Siguen en Cantabria las movilizaciones contra la privatización de los registros civiles

Más de 70 trabajadores de la Administración de Justicia en Cantabria, destinados en Santander, se han concentrado nuevamente este jueves en el complejo judicial de Las Salesas para defender el servicio público del Registro Civil, una concentración convocada por CCOO y a la que se han sumado UGT, STAJ y CSIF.

Según recuerdan los convocantes, la concentración se realiza contra el proyecto del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de "privatizar los registros civiles, extrayéndolos de la Administración de Justicia y obligando a los ciudadanos a pagar por un servicio que, hasta ahora, era gratuito, pues los usuarios ya lo han sufragado con sus impuestos".

Para el coordinador de Justicia de CCOO de Cantabria, Borja Bats, no es de recibo que por un "capricho" del Ministro los usuarios de los registros civiles tengan que pagar dos veces por un servicio que ya han pagado con sus impuestos anteriormente y que los funcionarios de la Administración de Justicia prestan gratuitamente en la actualidad.

Bats ha explicado que no entiende "por qué se grava a los ciudadanos con el coste de la tramitación de matrimonios o divorcios en las notarías, actuaciones que actualmente se ejecutan en los registros civiles y en los órganos judiciales".

Por otro lado, el delegado de CCOO ha insistido en que la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, "ha faltado a la verdad" en sus declaraciones sobre la manera en que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial puede afectar a la organización judicial en Cantabria, "al negar la más que posible concentración de los órganos judiciales en la capital de la Comunidad Autónoma y afirmar que la organización judicial, en Cantabria, seguirá como hasta ahora".

"La consejera pretende darle la vuelta a la tortilla y hacer creer que será regla, en nuestra región, lo que en el Anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial -ya aprobado en Consejo de Ministros- se presenta como excepcionalidad", ha dicho.

Bats ha afirmado que el artículo 84 "expresa claramente" que las circunstancias excepcionales que permitirán el mantenimiento de sedes judiciales fuera de la capital de la provincia se valorarán en su conjunto. De hecho, si la valoración no fuera conjunta todas las provincias de España estarían afectadas por alguna de las circunstancias excepcionales.

En cualquier caso, añade, e independientemente de las conversaciones que la Consejera haya mantenido con el ministro de Justicia, el anteproyecto, en su estado actual, "deja la vía abierta para barrer la organización judicial en Cantabria fuera de su capital".

Según el portavoz sindical, el ministro de Justicia "faltó a la verdad" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial cuando manifestó que los juzgados de paz permanecerían como puntos del acceso al registro civil, pues la disposición transitoria decimosegunda del anteproyecto que acababan de aprobar "deja claro" que desaparecerán los juzgados de paz en cuanto entre en vigor la ley.

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