Finaliza el Plan Intensivo de Nacionalidad, banco de pruebas de la privatización del Registro Civil

Los registradores y su personal resuelven en pocos meses un atraso de años de expedientes de nacionalidad de residencia. De 478.233 Expedientes Totales han tramitado 476.114.

¿Cuántas nuevas solicitudes de nacionalidad se reciben cada día aproximadamente?

El Ministerio calcula que unas 12.500

¿Qué es el Plan Intensivo de Nacionalidad Española?

El lunes 15 de octubre de 2012 entró en vigor el Plan Intensivo para la tramitación de la Nacionalidad Española por Residencia, tras haberlo publicado el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado 13 de octubre de 2012.

¿Cuándo dijeron que iban a estar resueltos todos esos expedientes?

El Ministerio al poner en marcha este plan dijo que “los expedientes acumulados durante los pasados años, a los que se seguirá dando trámite por riguroso orden cronológico, estarán resueltos antes del verano de 2013″.

¿Es cierto que se acabó el Plan Intensivo de Nacionalidad española?

El Ministerio de Justicia y el Colegio de los Registradores rompieron sus acuerdos a mediados del mes de marzo pasado (2014). Entre esos acuerdos, como se sabe, está el conocido Plan Intensivo de Nacionalidad de Nacionalidad española que ha posibilitado desatascar solicitudes de nacionalidad española de más de tres años.

Un año de negociaciones —y de polémica— sobre el cambio de gestión del Registro Civil terminó con la ruptura entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores, el colectivo en el que teóricamente se iba a delegar el servicio que ahora realizan funcionarios judiciales. Justicia da por definitivamente rota esa negociación y busca ahora fórmulas alternativas (aunque aún sin descartar que el Registro Civil pase a manos de colectivos no judiciales). El portazo se ha producido porque los registradores se negaban a hacer ese trabajo gratis: exigían poder cobrar aranceles a los ciudadanos por algunos trámites; y el ministerio ya se había comprometido a mantener la gratuidad del servicio.

El gran negocio de la venta de los datos registrales ( o el futuro que nos espera si el Registro Civil pasa a los Registradores Mercantiles)

Juan Antonio es empresario y tiene un pequeño negocio de alimentación, con menos de diez trabajadores. Hace unos meses acudió a uno de los bancos con los que trabaja habitualmente para pedir una línea de crédito con la que financiar una nueva inversión. Hablando con el director de la sucursal, se percató de un detalle que le resultó sorprendente: el banco conocía el balance de las cuentas y los últimos datos económicos de su empresa con gran exactitud. A priori es algo bastante lógico, ya que los datos mercantiles son públicos y de presentación obligatoria. Lo extraño es que ni el propio Juan Antonio había recibido aún la notificación del Registro Mercantil sobre el depósito de dichas cuentas, por lo que se suponía que hasta ese momento era una información que solo podían conocer él y sus socios.

Afortunadamente para el pequeño empresario, el crédito fue concedido. Pero ¿cómo podía el banco tener conocimiento actualizado sobre el estado de la compañía? Pues porque realizó el trabajo de investigación por un atajo: consultó los datos de la situación económica de la empresa de Juan Antonio a través de una de las firmas puente que se lucran a través de un negocio muy sencillo y rentable: el tratamiento y la clasificación de datos públicos procedentes de los registros. Una auténtica mina de oro que pone de relieve un sistema de dobles beneficios (ya que estas empresas ya ‘compran’ los datos al Registro) que ha sido y es cuestionado por algunos, pero que se establece como una actividad perfectamente lícita.

¿Y dónde está el negocio? Pues simple y llanamente en la distribución de los datos. Estas empresas compran cualquier balance una vez en el Registro Mercantil y luego, usando esos datos, lo revenden tantas veces como pueden. En el caso de Juan Antonio está claro: su empresa trabaja con tres entidades bancarias distintas y cada una de ellas recibirá su correspondiente informe antes de conceder ningún crédito. Un beneficio que se multiplica por tres.

Los funcionarios, contra la reducción de Juzgados y la privatización del Registro Civil

Decenas de funcionarios de Justicia de Asturias se concentraron ante los Juzgados de toda la región para exigir que se retiren las reformas planteadas por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que, según indican, sólo buscan reducir los puestos de trabajo. Aseguran que están en el aire un treinta por ciento de los puestos de trabajo. Pese a que el Gobierno asegura que se mantendrán las sedes actuales, los nuevos tribunales de instancia, que eliminarán los partidos judiciales, amenazan con dejar a las localidades pequeñas sin juzgados. El Gobierno también quiere eliminar a los jueces de paz, con lo que está amenazada, aseguran, "la Justicia de proximidad". También se quejan del intento de "privatizar" los registros civiles, que el Gobierno quería ceder a los registradores de la propiedad. La plataforma de Justicia también carga contra la administración regional, a la que también acusan de recortes. Para empezar quieren un complemento que impida que pierdan la mitad del sueldo cuando se quedan de baja.

La Nueva España 26.04.2014

El PSOE asegura que la privatización de registros civiles afectaría a 20.000 familias granadinas

“Las pretensiones del Gobierno de Rajoy de cobrar tasas por algunos de los servicios que se prestan en los registros civiles, supondría un gasto para los granadinos de entre 40 y 60 euros, lo que afectaría a 20.000 familias. El impacto económico que esto conllevaría para la provincia llegaría a los 800.000 y 1,2 millones de euros al año”. Estos son los datos que ha puesto sobre la mesa, el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso y diputado por Granada, José Martínez Olmos, ante la posibilidad de que el cobre tasas por la realización de los trámites que habitualmente se realizan con motivo de nacimientos, defunciones, matrimonios o cambios de apellidos.

“Un auténtico negocio, ya que solo en Granada hay unas 8.000 defunciones anuales, 3.100 matrimonios y 9.100 nacimientos, cifras todas ellas que están el INE y que a nivel nacional, supondrían unos ingresos de entre 56 y 90 millones de euros anuales. Además, se plantea la posibilidad de que sean los registradores de la propiedad los que hagan esos trámites, incluso que se puedan llevar a cabo en otros sectores”, ha explicado Olmos al tiempo que esta medida podría implicar un peligro para la protección de datos. “Dado que estos papeleos afectan a datos de carácter personal que están protegidos con la Ley de Protección de Datos, el hecho de que puedan salir fuera de los registros civiles pone en riesgo la garantía de confidencialidad que tan importante es. En el fondo, es un desmantelamiento de dichas administraciones y una pérdida de empleo público. Si los registros civiles terminaran perdiendo estos derechos, los empleados se quedan sin funciones”, ha continuado el portavoz socialista.

“Se trata de una medida innecesaria porque no es una demanda social, ni hay un problema de aglomeración de listas de espera, ni de mal funcionamiento. No es más que otro intento de privatizar unas gestiones que producen un escenario de generación de negocio. Es por eso que vamos a trabajar con sindicatos y profesionales para oponernos a esta medida y presentar mociones en los ayuntamientos”, ha concluido Olmos.

