UGT PV estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Registro Civil

El sindicato UGT estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto del Gobierno que modifica el Registro Civil para dejarlo en manos de los registradores, según ha anunciado este miércoles en Alicante el responsable de Administración de Justicia del sindicato en la provincia, Juan Pedro Pelegrín.

Pelegrín ha pedido al Ministerio de Justicia la retirada de la medida entre otras cuestiones porque "hay una serie de relaciones extrañas entre unos registradores que, además, son administradores de empresas que crean el software que paga el Colegio de Registradores y que vale 10 ó 15 veces más que el precio de mercado".

En ese sentido, el sindicato ha denunciado que el proyecto del Gobierno central de privatizar los registros civiles es el ejemplo del "vaciamiento de los servicios públicos" para "entregarlos a la empresa privada o pseudo privada" y trasladar a la sociedad ese proceso como mejora por "eficiencia y buen servicio".

Juan Pedro Pelegrín ha señalado que aunque el Partido Popular (PP) "dice que no es una privatización, la Unión Europea (UE) ha dicho que estos profesionales, de los que se cuestiona su actividad y como se ejerce, no son funcionarios públicos porque perciben sus emolumentos a través de un arancel. Y no mensualmente por medio de los presupuestos".

Además, Pelegrín ha afirmado que "es imposible" que, con la reforma, el Registro Civil sea "más completo" territorialmente porque "a día de hoy hay registro civil en el pueblo más pequeño de España, y a partir de que lo lleven los registradores solamente estarán en las capitales de provincia. Y también los notarios, donde no haya registradores, y en los juzgados de paz en pueblos de más de 7.000 habitantes", por lo que las zonas más pequeñas quedarán desasistidas. Asimismo, considera que "se destruye la justicia de proximidad, porque en julio del año que viene ya podrán inscribir y en enero de 2017 dependerán absolutamente de los registradores".

"Tampoco se garantizan los puestos de trabajo de los interinos. El Ministerio solo se compromete a los que dependen de él, pero no de los transferidos, que sería el caso de la Comunitat Valenciana", ha concretado Pelegrín, que ha afirmado que de ese modo la Generalitat "se ahorraría unos 100 puestos sólo en Alicante".

Por último, ha incidido en que "la gratuidad es mentira", ha indicado el responsable sindical que ha argumentado que "la prueba de idioma y cultura para los que se quieren nacionalizar ya les cuesta 25 euros".

COLAPSO COYUNTURAL

Desde el sindicato se ha apuntado, por otra parte, que el colapso que sufren los registros civiles es "coyuntural". Así, han argumentado que se ha debido a "la llegada masiva de inmigrantes a España y la apertura de la legislación española a la nacionalización de hijos y nietos de españoles en el extranjero, por las solicitudes de partidas de nacimiento de antepasados de finales del XIX y principios del XX y que iniciaban la nacionalidad, pero que hoy ya no se reciben".

Además, han calculado que de los 31 registros actuales con que cuenta la provincia de Alicante se debería pasar a 77. El caso más importante es el de Elche que en la actualidad tiene siete y, según UGT, debería contar con 17. Orihuela debería pasar de tres a cinco; Torrevieja de dos a cinco; y, Benidorm de tres a seis. La ciudad de Alicante cuenta con 34 y a juicio de Pelegrín está en "bastante bien" para afrontar el trabajo del día a día "porque objetivamente está mejor dotado que el resto".

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