El gran negocio de la venta de los datos registrales ( o el futuro que nos espera si el Registro Civil pasa a los Registradores Mercantiles)

Juan Antonio es empresario y tiene un pequeño negocio de alimentación, con menos de diez trabajadores. Hace unos meses acudió a uno de los bancos con los que trabaja habitualmente para pedir una línea de crédito con la que financiar una nueva inversión. Hablando con el director de la sucursal, se percató de un detalle que le resultó sorprendente: el banco conocía el balance de las cuentas y los últimos datos económicos de su empresa con gran exactitud. A priori es algo bastante lógico, ya que los datos mercantiles son públicos y de presentación obligatoria. Lo extraño es que ni el propio Juan Antonio había recibido aún la notificación del Registro Mercantil sobre el depósito de dichas cuentas, por lo que se suponía que hasta ese momento era una información que solo podían conocer él y sus socios.
Afortunadamente para el pequeño empresario, el crédito fue concedido. Pero ¿cómo podía el banco tener conocimiento actualizado sobre el estado de la compañía? Pues porque realizó el trabajo de investigación por un atajo: consultó los datos de la situación económica de la empresa de Juan Antonio a través de una de las firmas puente que se lucran a través de un negocio muy sencillo y rentable: el tratamiento y la clasificación de datos públicos procedentes de los registros. Una auténtica mina de oro que pone de relieve un sistema de dobles beneficios (ya que estas empresas ya ‘compran’ los datos al Registro) que ha sido y es cuestionado por algunos, pero que se establece como una actividad perfectamente lícita.
¿Y dónde está el negocio? Pues simple y llanamente en la distribución de los datos. Estas empresas compran cualquier balance una vez en el Registro Mercantil y luego, usando esos datos, lo revenden tantas veces como pueden. En el caso de Juan Antonio está claro: su empresa trabaja con tres entidades bancarias distintas y cada una de ellas recibirá su correspondiente informe antes de conceder ningún crédito. Un beneficio que se multiplica por tres.

De este modo, empresas como Axesor, Einforma o Iberinfor, entre otras, que clasifican ingentes cantidades de datos procedentes del registro mercantil, han generado un lucrativo negocio que consigue unas facturaciones en ocasiones superiores a los 20 millones de euros anuales. Además, se produce con ello un sistema de explotación comercial de los datos públicos que encarece el acceso de cualquier ciudadano a estos registros, pese a que los particulares ya abonan las tasas necesarias para mantenerlos. Y es que cualquier operación o consulta realizada en el Registro Mercantil, de la Propiedad o de Bienes Muebles implica la correspondiente arancel oficial, que se abona directamente al Colegio de Registradores, una entidad privada que recibe, en concepto de estas tasas, unos 150 millones de euros anuales, según fuentes del sector.
De este modo, y como el propio Juan Antonio indica, “al final es más importante que tus datos aparezcan bien en estas empresas 'colaboradoras' como Einforma o Axesor, que llevar debajo del brazo los balances del Registro Mercantil”, ya que “para todos los comerciales bancarios con los que he tratado lo que diga Einforma va a misa, ya que para muchos estas plataformas y el Registro Mercantil Central son exactamente lo mismo; ahora explícales tú que una cosa es pública y lo otro una empresa estrictamente privada”.
¿Recuerdan las archiconocidas empresas de rating que trajeron de cabeza a la deuda española y a la prima de riesgo? Pues el funcionamiento de las plataformas de datos mercantiles es más o menos el mismo. Pero empecemos por el principio.

