A partir del próximo 15 de julio Morón de la Frontera se quedará sin otro servicio público, en esta ocasión desaparecerá el Registro Civil de la localidad. A través de la Ley 18/2014 el Gobierno central entregará al Registro Mercantil los servicios que presta en la actualidad el Registro Civil, ya que la citada ley recoge en sus disposiciones adicionales, vigésimo a vigesimoquinta, la privatización del Registro Civil y la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles, por lo que las gestiones se tendrán que realizar en Sevilla.
El Registro Mercantil de España es una institución administrativa que tiene por objeto la publicidad oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios en él inscritos, además de otras funciones que les han sido asignadas y están establecidos en las capitales de provincias, por lo que para realizar las gestiones que actualmente se hacen en el Registro Civil del juzgado de Morón, habrá que desplazarse a Sevilla. Los servicios que se perderán en la localidad, entre otros, son: las inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones acaecidas en el municipio; expedición de Fes de vida y estado y la tramitación de expedientes de matrimonio.
Según informan desde CCOO, el Ministerio de Justicia no ha adelantado qué sucederá con las poblaciones que hoy tienen Registro civiles principales, integrados en Juzgados de 1ª Instancia sede de partido judicial, y que en el futuro no cuenten con Oficinas Generales de Registro Civil, que según el Ministro se ubicarán en "todas las capitales de provincia, en las islas y en las poblaciones de más de 100.000 habitantes" – Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 11/12/2014 –. En estos supuestos, al parecer por las afirmaciones del Ministerio de Justicia, serán los Notarios o los Registradores de la Propiedad quienes asuman la función de "oficinas colaboradoras", es decir, simplemente para presentar y remitir escritos.
Ante esto, CCOO ha presentado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que pretende que el Parlamento rechace la citada Ley 18/2014 de 15 de octubre, aprobada en exclusiva con los votos del Grupo Parlamentario del PP.
Desde CCOO aseguran que esta ILP nace con tres objetivos fundamentales: devolver el Registro Civil a la ciudadanía, manteniéndolo público y gratuito; frenar las políticas privatizadoras del gobierno del Partido Popular y "desenmascarar los oscuros intereses de algunos máximos responsables del gobierno, especialmente de su presidente, que se permite entregar un servicio público, del que no es su propietario, sino solo un servidor más, a la gestión privada, y lo que es aún más grave, a su gestión por un colectivo de élite, los registradores, del que forman parte tanto él como miembros de su familia, a los que las sentencias de la Unión Europea no considera funcionarios públicos".
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