AhoraGranada 07.04.2014

Siguen en Cantabria las movilizaciones contra la privatización de los registros civiles

Más de 70 trabajadores de la Administración de Justicia en Cantabria, destinados en Santander, se han concentrado nuevamente este jueves en el complejo judicial de Las Salesas para defender el servicio público del Registro Civil, una concentración convocada por CCOO y a la que se han sumado UGT, STAJ y CSIF.

Según recuerdan los convocantes, la concentración se realiza contra el proyecto del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de "privatizar los registros civiles, extrayéndolos de la Administración de Justicia y obligando a los ciudadanos a pagar por un servicio que, hasta ahora, era gratuito, pues los usuarios ya lo han sufragado con sus impuestos".

Para el coordinador de Justicia de CCOO de Cantabria, Borja Bats, no es de recibo que por un "capricho" del Ministro los usuarios de los registros civiles tengan que pagar dos veces por un servicio que ya han pagado con sus impuestos anteriormente y que los funcionarios de la Administración de Justicia prestan gratuitamente en la actualidad.

Bats ha explicado que no entiende "por qué se grava a los ciudadanos con el coste de la tramitación de matrimonios o divorcios en las notarías, actuaciones que actualmente se ejecutan en los registros civiles y en los órganos judiciales".

Los sindicatos protestan contra la privatización del registro civil y el anteproyecto de la nueva ley del poder judicial

Las organizaciones sindicales representativas de la Administración de Justicia CSIF, CCOO y STAJ, han protagonizado una concentración a las puertas de la sede de los Juzgados de La Línea, en la Avenida Menéndez Pelayo, con el objetivo de protestar por la pretensión del Ministerio de Justicia de privatizar los registros civiles entregándoselos a los registradores de la propiedad y en contra del anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Gobierno en el consejo de ministros del día cuatro de abril, ya que afirman que ésta “prevé la desaparición de los partidos judiciales, las audiencias provinciales y los juzgados que hoy existen, sustituyéndolos por un tribunal provincial de instancia, lo que la aprobación definitiva de esta nueva Ley conllevaría la desaparición del partido judicial y los órganos judiciales de La Línea de la Concepción”.

José Luis Sánchez, responsable de CCOO ha querido dejar claro que la nueva ley no sólo suprimiría los juzgados en La Línea, sino que también afectaría a las dependencias judiciales de cada municipio de la comarca, incluida la Audiencia Provincial que está ubicada en Algeciras. Sánchez señala que la supresión de los órganos judiciales en la comarca no sólo podría suponer una pérdida de empleo en la zona, sino que esto también afectará negativamente a los ciudadanos ya que estos deberán desplazarse a Cádiz para realizar los trámites judiciales.

Los sindicatos tienen previsto seguir adelante con las protestas de cara a los próximos días.

Campo de Gibraltar 24.04.2014

El Registro Civil, sin rumbo

El Gobierno lleva más de un año de conversaciones con los registradores de la propiedad para ceder las funciones del Registro Civil

Los funcionarios viven con la incertidumbre de no saber qué pasará con ellos

Los funcionarios del siguen manifestándose para que el Registro Civil permanezca en el ámbito de la administración jurídica y no sea privatizado y gestionado por los registradores de la propiedad. Unos cuarenta trabajadores llevan dos meses manifestándose cada jueves a las puertas del Juzgado de la avenida Reyes Católicos. Se trata de una “lucha” que comenzó hace un año, cuando el Gobierno comenzó a mantener conversaciones con los registradores de la propiedad para externalizar el Registro Civil.

Al grito de “el registro no se vende, se defiende” los manifestantes se hacen oír en protesta por una privatización que supondrá perder los 120 millones de euros invertidos en la digitalización de la administración y el empeoramiento del servicio.

Por otra parte, la Ley del Registro Civil aprobada en la era Zapatero entrará en vigor el próximo mes de julio, y los funcionarios aún desconocen si entrará o no en vigor finalmente. Alberto Arroyo, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), ha pedido respeto hacia los funcionarios que se ven afectados, por la incertidumbre que viven desde hace un año.

Desde el sindicato no descartan volver a repetir la manifestación a nivel estatal que llevaron a cabo el pasado mes de enero, en próximas fechas.

Burgosconecta, 24.04.2014

El pleno del Ayuntamiento de Dos Hermanas muestra su rechazo a la intención del Gobierno Central de privatizar los registros civiles

IU presentó una moción que fue apoyada por PSOE y rechazada por el PP

El pleno de Dos Hermanas ha aprobado, a propuesta de Izquierda Unida y con el apoyo de PSOE y el voto en contra del PP, una moción en contra la privatización del Registro Civil puesta en marcha por el Gobierno de la Nación mediante un ante proyecto de ley.

El texto recoge que el Ayuntamiento muestre su apoyo a la necesidad de que los Juzgados de Paz sigan prestando sus servicios de forma directa sin ver disminuidos sus recursos y competencias.

Para el PSOE, según su portavoz, Agustín Morón, esta normativa es un paso más del PP “para la privatización se servicios esenciales”. Mientras que para los populares, según su concejal, Luis Gómez, “se están adelantando acontecimientos porque sólo es un anteproyecto y no se sabe cómo va a quedar la ley”.

La Semana de Dos Hermanas, 25.04.2014

El final de las bodas en el registro civil provoca una avalancha de matrimonios

La fecha de caducidad de los registros civiles, el próximo 1 de julio, ha provocado un efecto curioso: una avalancha de bodas. La nueva ley que regula estos organismos deja sin jueces a los dos registros que hay ahora en Palma. A partir de esa fecha no habrá quién celebre las bodas y todavía no se ha aclarado quién lo hará. En principio quedará en manos de funcionarios. Sin embargo, el funcionamiento actual, en el que cada enlace está presidido por un juez, queda anulado. El problema es que, a falta de una solución para después del 1 de julio no se pueden señalar enlaces más allá de ese día. De esta manera, el registro ha tenido que habilitar más fechas para celebrar las bodas. Habitualmente sólo se casaba los viernes pero, para poder dar salida a las peticiones se celebrará también entre semana.

Ayuntamientos

La noticia de que a partir del uno de julio la situación se complica y, por el momento, las bodas civiles más seguras serán en los ayuntamientos, ha provocado también un aumento de las peticiones que agrava el sprint final de los registros.

En Palma, hay dos registros. Uno tiene atribuidas las bodas y las defunciones y, en el otro se tramitan los nacimientos y los expedientes de nacionalidad. Los dos mantendrán su actividad pero sin un magistrado al frente, dado que este año expira la moratoria de dos años que decretó el Gobierno para aplicar la nueva ley que los regula y que es criticada por los sindicatos como una privatización encubierta del servicio que daban. El Ministerio de Justicia, por el momento, ha anunciado que las funciones que hasta ahora realizaban los jueces quedarán en manos de funcionarios en abstracto, pero no ha concretado si serán los secretarios judiciales, los notarios o los registradores quienes se encarguen. Mientras tanto, el plazo se apura a costa de más trabajo y más bodas.

Una de las funciones de los jueces sobre los enlaces era verificar en caso de matrimonios entre españoles y extranjeros que no se trataba de matrimonios de conveniencia, uno de los motivos por los que se podía denegar la boda. Ese control judicial pasará con la nueva norma a ser administrativo y otro de los temores con este nuevo ordenamiento es que se pueda relajar.

