La privatización del Registro Civil en Lugo supondría un volumen de negocio que ronda los 320.000 euros anuales, según los cálculos dados a conocer por la Federación de Servicios Públicos de la central UGT. Esta estimación la efectúan en base a las certificaciones e inscripciones anuales. Las primeras rondan las diez mil y las segundas, tres mil. El colectivo advierte que, a partir del 15 de julio, los ciudadanos tendrán que pagar por todos los trámites que hagan en el registro, a excepción de las inscripciones de nacimiento y defunciones.
El servicio, dice el sindicato, se verá mermado porque quedará centralizado en Lugo. Por ahora, recuerda no se sabe cómo quieren organizar a los registradores para actuar en el resto de la provincia.
UGT avanzó ayer que el Boletín Oficial del Estado ya publicó la orden por la que se crea y regula la composición y funcionamiento de la comisión mixta de colaboración con el Colegio de Registradores y el Ministerio de Xustiza. La finalidad de ello es «única y exclusivamente dar validez a los acuerdos alcanzados con los registradores y negociar con los mismos en qué condiciones se harán cargo de los registros civiles».
«El caballo de batalla de los registradores con el Gobierno del PP es la financiación. Si el Gobierno no va a prever una partida presupuestaria (una forma de pagarlo indirectamente a través de los impuestos) la única solución es que los usuarios directamente sean los que paguen por los servicios, pagos que van a ser cuantiosos puesto que hay que pagar, como poco, 120 millones. El Gobierno ha aceptado que los registradores cobren por todo a excepción de las inscripciones de nacimiento y defunción, cosa normal por otra parte puesto que se va a hacer desde los centros sanitarios», informa UGT.
Este sindicato recuerda que la justificación, tanto del actual como del anterior ministro de Justicia es la queja reiterada al Defensor del Pueblo por el mal funcionamiento, sin embargo la formación ugetista acusa a Justicia de manipulación. UGT considera que los servicios públicos son de gran importancia para la ciudadanía y recoge datos sobre la valoración del público con respecto al Registro Civil. La encuesta, efectuada por el Observatorio de Calidad de los Servicios Públicos, refleja que el 85 por ciento de los ciudadanos está satisfecho con los servicios. Es el más alto de una lista de siete organismos.
El sindicato pide al ministro de Justicia «que deje de mentir y manipular para justificar el regalo a los registradores y que le diga a la sociedad española que va a tener que pagar por todo, además de aumentar los actos que habrá que inscribir».
Destaca también la formación que los datos van a pasar ser manejados por empleados del registrador «que no tienen la obligación legal de guardar secreto, frente a los funcionarios de justicia que tienen la obligación de confidencialidad».
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