La privatización del Registro Civil deja sin cita a matrimonios y nacionalizaciones

La privatización encubierta del Registro Civil cuyas funciones empezarán a ser gestionadas a partir del 15 de julio de este año por los registradores de la propiedad, empieza a tener ya serias consecuencias para el ciudadano.

Así las cosas, la saturación de expedientes que ahora mismo se están tramitando en el Registro Civil de Pamplona es de tal calibre que a los ciudadanos extranjeros que quieran solicitar su expediente de nacionalidad, es decir, que quieran lograr la nacionalidad española, no tienen ahora mismo donde hacerlo. Dicha situación se produce por dos motivos: primero, porque el Registro Civil, que hasta julio seguirá tramitando las inscripciones que realiza tal y como las hacía hasta ahora, tiene repleta la agenda hasta verano; segundo, porque desde el propio Registro no se pueden comprometer a fijar citas a partir precisamente del mes de julio, cuando serán los registradores mercantiles y también los notarios los que vayan asumiendo la tramitación de dichos trámites. Por tanto, en julio parece acabarse esta parte del mundo.

EN JULIO, BODAS AL AYUNTAMIENTO De esta forma, la situación es tan pérfida que se da la circunstancia de que a partir de ahora, si usted está pensando en casarse a partir de julio, en el Registro Civil de Pamplona no puede hacerlo. De hecho, a las personas interesadas les están derivando al Ayuntamiento de Pamplona, donde de inicio se paga ya una tasa de 100 euros por fijar la fecha del enlace, un trámite que en el Registro es absolutamente gratuito. El drama gira una vuelta de tuerca más en caso de que usted sea un ciudadano extranjero que quiera solicitar la nacionalidad española. En tal caso, no es solo que ya no tenga cita disponible en el Registro Civil, porque prácticamente hasta junio la agenda está a rebosar, sino que además el ciudadano extranjero no tiene a día de hoy forma de iniciar los trámites para solicitar dicha nacionalidad.

Si en el Registro Civil no le dan cita, los registradores de la propiedad, los once que hay en Navarra, tampoco. Puesto que el Gobierno central del PP ideó una implantación progresiva de esta privatización (en un año el Registro Civil sacaría el trabajo viejo y los registradores irían asumiendo en 2016 todas las competencias), a la vez que caminaba con la creación de una plataforma tecnológica para poder asumir todos estos asuntos que, a día de hoy, es una absoluta entelequia. Se trata de una plataforma no desarrollada en la actualidad mientras el cuerpo de registradores no puede asumir aún estos trámites, porque no tienen capacidad ni medios implantados, ni todavía les corresponde la competencia legal. Por tanto, en la fecha actual, en Pamplona, y también en el resto de registros civiles de Navarra más pronto que tarde, no tiene usted forma de conseguir hacerse con la nacionalidad.

Conviene recordar que la mitad de la plantilla del Registro Civil de Pamplona se marchó a otra plaza de la Administración hace apenas dos meses y también eso obligó a dejar de dar citas previas.

HAY 5.000 EXPEDIENTES AL AÑO El asunto es de una gravedad máxima, puesto que se está dejando a decenas de ciudadanos sin el derecho de poder acceder a los papeles que puede solicitar como español. Los expedientes de nacionalidad solicitados en Navarra a lo largo de un año rondan los 5.000, para que se hagan una idea del problemón que se está generando.

No se trata solo del limbo legal creado y que impide la recepción de más solicitudes en este organismo, sino que además la privatización de un servicio del Registro Civil que hasta ahora era público, universal y gratuito conllevará que estos calificativos dejen ahora de tener validez alguna, puesto que se empezará a cobrar una tasa (en principio se baraja una cantidad de 75 euros por el trámite, al que habría que añadir en el caso de las nacionalizaciones los actos de juramento o promesa ante notario que también conllevarán un coste).

Para solicitar la nacionalidad por residencia se requieren dos años de residencia legal ininterrumpida inmediatamente anterior a la solicitud en caso de que sea para ciudadanos procedentes de países iberoamericanos, Filipinas, Andorra, Portugal y Guinea Ecuatorial. Para los ciudadanos de los demás países, se requieren diez años de residencia legal.

“ES UN CAOS ABSOLUTO”. “Esto es un caos absoluto. En el Registro Civil no pueden dar citas para julio porque no pueden comprometerse que vayan a seguir teniendo la competencia del servicio, pero es que a día de hoy hay ciertos trámites en los que no te puede atender nadie”, critican ciudadanos que han tenido oportunidad de comprobar los efectos de la futura privatización del servicio. Funcionarios que han ejercido en dicho servicio dicen que este caos es consecuencia de “tirar el servicio público, que acarrea este deterioro y esa inseguridad. La descoordinación es absoluta y a día de hoy no sabes a qué atenerte para hacer los trámites”, responde personal que ha trabajado en el servicio.

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