CCOO denuncia las prisas del Ministro de Justicia que, por intereses electorales, pone en marcha las inscripciones desde los hospitales sin los medios adecuados y permite la entrada en vigor del nuevo procedimiento de nacionalidad sin reglamento que lo desarrolle

CCOO exige que la instrucción electrónica de los expedientes de nacionalidad se realice por los Registros Civiles y rechaza que el Gobierno vacíe poco a poco el contenido y funciones de los Registros Civiles en beneficio de operadores privados.

Mientras el ministro Catalá se hace fotos en la puerta de hospitales e intenta a través de la página web del Ministerio presentar una cara amable de sus reformas, la entrada en vigor de la Ley 19/2015, de reforma del Registro Civil, en materia de inscripciones de nacimiento, defunciones y trámites de expedientes de nacionalidad por residencia se ha hecho de forma parcial, sin los medios adecuados, sin resolver los muchos problemas que suscita, poniendo en grave riesgo el servicio público del Registro Civil, minusvalorando el trabajo de cientos de funcionarios/as que trabajan en los mismos y añadiendo un coste innecesario a lo que hasta hace 5 días era gratis para la ciudadanía. 

El ministro de Justicia ha buscado más ser portada de periódicos y hacer carrera en su partido político que implementar de forma adecuada la posibilidad de promover las inscripciones de nacimiento desde los hospitales. Porque de eso se trata: los bebes no se registran en los hospitales, se registran en los Registros Civiles; desde unos pocos hospitales se remiten los documentos para promover la inscripción de nacimiento, pero la calificación sobre la documentación remitida y la práctica de la inscripción sigue siendo tarea del personal de la Administración de Justicia destinado en los Registros Civiles. El Ministerio de Justicia permite creer que los nacimientos quedan registrados en los hospitales, y olvida y omite el trabajo que realizan las y los trabajadores de los Registros Civiles, y con ello deja de poner en valor su tarea. 

CCOO denuncia que la única formación dada al personal de los Registros Civiles sobre cómo tramitar telemáticamente las solicitudes de inscripción de nacimiento que llegan desde los hospitales haya sido un enlace a una página web interactiva que se colgó el mismo día de entrada en vigor de la ley. El Director General de Registros y del Notariado se ha dirigido por carta a los Jueces y Letrados de la Administración de Justicia, con tan sólo tres días de antelación a la entrada en vigor de la Ley, para darles algo de información sobre las reformas que entraban en vigor, omitiendo en su tratamiento a los demás trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia que prestan servicio en los Registros Civiles y que son quienes, realmente, califican y practican las inscripciones de nacimiento. 

CCOO defiende y defenderá todo lo que suponga mejora del servicio público y gratuito del Registro Civil, y la posibilidad de promover las inscripciones de nacimiento de forma telemática, evitando a los padres acudir al Registro Civil, tal y como ya lo establecía la Ley 20/2011 aprobada por consenso hace cuatro años, pero debe hacerse bien. Porque si al final tienen que acudir al Registro Civil para obtener el libro de familia o inscribir al hijo/a en el mismo, por mucha certificación telemática que se le remita, dado que en nuestra sociedad se pide el libro de familia para cualquier trámite, poco o nada se gana. Porque si las Administraciones siguen sin poder acceder telemáticamente a las inscripciones del Registro Civil, tal y como establece la Ley 20/2011 y las y los ciudadanos tienen que aportar certificados para todo (obtención del Dni, trámites de pensiones, etc), poco o nada se gana. 

