gran reforma desde la perspectiva de que los registros civiles, a pesar de su relevancia en la vida de los ciudadanos «no tiene reconocimiento a nivel social, institucional e incluso entre muchos profesionales de la Justicia». La ponente se quejó de la falta de transparencia por parte del Ministerio de Justicia sobre este cambio, que se justifica en la necesidad de desatascar los juzgados y liberarlos de funciones administrativas. En ese sentido, aseguró que no le consta que el Gobierno «esté realizando las actuaciones necesarias e imprescindibles para que esta Ley entre en vigor». Falta, a tres meses vista de la entrada en vigor, «el fichero único de personas». Es partidaria, de cualquier forma, que los registros civiles no salgan del ámbito de los juzgados y los lleven los secretarios.

Despoblación

Para el decano de los abogados de Zamora, Norberto Martín-Anero, la mayor preocupación es que el desmantelamiento de los registros actuales supone «un servicio menos en los pueblos que redundará en la despoblación». Puso como ejemplo que en Benavente, partido judicial con dos juzgados, si desaparecen las funciones registrales en el municipio «cien familias que están en el ámbito de la Administración de Justicia se marcharán, y cien son muchas familias». Apostilló además que como la Ley de 2011 contempla que se crea una oficina central en Madrid, una general por comunidad autónoma y otra por cada 500.000 habitantes, habrá provincias de Castilla y León, como Zamora, Ávila o Segovia que se quedarán sin oficina registral . «Ello evidencia el maltrato hacia territorios desfavorecidos, que incluso se van a quedar sin juzgados y hasta sin audiencias, lo que significa que se incide en el mayor problema de esta comunidad, que es la despoblación».

Tarde o temprano, el registro único se impondrá, concluyeron todos los expertos, pero no será en julio próximo. «Es absolutamente imposible que entre en vigor, porque hay que crear el registro electrónico», concluyó Guilarte.

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