UHNoticias, 20.04.2014

PSOE-A pide que la Junta traslade al Gobierno su oposición al "proceso de privatización" de los registros civiles

El Partido Socialista defenderá el próximo miércoles una proposición no de Ley en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a trasladar al Gobierno de la Nación su "oposición al proceso de privatización" del Registro Civil anunciado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para trasladar sus competencias al Colegio de Registradores por considerar que "iría en detrimento del interés de los ciudadanos". 

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE-A emplaza al Ejecutivo andaluz a defender el Registro Civil "como servicio público y gratuito, que no pase a ser gestionado por los registradores" y a reclamar al Ministerio que "las posibles modificaciones que pueda sufrir vayan precedidas del diálogo y el consenso con partidos políticos, agentes sociales y profesionales del sector". 

Los socialistas recuerdan en primer lugar que el Registro Civil es un servicio público encargado de "dejar constancia de hechos o actos como los nacimientos, la filiación, el nombre y apellidos de las personas, los fallecimientos o los matrimonios", así como de ofrecer "datos relativos al estado civil de las personas que deben ser recogidos de modo fidedigno y custodiado en archivos oficiales". 

En este sentido, el PSOE-A advierte de que la "decisión política" de Gallardón de traspasar las competencias del Registro Civil al Colegio de Registradores "no tiene consenso político ni social ni de los profesionales del sector y va en detrimento de los intereses de los ciudadanos" y supondría un "coste añadido a los ciudadanos, que aún está por cuantificar" por un servicio público "que lleva funcionando de manera eficaz desde 1870". 

Por todo ello, los socialistas lamentan que "Gallardón, con sus reformas, esté consiguiendo alejar, encarecer y hacer muchísimo más difícil el acceso a la justicia de miles de personas, tanto por razones económicas (subida de tasas) como por razones territoriales, con la supresión de los juzgados y los gastos en desplazamiento que va a ocasionar a muchísimas personas".

20minutos, 20.04.2014

CCOO exige por carta a la Vicepresidenta del Gobierno el mantenimiento de los Registros Civiles como servicio público servido por el personal de la Administración de Justicia

CCOO ha conocido que el Gobierno pretende aprobar en los próximos días su decisión final acerca de los Registros Civiles.

Al conocer que la decisión final sobre los Registros Civiles se encuentra ya para su aprobación por el consejo de ministros, y, por tanto, ya en el ámbito del Gobierno, en el que la Vicepresidencia tiene un papel decisivo, CCOO se ha dirigido por carta a su titular, exigiéndole, como viene haciendo desde hace más de un año y medio al ministro de Justicia, el mantenimiento de los Registros Civiles en el ámbito de la Administración de Justicia.

En la carta, CCOO exige a la vicepresidenta del Gobierno: 

1.- El mantenimiento de los Registros Civiles como servicio público, servidos por el personal funcionario de la Administración de Justicia. 

2.- Que se mantendrán todos los órganos judiciales que en la actualidad tienen funciones de Registro Civil, incluidos los Juzgados de Paz. 

3.- Que los encargados de los Registros Civiles sean personal funcionario del cuerpo de Secretarios Judiciales o del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. 

Y añade la carta de CCOO, que todas estas reclamaciones conllevan evidentemente el abandono de cualquier decisión del Gobierno que implique la privatización del servicio público que prestan los Registros Civiles, mediante la entrega de su gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles. 

CCOO advierte a la vicepresidenta del Gobierno que cualquier decisión que implique la privatización de los Registros Civiles supondrá una declaración formal del Gobierno contra los derechos de la ciudadanía y contra los del personal de la Administración de Justicia, que conduciría a un conflicto social y laboral de enormes dimensiones, incluida la convocatoria de huelga en la Administración de Justicia.

CCOO 21.04.2014

Plegaria en Alicante por un Registro Civil público

Las formaciones sindicales del sector de la Administración de Justicia volvieron a protagonizar otra protesta contra los cambios que promueve el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que afectan directamente a los registros civiles. En Alicante, como cada jueves, los sindicatos acudieron a la sede del registro de la ciudad, si bien en esta ocasión la marcha se convirtió en una auténtica procesión. La protesta tuvo su momento álgido cuando los representantes de UGT encendieron varios cirios para rezar por el mantenimiento de un registro civil público, como aseguró el delegado de Justicia de la formación en Alicante, Juan Pedro Pelegrín, quien ya había llamado a la protesta vestido de cura en un vídeo junto con la también integrante del sindicato Lola Vílchez, a propósito de la Semana Santa que se celebra estos días.

Las Provincias 19.04.2014

Unos 200.000 lucenses pueden quedar sin el registro civil

Si los planes del Gobierno central prosperan, más de 200.000 lucenses se quedarán sin oficina del registro civil. El proyecto pasa por dejar solo una en la capital y facilitar algunos trámites de manera telemática. Sin embargo eso no evitará, según fuentes de la junta de personal de Xustiza de Lugo, que muchos ciudadanos tengan que hacer desplazamientos de más de doscientos kilómetros entre ida y vuelta para presentar algunos papeles como, por ejemplo, los que son necesarios para formalizar un matrimonio.

Actualmente hay registros civiles en las cabeceras judiciales de todos los partidos de la provincia: Mondoñedo, Viveiro, Vilalba, Chantada, A Fonsagrada, Becerreá, Monforte y Lugo. Asimismo, los hay en los juzgados de paz que en muchos casos dependen de los concellos.

«Además de implantar tasas y permitir que sean los registradores de la propiedad y los notarios los que hagan algunos trámites, por supuesto pagando, Gallardón planea suprimir los partidos judiciales y los juzgados de paz, lo que conlleva la desaparición de los registros», anunció el presidente de la junta de personal de Xustiza de Lugo, Efrén Álvarez. La situación, si llega a producirse tendrá unas consecuencias nefastas para muchos ciudadanos de Lugo, especialmente los de A Mariña y los de algunos de la zona Sur de Lugo que tienen la capital lucense a casi una hora de viaje. Aunque el nacimiento de un niño podrá efectuarse telemáticamente, no será posible preparar los tramites para una boda. Lo mismo ocurrirá con los expedientes relacionados con la nacionalidad o los que es preciso abrir cuando se desea cambiar de nombre.

El proyecto del Gobierno salva del cierre de los registros a aquellos núcleos de población con más de 50.000 habitantes. En la provincia de Lugo no hay ninguno. La medida, dicen los expertos, no puede aplicarse en provincias como la lucense. En todo caso, aconsejan, mantener los registros en las oficinas cabecera de comarca como por ejemplo, A Marina, Terra Chá o Lemos.

Otro duda que se plantea es lo que ocurrirá con los funcionarios que ahora atienden los registros en las cabeceras de los partidos judiciales. Según Efrén Álvarez, su plaza se amortizaría y los afectados quedarían adscritos a otro órgano.

