El actual Director de la DGRN Francisco Javier Gómez Gálligo se destapa. En un artículo publicado en El Pais, relativo a los exámenes de nacionalidad que se practican en los Registros Civiles a los extranjeros para poder acreditar su grado de integración en la sociedad española, no sólo recela del establecimiento de una prueba estandar que acabe con la arbitrariedad en este trámite (“¡todo el mundo se aprendería las respuestas!”, afirma) sino que cree que lo prioritario es que el sistema “sea completamente telemático, que los notarios se encarguen del trámite y los jueces solo de los recursos”, y que los inmigrantes paguen “una tasa de sostenimiento del servicio”, en torno a los 75 euros, como se ha fijado para los sefardíes. “En Estados Unidos el proceso les cuesta 8.000 dólares. En Europa ronda los 700-900 euros. Y aquí, gratis. Es un chiste”.
Tales afirmaciones dejan bien clara la intención de este gobierno de desmantelar el actual servicio gratuito y universal que prestan los Registros Civiles, sacando del mismo la tramitación de los expedientes más importantes (nacionalidad y matrimonios) que pasarían a ser competencia de los Notarios a los que como profesionales liberales habría que pagar por sus servicios, por mucho que también ellos tengan la consideración de "funcionarios públicos" como los Registradores. Nadie se cree eso que dice el Gobierno de que lo que hoy es gratuito en el Registro Civil seguirá siendo gratuito, y esto es una prueba palpable de que el Gobierno miente e incumple su propia Ley 18/2014.
Resulta evidente que para este gobierno lo primordial es la privatización de los servicios públicos, la supresión de su universalidad y gratuidad, y la instauración de políticas de mercado para el ejercicio de derechos fundamentales como son el de contraer matrimonio o el de adquirir una nacionalidad.
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