Trabajadores de los registros civiles buscan apoyo en los ayuntamientos para evitar su privatización

Los trabajadores de los registros civiles vascos no se rinden ante lo que parece irremediable, la privatización de estos servicios judiciales. Después de conseguir el apoyo de los grupos parlamentarios para que el pleno de la Cámara vasca instase al Gobierno a avanzar en el traspaso de competencias de gestión y ejecución de los registros, emprenden una búsqueda de apoyo a nivel municipal.

Presentarán mociones en la gran mayoría de los ayuntamientos de Euskadi para reavivar el debate y acercarlo a la ciudadanía que, a su juicio, se verá muy afectada si las pretensiones de privatización se cumplen. "Somos conscientes de que las mociones son una medida simbólica, no tiene mayor recorrido pero pretendemos ejercer más presión para que el Gobierno vasco cumpla con el acuerdo del Parlamento. "No nos consta que se hayan mantenido ningún tipo de reunión bilateral para abordar este asunto", han revelado a eldiarionorte.es fuentes del Registro Civil de Barakaldo.

Hace ya un año que el Parlamento aprobó por unanimidad la proposición para que el Ejecutivo de Urkullu promoviera e impulsará las conversaciones para lograr el traspaso y asunción de las competencias, con el objetivo de que el servicio siga siendo público y gratuito. Un año después, nada ha trascendido al respecto.

De hecho el Gobierno deberá explicar en sede parlamentaria si ha habido avances, ya que EH Bildu y el PSE ultiman sendas interpelaciones. El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, sí manifestó sus intenciones de solicitar al nuevo de ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la reunión de la Conferencia Sectorial, que reconsiderase la privatización de los Registros Civiles anunciada por su predecesor Alberto Ruiz Gallardón. 

Los Juzgados de Paz, en peligro

El tiempo corre en contra de estos trabajadores puesto que uno de los pasos clave para para avanzar en la privatización de los registros civiles ya está acordado y entra en vigor el 15 de julio. Mediante un real decreto el Gobierno de Rajoy traspasa la gestión de los registros civiles a partir de esa fecha a los registradores mercantiles. Esa medida hace saltar todas las alarmas. "Los registradores mercantiles, a pesar de ser funcionarios públicos en la forma de acceso al puesto, y en la función que desarrollan en régimen de monopolio, cobran por sus servicios mediante arancel, y en el futuro éstos se extenderán también a los trámites de Registro Civil, que son obligatorios para cualquier ciudadano", advierten.

Estos empleados públicos recuerdan que son muchos los trámites que la ciudadanía hace en los registros. Desde inscribir un nacimiento,una defunción, formalizar el libro de familia, expedición de certificados, fe de vida y estado... "Además, la nueva ley potencia las facultades de los Registradores y amplía exponencialmente el número de supuestos que deben ser inscritos previo pago por parte de los ciudadanos (cualquier poder, inscripción del domicilio, planes de pensiones, testamentos…) Con ello, el Registro Civil va a pasar a ser una actividad mercantil sometida a precio por cada acto que se realice, precio que va a pasar a engrosar los bolsillos de una minoría privilegiada", recalcan.

Por otro lado advierten que se puede dar una falta de seguridad en la protección de datos. "Los empleados del Registro Mercantil no son funcionarios públicos, por lo que van a tener acceso a datos de carácter personal, personas no sometidas a las exigencias de confidencialidad y secreto que tienen los empleados públicos". Recuerdan como en los registros constan los datos de todos y cada uno de los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren, con todas las variables que se puedan ir dando a lo largo de su vida: estado civil, hijos, matrimonio, incapacidades, tutelas, adopciones, emancipación, reconocimientos de paternidad...

Ponen el foco también en los Juzgados de paz, cuya continuidad peligra. "Hay uno por cada municipio. Acercan la administración de justicia al ciudadano evitando desplazamientos a las capitales de provincia pra evitar trámites de la vida cotidiana".

Respaldo unánime de los sindicatos

Todos este argumentario es el que trasladan a los grupos municipales demostrar la necesidad de esas mociones. "Es imprescindible el compromiso del Ayuntamiento, institución más cercana al ciudadano, para dar a conocer a sus vecinos las consecuencias de privatizar este servicio público".

Los trabajadores cuentan con el apoyo CC.OO, ELA, LAB, CGT, y UGT, los sindicatos con representación en la Administración de Justicia del País Vasco.

Los retrasos por sobrecarga de trabajo denunciados por los propios funcionarios, que obligaron a Justicia a reforzar ciertos servicios se han frenado pero hay registros como el Getxo que "siguen arrastrando" estos problemas. Son cuatro personas para atender a todo la margen Derecha", revelan las fuentes consultadas por eldiarionorte.es, que defienden el compromiso demostrado por la mayoría de los trabajadores públicos de los registros vascos. "El nivel de concienciación sobre lo que es un servicio público, sus funciones y deberes ha crecido entre los ciudadanos y entre los propios funcionarios, conscientes ahora más que nunca de la labor tan importante que desarrollan. Con estos recortes se pone en entredicho el sistema de Justicia para todos. El compromiso de los empleados públicos se ha reforzado. Hemos encontrado otra forma de trabajar y nos hemos autorregulado para cumplir con el ciudadano".

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