OTRO MINISTRO QUE SE SUMA A LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO: La privatización del Registro civil continúa adelante

En el pleno del Congreso de los Diputados, del 18 de febrero del 2015, la portavoz de la comisión de justicia del PSOE (Rosa Aguilar) ha demandado al Ministro de Justicia una respuesta sobre su intención con respecto al Registro Civil, pues las informaciones extraoficiales que manejamos apuntan a que el Ministerio de Justicia y el Gobierno, pisan el acelerador para concretar legislativamente la iniciativa que entregue a los Registradores Mercantiles los Registros Civiles. Y así, UGT se reunió el pasado 12 de febrero con Rosa Aguilar para manifestarle nuestra gran preocupación por estas informaciones, y para adoptar iniciativas conjuntas para erradicar esta privatización.

Según fuentes, el Ministro ha respondido que la privatización sigue adelante, argumentando lo mal que funciona este Servicio Público y las quejas de los ciudadanos, y además, se apoya en mentiras absolutas manifestando “que cuenta con el apoyo de las organizaciones sindicales representativas de la Administración de Justicia”.

Desde el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, queremos decir que el Ministro miente, y que este sindicato siempre se ha postulado en contra de la privatización del Registro civil y de su entrega a los Registradores Mercantiles, pues no son empleados públicos (como pretende defender el gobierno), y nos da la razón la Unión Europea que no considera a este colectivo unos empleados públicos, pues no son empleados públicos aquellos que cobran por aranceles y no de los presupuestos generales del estado.

UGT siempre ha mantenido que el Registro Civil debe seguir siendo un servicio público y gratuito y servido por los funcionarios de la Administración de Justicia.

Con respecto al argumento del Ministerio respecto a que este Servicio Público funciona mal y recibe muchas quejas, tenemos que decir que se basa única y exclusivamente, en el interés de este gobierno en su privatización. Pues sólo tiene quejas los trámites sobre nacionalidades, que suponen sólo un 18% de todos los trámites que se realizan dentro del Registro Civil, y tampoco se produce este porcentaje en todos los Registros sólo en algunos puntuales.

Y así se puede constatar en un informe realizado por el Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos (mayo del 2013), perteneciente al Ministerio de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas, organismo nada sospechoso de ser contrario al Gobierno. Pues este observatorio da unos datos muy positivos del Registro civil en comparación con otros servicios públicos, como pasamos a demostrar:

- Registro Civil: 85% satisfacción, 2,8% nada satisfechos.

- Agencia Tributaria/Hacienda: 68% satisfacción, 6,8% nada satisfechos.

- Expedición dni y pasaporte: 78% satisfacción, 5,8 nada satisfechos.

- Tráfico: 67% satisfacción, 6,6% nada satisfechos.

Con respecto a la encomienda de gestión dada a los registradores de la propiedad para resolver las nacionalidades pendientes, tenemos que denunciar que en la actualidad hay más de 150.000 expedientes de nacionalidad paralizados en Colegio de Registradores, porque el gobierno no ha renovado la encomienda que dictó en el gobierno dicto en diciembre de 2013 y que le encomendaba esta competencia a este Colegio, pues pensó que con los Registradores se iba a resolver todos los problemas.

Además no podemos pasar por alto, que esta nueva intención de privatización de este gobierno, tendrá una repercusión sobre el bolsillo de todos los españoles, pues los trámites de registro civil comenzarán a costarnos dinero.

Desde el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT queremos denunciar también, que los datos más íntimos y personales de los ciudadanos pasarán a manos privadas, y sólo se puede asegurar esa privacidad estando en manos de los funcionarios públicos.

Igualmente queremos defender el trabajo que los funcionarios de justicia han realizado al frente de este servicio, realizando muchas más horas de las que se les exigen y con una profesionalidad y vocación, que no realizará ningún otro colectivo profesional.

¿Por tanto, qué interés tiene el gobierno en esta privatización que escapa a toda lógica? 

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