Todas las formaciones del Parlamento vasco, excepto el PP, rechazan la reforma del Ministerio de Justicia que traspasa la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
Todas las formaciones del Parlamento vasco, excepto el Partido Popular, han respaldado una proposición transacionada por el PSE y EH Bildu sobre el mantenimiento del registro civil como servicio público y gratuito para la ciudadanía. Tan solo una horas después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurase que la reforma del Registro Civil, que entrará en vigor el 15 de Julio, no implica su privatización, todas las formaciones vascas han mostrado su desconfianza ante ese mensaje. "Es normal la incertidumbre, porque aunque el decreto del Gobierno habla de gratuidad del servicio, no se detiene a explicar cómo van a lograrlo", ha declarado Joseba Zorrilla, del PNV.
Desde las filas de EH Bildu daban por hecho que el Gobierno no cumplirá con ese punto. "Se someterán a aranceles los trámites que son obligatorios para la ciudadanía para más gloria de una minoría", ha manifestado Julen Arzauaga. A estos recelos se suman la preocupación de los grupos porque los datos del Registro Civil pasen a manos privadas. "Quién asegura la gratuidad y quién asegura que los registradores mercantiles, trabajadores autónomos, actúen conforme a los principios de seguridad y confidencialidad", ha advertido la socialista, Miren Gallastegui.
La Cámara vasca también sale en defensa del empleo público. En el supuesto de la definitiva implantación del modelo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de Octubre, solicita el mantenimiento de la plantilla actual adscrita al Registro Civil, y planteando en su caso, un plan de readscripción, con el fin de reubicar los efectivos existentes en otras unidades y servicios de la Administración de Justicia. "Los trabajadores están concursando como locos para optar a otros destinos ya que temen perder sus puestos", ha relatado Arzuaga.
En lo que no ha habido el mismo acuerdo es el cuatro punto de la proposición transacionada, en el que se insta al Gobierno vasco a que promueva e impulse negociaciones para el traspaso y asunción de las competencias de gestión y ejecución en esta materia. Ni PNV ni UPyD, que sí han apoyado los anteriores puntos, han respaldado el planteamiento aunque por diferentes motivos. Mientras el PSE y EH Bildu piden mayores esfuerzos al Gobierno vasco para lograr la transferencia en esta materia judicial, desde la formación jeltzale, pese a ser partidarios de disponer de mayor autogobierno, sostienen que en este caso, no merece la pena. "No es posible hacerse con la competencia con la actual normativa y cree que solo se podría hacer a través de una reforma estatutaria o que el Gobierno popular concediera la transferencia. El Gobierno quiere competencias pero las quiere para que sirvan de algo, con la nueva normativa las comunidades no van a poder gestionar nada. Frente a esp, la estrategia de este Gobierno pasa porque estos registros sigan adscritos al ámbito judicial para que se retengan así sus funciones y no pasen a ser meros almaceneros del servicios", ha expuesto Joseba Zorrilla.
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