La Voz de Galicia 20.04.2014

Siguen las movilizaciones en el Registro Civil de Alicante contra la privatización

La plantilla del Registro Civil de Alicante ha salido a la calle de nuevo para mostrar su rechazo a la estrategia privatizadora que el Gobierno ha emprendido con este servicio público.

CCOO viene denunciando el abandono al que se está sometiendo a estas oficinas públicas, que manejan información muy sensible de la ciudadanía, con el único objetivo de precarizar el servicio y justificar, así, su privatización.

En su afán de entregar a la actividad mercantil los servicios propios de la administración, el gobierno insiste en el deterioro sistemático de los Registros Civiles lo que incide negativamente en las condiciones de trabajo y, especialmente, en la atención que se presta a la ciudadanía.

Decenas de empleados y empleadas públicos han mostrado su rechazo a un proceso que va a suponer el encarecimiento de los trámites que se realizan, la desaparición de algunos registros y una pérdida considerable de empleo público.

El sindicato sigue exigiendo que se mantenga la red de registros civiles pública, gratuita, atendida por empleados públicos que garanticen la legalidad, veracidad, imparcialidad y el manejo escrupuloso de la privacidad de los datos que este servicio custodia.

A la concentración de hoy ha asistido, además del Secretario General de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Alicante, Juan José Noguera, la Secretaria General de CCOO de l’Alacantí-les Marines, Consuelo Navarro Sánchez, que han mostrado su solidaridad con los empleados públicos de los Registros Civiles y han apoyado sus justas reivindicaciones que, además de un positivo efecto laboral tienen una implicación social que hace que las demandas de este sector sean demandas de toda la ciudadanía.

La crónica virtual 10.04.2014

Protestas contra la privatización de la justicia y del Registro Civil en el Pais Vasco

Trabajadores de la Administración de Justicia y del Registro Civil en el País Vasco se concentraron el 10 de abril en las puertas de los juzgados de todos los partidos judiciales de Euskadi que no son capital de provincia para protestar contra las medidas impulsadas por el Gobierno que, en su opinión, conllevan una «privatización de la Justicia y de los registros civiles». Las concentraciones, convocadas por CC OO, ELA, LAB, UGT y CGT, se desarrollaron en Azpeitia, Bergara, Irun, Tolosa, Eibar, Amurrio, Barakaldo, Durango, Balmaseda, Gernika y Getxo. Los sindicatos denuncian que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial diseñada por el Gobiero «elimina los partidos judiciales y modifica la movilidad geográfica de los trabajadores». En el caso de los registros civiles, advierten de que el Ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón plantea una «privatización» que supondrá que los ciudadanos «deberán pagar por servicios que hasta ahora eran gratuitos».

Diario Vasco.com 11.04.2014

CCOO pide a los 104 alcaldes de la provincia de Sevilla un pronunciamiento contra la "privatización" de los registros civiles

El sindicato CCOO ha remitido una carta a los 104 alcaldes de los municipios de la provincia de Sevilla para que se pronuncien "clara" y "rotundamente" contra la "privatización" de los registros civiles planteada por el Gobierno central.

En la carta, el sindicato recuerda a los regidores municipales que el proyecto del Ministerio de Justicia "supondría el desmantelamiento de un servicio público, gratuito y de cercanía al ciudadano atendido desde hace casi 150 años" por personal de la Administración de justicia o de los ayuntamientos.

Según ha indicado en una nota CCOO, la materialización de este proyecto "supondrá la privatización de este servicio público, siendo ésta una cuestión inaceptable para los derechos de la ciudadanía, pues personal del ámbito privado manejará datos personales, particularmente sensibles algunos de ellos, de millones de ciudadanos".

Estos datos "están especialmente protegidos" por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, en referencia a estado civil, incapacidades, adopciones, cambio de sexo, separaciones y divorcios.

La consecuencia de la entrega de la llevanza del Registro Civil a los registradores de la propiedad se traduciría "en el traslado de dichos registros a las capitales de provincia o localidades de tamaño superior, obligando con ello a la población de las localidades más pequeñas a cubrir decenas de kilómetros para ejercer su derecho y su obligación o acudir, pagando los honorarios correspondientes, a gestorías o despachos profesionales".

"No está garantizado, ni tan siquiera, que los vecinos de cada pueblo puedan seguir inscribiendo a sus hijos como nacidos en esa localidad cuando nacen en los hospitales comarcales o provinciales, provocando, a medio plazo, la inexistencia de personas nacidas en las pequeñas y medianas poblaciones con las consecuencias inherentes", señala CCOO.

CCOO ha indicado a los alcaldes sevillanos que el Registro Civil "es un servicio público profundamente arraigado en los ayuntamientos y juzgados de paz, donde la población ha venido realizando los trámites obligatorios de forma gratuita y directa y donde los vecinos han podido consultar sus antecedentes y los de sus familiares, lo que ahora, con su desaparición y privatización, no podrán seguir haciendo".

Para CCOO, los dirigentes municipales "deben valorar que, lamentablemente, esta reforma viene acompañada de la aprobación por parte del ejecutivo del anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuyo texto se profundiza en el alejamiento de la Administración de justicia de los ciudadanos, con la desaparición de órganos judiciales y la supresión de miles de puestos de trabajo del sector público y privado".

De este modo, "se procederá al cierre de todos los juzgados de Paz y de Primera Instancia e Instrucción, que se centralizarían en los tribunales de instancia en las capitales de provincia".

Te interesa.es 14.04.2014

El Registro Civil único depende de 400 millones de euros

Como siempre, los cambios estructurales tienen que venir acompañados de mucho dinero y la modernización del Registro Civil (basada en «las personas» y no en «los hechos», según reza la Ley de 2011 que impulsó el ministro socialista Francisco Caamaño, que está aún en 'vacatio legis') es la más radical desde el año 1870. El factor económico, subrayó el registrador Juan Segoviano Astaburuaga, fue el que primó entonces, cuando se creó, y desde luego, prima ahora. Según los datos que se manejan en el Colegio de Registradores de España, el coste del sistema del Registro Civil, en el que están implicados los presupuestos del Estado, de las comunidades autónomas y de los municipios, está en torno a los 400 millones de euros. Además hay que tener en cuenta, y a esa puntualización asintieron muchos invitados a la quinta mesa del II Ciclo de Justicia de El Norte, que en los últimos años ya se han invertido 120 millones en una digitalización, «basada en fotocopias», que ha resultado fallida.

«La cuestión económica, y no la desjudicialización, que ya está pactada en una Ley que consiguió el 96% de los votos en el Congreso, es la clave», sostuvo Segoviano para tratar de desactivar la pugna abierta entre secretarios y registradores por la gestión de los archivos.

Ayer como nunca, en lo que resultó un candente coloquio sobre el futuro de los registros civiles, que fue moderado por la jefa de local del periódico, Mar Domínguez, había expertos en la materia dentro y fuera de la mesa: secretarios, funcionarios de agrupaciones de Juzgados de Paz, jueces de paz, y registradores de la propiedad y operadores judiciales de partidos judiciales fueron mayoría en el repleto salón de actos del Colegio de Abogados.

Los trabajadores de justicia, en pie de guerra contra las reformas de Gallardón

Los trabajadores de los Juzgados siguen en pie de guerra contra las reformas del Ministro Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Primero fueron las tasas judiciales, después la pretendida "privatización" del Registro Civil y ahora el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros. La central CC OO tacha de "palo inmenso" esta reforma, que según varias asociaciones de jueces supone un grave quebranto a los principios de independencia judicial y separación de poderes.

Las protestas se sucedieron ayer por toda el país y la concentración asturiana tuvo como escenario las puertas de los Juzgados de Marcos del Torniello. "Según el anteproyecto desaparecerá la organización judicial tal y como está organizada. Nos quitarán el centro de destino que teníamos asignado, que pasará a ser cualquier punto de la provincia", protestó Juanjo Azcano, de CC OO. Los sindicatos de funcionarios entienden que este anteproyecto de ley constituye un "claro insulto" a los funcionarios y un "ataque sin precedentes" a la ciudadanía y al empleo en los tribunales.

Azcano también criticó al Gobierno del Principado, que tiene asumidas las competencias de justicia. "A partir del sexto mes de baja dejamos de cobrar un tercio de nuestro salario. Constituimos el único grupo de personal de todo el Principado al que se aplica esto. Hacemos una llamada a la negociación. Los trabajadores que están más de seis meses de baja suelen padecer enfermedades muy graves", señaló.

La Nueva España 09.04.2014

De ´luto´ por la defunción del Registro Civil

La concentración de los funcionarios de Justicia ante la sede de los juzgados de A Parda se enmarca dentro de las movilizaciones que, con carácter semanal, están llevando a cabo para frenar lo que denominan como "privatización" del Registro Civil por parte del Ministerio de Justicia. En esta ocasión, los funcionarios decidieron acudir, en su mayoría, vestidos de negro, en señal de "luto" por la "defunción" de este servicio "universal y gratuito".

Los sindicatos de la administración de Justicia denuncian que el ministerio pretende poner en manos de los registradores de la propiedad un servicio que utilizan miles de ciudadanos cada día para realizar múltiples actos de naturaleza civil y durante toda su vida, desde una partida de nacimiento a un certificado de defunción. Aseguran que la gestión por parte de los registradores de la propiedad supondrá que los ciudadanos deberán pagar aranceles por realizar estos trámites hasta ahora gratuitos (ya abonados por los administrados vía impuestos). Además, recelan del tratamiento que puedan dar a unos datos tan sensibles para el ciudadano el personal contratado por los registradores, trabajadores ajenos a la condición de funcionarios públicos. Destacan también el esfuerzo económico que se realizó recientemente (con una inversión de 128 millones de euros) para modernizar, digitalizar e informatizar estos registros, inversión pública de la que, según ellos, se aprovechará para una gestión privada. Los sindicatos piden al ministerio que mantenga el actual estatus del Registro Civil como un servicio "público, universal y gratuito".

El Faro de Vigo 09.04.2014

'No entendemos que se trocee lo que mejor funciona de la Justicia'

Pocas veces una reforma judicial, como la que pretende el Ministerio de Justicia con los registros civiles que quiere dejarselos a los registradores de la propiedad, ha tenido tanto rechazo: “Que nos quiten las competencias del registro no significa que el juez en vez de poner cien sentencias vaya a dictar doscientas. Nosotros en Ciudad Real no tenemos atasco y los plazos de nuestros trámites se hacen en un tiempo razonable y todo gratis, incluso si pierdes el libro de familia seis veces”.

Quien lo dice no es una funcionaria cualquiera, es Carmen Marcos Gordo, secretaria judicial encargada del Registro Civil de Ciudad Real, adscrito al juzgado de Instrucción 3. Ella es la directora técnica de un servicio obligatorio, público y gratuito que afecta a los actos jurídicos de la persona: nacimiento, matrimonio, defunción, tutelas y expedientes gubernativos (nacionalidad), atendido por cinco funcionarios tan atónitos como el resto que creen innecesaria la reforma, según explican en esta entrevista visita al registro de la capital, uno de los 8.200 que existen en España, 431 principales (en los que se pueden resolver todos los trámites).

Ángel Hervás, funcionario jubilado del registro ciudarrealeño en el que estuvo trabajando 46 años y toda una institución en la materia (va los martes a echar una mano voluntaria), se suma a las críticas contra una reforma que ni él, “que lo sabe todo de registros”, tercia la secretaria, comprende.

A Hervás le parece que lo que pretende el Gobierno es “trocear lo que mejor funciona de la justicia”, que es en práctica lo que supondría la medida, porque aunque desaparezcan de los juzgados en determinados ámbitos, tutelas, incapacidades o expedientes de nacionalidad, habrá que volver a ellos. “Quieren trocear el registro de la siguiente manera: Ministerio de Justicia, Dirección General de Registros y Notariado, y luego los encargados que en vez de ser jueces o magistrados serán los registradores de la propiedad, mientras que otra parte será para los notarios y siguen con competencias los jueces de primera instancia para los recursos contra determinadas resoluciones del registrador. Y el ministerio fiscal continúa interviniendo”.

El Personal de la Administración de Justicia protesta frente al Ministerio contra la privatización del Registro Civil

Justicia sopesará la propuesta de CSI-F a favor de un Registro Civil gestionado por funcionarios

El departamento de Alberto Ruiz-Gallardón ha respondido así en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que agradece a la central sindical sus sugerencias y asegura que su contenido "será tenido en cuenta a la hora de implantar el nuevo modelo".

CSI-F ha remitido en varias ocasiones su propuesta, aunque no ha sido hasta la última enviada en marzo cuando ha tenido contestación del Ministerio.

En ella, los representantes sindicales abogan por un Registro Civil público que aproveche la "formación, experiencia y potencial" de los funcionarios, que sea "único en la gestión y esté centrado en las personas y no en los hechos registrales" y que se encuentre informatizado para aprovechar los millones de euros invertidos en su digitalización.

Piden renunciar definitivamente a la privatización

Apuestan por un Registro Civil descentralizado en su funcionamiento, aprovechando "los partidos judiciales existentes y muy especialmente" los juzgados y agrupaciones de juzgados de paz. El anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentado el viernes reforma el mapa judicial y acaba con los jueces de paz, aunque mantiene las sedes judiciales.

Para CSI-F, es necesario establecer unas relaciones de puestos de trabajo que delimiten las funciones y responsabilidades de los empleados públicos, pero también les ofrezca el reconocimiento laboral y retributivo que merecen.

Por todo ello, insta al Ministerio a renunciar "definitivamente" al proyecto de privatizar el Registro Civil y a convocar la mesa de negociación con las organizaciones sindicales para abordar desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos la puesta en marcha de un Registro gestionado por funcionarios de secretarios judiciales, Gestión, Tramitación o Auxilio Judicial.

El Derecho 08.04.2014

Unos 50 trabajadores judiciales protestan en Santander por el "alejamiento" de la Justicia civil del ciudadano

Cerca de medio centenar de trabajadores de la Administración de Justicia se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria para protestar por el "alejamiento de la Justicia civil" del ciudadano que ocasionará, según los convocantes, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la "supresión" de 94 juzgados de paz en Cantabria y la "privatización" del Registro Civil. 

