EL TC DECLARA INCONSTITUCIONAL LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE EL REAL DECRETO-LEY 8/2014

* CCOO instó a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a presentar este recurso de inconstitucionalidad, y ahora el Tribunal Constitucional da la razón a los recurrentes y avala la postura de CCOO. 

* La Defensora del Pueblo negó a CCOO la solicitud de recurrir el Real Decreto Ley y esta sentencia muestra que actuó en defensa del Gobierno en lugar de atender las reclamaciones de la ciudadanía.

El Tribunal Constitucional ha dictado con fecha 24 de septiembre una sentencia por la que declara inconstitucional y anula los preceptos relativos a la privatización del Registro Civil (RC) mediante su asignación a los Registradores Mercantiles contenidos en las Disposiciones Adicionales 20 a 24 del Real Decreto-Ley 8/2014. Aun cuando dicha anulación no tenga virtualidad alguna, toda vez que con posterioridad el Real Decreto Ley se tramitó como ley ordinaria (Ley 18/2014) y la Ley 19/2015 haya derogado todas las disposiciones relativas a la asignación del RC a los Registradores Mercantiles, supone un duro golpe a aquéllos que en su día quisieron apropiarse del servicio público del RC para sus propios intereses (más negocio, justificación de demarcación registral, etc) y para quienes desde el Gobierno, en lo que para CCOO siempre ha constituido un caso claro de tráfico de influencias, lo ampararon teniendo evidentes intereses personales y familiares en ello. 

La privatización del RC fue una de las muchas medidas introducidas por el Gobierno del PP en el Real Decreto-Ley 8/2014, aprobado un 4 de julio, alguna de ellas también anulada por el Tribunal Constitucional. La Disposición Adicional 19 prorrogaba en un año la entrada en vigor de la Ley 20/2011 de RC y las Disposiciones adicionales 20 a 24 atribuían la llevanza del RC a los Registradores Mercantiles y regulaba el proceso hasta su efectividad, incluyendo la creación de una Corporación de Derecho Público integrada por dichos Registradores. 

Desde el mismo momento de su publicación CCOO denunció que la privatización del RC, mediante su asignación a los Registradores Mercantiles (profesionales que hacen del ejercicio de la función pública, a la que acceden por oposición, su propio negocio), era inconstitucional, porque no había, conforme exige el art. 86.1 de la Constitución, razones de extraordinaria y urgente necesidad que pudieran justificar la privatización del RC mediante un Real Decreto-Ley. El Gobierno del PP hurtó a las Cortes Generales cualquier debate sobre el modelo de RC. 

Por todo ello CCOO inmediatamente se dirigió a todos los grupos parlamentarios y a la Defensora del Pueblo reclamándoles la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la privatización del RC. CCOO argumentó ante los grupos parlamentarios y ante la Defensora del Pueblo cuestiones de fondo contra la privatización del RC, pues se pretendía entregar a gestores privados la llevanza de un servicio público que hemos defendido, y seguimos defendiendo. El RC debe seguir siendo público, universal y gratuito y prestado como desde hace 140 años por el personal al servicio de la Administración de Justicia. 

Pero también expresábamos ante los grupos parlamentarios y la Defensora del Pueblo la tremenda desvergüenza del Gobierno cuando pretendía utilizar una fórmula espuria como el Real Decreto Ley para privatizar un imprescindible servicio público, que lo es desde hace más de cien años, con el objeto de evitar no solo el debate democrático y parlamentario, sino para impedir que el conjunto de la ciudadanía y de la sociedad pudiera defenderse contra actos ilegítimos como una privatización, por la puerta de atrás, que atenta contra los derechos de millones de ciudadanos/as. 

Mientras varios grupos parlamentarios (más de cincuenta Diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista; La Izquierda plural -IU, ICV-EUiA, CHA- y Unión Progreso y Democracia, a los que agradecemos profundamente de nuevo y públicamente su apoyo) presentaron recurso de inconstitucionalidad, la Defensora del Pueblo se opuso a nuestros argumentos y no quiso presentar el recurso ante el TC pese a la evidencia de la falta de urgente necesidad para privatizar el Registro Civil mediante un Real Decreto Ley. 

El Tribunal Constitucional da ahora la razón a CCOO y a los grupos parlamentarios que presentaron el recurso, frente a los argumentos de la Abogacía del Estado, y por sentencia de 24 de septiembre de 2015 declara inconstitucional las disposiciones adicionales (20ª a 24ª) del RDLey 8/2014, relativas a la llevanza del Registro Civil, que son declaradas inconstitucionales y nulas, estableciendo que "no existe justificación alguna respecto de la urgencia y necesidad de modificar parcialmente el contenido de una norma cuya entrada en vigor se ha pospuesto por un periodo de un año." 

La citada sentencia señala, como denunció CCOO, que "no se exponen las razones que llevan al Ejecutivo a introducir la regulación mínima de la llevanza del Registro por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en las DA 20ª a 24ª del Decreto-ley. No es posible apreciar fundamento para la regulación del cambio en el régimen de llevanza del Registro Civil que prevén las DA 20ª a 24ª del Real Decreto-ley”. 

Al apreciar desde el principio la falta de necesidad para privatizar el RC mediante Real Decreto-Ley, el Tribunal Constitucional evita entrar en el fondo del asunto de la privatización, pues además los grupos parlamentarios recurrentes también alegaban que al proceder a una privatización encubierta del Registro Civil, el Real Decreto-ley 8/2014 arrebataba a la Administración Pública su gestión, afectando al derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.1 CE. Los hechos y actos que constituyen el objeto del RC son circunstancias que afectan al núcleo del derecho constitucional a la intimidad personal y que, hasta la modificación introducida por el Real Decreto-ley impugnado, estaban enteramente en manos de empleados/as públicos/as. 

La falta de pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión permite dejar abierta la posibilidad de que mediante una Ley ordinaria se pueda privatizar el RC en el futuro, sacándolo fuera del ámbito de las Administraciones Públicas mediante su asignación a operadores privados. La batalla, por tanto, no está ganada, y mucho nos tememos que si el PP sigue gobernando tras las elecciones generales previstas para el 20 de diciembre volverá a intentar privatizar el Registro Civil. 

Por todo ello CCOO sigue expresando su radical oposición a la privatización del Registro Civil, y su firme apuesta por su mantenimiento dentro del ámbito de la Administración de Justicia, que sale aún más reforzada. 

Si hemos peleado hasta aquí para impedirlo (logrando una gran victoria parcial con la retirada por el Gobierno de la privatización del RC tras la aprobación de la Ley 19/2015 que en su disposición derogatoria única anula la privatización del Registro Civil), con el apoyo de miles de trabajadores/as y de la ciudadanía, logrando recoger cientos de miles de firmas contra la privatización del Registro Civil, no vamos a abandonar esta lucha hasta conseguir de forma definitiva su carácter público, universal, gratuito, cercano a los ciudadanos/as y servido íntegramente por el personal de la Administración de Justicia. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada