Si los planes del Gobierno central prosperan, más de 200.000 lucenses se quedarán sin oficina del registro civil. El proyecto pasa por dejar solo una en la capital y facilitar algunos trámites de manera telemática. Sin embargo eso no evitará, según fuentes de la junta de personal de Xustiza de Lugo, que muchos ciudadanos tengan que hacer desplazamientos de más de doscientos kilómetros entre ida y vuelta para presentar algunos papeles como, por ejemplo, los que son necesarios para formalizar un matrimonio.
Actualmente hay registros civiles en las cabeceras judiciales de todos los partidos de la provincia: Mondoñedo, Viveiro, Vilalba, Chantada, A Fonsagrada, Becerreá, Monforte y Lugo. Asimismo, los hay en los juzgados de paz que en muchos casos dependen de los concellos.
«Además de implantar tasas y permitir que sean los registradores de la propiedad y los notarios los que hagan algunos trámites, por supuesto pagando, Gallardón planea suprimir los partidos judiciales y los juzgados de paz, lo que conlleva la desaparición de los registros», anunció el presidente de la junta de personal de Xustiza de Lugo, Efrén Álvarez. La situación, si llega a producirse tendrá unas consecuencias nefastas para muchos ciudadanos de Lugo, especialmente los de A Mariña y los de algunos de la zona Sur de Lugo que tienen la capital lucense a casi una hora de viaje. Aunque el nacimiento de un niño podrá efectuarse telemáticamente, no será posible preparar los tramites para una boda. Lo mismo ocurrirá con los expedientes relacionados con la nacionalidad o los que es preciso abrir cuando se desea cambiar de nombre.
El proyecto del Gobierno salva del cierre de los registros a aquellos núcleos de población con más de 50.000 habitantes. En la provincia de Lugo no hay ninguno. La medida, dicen los expertos, no puede aplicarse en provincias como la lucense. En todo caso, aconsejan, mantener los registros en las oficinas cabecera de comarca como por ejemplo, A Marina, Terra Chá o Lemos.
Otro duda que se plantea es lo que ocurrirá con los funcionarios que ahora atienden los registros en las cabeceras de los partidos judiciales. Según Efrén Álvarez, su plaza se amortizaría y los afectados quedarían adscritos a otro órgano.
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