En declaraciones a los medios de comunicación, el responsable del sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO Cantabria, Borja Bats, ha asegurado que se trata de la "supresión de la Justicia de proximidad". 

Según los datos aportados, en los juzgados de paz que hay repartidos por Cantabria, en 23 agrupaciones, trabaja medio centenar de funcionarios, a los que hay que sumar otros diez del Registro Civil en Santander y tres del de Torrelavega, lo que hacen más de 63 trabajadores afectados. 

Bats ha señalado que serían "absorbidos" por la 'cabecera de partido' judicial en Santander y, "a medio plazo", tendrían que trasladarse a la capital cántabra. 

Además, ha explicado que la reforma de la LOPJ, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, conllevará la desaparición de los partidos judiciales, lo que, según ha señalado, hará que los habitantes de Torrelavega, Medio Cudeyo, Santoña, Castro Urdiales, Laredo, Reinosa y San Vicente de la Barquera tengan que trasladarse a Santander para hacer sus "diligencias" en los juzgados que, hasta ahora, lo pueden hacer en sus municipios. 

Bats considera que "hay tiempo" para dar marcha atrás a esta reforma y han asegurado que, desde CC.OO, "van a luchar por ello" para evitar que ocurra. 

La protesta de hoy ha sido convocada a nivel nacional por CC.OO, UGT y Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) en todas las capitales de provincia. En un comunicado, STAJ ha advertido de que el anteproyecto de la LOPJ "condena a miles de trabajadores a perder su empleo" y "a muchos más a la movilidad geográfica y funcional forzosa".

20 minutos, 08.04.2014

LAS CONCENTRACIONES UNITARIAS CONVOCADAS POR CCOO, STAJ Y UGT EL 8 DE ABRIL CONTRA LA REFORMA DE LA LOPJ Y CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES TIENEN UNA PARTICIPACIÓN MULTITUDINARIA

Las concentraciones se convocaban de forma unitaria por la representación mayoritaria del personal de la Administración de Justicia de toda España para detener la reforma de la LOPJ y la privatización de los registros civiles.

En la concentración de Madrid ante el Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo 45, han participado cientos de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia que han advertido al ministro Gallardón que la movilización será cada vez más contundente hasta parar las reformas del Gobierno en la Administración de Justicia.

Agradecemos profundamente a los trabajadores y trabajadoras que han participado en las concentraciones, en cualquiera de las que se han celebrado, porque sin la participación del personal de la Administración de Justicia esta lucha no serviría para nada.No sirven las acciones que no cuenten con todos los trabajadores. Por eso,, animamos a que el conjunto de las trabajadoras y trabajadores se movilicen y participen en las próximas convocatorias que vamos a convocar contra estas reformas, porque este Gobierno y el ministro Gallardón no parará si no somos miles, decenas de miles, los que nos enfrentamos a estas reformas que pretenden acabar con los derechos, con cientos de empleos, imponer la movilidad geográfica y funcional, privatizar los registros civiles y cerrar cientos de juzgados.

El personal de la Administración de Justicia que se ha concentrado hoy en toda España, ha clamado:

PARAREMOS LAS REFORMAS DE GALLARDÓN

EL REGISTRO NO SE VENDE, EL REGISTRO SE DEFIENDE

NO VAMOS A TOLERAR NI UN SOLO JUZGADO CERRADO

LOS JUZGADOS DE PAZ SON DE LA CIUDADANÍA Y VAMOS A IMPEDIR SU DESAPARICIÓN

NI UN EMPLEO MENOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

NO PERMITIREMOS LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES

Las movilizaciones contra la reforma de la LOPJ que pretende suprimir al menos el 30 % del empleo existente en la Administración de Justicia, con los cierres de numerosas sedes judiciales, de los Juzgados de Paz, y con la amenaza de la amortización de miles de empleos en la Administración de Justicia, y contra la privatización de los registros civiles, se mantendrán y se incrementarán en las próximas semanas y no se detendrán hasta lograr detener estas graves reformas que, además, dejarán a la ciudadanía sin la justicia de proximidad, con la desaparición de multitud de órganos judiciales de localidades medias y pequeñas, así como de los Juzgados de Paz.

CCOO 08.04.2014

¿Tendremos que pagar por ir al Registro Civil?

El anteproyecto de reforma de ley, cuyo objetivo era otorgar algunas competencias del Registro Civil a notarios y registradores, finalmente no ha calado. El ministro de Jus­ticia, Alberto Ruiz-Gallardón, se echó para atrás el pasado mes de octubre, pero esto no significa que se haya suspendido definitivamente el proceso de privatización de estos servicios, sino que se ha detenido temporalmente.

En un principio, Gallardón pretendía delegar las competencias del Registro Civil a notarios y registradores de la propiedad que, a pesar de haber accedido a sus cargos a través de oposiciones, no cobran directamente del Estado, sino que sus sueldos se financian a través de aranceles derivados de sus servicios, por lo que, a efectos prácticos, no pueden encuadrarse dentro del colectivo del funcionariado como tal. Esta medida iba acompañada de nuevos aranceles y tasas para servicios, como matrimonios civiles, modificación de nombres y apellidos o la nacionalización, que hasta ahora eran gratuitos.

En octubre, Gallardón cejó en su empeño de cobrar por servicios que hasta entonces estaban libres de impuestos, pero las últimas negociaciones sugieren que la privatización de estos servicios no se ha suspendido por completo. A pesar de haber insistido en que los registros civiles seguirán exentos de aranceles, el ministro ha asegurado que quienes asumirán estas competencias serán “diferentes funcionarios” pero no ha especificado quiénes.

Dentro del amplio abanico de funcionarios en los que se podrían delegar estas funciones se encuentran, precisamente, los registradores de la propiedad. Todo apunta a que será el Colegio de Regis­tra­do­res el que se encargará al final de todas estas gestiones, especialmente después de que se publicara el contenido de una misiva firmada por el decano de este mismo co­legio, Gonzalo Agui­lera, en la que aseguraba a sus afiliados que tomaba las riendas de los registros civiles.

Antes de anunciarlo, los registradores ya habían expresado su rechazo a encargarse de la gestión del Registro Civil, debido, principalmente, a la decisión del ministro de Justicia de mantener todas estas gestiones gratuitas sin los aranceles que éstos exigían. El traspaso de los registros civiles de manos de los secretarios judiciales a las de los registradores supondrá, además, que el Estado prescinda de los funcionarios y licenciados de tipo A-1, con más experiencia, para ceder competencias a empleados que, según denuncian los colectivos, no tienen ningún conocimiento en la materia.

PSOE exige a Gallardón poner en marcha el nuevo Registro Civil gestionado por funcionarios y acabar con la "confusión"

El PSOE ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a llevar a cabo las "actuaciones e inversiones" que sean necesarias para que entre en vigor en julio el Registro Civil que fue aprobado por el Ejecutivo socialista, garantizando la gratuidad y encomendando su gestión a los funcionarios públicos.