Datos con valor añadido

Los datos públicos son la base de todo el negocio, eso esta claro. Pero, ¿cómo es posible que unos datos que son de libre acceso y disponibles en los registros para cualquier ciudadano generen tanto volumen de facturación a empresas privadas? Pues es sencillo. Las empresas que los clasifican y organizan ofrecen un servicio más completo que los propios registros, con un sencillo sistema de navegación con el que no cuenta la página web del Colegio de Registradores.
Además, estas firmas también buscan el valor añadido realizando completos informes e investigaciones en las que recopilan datos de diferentes registros e incluso se desplazan físicamente a auditar in situ a la empresa ‘investigada’. Es ahí donde los clientes ya comienzan a pagar precios más elevados y donde las plataformas sacan el rendimiento esperado.
Ante este panorama, inmediatamente los ojos se dirigen hacia la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, desde la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) aluden al dato mercantil: "Los datos de empresas no son datos personales. Las personas jurídicas (sociedades mercantiles, cooperativas, asociaciones, etc.) no son personas físicas y por tanto, no les afecta esta normativa". Aunque también recuerdan que "no hay que confundir los datos de empresas, como CIF, dirección, facturación, etc. con los datos que manejan las empresas como las nóminas informatizadas de sus trabajadores que sí están sujetas a esta ley".
Sin embargo, aún queda un cabo suelto. Cuando un ciudadano solicita una nota simple al registro mercantil, éste advierte expresamente de que esa información "no podrá ser incorporada a ninguna base de datos". Aún así, las citadas plataformas sí parecen tejer algo que podría considerarse una base de datos. Este portal se ha puesto en contacto con el Colegio de Registradores y al cierre de estas líneas no han facilitado ninguna respuesta sobre esta cuestión ni han aludido a base legal alguna. Tampoco en la AGPD han aclarado nada.
En este sentido, es necesario distinguir entre los datos del Registro Mercantil y los del Registro de la Propiedad. Los primeros son de petición libre. Los segundos deben incluir un "interés legítimo", es decir, una razón por la que se solicita la información que deberá dar por buena el registrador para que la petición sea atendida.

La dictadura del riesgo

Lo primero que desea una empresa antes de entrar en negociaciones con otra es saber si ésta es fiable. Si paga sus deudas y si está saneada. Como se explica más arriba, en el caso de los bancos esta necesidad se vuelve imperativa antes de conceder un crédito. Es precisamente en eso, en la cuantificación de los riesgos, en lo que dicen ser especialistas plataformas privadas como Axesor, Einforma o Iberinfor -el auténtico tridente de las agencias de información y distribución de datos mercantiles y patrimoniales por volumen de negocio en España-.
Ofrecen informes de lo más variado: perfiles de empresa, sobre el riesgo comercial, el balance y las cuentas de resultados, el balance de impagos, investigaciones patrimoniales, de identidades de los ejecutivos… de empresas o de autónomos, nacionales o internacionales, todos ellos con su correspondiente tarifa y unos plazos establecidos.
Una información que no solo sirve para evaluar los riesgos, sino también para conocer mejor a los clientes y a los proveedores, obtener un listado de clientes potenciales con sus datos de contacto, conocer profundamente a las empresas de la competencia y mejorar la capacidad de negociación con proveedores, y también, cómo no, para comprobar su morosidad (utilizan bases de datos de las entidades bancarias y de crédito -RAI y ASNEF-). Todo ello a un módico precio -desde 3 ó 5 euros del informe más sencillo a los 450 euros que puede costar un estudio detallado de las empresas de la competencia- .
Lógicamente, a cualquier sociedad le gustaría que una de estas agencias la colocara en sus informes como una empresa fiable. Pero,¿qué sucede si una empresa se quiere borrar de estas plataformas? El empresario David Fernández, asegura que no tuvo ningún problema en conseguir que Axesor eliminara el perfil de su compañía: "Primero intenté que Google actuara, pero nunca contestaron y ni mi hicieron caso, así que fui directamente a la empresa. Llamé y no tardaron mucho en quitarlo", asegura.
Además, la información es poder y hay que pagarla, como bien saben enAxesor (la ‘primera agencia de rating española’, con más de 180.000 clientes entre empresas y profesionales, 24 millones de euros facturados en 2013 y 83% de empresas del IBEX 35 entre sus clientes); Einforma (información online sobre más de 230 millones de empresas de 200 países, y “la confianza del 95% de los bancos para valorar operaciones comerciales”); o Iberinfor (tres millones de informes de empresas y autónomos y unos 22 millones de euros de facturación en 2010). Si no fuera porque la materia prima con la que trabajan, los registros públicos, ya ha sido pagada en su momento.
Y es que es obligación de toda empresa acudir al registro mercantil a depositar sus cuentas anuales y también un deber ciudadano registrar las propiedades. Todo hijo de vecino con sociedades o bienes debe dirigirse a los registros y abonar las tasas correspondientes para figurar en ellos como señala la ley. Unos aranceles que también se cobran por las consultas, sean del carácter que sean, puesto que se consideran datos públicos, pero con unos gastos generados por el trabajo que conlleva la búsqueda de la información solicitada. De este modo, las citadas empresas ‘compran’ y abonan la misma cantidad por esos datos que cualquier persona física, con la diferencia de que posteriormente hacen negocio con ellos sacándoles un beneficio.
Como a efectos prácticos aparecer en una de estas plataformas es igual o incluso más importante que en el registro original, cabría hablar incluso de privatización encubierta, salvo por un pequeño detalle: el Registro Mercantil, el Registro de la Propiedad y el de Bienes Muebles ya están privatizados. Y de una manera muy peculiar. 

