Catalá y el Colegio de Registradores crean una Comisión Mixta para avanzar en la privatización del Registro Civil

Aparece publicado en el BOE de hoy la Orden JUS/147/2015, de 5 de febrero, por la que se crea y regula la composición y funcionamiento de la Comisión Mixta de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en materia de registro civil.

La creación de esta Comisión Mixta entre Ministerio de Justicia y Colegio de Registradores ya la anunció el Ministro Catalá en la entrevista publicada en el número de enero de la Revista del Colegio de Registradores. Conforme dicha revista el Colegio de Registradores está trabajando en conjunto con el Ministerio para diseñar todos los proyectos referentes al Registro Civil, y al tal efecto el Ministro manifestó que espera “que haya una total colaboración entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia y para ello se está tramitando una orden ministerial por la que se crea una Comisión Mixta en la que participan representantes de ambas instituciones para llevar a buen término la reforma del Registro Civil”.

De hecho la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, tras la aprobación del Real Decreto Ley 8/2014, hizo llegar por escrito al entonces ministro de Justicia Gallardón, cinco propuestas relativas a la asunción del Registro Civil por los registradores para que la implantación del nuevo modelo de Registro Civil regulado en la Ley de 2011 se pudiera realizar en las mejores condiciones (para los registradores, claro, no para los ciudadanos), tanto desde el punto de vista de su eficaz funcionamiento, como de los plazos y de su coste, que no quiere ser asumido por el Colegio de Registradores, sin que ninguna fuese aceptada. Nada más aceptar el cargo Catalá anunció un cambio de planteamiento en esta cuestión, y en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados señaló que la privatización del Registro Civil “se trata de un proyecto que va a liderar el Ministerio de Justicia, por lo tanto el Gobierno, es decir los poderes públicos, pero con la colaboración del Colegio de Registradores, o sea con la representación de la corporación profesional de los registradores”. Ya entonces el Ministro anunció la creación de esta Comisión Mixta para llevar a cabo todos sus proyectos 

La primera frase de la Exposición de Motivos de la Orden Ministerial creadora de dicha Comisión Mixta, hoy publicada en el BOE, ya es una mentira: dice que “los Registradores han sido el Cuerpo designado por la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, para la llevanza del Registro Civil”, cuando la Ley 20/2011 designa a los Secretarios Judiciales y otros funcionarios del Grupo A1 licenciados en Derecho. La designación de los Registradores como cuerpo encargado de la llevanza del Registro Civil fue a través del cobarde, vergonzoso e inconstitucional Real Decreto Ley 8/2014. 

Por lo demás, la Orden Ministerial poco aporta: se crea una Comisión Mixta de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en aras, según dice, de “proceder al estudio del mejor diseño del sistema que permita la mejora del servicio, utilizando de la manera más eficaz posible los recursos existentes y garantizando, por otra parte, la gratuidad de los servicios, el sostenimiento de los costes y la titularidad estatal y máxima protección de los datos registrales.”. Por supuesto, la Orden sólo ha sido sometida a trámite de audiencia del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

Las manifestaciones del Ministro Catalá y la editorial de la Revista del Colegio de Registradores publicada en enero de este año dan más de sí. 

Del editorial de la revista resulta la sumisión del Colegio de Registradores a la decisión del Gobierno de atribuirles la llevanza del Registro civil, y resulta claro que su discrepancia al respecto, que pretende solucionar con el nuevo Ministro, se refiere principalmente a cuestiones colaterales (alguna de gran importancia para ellos), pero no al fondo del asunto, pues el Colegio de Registradores acepta de buen grado la llevanza del Registro Civil para consolidar su posición en el negocio de la seguridad jurídica preventiva. El Ministerio acepta el planteamiento del Colegio de Registradores de que no se cree la Corporación de Derecho Público a que hace referencia el Real Decreto Ley 8/2014 como órgano independiente encargado de la contratación, gestión y llevanza del nuevo programa informático del Registro civil, sino que será el propio Colegio de Registradores quien se hará cargo de dicho programa, que se realizará a través de los sistemas informáticos del propio Colegio de Registradores de la Propiedad, y ello aun cuando la Asociación ARBO, defensora a ultranza de la privatización del Registro Civil y de los postulados de la familia Rajoy, siempre defendió la creación de la Corporación por la incapacidad, a su juicio, de los sistemas informáticos (SSI) del Colegio de Registradores de hacer frente a un programa de tal envergadura. 

Igualmente el editorial del Colegio de Registradores insiste en que habrá que pagar por determinados servicios del Registro Civil, debiéndose estudiar “fórmulas que permitan garantizar la sostenibilidad del alto coste que representa el Registro Civil”. Al efecto recuerda que el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria ya contempla el pago por la tramitación de matrimonios por los Notarios. Según el editorial “el cambio de modelo de gestión del Registro Civil no debe limitarse al mero cambio de gestor: debe incorporar todos los elementos organizativos y de gestión financiera del modelo hacia el cual hace tránsito”. Bienvenidos al Registro Civil de pago. 

Sí que hay algo positivo en este editorial y es que sigue predicando la necesidad de que haya un consenso político en esta materia. La 20/2011 fue fruto de un consenso político entre todos los partidos de la Cámara, y una modificación como la ahora prevista debiera llevar el mismo o similar consenso. Según el editorial, un servicio público tan esencial como el Registro Civil no puede ni debe estar sujeto a los vaivenes políticos de la alternancia parlamentaria. Si el Colegio de Registradores tuviese el coraje que debería tener rechazaría la asunción del Registro Civil si no hay consenso político entre todos los partidos

En cuanto a las manifestaciones del Ministro en su entrevista, si hay algo que destacar que es une el posible mantenimiento de determinados Registros de la Propiedad que se iban a suprimir o a agrupar con la implantación del Registro Civil, de forma que frente a la pretensión inicial de suprimir determinados Registros de la Propiedad no cubiertos o cuya efectividad se hubiese aplazado en los últimos años ahora cabe la posibilidad de su mantenimiento o de la agrupación de registros, “atribuyéndose la llevanza del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles…, partiendo de los criterios que se consideren más oportunos para la mejor prestación del servicio público, atendiendo al nuevo diseño del Registro Civil”. Tal y como denunciamos en este blog el Ministerio de Justicia vende el Registro Civil al Colegio de Registradores de la Propiedad, y éstos lo aceptan, como un instrumento y moneda de cambio para permitir a los Registradores de la Propiedad el mantenimiento de la actual demarcación de los Registros de la Propiedad, sin supresión de Registros. Así fue justo hace un año, cuando el Colegio de Registradores anunció por carta que asumían el Registro Civil uniéndolo a la reconsideración del proyecto de demarcación registral e implantación del registro electrónico en los Registros de la Propiedad, cuestiones más importantes para el Colegio de Registradores y por los cuales estarían dispuestos a aceptar la llevanza del Registro Civil. Es decir, el Registro Civil es una moneda de cambio.

Finalmente, que nadie lo olvide: quien está detrás de todo este proyecto no es el Ministerio de Justicia, sino el Presidente de Gobierno Mariano Rajoy, Registrador de la Propiedad, que es el autor intelectual de este proyecto. Probablemente sólo un cambio de gobierno o un varapalo en los procesos electorales que se celebrarán este año podrían cambiar este proyecto.


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