Además la falta de contacto directo entre los padres y el personal del Registro Civil multiplicará los errores en las inscripciones y por tanto los expedientes para su rectificación, y las calificaciones suspensivas o negativas por falta de documentación, o nombres o apellidos que no pueden imponerse. Los padres que acuden directamente a los Registros Civiles se van con la seguridad de que su inscripción se ha practicado, con el libro de familia actualizado y los certificados necesarios para documentar a los recién nacidos y hacer cualquier otro trámite, si así lo solicitan; los que promuevan la inscripción desde los hospitales siempre quedarán con la duda de si se practicará o no la inscripción de nacimiento en la forma solicitada a través del personal auxiliar sanitario de los hospitales. Las prisas por parte del ministro de Justicia en implantar la comunicación de nacimientos desde los hospitales y hacerse la foto, está suponiendo implantar esta medida de forma absolutamente precaria. Y de la posibilidad de promover también desde los hospitales las inscripciones de defunción, que también ha entrado en vigor, nadie se acuerda. 

Mucho más grave aún es, a juicio de CCOO, la entrada en vigor del nuevo procedimiento de nacionalidad, incluido en la Disposición Final Séptima de la Ley 19/2015. En primer lugar, habiendo entrado en vigor el día 15 de octubre, el Gobierno todavía no ha aprobado el Real Decreto que tiene que desarrollar este procedimiento, por lo que desde dicho día ningún ciudadano/a extranjero puede presentar la solicitud porque se desconoce cómo pagar la, para CCOO, injusta tasa de 100 €, que se impone a cada expediente. El Director General de Registros, en su misiva dirigida a los Encargados de los Registros Civiles, insiste en que todas las solicitudes presentadas a partir del 15 de octubre se siguen por el nuevo procedimiento… que hoy desconocemos y ni siquiera está aprobado. El mismo Ministerio que ha conseguido que las Cortes aprueben en 2015 nueve reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido incapaz de aprobar un Reglamento a tiempo de la entrada en vigor de la Ley 19/2015. 

En segundo lugar, para CCOO es intolerable que el Gobierno haya decidido hacer caja con los expedientes de nacionalidad y que de paso otros también se puedan aprovechar. 

· Todos los extranjeros que quieran nacionalizarse tendrán que pagar una tasa de 100 € 

· Todos los mayores de 18 años tendrán que aprobar un examen de conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) con un coste de 85 euros. Si además el castellano no es su idioma materno tendrán que obtener un certificado de lengua española extranjera DELE de nivel A2 o superior con un coste de 124 euros. Ambos certificados son emitidos por el Instituto Cervantes, quien va a obtener una fuente de ingresos nada despreciable. 

· Notarios, abogados y graduados sociales podrán cotejar los documentos que se presenten en forma electrónica, previo pago de sus servicios. 

A esto se añade que la instrucción de los expedientes ya no corresponderá a los Registros Civiles, que simplemente podrán ser receptores de la documentación como cualquier registro administrativo, sino que corresponderá a la Dirección General de Registros y del Notariado, culpable, como viene denunciando CCOO, del atasco de los miles de expedientes que dio lugar a la encomienda de gestión a los Registradores de la Propiedad y abre la puerta para la privatización de todo el Registro Civil. 

CCOO exige que la instrucción electrónica de los expedientes de nacionalidad se realice por los Registros Civiles, y que éstos mantengan la exclusividad en la tramitación de todo tipo de expedientes de Registro Civil, derogándose la posibilidad de que a partir de junio de 2017 los Notarios también puedan tramitar expedientes de matrimonio civil. Sería inconcebible que tras asumir la Dirección General de los Registros y del Notariado por ley la instrucción de los expedientes de nacionalidad, se los volvieran a encomendar a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, previo pago con cargo al erario público (este año les van a pagar 4 millones de euros por resolver el atasco creado por el Ministerio con los expedientes del año 2014). 

Lo que este Gobierno está haciendo es vaciar poco a poco el contenido y funciones de los Registros Civiles, para adelgazarlo de los medios que precisa para su funcionamiento y venderlo al mejor postor, que para ellos son los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, colectivo al que pertenece el Presidente del Gobierno. CCOO seguirá luchando para que el registro civil siga siendo un servicio público, gratuito, cercano a la ciudadanía y servido íntegramente por personal funcionario de la Administración de Justicia, y a tal fin va a mantener en las próximas fechas reuniones con todos los partidos políticos para solicitarles que incluyan en sus programas electorales la promesa de que así será.

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