En una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas instan al Ejecutivo a garantizar el carácter "público, universal y gratuito" del Registro Civil, después de conocerse que ha barajado encomendarlo a los Registradores para que "exploten empresarialmente cobrando un arancel a los ciudadanos" sus "datos más íntimos".

Así las cosas, el principal grupo de la oposición emplaza a "evitar situaciones de inseguridad" para los ciudadanos y para los cuerpos de funcionarios públicos que están siendo afectados por la "indefensión y confusión", que se prolonga, dice, desde que se conoció el primer borrador del Ministerio de Justicia.

ENTRADA EN VIGOR EN TRES AÑOS

El Grupo Parlamentario Socialista recuerda que la ley 20/2011 del Registro Civil tenía una 'vacatio legis' de tres años, por lo que entrará en vigor el próximo mes de julio. Con anterioridad a su aprobación, se invirtieron 128 millones de euros en la digitalización e informatización de los registros.

Esta norma, que fue aprobada por "consenso y con el voto del PP", creaba un registro individual para cada persona --con un código personal-- y apostaba por un Registro Civil "único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente" gestionado por funcionarios públicos distintos a los jueces.

En este punto, los socialistas censuran que el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, evalúe otros colectivos alternativos para su gestión y frustre así las "legítimas expectativas" de los empleados públicos, quienes pueden ser "recolocados" en otros juzgados. La oposición defiende además que los secretarios judiciales tienen una formación acreditada, con el consiguiente "ahorro" para los ciudadanos.

La información.com 06.04.2014

Un centenar de trabajadores de Justicia protestan por la privatización de registros civiles

Cerca de un centenar de trabajadores de la Administración de Justicia se han concentrado este jueves en el complejo judicial de Las Salesas, en Santander, en defensa del carácter público y gratuito de los registros civiles y en contra de su privatización.

El responsable de Comisiones Obreras en materia de justicia, Borja Bats, ha asegurado que el sindicato seguirá, junto al resto de los que tienen representación en esta Administración, luchando hasta que el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, garantice la continuidad del carácter "público y gratuito" de estos registros, y que el servicio sea prestado por persona de Justicia "como hasta ahora".

"No nos fiamos de Gallardón", han sentenciado, para avisar de que CCOO mantendrá las movilizaciones hasta que el Ministerio no adquiera el "firme e inequívoco" compromiso de que los registros civiles "seguirán siendo públicos, gratuitos y servidos por personal de la Administración de Justicia", informa el sindicato.

Europa Press 03.04.2014

CCOO promueve mociones en los ayuntamientos de la provincia de Granada contra la "privatización" del Registro Civil

El Sector de Justicia de CCOO de Granada se ha dirigido a todos los municipios de la provincia de Granada para instarles a aprobar una moción contra "la privatización del Registro Civil".

Para el sindicato, esta "privatización supondrá un gravísimo ataque al servicio público y un atentado a los derechos de los ciudadanos, contra el que todos los sectores afectados deben luchar", ciudadanos, trabajadores, sindicatos y ayuntamientos.

El coordinador del Sector de Justicia CCOO en Granada, Francisco Vílchez, ha señalado que "la desaparición del Registro Civil como servicio público y gratuito afectará al 100 por cien de los ciudadanos, pero especialmente a los destinados en municipio pequeños, cuyos vecinos tendrán que desplazarse para actuaciones que hasta ahora pueden llevar a cabo en su pueblo siendo atendidos por funcionarios públicos. Además, de que deberán pagar por servicios que ahora son gratuitos, pues ya están financiados vía impuestos".

CCOO considera que el papel de los Ayuntamientos es fundamental en la defensa de los servicios públicos, y en este caso de los Registros Civiles, algo que a su entender "deben hacer al margen de cuestiones políticas y partidistas".

En este sentido, Vílchez se ha preguntado "cómo puede estar de acuerdo un concejal del partido político que sea de que sus vecinos se vean privados de que exista un Registro Civil público y gratuito en su pueblo".

Por ello, desde CCOO también se han dirigido a todas las formaciones políticas para que apoyen y defiendan esta moción contra la privatización del Registro Civil en los ayuntamientos en que tengan representación.

El Ideal 05.04.2014

SOS Justicia Sevilla lamenta las consecuencias "demoledoras" que tendrán las nuevas reformas judiciales

La plataforma SOS Justicia Sevilla ha presentado este miércoles sus reivindicaciones contra las nuevas reformas previstas por el Ministerio de Justicia, como son la "privatización" de los registros civiles, la "desaparición" de los juzgados de Paz y el "cierre" de los juzgados de los actuales partidos judiciales, reformas que a su juicio "pueden generar consecuencias demoledoras".

SOS Justicia, integrada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Sevilla, UCA-UCE Sevilla, Hispalis, Facua Sevilla, Asociación de Abogados Independientes de Sevilla (Adais), Asociación Democrática de Juzgados de Paz, Cepes, Cempe, UGT y CCOO Sevilla, se ha unido para luchar contra el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Demarcación y Planta Judicial y la "privatización" del Registro Civil.

La plataforma ha reiterado en rueda de prensa "las consecuencias demoledoras que pueden generar" estas reformas judiciales, tales como "la pérdida de centenares de puestos de trabajo, una disminución de la actividad económica en 14 partidos judiciales fuera de la capital sevillana, más de un 1.100.000 ciudadanos de 103 municipios que dejarán de tener juzgado, y desplazamientos forzosos de cerca de 500 trabajadores de los juzgados y también de abogados y procuradores que tendrán que trasladarse a la capital con la evidente pérdida de tiempo y de calidad en la prestación de servicios al ciudadano".

SOS Justicia, por todo ello, ha instado a la ciudadanía y a las instituciones públicas y privadas de la provincia de Sevilla "a posicionarse frente a las reformas anunciadas por el Ministerio.

La Información 26.03.2014

STAR continúa su lucha en contra de la privatización del registro civil

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) ha mostrado el total desacuerdo con las negociaciones que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia con respecto a la “nueva” gestión de los Registros Civiles, por la cual pretende pasar a manos privadas los servicios que se ofician hasta ahora por Empleados Públicos y totalmente gratuitos.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) propone que el Ministerio de Justicia no siga adelante con esta "pantomima" que lo único que hace es dañar al ciudadano, ya que éste se vería doblemente perjudicado. Por una parte tendría que realizar un desembolso por trámites que a día de hoy son totalmente gratuitos y por otro lado todos sus datos personales pasarían a ser tramitados por personal ajeno a la Administración del Estado.

Según fuentes informativas, el Ministerio de Justicia ha retomado las negociaciones con los Registradores de la Propiedad. El Sindicato STAR insta a dicho Ministerio a que abandone todas las negociaciones y se centre en dotar adecuadamente a los Empleados Públicos para que puedan realizar su trabajo dignamente. De igual manera el STAR solicita que sean claros respecto a sus finalidades y se dejen de conjeturas y falacias.

Esrioja.es 03.04.2014

«En defensa de los trabajadores del Registro Civil y contra los recortes»

CCOO ha hecho coincidir esta mañana su décimo jueves consecutivo de concentración en defensa del Registro Civil, con la concentración convocada por Cumbre Social contra las políticas de austeridad ante la Delegación del Gobierno.

Esta serie de concentraciones convocadas por CCOO responden a la petición que el sindicato hace de que se mantengan los 5.200 puestos de trabajo de los registros civiles, "los cuales representan un 13 por ciento del personal de la Administración Judicial", ha indicado la organización sindical en el comunicado.

Asimismo, CCOO ha propuesto que los encargados de los registros civiles sean Secretarios Judiciales o personal del Cuerpo de Gestión Procesal, a la vez que ha señalado que considera "fundamental impedir la desaparición de los Juzgados de Paz, puesto que supondría alejar un servicio público esencial de la ciudadanía, sobre todo en los núcleos de población más pequeños y alejados de las grandes ciudades".

Por otro lado, CCOO ha denunciado que "seguimos sin tener noticias de una posible reunión entre el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el secretario de Gobierno y el decano del Colegio de Registradores de Murcia, lo que nos preocupa y nos da la sensación de que el tema de no entregar los registros civiles a este colectivo no es una decisión aún definitiva".

La verdad 03.04.2014

Protesta en el juzgado de Vigo por la privatización del Registro Civil

Medio centenar de funcionarios de Justicia protestan en los juzgados en defensa del registro civil. Temen una privatización por parte del Ministerio de Justicia si finalmente pasa a manos de los registradores de la propiedad. Esproyecto en fase de estudio implicaría la redistribución de 15 trabajadores del registro exclusivo de Vigo y un sobrecoste para los ciudadanos qute e tendrían que pagar por obtener certificados.

Los manifestantes han pedido la dimisión de Gallardón.

La Voz de Vigo 3.4.2014

Piden una defensa «clara» del registro civil público

Los sindicatos de la Administración de Justicia en Euskadi reclamaron ayer al Gobierno Vasco que mantenga una postura «clara y sin ambigüedades» en defensa del registro civil y contraria al «afán privatizador» del Ejecutivo central. Así lo demandó el sindicalista Álex Agote durante una concentración organizada por las centrales ELA, CCOO y LAB, con el respaldo de UGT, ante el Palacio de Justicia de San Sebastián en protesta por las «intenciones» de «privatización» del registro civil «mantenidas en el tiempo» por parte del Ministerio de Justicia.

El Diario Vasco 28.03.2014

"Es público, es tuyo, sálvalo”

El sindicato Comisiones Obreras se ha movilizado para que los ciudadanos puedan visualizar la importancia del sector público y los peligros que conllevan las privatizaciones del Gobierno central de algunos servicios. Bajo el eslogan 'Es público, es tuyo, sálvalo', son varias las acciones y movilizaciones que está desarrollando contra la privatización del Fogasa, la Ley de la Administración Local y la del Registro Civil. 

La campaña pretende informar a los trabajadores públicos y a la ciudadanía del valor de lo público. "Se trata de que los empleados públicos no solo defiendan legítimamente sus condiciones de trabajo, sino que sean militantes de lo público, ha asegurado el secretario general de CC OO Euskadi, Unai Sordo. "Hay que contrarrestar la campaña que vincula al sector público con el despilfarro, la ineficiencia, el amiguismo… Es, por lo tanto, una campaña de dimensión sociopolítica porque no estamos solo ante medidas de coyuntura producto del ciclo económico, sino a una recomposición del papel del sector público en la sociedad".

Frente a las afirmaciones de que el sector público se encuentra sobredimensionado, CC OO replica que el porcentaje de gasto público en Euskadi y en España está por debajo de la media de la UE. "Todos los países más competitivos en la Unión Europea tienen un sector público más desarrollado que el nuestro. Y en cuanto a los que responsabilizan al sector público y al gasto público del déficit público y de la debilidad de la economía, hay que recordar antes del estallido de la crisis financiera estábamos con superávit en las cuentas públicas y la de deuda pública estaba en un 40% en 2008. Hemos cerrado 2013 en un 94% y subiendo".

Cohesión social

Comisiones también busca con su campaña reforzar la idea de que el sector público resulta fundamental para los ciudadanos más desprotegidos. "Tiene un elemento evidente como cohesionador social. El sector público es fundamental para la recuperación económica, por ejemplo a través de la inversión, que es un elemento de dinamización económico evidente. Por cada euro de incremento de gasto público se da una subida de 75 céntimos de PIB. Por tanto el efecto global de la secuencia es positivo en términos económicos".

Según Unai Sordo, "hay un proyecto ideológico detrás del deterioro de lo público que no se sustenta en razonamientos estrictamente economicistas. La cohesión social es un motor de dinamismo social y también de progreso económico".

El Diario Norte 27.03.2014

Socialistas de Albacete contra la privatización del Registro Civil

Nueve semanas para decidir quién se hace cargo del Registro Civil

El funcionamiento del Registro Civil no gusta a casi nadie. Ni a los dos grandes partidos políticos, ya que PSOE y PP pactaron su reforma en 2011; ni a los ciudadanos, que se quejan de largas esperas y múltiples ineficiencias; ni siquiera a los 4.500 trabajadores encargados de su gestión, que lamentan su saturación y la falta de medios con la que lidian a diario.

Pues bien, ese acuerdo político se plasmó en una reforma legal que concluyó entonces que el registro debía reformarse, ya que no era de recibo que solo en los expedientes de nacionalidad se acumularan años de retrasos. Sin embargo, esa nueva ley establecía al mismo tiempo lo que se denomina una vacatio legis de tres años, que no es otra cosa que dicho periodo para su entrada en vigor. Ese plazo expira el próximo mes de julio, por lo que el Ministerio de Justicia apenas tiene hasta junio, unas nueve semanas, para dar con la solución a un problema que amenaza con convertirse en otra fuente de conflicto con los funcionarios y empleados públicos dependientes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón.

De las conversaciones que representantes de Justicia han mantenido hasta ahora con distintos cuerpos de la administración, parece que está claro qué se quiere hacer, pero no tanto con quién. El Gobierno quiere llegar a una solución de consenso, pero lo cierto es que después del desencuentro protagonizado con los registradores de la propiedad (que fueron quienes más cerca estuvieron de asumir la llevanza del Registro) se aleja esa posibilidad.

El objetivo del Gobierno es desjudicializar la gestión del Registro Civil, liberando de esta forma personal de los juzgados que en la actualidad desempeña algunos trabajos propios de este organismo. Fuentes de Justicia admiten que se lograría un doble objetivo: modernizar el servicio del Registro y descongestionar los juzgados. Si no hay acuerdo con ninguno de los colectivos que se han barajado hasta el momento como idóneos para asumir esta competencia (registradores, notarios, secretarios judiciales e incluso algunos funcionarios del ámbito municipal), Justicia podría otorgar la llevanza del Registro Civil por decreto a uno de ellos, sin necesidad de que exista acuerdo previo.

Sin embargo, la intención es agotar ese plazo disponible. ¿Por qué no ha sido posible hasta ahora el pacto? El Ejecutivo siempre advirtió que existían dos líneas rojas que no debían traspasarse: la reforma no podía suponer que el ciudadano pasara a pagar por servicios que ahora eran gratuitos y la nueva gestión del registro no supondría pérdida de empleo público.