Una élite privilegiada

¿Se imagina que un policía, tras ponerle una multa de aparcamiento, le obligara a abonar inmediatamente el dinero y además se lo guardara íntegramente en el bolsillo? Resultaría impensable que un funcionario, con un sueldo fijo mensual, cobrara una tasa -la multa en este caso- y el Estado no viera ni un céntimo. Y más increíble aún, que esto fuera legal. Pues bienvenidos a la España del siglo XXI y su particular idilio con los registradores de la propiedad.
En España todos los registros (el civil, el catastro…) son gratuitos y sus titulares cobran un sueldo del Estado. Sin embargo, quedan excluidos de ello tres organismos: el Registro de la Propiedad, el Registro Mercantil y el Registro de Bienes Muebles, todos gestionados por el Colegio de RegistradoresDesde los más de mil registros que existen en España, estos funcionarios cobran un arancel al ciudadano por cualquier operación (por ejemplo, certificaciones), como si fueran auténticos profesionales, cuando la realidad es que son empleados públicos con monopolio territorial, sin libertad de elección por el usuario, y encargados de un registro propiedad del Estado. De hecho, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es registrador en excedencia, una circunstancia que ha levantado más de una polémica, tanto por el supuesto trato de favor al potente lobby registrador como por un presunto mantenimiento ilegal de sus honorarios a pesar de la dedicación a la política, un caso que ha acabado en los tribunales.
Controversias aparte, el caso es que, según indican fuentes profesionales consultadas, de lo que abonan los ciudadanos en los registros de la Propiedad y Mercantil, el Estado no se lleva absolutamente nada. De los ingresos del Registro, su titular, después de pagar los gastos corrientes, se queda con el 60% del dinero ingresado en la oficina y el 40% restante se reparte entre los empleados, que también van a porcentaje. Un área totalmente privatizada en beneficio de una entidad, el Colegio de Registradores, que no se ve en la obligación de competir con nadie debido al criterio territorial. No hay ningún país en Europa donde esto ocurra. Al contrario, los Registradores europeos son funcionarios que cobran un sueldo.
Además, con la crisis el volumen de negocio de los registradores ha aumentado ya que en España es obligatoria la inscripción registral de los embargos, las ejecuciones de hipotecas, los concursos de acreedores, las ampliaciones y reducciones de capital y la disolución de las empresas mercantiles. Un dinero que podría ser recaudado por el Estado, pero que se quedan íntegramente los registradores.
Según datos de la Asociación de Usuarios de Registros Públicos, la explotación comercial de estos datos personales reporta unos ingresos estimados de unos 150 millones de euros anuales a repartir entre los más de 1.000 registradores en activo y el Colegio de Registradores. Esta asociación, la AURP, creada en 2010 por un grupo de profesionales del derecho, defiende que “el acceso por internet al registro, más o menos limitado, debe ser gratuito, como ocurre con el resto de los registros públicos. En primer lugar para el titular registral, porque tiene el derecho de acceso incondicional que le confiere la Ley de Protección de Datos; también para funcionarios y jueces que accedan por razón de su oficio”. Además, "el resto de los ciudadanos deberían poder acceder a determinados datos, como ocurre en el catastro, también de forma gratuita pero parcial, con un canal de información más restringido”.

El Registro Civil, la última frontera

A finales de 2012, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, soltaba el globo sonda. Anunciaba una Ley de Reforma Integral de los Registros que encomendaba la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad, quitándosela a los jueces. Con aquel anteproyecto de Ley abría la puerta a cobrar al ciudadano por algunos trámites ahora gratuitos. Asociaciones de jueces y secretarios judiciales, así como los principales sindicatos del gremio ponían el grito en el cielo ante lo que juzgaban una nueva privatización.
Año y medio después, Gallardón sigue deshojando la margarita. Hace más o menos un mes, el ministro garantizaba que una vez reformado el Registro Civil tanto el acceso como la obtención de los certificados continuarán siendo gratuitos en España. Todo apuntaba que serían los registradores los encargados de la gestión para liberar de trabajo a los jueces y secretarios judiciales. Sin embargo, sigue sin dejar claro qué cuerpo de funcionarios asumirá estas labores. La gratuidad que Gallardón dice que va a mantener es incompatible con los registradores, así que el asunto aún está por cerrarse. Desde el Colegio de Registradores aseguran que “aún no saben nada”, por lo que la privatización del Registro Civil sigue representando la última frontera en el lucrativo negocio de los registros en España.

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