En pie de guerra por el recorte del Registro Civil

La oficina muestra una actividad continua, a ratos intensa. Algunos de los ciudadanos que esperan su turno, sentados o en pie, leen con interés los numerosos carteles que cuelgan de las paredes. “El Registro Civil es tuyo. Sálvalo”, comienza uno de ellos. “La Batalla por el Registro Civil”, anuncia otro, con un llamativo montaje fotográfico de una conocida película en la que uno de los malvados protagonistas tiene el rostro del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. “Desde que, en el año 2010, el Gobierno decidiera privatizar los registros civiles entregándoselos a los registradores de la Propiedad y mercantiles, CC OO muestra su profundo rechazo al proyecto”, asegura Manuela Torres, responsable jiennense del sector de la administración de Justicia de este sindicato. ¿Por qué esta rotunda oposición? Debido, cuentan, “a las nefastas consecuencias que conllevaría”.

Una de las principales afecta, de manera directa, al delicadísimo asunto del empleo. Según la información de la que dispone Comisiones Obreras, la privatización del servicio implica una “significativa reducción” del número de oficinas en toda España, de las que solo quedaría “una por provincia”. Torres recalca que esta decisión supone “una grave pérdida para la ciudadanía que no viva en capitales”.

Por lógica, la eliminación de oficinas liquidará, también, puestos de trabajo. “Supondría una nueva oleada de desempleo público, llegándose a perder en toda España unas 3.500 plazas”, calculan desde CC OO. “En la provincia de Jaén, alrededor de unas 50”, añaden. 

Al margen de este peligro, los sindicatos de Justicia hacen hincapié en la pérdida de derechos y en los perjuicios que supondrá para el ciudadano. En primer lugar, porque no confían en esa “supuesta gratuidad” de los trámites cuando pasen a los registradores. “El actual Ministro de Justicia solo habla de garantizar la gratuidad de los servicios que requieran los ciudadanos, pero nada dice de dicha gratuidad respecto del acceso de cualquier administración o funcionario público a los datos del Registro Civil en el ejercicio de sus funciones, abriendo la puerta al pago de tasas o aranceles”, lamenta la responsable jiennense. 

Además, CC OO advierte de que datos con información muy sensible estarán, a partir de ahora, “en manos privadas”, ya que, para este sindicato, el régimen más afín al trabajo de los registradores de la Propiedad y mercantiles es el de autónomos y que, en ningún caso, se les puede considerar “funcionarios públicos”, como defiende, sin embargo, el propio Gobierno del Estado.

Si nada lo impide, este proyecto se hará realidad el próximo 15 de julio.

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